LegalizeReal Decreto 1040/2025, de 19 de noviembre, por el que se establece el procedimiento para la confección del Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y se crea la Comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática
I
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en su título II articula en cuatro capítulos las políticas públicas integrales de memoria democrática en torno a las medidas y actuaciones necesarias para el conocimiento y conmemoración de los hechos representativos de la memoria democrática y el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia. En concreto su capítulo IV se refiere al deber de memoria democrática, como garantía de no repetición, y dentro del mismo, su sección 1.ª, contiene las medidas precisas sobre los símbolos públicos, con objeto de que la finalidad de estos sea el encuentro de los ciudadanos en paz y democracia y nunca una expresión ofensiva o de agravio. Por ello, se establecen medidas que aseguren el fomento de la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales y la necesaria supresión de elementos de división entre la ciudadanía.
A este respecto, el artículo 35 establece que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, dispone que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos, siendo responsables de su retirada o eliminación las personas titulares o propietarias de los edificios en que estén ubicados o colocados, ya sean de carácter público o de carácter privado o religioso.
Por su parte, el artículo 36 dispone que la Administración General del Estado confeccionará en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, al que se incorporarán en todo caso los datos suministrados por las comunidades autónomas, y contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados, en los términos del artículo 35. Su confección se remite a desarrollo reglamentario.
En este sentido, el Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, establece que corresponde al mismo la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática, y recoge entre las funciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática la de impulso, dirección y gestión de la política del Gobierno en lo referente a la conservación, defensa, fomento y divulgación de la memoria democrática en virtud de los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como el desarrollo de su normativa de aplicación. Asimismo, atribuye a la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática la elaboración, gestión y actualización del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, y en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, la propuesta sobre la retirada de dichos elementos al Secretario de Estado de Memoria Democrática.
II
Por todo ello, procede mediante este real decreto dar cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 36.4 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, y en ese sentido regular las determinaciones necesarias para la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, en cuanto a los datos de identificación de cada elemento a incorporar, la justificación de dicha determinación como elemento contrario a la memoria democrática, requisitos y cauces de comunicación de datos para su inclusión por comunidades autónomas, otros entes públicos y entidades memorialistas, o los resultantes de estudios y trabajos de investigación.
Asimismo, este real decreto regula la constitución de una comisión técnica, creada de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y compuesta, entre otras, por personas expertas y con especiales condiciones de experiencia o conocimientos en la materia con la finalidad de asesorar al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en relación con la determinación de los elementos contrarios a la memoria democrática a incorporar en el catálogo y, en su caso, sobre su eventual retirada o eliminación.
La norma proyectada se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las Administraciones Públicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, según establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, el real decreto atiende a la necesidad de regular el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, tal como mandata la Ley 20/2022, de 19 de octubre, resultando eficaz y ajustado al cumplimiento del objetivo señalado. También se garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurídica, pues resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico al adaptar su contenido a las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en cuanto al funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración General del Estado, así como a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo al procedimiento regulado.
De igual modo, la norma cumple con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito, y la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, accesible a la ciudadanía, ofrece una explicación completa de su contenido y tramitación. Asimismo, se ha llevado a cabo el trámite de consulta pública, así como los de audiencia e información públicas, posibilitando que los potenciales destinatarios de la norma participen activamente en su elaboración.
En cuanto a los principios de necesidad y eficacia, la norma queda plenamente justificada por una razón de interés general, tal y como se ha expuesto anteriormente, explicándose de una manera clara y concisa los objetivos perseguidos y constituyendo este real decreto el instrumento más adecuado con la regulación de los aspectos imprescindibles. Además, la norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados.
Finalmente, la norma también se adecúa al principio de eficiencia, ya que no impone cargas administrativas innecesarias, ni supone un incremento en el gasto público.
En el proceso de elaboración del presente real decreto se ha solicitado informe a las comunidades autónomas y se ha conferido audiencia a la Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo, ha sido sometido a los trámites de audiencia e información pública. Igualmente, se han recabado los informes preceptivos de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, y del Ministerio de Cultura.
Por último, la disposición final primera establece como título competencial habilitante el previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de noviembre de 2025,
DISPONGO:
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito material.
El objeto de este real decreto es regular el procedimiento para la confección del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, así como crear y regular las funciones de una comisión técnica a estos efectos.
A los efectos de este real decreto, se considerarán símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática aquellos que así se definan conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre.
CAPÍTULO II. Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática
Artículo 2. Naturaleza y adscripción del Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
Se confeccionará un Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, en adelante el catálogo, cuyo fichero contendrá la relación de elementos que de conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, deban ser retirados o eliminados, así como aquellos que no puedan ser retirados o eliminados por concurrir razones artísticas o arquitectónicas de conformidad con lo previsto en dicho artículo.
La elaboración, gestión y actualización del catálogo corresponde a la Dirección General competente en materia de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
Artículo 3. Suministro de datos por comunidades autónomas, comunicaciones y solicitudes de inclusión de símbolos y elementos en el catálogo.
Se incorporarán al catálogo en todo caso, y sin necesidad del procedimiento previsto en este real decreto, los datos suministrados por las comunidades autónomas, de acuerdo con los principios de cooperación, comunicación e información entre las Administraciones Públicas.
A estos efectos, en el marco del Consejo Territorial de Memoria Democrática que se regula en el artículo 13 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, se acordarán planes, proyectos y programas conjuntos en esta materia y se facilitará la puesta a disposición de documentos, datos y estadísticas comunes.
Las entidades locales, sin perjuicio de las medidas que deban adoptar en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 apartados 3 y 4 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, podrán elevar una solicitud razonada ante la Dirección General responsable de la gestión del catálogo para la inclusión en el mismo de símbolos y elementos que se hallen en su ámbito territorial.
Podrán incluirse asimismo en el catálogo aquellos símbolos y elementos que se soliciten por las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas, en defensa de su derecho al honor y la dignidad, así como los que resulten de estudios y trabajos de investigación.
Cualquier persona podrá comunicar a la Dirección General responsable de la gestión del catálogo el posible incumplimiento de la obligación legal de retirar o eliminar símbolos o elementos contrarios a la memoria democrática, a fin de que dicha Dirección General valore el inicio, de oficio, del procedimiento previsto en el artículo siguiente.
La persona comunicante tendrá, asimismo, derecho a ser informada del estado de tramitación del procedimiento.
Las comunicaciones y solicitudes deberán contener una descripción física del símbolo o elemento, con fotografía de este y exacta ubicación, así como las razones fundamentalmente historiográficas por las que debe considerarse contrario a la memoria democrática, que permitan apreciar indicios racionales que impliquen la consideración de tales símbolos y elementos como contrarios a la memoria democrática. Igualmente, se facilitará la titularidad del bien, siempre que sea posible.
Las solicitudes deberán dirigirse a la persona titular de la Dirección General responsable de la gestión del catálogo y se presentarán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 4. Procedimiento para la inclusión de símbolos y elementos en el catálogo.
El procedimiento para la inclusión de un símbolo o elemento en el catálogo se iniciará de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección General responsable de la gestión del catálogo o a solicitud de persona o entidad interesada, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, 58 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En los procedimientos iniciados de oficio, el acuerdo de inicio será notificado a las personas y entidades interesadas, y a la comunidad autónoma y ayuntamiento del municipio donde radique el símbolo o elemento. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se dará cuenta del inicio del procedimiento a las personas y entidades interesadas y a la comunidad autónoma y ayuntamiento del municipio donde radique el símbolo o elemento.
Las solicitudes deberán dirigirse a la persona titular de la Dirección General responsable de la gestión del catálogo.
Los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, deberán presentar su solicitud, así como realizar cualquier otro tipo de trámite relacionado con el procedimiento regulado en este artículo, en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16.4.a) de la citada ley.
Los sujetos no obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas podrán optar, en cualquier momento, por efectuar sus solicitudes, comunicaciones o trámites a través del mencionado registro electrónico o por cualquiera de las restantes vías previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Una vez iniciado el procedimiento de inclusión de un símbolo o elemento en el catálogo, la Dirección General responsable de la gestión del catálogo remitirá la documentación del expediente a la Comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, en adelante la comisión técnica, prevista en el capítulo III, en el plazo máximo de cinco días hábiles una vez esté el expediente completo. La comisión técnica dispondrá de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción completa de la documentación del expediente, para emitir un informe que determine una valoración acerca de si el símbolo o elemento en cuestión resulta contrario a la memoria democrática, y si en dicho símbolo o elemento concurren razones artísticas o arquitectónicas suficientes para el mantenimiento de este.
En el supuesto de que el informe referido en el apartado anterior fuera desfavorable a la inclusión de un símbolo o elemento en el catálogo, se dará audiencia, por un plazo de quince días, a los interesados y, una vez efectuado dicho trámite, la persona titular de la Dirección General responsable de la gestión del procedimiento resolverá el procedimiento. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será el establecido en el apartado 7.
Asimismo, se dará traslado de la resolución adoptada a la comunidad autónoma y al ayuntamiento del municipio en que se ubiquen los elementos contrarios a la memoria democrática en cuestión.
En el supuesto de que el informe emitido por la comisión técnica fuera favorable a la inclusión de un símbolo o elemento en el catálogo, la Dirección General responsable de su gestión dará trámite de audiencia a las personas y entidades interesadas por un plazo máximo de quince días hábiles.
En el supuesto previsto en el apartado anterior, la referida Dirección General recabará informe de la comunidad autónoma en cuyo territorio se ubique el símbolo o elemento en cuestión, respecto de sus competencias en memoria democrática y patrimonio histórico, así como del ayuntamiento correspondiente.
Igualmente, cuando el símbolo o elemento en cuestión o el inmueble en el que se ubique, sea de titularidad de la Administración General del Estado y esté incluido en alguna de las categorías de protección recogidas en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la referida Dirección General recabará informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que deberá pronunciarse, específicamente, sobre la existencia de razones artísticas o arquitectónicas suficientes para el mantenimiento o retirada de este.
Los informes señalados en los dos párrafos anteriores deberán emitirse en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción completa de la documentación del expediente. De no emitirse en el plazo señalado, se entenderá que resultan conformes con el criterio de la comisión técnica emitido en su informe inicial, continuando el procedimiento.
Cuando se soliciten los informes señalados en los párrafos anteriores, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución se suspenderá por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder de un mes. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento, de conformidad todo ello con lo dispuesto en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Sustanciado el trámite de audiencia y emitidos, en su caso, los informes referidos en el apartado 5, la Dirección General responsable de la gestión del catálogo, cuando se hubiera formulado oposición al informe inicial, solicitará un informe definitivo a la comisión técnica sobre la inclusión en el mismo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, el cual se emitirá en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la documentación del expediente, y tendrá carácter vinculante.
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