Instrumento de ratificación del Convenio entre España y la República Popular de Bulgaria para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo que forma parte integrante del mismo, hecho en Sofía el 6 de marzo de 1990

El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.

A los efectos del presente Convenio se consideran residentes:

Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 2 una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales).

Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso mediante acuerdo amistoso.

Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 2, una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes.

Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este Convenio son:

El presente Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y que se añadan a los impuestos actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente cualquier modificación relevante que se haya introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. Si las autoridades competentes de los dos Estados contratantes estuvieran en desacuerdo respecto de la aplicación de la primera frase de este apartado, se iniciaran conversaciones sobre la conveniencia de modificar el Convenio para la inclusión del nuevo impuesto en cuestión.

A los efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

Para la aplicación del presente Convenio por un Estado contratante, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de ese Estado contratante relativa a los impuestos que son objeto del Convenio.

A los efectos del presente Convenio, la expresión «establecimiento permanente» significa un lugar fijo en el cual un residente de un Estado contratante realiza toda o parte de su actividad empresarial en el otro Estado contratante.

La expresión «establecimiento permanente» comprende, en especial:

Las obras de construcción, instalación o montaje constituyen establecimiento permanente solamente si su duración excede de doce meses.

La participación de un residente de España en una Empresa mixta («joint venture»), constituida con areglo a la legislación búlgara, se considerará como establecimiento permanente situado en la República Popular de Bulgaria.

No obstante las disposiciones precedentes de este artículo, se considera que la expresión «establecimiento permanente» no incluye:

No obstante las disposiciones de los apartados 1 y 2, cuando una persona, distinta de un agente que goce de un estatuto, independiente al que sea de aplicación el apartado 7, actúe por cuenta de una Empresa y ostente y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que le faculten para concluir contratos en nombre de la Empresa, se considerará que esa Empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de todas las actividades que dicha persona realice por cuenta de la Empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 5 que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de tal lugar de negocios como establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado.

No se considera que una Empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente que goce de un estatuto independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad.

El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante participe en una sociedad del otro Estado contratante, o que realice actividades en ese otro Estado (ya sea mediante establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por si solo a cualquiera de las sociedades en establecimiento permanente de la otra.

Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

La expresión «bienes inmuebles» tendrá el significado que le atribuya el Derecho del Estado contratante en el que los bienes en cuestión estén situados.

Los beneficios de una Empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la Empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la Empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la Empresa pueden someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente.

Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 3, cuando una Empresa de un Estado contratante realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una Empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la Empresa de la que es establecimiento permanente.

Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos en que se haya incurrido para la realización de los fines del establecimiento permanente, incluidos los gastos de dirección y los generales de administración para los mismos fines, tanto si se realizan en el Estado en que se encuentra el establecimiento permanente como en otra parte.

No se atribuirán beneficios a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la Empresa.

Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente artículo.