Circular 5/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre información que debe remitir el adquirente potencial en la notificación a la que se refiere el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito
El artículo 18 bis del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito, de acuerdo con la redacción dada por el Real Decreto 1817/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 1245/1995 y el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, encomienda al Banco de España la elaboración, mediante circular, de una lista con la información que debe suministrar el adquirente potencial en la notificación a la que se refiere el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, para la evaluación cautelar de las adquisiciones significativas y de los incrementos de participaciones en entidades de crédito.
El citado artículo obliga a toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras, haya decidido adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito española, o bien incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 %, o bien que, en virtud de la adquisición, pudiera llegar a controlar la entidad de crédito, a notificarlo previamente al Banco de España, indicando la cuantía de la participación prevista, y a incluir en dicha notificación toda la información que reglamentariamente se determine.
El artículo 58.1 de la Ley 26/1988 delimita el alcance de la evaluación que ha de ser realizada por el Banco de España. Así, con el fin de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad de crédito en la que se propone la adquisición, y atendiendo a la posible influencia del adquirente potencial sobre la misma, el Banco de España ha de evaluar la idoneidad de este y la solidez financiera de la adquisición propuesta.
Asimismo, el apartado 2 del artículo 18 bis del Real Decreto determina los aspectos básicos que debe contemplar la información que debe aportar el adquirente potencial y, en particular, la información adicional que se ha de suministrar en función del nivel de participación que se pretende adquirir.
Además, se establece que el Banco de España deberá dar publicidad al contenido de la citada lista en su página web.
El 18 de diciembre de 2008, el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS), el Comité Europeo de Supervisores de Empresas de Seguros y Fondos de Pensiones (CEIOPS) y el Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) publicaron las Guías para la evaluación cautelar de las adquisiciones y los incrementos de participaciones en el sector financiero como requería la Directiva 2007/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se modifican la Directiva 92/49/CEE, del Consejo, y las directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE, en lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en la evaluación cautelar que las autoridades supervisoras deben realizar de las potenciales adquisiciones e incrementos de participaciones de las entidades del sector financiero, normas comunitarias de las que traen causa las españolas citadas.
En su anejo II, la Guía publicada por el CEBS recoge la lista de información que el supervisor ha de requerir para la evaluación de una adquisición. Así, se deberá facilitar una información de carácter general sobre el adquirente potencial y, en su caso, sobre cualquier persona que de manera efectiva dirija o controle sus actividades, y sobre la adquisición propuesta; y una información específica, con un mayor o menor alcance, en función de que como resultado de la adquisición tenga lugar o no un cambio en el control de la entidad.
Sobre la base de los aspectos fundamentales enumerados en el citado Real Decreto para evaluar la adquisición de una participación significativa, y teniendo en cuenta las mencionadas Guías, la presente Circular establece la lista de la información que se ha de suministrar al Banco de España por el adquirente potencial en cumplimiento de la obligación a la que se refiere el artículo 57.1 de la citada Ley 26/1988, para la evaluación cautelar de las adquisiciones de participaciones significativas y de los incrementos de participaciones en entidades de crédito.
Asimismo, y de acuerdo con el principio de proporcionalidad, se determina la información que se debe suministrar cuando el adquirente potencial sea una entidad de crédito o una entidad financiera supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, u otra autoridad supervisora de entidades financieras de la Unión Europea. También se precisa la información que se ha de suministrar en caso de que el origen de la obligación de notificar venga derivada de una adquisición sobrevenida. En todo caso, el adquirente potencial, sobre la base de dicho principio de proporcionalidad, deberá suministrar al Banco de España la información recogida en la lista con un detalle y alcance adecuados a la complejidad y naturaleza de la operación, con el fin de que este pueda disponer de toda la información relevante sobre la adquisición para su evaluación cautelar.
Dado el enfoque adoptado en la Unión Europea, que ha regulado de forma idéntica las obligaciones de los potenciales adquirentes en entidades bancarias, empresas de servicios de inversión o compañías aseguradoras, y considerando que esa misma identidad existe en la regulación española, donde las normas legales y reglamentarias aplicables a las entidades de crédito son análogas a las adoptadas en los otros dos ámbitos de empresas reguladas, la presente Circular se ha elaborado en plena coordinación con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de forma que sus normas sean prácticamente idénticas a las emanadas de dichos organismos supervisores.
En consecuencia, en uso de las facultades que tiene concedidas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, ha aprobado la presente Circular, que contiene las siguientes normas:
Norma única. Información que debe suministrar el adquirente potencial en cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, para la evaluación cautelar de las adquisiciones de participaciones significativas y de los incrementos de participaciones en entidades de crédito.
Las personas físicas o jurídicas que, por sí solas o actuando de forma concertada con otras personas, pretendan adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito española, o bien incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50 %, o bien que, en virtud de la adquisición, pudieran llegar a controlar la entidad de crédito, lo notificarán previamente por escrito al Banco de España, indicando la cuantía de la participación prevista e incluirán en dicha comunicación la información que se recoge en la lista que figura como anejo a la presente Circular (en lo sucesivo, la lista).
Si no concurre alguna de las circunstancias respecto de las que se solicita información en dicha lista, la persona que la cumplimente habrá de confirmar expresamente que no se dan tales circunstancias.
La información suministrada deberá ser completa, veraz y actual.
Cuando una participación significativa se vaya a adquirir o incrementar, total o parcialmente, de forma indirecta, se deberá facilitar la información recogida en los puntos 1 y 2 de la parte I de la lista, tanto por aquellos que vayan a adquirir de manera directa dicha participación como por la persona o personas que, situadas al final de la cadena de participaciones, sean el propietario último de aquellos. No obstante, el Banco de España podrá pedir al adquirente directo que aporte la citada información respecto de algunas o todas las personas o entidades a través de las cuales la participación se adquiera, si la considerara necesaria para realizar la evaluación cautelar de la adquisición propuesta.
En caso de que el adquirente potencial, directo o indirecto, sea una entidad de crédito supervisada por el Banco de España, aquel solo deberá facilitar la información que sobre la adquisición y el nivel de la participación que se pretende adquirir se recoge en los puntos 3 y 4 de la parte I y en la parte II de la lista, así como sobre los vínculos y relaciones, financieras o no, que se recogen en los puntos 2.b).2) a y b de la parte I de la citada lista. Asimismo, deberá facilitarse cualquier actualización del resto de la información recogida en la lista que no obre ya en poder del Banco de España.
Cuando el adquirente potencial sea una entidad financiera supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones o por otra autoridad responsable de la supervisión de entidades de crédito, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradoras en otro Estado miembro de la Unión Europea, no será necesario remitir la información necesaria para evaluar la honorabilidad que figura en la parte I de la lista.
Si, a los efectos de una adquisición regulada en esta Circular, el Banco de España hubiera evaluado al adquirente potencial en los dos años anteriores, en las notificaciones de adquisiciones posteriores este solo deberá facilitar, en relación con la información recogida en los puntos 1 y 2 de la parte I de la lista, aquella que suponga una actualización sobre la ya remitida. En este supuesto, deberá recogerse en el escrito a que se refiere el apartado 3 de esta norma una declaración respecto a que en la información de la lista no actualizada no se ha producido variación sobre la facilitada a dicha fecha.
El escrito correspondiente, al que se adjuntará la información contenida en la lista, deberá ser firmado por el adquirente potencial. En caso de tratarse de una persona jurídica, deberá ser firmado por persona o personas con poder suficiente, lo que deberá ser acreditado ante el Banco de España. Toda la información adjunta remitida para dar cumplimiento a los requisitos de información deberá figurar visada en todas sus páginas por el adquirente potencial o la persona o personas que lo representen.
Cuando la participación significativa supere de forma indirecta, total o parcialmente, alguno de los umbrales previstos, el escrito deberá ser firmado por todos aquellos que vayan a adquirir de manera directa la participación así como por la persona o personas que, situadas al final de la cadena de participaciones, sean el propietario último de aquellos.
La información personal relativa a una persona física o jurídica (como la necesaria para evaluar su honorabilidad o el currículum vitae) que, de acuerdo con la lista, tenga que adjuntarse deberá ser firmada por la propia persona a la que se refiera.
Cuando alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 de esta norma se haya producido de manera sobrevenida por no venir derivado directamente de una operación de adquisición por el accionista, es decir, que haya tenido lugar de manera involuntaria, como resultado, entre otros, de la recompra por la entidad de sus propias acciones a otros accionistas o de un incremento de capital en el que otros accionistas no participen, la comunicación prevista en dicho apartado deberá realizarse por el accionista tan pronto este sea conocedor del traspaso de alguno de los umbrales, incluso si tuviera intención de reducir su nivel de participación de tal modo que vuelva a situarse de nuevo por debajo del umbral traspasado, con el fin de que por el Banco de España se pueda evaluar su idoneidad.
En caso de que, en un plazo inferior a tres meses, el accionista tuviera intención de reducir su nivel de participación de tal modo que vuelva a situarse de nuevo por debajo del umbral traspasado, en el escrito a que se refiere el apartado 3 de esta norma deberá recogerse el compromiso de dicho accionista de reducir su nivel de participación, detallándose la forma en que la reducción pretende llevarse a cabo, así como de no ejercer los derechos de voto correspondientes a las acciones en exceso. En este supuesto, no será necesario acompañar al escrito la información que se recoge en la lista.
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, el Banco de España podrá solicitar cuanta información adicional o aclaratoria considere necesaria, atendiendo a las circunstancias particulares de cada adquisición, al objeto de poder realizar una adecuada evaluación cautelar de la misma.
Entrada en vigor.
La presente Circular entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 28 de septiembre de 2010.–El Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
ANEJO. Lista de información que debe suministrar el adquirente potencial en cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, para la evaluación cautelar de las adquisiciones de participaciones significativas y de los incrementos de participaciones en entidades de crédito
Parte I. Información general
Identidad del adquirente potencial.
Personas físicas:
1) Nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y número de pasaporte o de documento nacional de identidad, de tarjeta de residencia, y domicilio a efectos de notificaciones, así como teléfono, fax y dirección de correo electrónico y, en su caso, de página en Internet.
2) Currículum vítae, en el que se detallarán la formación académica, la experiencia y la trayectoria profesional.
Personas jurídicas:
1) Denominación social y nombre comercial, objeto social, domicilio social, número de identificación fiscal y mención a su inscripción en el Registro Mercantil u otro registro público en que conste su personalidad. En el caso de personas jurídicas extranjeras, además, detalles sobre su nacionalidad, su forma societaria o personalidad jurídica y acreditación pública de la misma; en particular, se facilitará información sobre si las acciones son nominativas o al portador; si el capital social es fijo o variable; si existen previsiones legales, estatutarias o pactos parasociales que prevean que el ejercicio de los derechos de voto no sea ejercido por los accionistas en proporción al número de acciones que posea, así como cualquier otra información relevante que concierna al régimen social o estatutario de la sociedad extranjera y cuyo ejercicio difiera notoriamente del que es habitual en las sociedades mercantiles españolas asimilables por su naturaleza.
Asimismo, se facilitarán el domicilio a efectos de notificaciones (si fuera distinto del domicilio social) y el teléfono, fax y dirección de correo electrónico y, en su caso, de página en Internet.
2) Descripción detallada de las actividades realizadas por la sociedad y si está sujeta a la supervisión de alguna autoridad supervisora de entidades financieras.
3) Relación de personas que integran el consejo de administración u órgano equivalente, así como de sus altos directivos, adjuntando su currículum vitae. En el currículum vitae se detallarán su formación y su trayectoria profesional, con especial atención a las actividades profesionales desempeñadas en la actualidad, su formación académica y cualquier otro dato que sea indicador de su experiencia. No será necesario remitir los mencionados currículum vitae cuando se trate de personas que integren el consejo de administración u órgano equivalente o altos directivos de una entidad financiera sometida a la supervisión de otra autoridad supervisora de entidades financieras española o de la Unión Europea. En el caso de los miembros que pudieran representar a accionistas minoritarios, deberá indicarse dicha circunstancia.
4) Identidad de todas las personas que sean el propietario último de la persona jurídica, e indicación de la forma en que se ejerce tal propiedad.
En caso de que el propietario último sea una persona física, deberá facilitarse la información mencionada en el punto a) y, de tratarse de una persona jurídica, la señalada en los puntos anteriores, así como la información adicional correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el punto 2 siguiente.
En caso de que la potencial adquisición se base en un acuerdo contractual articulado a través de un vehículo de inversión para la gestión de participaciones que ya existan o que resultarían en virtud de la adquisición, se aportarán:
La identidad (con el detalle indicado más arriba) de todas las personas físicas o jurídicas que participen en el acuerdo contractual (sea este expreso o tácito, verbal o escrito) y el porcentaje de participación de cada una en la distribución de los resultados.
La identidad de todas las personas que sean el propietario último de las inversiones en el vehículo.
Información adicional sobre el adquirente potencial.
En el supuesto de que el adquirente potencial sea una persona física:
1) Con el fin de evaluar su honorabilidad, se facilitará información sobre:
Antecedentes penales por delitos dolosos, en España o en el extranjero, o por imprudencia grave.
ii) Sanciones judiciales en materia concursal, ya sea por inhabilitación conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, ya por el estado de quebrado o concursado no rehabilitado, en caso de procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley, ya por situaciones similares con arreglo a la normativa de otros países.
iii) Sanciones administrativas graves y/o muy graves impuestas, en España o en el extranjero, relativas a alguna de las siguientes materias: ordenación bancaria y financiera, tributaria, de seguridad social, laboral, mercantil, competencia desleal o abuso de mercado, movimientos de capitales, transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y protección de los consumidores y usuarios; e incluida, en todo caso, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras.
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