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NUEVO REGIMEN DE LA LEY DE HIDROCARBUROS.
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LEY DE HIDROCARBUROS
Buenos Aires,23 de junio de 1967
LEY Nº 17.319
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,
El Presidente de la Nación Argentina Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley
TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º —Los yacimientos de
hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la
República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al
patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional.
Art. 2º —Las actividades relativas a
la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los
hidrocarburos estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas
o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las
reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 3º —El Poder Ejecutivo nacional
fijará la política nacional con respecto a las actividades mencionadas
en el artículo 2º, teniendo como objetivo principal satisfacer las
necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus
yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
Art. 4º —El Poder Ejecutivo podrá
otorgar permisos de exploración y concesiones temporales de explotación
y transporte de hidrocarburos, con los requisitos y en las condiciones
que determina esta ley.
Art. 5º —Los titulares de los
permisos y de las concesiones, sin perjuicio de cumplir con las demás
disposiciones vigentes, constituirán domicilio en la República y
deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica adecuadas
para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado. Asimismo,
serán de su exclusiva cuenta los riesgos propios de la actividad minera.
Art. 6º —Los permisionarios y
concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan
y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos,
industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo las
reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo sobre bases
técnico-económicas razonables que contemplen la conveniencia del
mercado interno y procuren estimular la exploración y explotación de
hidrocarburos.
Durante el período en que la producción nacional de
hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir las necesidades internas
será obligatoria la utilización en el país de todas las
disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos, salvo en
los casos en que justificadas razones técnicas no lo hicieran
aconsejable. Consecuentemente, las nuevas refinerías o ampliaciones se
adecuarán al uso racional de los petróleos nacionales.
Si en dicho período el Poder Ejecutivo fijara los
precios de comercialización en el mercado interno de los petróleos
crudos, tales precios serán iguales a los que se establezcan para la
respectiva empresa estatal, pero no inferiores a los niveles de precios
de los petróleos de importación de condiciones similares. Cuando los
precios de petróleos importados se incrementaren significativamente por
circunstancias excepcionales, no serán considerados para la fijación de
los precios de comercialización en el mercado interno, y, en ese caso,
éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos de explotación
de la empresa estatal, las amortizaciones que técnicamente
correspondan, y un razonable interés sobre las inversiones actualizadas
y depreciadas que dicha empresa estatal hubiere realizado. Si fijara
precios para subproductos, éstos deberán ser compatibles con los de
petróleos valorizados según los criterios precedentes.
El Poder Ejecutivo permitirá la exportación de
hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción
de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se realicen
a precios comerciales razonables y podrá fijar en tal situación, los
criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, a fin de
posibilitar una racional y equitativa participación en él a todos los
productores del país.
La producción de gas natural podrá utilizarse, en
primer término, en los requerimientos propios de la explotación de los
yacimientos de que se extraiga y de otros de la zona, pertenezcan o no
al concesionario y considerando lo señalado en el artículo 31. La
empresa estatal que preste servicios públicos de distribución de gas
tendrá preferencia para adquirir, dentro de plazos aceptables, las
cantidades que excedieran del uso anterior a precios convenidos que
aseguren una justa rentabilidad a la inversión correspondiente,
teniendo en cuenta las especiales características, y condiciones del
yacimiento.
Con la aprobación de la autoridad de aplicación, el
concesionario podrá decidir el destino y condiciones de aprovechamiento
del gas que no fuere utilizado en la forma precedentemente indicada.
La comercialización y distribución de hidrocarburos
gaseosos estará sometida a las reglamentaciones que dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 7º —El Poder Ejecutivo
establecerá el régimen de importación de los hidrocarburos y sus
derivados asegurando el cumplimiento del objetivo enunciado por el
artículo 3º y lo establecido en el artículo 6º.
Art. 8º —Las propiedades mineras
sobre hidrocarburos constituidas a favor de empresas privadas con
anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley, continuarán rigiéndose
por las disposiciones que les dieron origen, sin perjuicio de la
facultad de sus titulares para acogerse a las disposiciones de la
presente ley conforme al procedimiento que establecerá el Poder
Ejecutivo.
Art. 9º —El Poder Ejecutivo
determinará las áreas en las que otorgará permisos de exploración y
concesiones de explotación, de acuerdo con las previsiones del título
II, sección 5º.
Art. 10 —A los fines de la
exploración y explotación de hidrocarburos del territorio de la
República y de su plataforma continental, quedan establecidas las
siguientes categorías de zonas:
I. — Probadas: Las que correspondan con trampas
estructurales, sedimentarias o estratigráficas donde se haya comprobado
la existencia de hidrocarburos que puedan ser comercialmente
explotables.
II. — Posibles: Las no comprendidas en la definición que antecede.
Art. 11. —Las empresas estatales
constituirán elementos fundamentales en el logro de los objetivos
fijados en el artículo 3º y desarrollarán sus actividades de
exploración y explotación en las zonas que el Estado reserve en su
favor, las que inicialmente quedan definidas en el Anexo Unico que
integra esta ley. En el futuro el Poder Ejecutivo, en relación con los
planes de acción, podrá asignar nuevas áreas a esas empresas, las que
podrán ejercer sus actividades directamente o mediante contratos de
locación de obra y de servicios, integración o formación de sociedades
y demás modalidades de vinculación con personas físicas o jurídicas que
autoricen sus respectivos estatutos.
Art. 12. —El Estado nacional reconoce
en beneficio de las provincias dentro de cuyos límites se explotaren
yacimientos de hidrocarburos por empresas estatales, privadas o mixtas
una participación en el producido de dicha actividad pagadera en
efectivo y equivalente al monto total que el Estado nacional perciba
con arreglo a los artículos 59, 61, 62 y 93.
Art. 13. —El Estado nacional
destinará al desarrollo del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, un porcentaje de la regalía que
perciba por la explotación de los yacimientos de hidrocarburos ubicados
en dicho territorio.
TITULO II
Derechos y Obligaciones Principales
Sección 1a
Reconocimiento Superficial
Art. 14. —Cualquier persona civilmente capaz
puede hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en
el territorio de la República incluyendo su plataforma continental, con
excepción de las zonas cubiertas por permisos de exploración o
concesiones de explotación, de las reservadas a las empresas estatales
y de aquellas en las que el Poder Ejecutivo prohíba expresamente tal
actividad.
El reconocimiento superficial no genera derecho
alguno con respecto a las actividades referidas en el artículo 2º ni el
de repetición contra el Estado nacional de sumas invertidas en dicho
reconocimiento.
Los interesados en realizarlos deberán contar con la
autorización previa del propietario superficiario y responderán por
cualquier daño que le ocasionen.
Art. 15. —No podrán iniciarse los
trabajos de reconocimiento sin previa aprobación de la autoridad de
aplicación. El permiso consignará el tipo de estudio a realizar, el
plazo de su vigencia y los límites y extensión de las zonas donde serán
realizados.
El reconocimiento superficial autoriza a efectuar
estudios geológicos y geofísicos y a emplear otros métodos orientados a
la exploración petrolera. Levantar planos, realizar estudios y
levantamientos topográficos y geodésicos y todas las demás tareas y
labores que se autoricen por vía reglamentaria.
Al vencimiento del plazo del permiso, los datos
primarios del reconocimiento superficial serán entregados a la
autoridad de aplicación, la que podrá elaborarlos por sí o por terceros
y usarlos de la manera que más convenga a sus necesidades. No obstante,
durante los dos (2) años siguientes no deberá divulgarlos, salvo que
medie autorización expresa del interesado en tal sentido o adjudicación
de permisos o concesiones en la zona reconocida.
La autoridad de aplicación estará facultada para inspeccionar y controlar los trabajos inherentes a esta actividad.
Sección 2da.
Permisos de exploración
Art. 16. —El permiso de exploración confiere
el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera la
búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro delimitado por el
permiso y durante los plazos que fija el artículo 23.
Art. 17. —A todo titular de un
permiso de exploración corresponde el derecho de obtener una (1)
concesión exclusiva de explotación de los hidrocarburos que descubra en
el perímetro delimitado por el permiso, con arreglo a las normas
vigentes al tiempo de otorgarse este último.
Art. 18. —Los permisos de exploración
serán otorgados por el Poder Ejecutivo a las personas físicas o
jurídicas que reúnan los requisitos y observen los procedimientos
especificados en la sección 5ta.
Art. 19. —El permiso de exploración
autoriza la realización de los trabajos mencionados en el artículo 15 y
de todos aquellos que las mejores técnicas aconsejen y la perforación
de pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas por el Código
de Minería en sus artículos 31 y siguientes en cuanto a los lugares en
que tales labores se realicen.
El permiso autoriza asimismo a construir y emplear
las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones
que se requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en el Título
III y las demás disposiciones que sean aplicables.
Art. 20. —La adjudicación de un
permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el
terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar
hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas
más eficientes y a efectuar las inversiones mínimas a que se haya
comprometido para cada uno de los períodos que el permiso comprenda.
Si la inversión realizada en cualquiera de dichos
períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá
abonar al Estado la diferencia resultante, salvo caso fortuito o de
fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y aceptadas dificultades técnicas
a juicio de la autoridad de aplicación, podrá autorizarse la
substitución de dicho pago por el incremento de los compromisos
establecidos para el período siguiente en una suma igual a la no
invertida.
La renuncia del permisionario al derecho de
exprotación le obliga a abonar al Estado el monto de las inversiones
comprometidas y no realizadas que correspondan al período en que dicha
renuncia se produzca.
Si en cualquiera de los períodos las inversiones
correspondientes a trabajos técnicamente aceptables superaran las sumas
comprometidas, el permisionario podrá reducir en un importe igual al
excedente las inversiones que correspondan al período siguiente,
siempre que ello no afecte la realización de los trabajos
indispensables para la eficaz exploración del área.
Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente
convertido en concesión de explotación, la autoridad de aplicación
podrá admitir que hasta el cincuenta por ciento (50%) del remanente de
la inversión que corresponda a la superficie abarcada por esa
transformación sea destinado a la explotación de la misma, siempre que
el resto del monto comprometido incremente la inversión pendiente en el
área de exploración.
Art. 21. —El permisionario que
descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30)
días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en
el título VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de
aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de
los trabajos exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo
exigido en el artículo 22 no estará facultado para proceder a la
explotación del yacimiento.
Los hidrocarburos que se extraigan durante la
exploración estarán sometidos al pago de una regalía del quince por
ciento (15%), con la excepción prevista en el artículo 63º.
Art. 22. —Dentro de los treinta (30)
días de la fecha en el que permisionario, de conformidad con criterios
técnico-económicos aceptables, determine que el yacimiento descubierto
es comercialmente explotable, deberá declarar ante la autoridad de
aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de
explotación, observando los recaudos consignados en el artículo 33,
párrafo 2. La concesión deberá otorgársele dentro de los sesenta (60)
días siguientes y el plazo de su vigencia se computará en la forma que
establece el artículo 35.
El omitir la precitada declaración u ocultar la
condición de comercialmente explotable de un yacimiento, dará lugar a
la aplicación de la sanción prevista y reglada en el artículo 80,
inciso e) y correlativos.
El otorgamiento de la concesión no comporta la
caducidad de los derechos de exploración sobre las áreas que al efecto
se retengan, durante los plazos pendientes.
Art. 23. —Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada concurso con los máximos siguientes:
Plazo básico:
— 1er. período hasta cuatro
(4) años
— 2do. período hasta tres
(3) años
— 3er. período hasta dos
(2) años
Período de prórroga:
hasta cinco
(5) años
Para las exploraciones en la plataforma continental
cada uno de los períodos del plazo básico podrán incrementarse en un
(1) año.
La prórroga prevista en este artículo es facultativa para el permisionario.
La transformación parcial del área del permiso de
exploración en concesión de explotación realizada antes del vencimiento
del plazo básico del permiso, conforme a los establecido en el artículo
22, autoriza a adicionar al plazo de la concesión el lapso no
transcurrido del permiso de exploración, excluido el término de la
prórroga.
En cualquier momento el permisionario podrá
renunciar a toda o parte del área cubierta por el permiso de
exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescriptas en el
artículo 20.
Art. 24. —Podrán otorgarse permisos
de exploración solamente en zonas posibles. La unidad de exploración
tendrá una superficie de cien (100) Kilómetros cuadrados.
Art. 25. —Los permisos de exploración
abarcarán áreas cuya superficie no exceda de cien (100) unidades. Los
que se otorguen sobre la plataforma continental no superarán las ciento
cincuenta (150) unidades.
Ninguna persona física o jurídica podrá ser
simultáneamente titular de más de cinco (5) permisos de exploración ya
sea en forma directa o indirecta.
Art. 26. —Al fenecer cada uno de los
períodos primero y segundo del plazo básico de un permiso de
exploración el permisionario reducirá su área, como mínimo, al
cincuenta por ciento (50%) de la superficie remanente del permiso al
concluir el respectivo período.
El área remanente será igual a la original menos las
superficies restituidas con anterioridad o transformadas en lotes de
una concesión de explotación.
Al término del plazo básico el permisionario
restituirá el total del área remanente, salvo si ejercitara el derecho
de utilizar el período de prórroga, en cuyo caso dicha restitución
quedará limitada al 50% del área remanente antes del fenecimiento del
último período de dicho plazo básico.
Sección 3ª.
Concesiones de explotación
Art. 27. —La concesión de explotación
confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de
hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el respectivo
título de concesión durante el plazo que fija el artículo 35.
Art. 28. — A todo titular de una
concesión de explotación corresponde el derecho de obtener una
concesión para el transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo
determinado en la sección 4 del presente título.
Art. 29. —Las concesiones de
explotación serán otorgadas por el Poder Ejecutivo a las personas
físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el artículo
17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22.
El Poder Ejecutivo, además podrá otorgar concesiones
de explotación sobre zonas probadas a quienes reúnan los requisitos y
observen los procedimientos especificados por la sección 5 del presente
título.
Esta modalidad de concesión no implica en modo
alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos
comercialmente explotable.
Art. 30. —La concesión de explotación
autoriza a realizar dentro de los limites especificados en el
respectivo título, los trabajos de búsqueda y extracción de
hidrocarburos conforme a las más racionales y eficientes técnicas; y
dentro y fuera de tales límites, aunque sin perturbar las actividades
de otros permisionarios o concesionarios, autoriza asimismo a construir
y operar plantas de tratamiento y refinación, sistemas de
comunicaciones y de transportes generales o especiales para
hidrocarburos, edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos
y, en general, cualesquiera otras obras y operaciones necesarias para
el desarrollo de sus actividades. Todo lo anteriormente autorizado lo
será con arreglo a lo dispuesto por esta y otras leyes, decretos y
reglamentaciones nacionales o locales de aplicación al caso.
Art. 31. —Todo concesionario de
explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las
inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que
exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión,
con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en
correspondencia con la característica y magnitud de las reservas
comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos
compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la
observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de
las reservas.
Art. 32. —Dentro de los noventa (90)
días de haber formulado la declaración a que se refiere el artículo 22
y posteriormente en forma periódica, el concesionario someterá a la
aprobación de la autoridad de aplicación los programas de desarrollo y
compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de
explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 31 y ser aptos para acelerar en todo lo
posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al
artículo 33.
Art.33. —Cada uno de los lotes
abarcados por una concesión deberá coincidir lo más aproximadamente
posible, con todo o parte de trampas productivas de hidrocarburos
comercialmente explotables.
El concesionario deberá practicar la mensura de cada
uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus límites conforme al mejor
conocimiento que adquiera de las trampas productivas.
En ningún caso los límites de cada lote podrán exceder el área retenida del permiso de exploración.
Art.34. —El área máxima de concesión de explotación que no provenga de un permiso de exploración, será de doscientos cincuenta (250) km2.
Ninguna persona física o jurídica podrá ser
simultáneamente titular de más de cinco (5) concesiones de explotación,
ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen.
Art.35. —Las concesiones de
explotación tendrán una vigencia de veinticinco (25) años a contar
desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los
adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23. El Poder
Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años, en las
condiciones que se establezcan al otorgarse la prórroga y siempre que
el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones
emergentes de la concesión. La respectiva solicitud deberá presentarse
con una antelación no menor de seis (6) meses al vencimiento de la
concesión.
Art.36. —La autoridad de aplicación
vigilará el cumplimiento por parte de los concesionarios de las
obligaciones que esta ley les asigna, conforme a los procedimientos que
fije la reglamentación.
Vigilará, asimismo, que no se causen perjuicios a
los permisionarios o concesionarios vecinos y, de no mediar acuerdo
entre las partes, impondrá condiciones de explotación en las zonas
limítrofes de las concesiones.
Art.37. —La reversión total o parcial
al Estado de uno o más lotes de una concesión de explotación comportará
la transferencia a su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre
de todo gravamen de los pozos respectivos con los equipos e
instalaciones normales para su operación y mantenimiento y de las
construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma permanente
al proceso de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen de la
reversión al Estado los equipos móviles no vinculados exclusivamente a
la producción del yacimiento y todas las demás instalaciones
relacionadas al ejercicio por el concesionario de los derechos de
industrialización y comercialización que le atribuye el artículo 6º o
de otros derechos subsistentes.
Art.38. —El concesionario de
explotación que en el curso de los trabajos autorizados en virtud de
esta ley descubriera sustancias minerales no comprendidas en este
ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y apropiárselas
cumpliendo en cada caso, previamente con las obligaciones que el Código
de Minería establece para el descubridor, ante la autoridad minera que
corresponda por razones de jurisdicción.
Cuando en el área de una concesión de explotación
terceros ajenos a ella descubrieran sustancias de primera o segunda
categoría, el descubridor podrá emprender trabajos mineros, siempre que
no perjudiquen los que realiza el explotador. Caso contrario, y a falta
de acuerdo de partes, la autoridad de aplicación, con audiencia de la
autoridad minera jurisdiccional, determinará la explotación a que debe
acordarse preferencia, si no fuera posible el trabajo simultáneo de
ambas. La resolución respectiva se fundará en razones de interés
nacional y no obstará al pago de las indemnizaciones que correspondan
por parte de quien resulte beneficiario.
Para las sustancias de tercera categoría es de aplicación el artículo 252 del Código de Minería.
Cuando el propietario de una mina, cualesquiera sea
la categoría de las sustancias, hallare hidrocarburos, sin perjuicio de
disponer de los mismos únicamente en la medida requerida por el proceso
de extracción y beneficio de los minerales, lo comunicará a la
autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días del hallazgo, a
fin de que decida sobre el particular conforme a la presente ley.
SECCION 4ª.
Concesiones de transporte
Art.39. —La concesión de transporte
confiere, durante los plazos que fija el artículo 41, el derecho de
trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran
instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto
oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o
compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de
aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el
buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y
normas técnicas vigentes.
Art.40. —Las concesiones de
transporte serán otorgadas por el Poder Ejecutivo a las personas
físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los
procedimientos que la sección 5a especifica.
Los concesionarios de explotación que, ejercitando
el derecho conferido por el artículo 28, dispongan la construcción de
obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los
límites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a
constituirse en concesionarios de transporte, ajustándose a las
condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará la
autoridad de aplicación. Cuando las aludidas instalaciones permanentes
no rebasen los límites de alguno de los lotes de la concesión, será
facultativa la concesión de transporte y, en su caso, el plazo
respectivo será computado desde la habilitación de las obras.
Art.41. —Las concesiones a que se
refiere la presente sección serán otorgadas por un plazo de treinta y
cinco (35) años a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo el
Poder Ejecutivo, a petición de los titulares, prorrogarlos por hasta
diez (10) años más por resolución fundada. Vencido dichos plazos, las
instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional sin cargo ni
gravamen alguno y de pleno derecho.
Art.42. —Las concesiones de
transporte en ningún caso implicarán un privilegio de exclusividad que
impida al Poder Ejecutivo otorgar iguales derechos a terceros en la
misma zona.
Art.43. —Mientras sus instalaciones
tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan,
los concesionarios estarán obligados a transportar los hidrocarburos de
terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en
igualdad de circunstancias, pero esta obligación quedará subordinada,
sin embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio
concesionario.
Los contratos de concesión especificarán las bases
para el establecimiento de las tarifas y condiciones de la prestación
del servicio de transporte.
La autoridad de aplicación establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte.
Art.44. —En todo cuanto no exista
previsión expresa en esta ley, su reglamentación a los respectivos
contratos de concesión, con relación a transporte de hidrocarburos
fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que
rijan los transportes.
SECCION 5ª.
Adjudicaciones
Art.45. —Los permisos y concesiones
regulados por esta ley serán adjudicados mediante concursos en los
cuales podrá presentar ofertas cualquier persona física o jurídica que
reúna las condiciones establecidas en el artículo 5º y cumpla los
requisitos exigidos en esta sección.
Las concesiones que resulten de la aplicación de los
artículos 29º, párrafo 1º y 40º, 2º párrafo, serán adjudicadas conforme
a los procedimientos establecidos en las secciones 2a y 4a del Título II.
Art.46. —El Poder Ejecutivo
determinará en la oportunidad que estime más conveniente para alcanzar
los objetivos de esta ley, las áreas a que alude el artículo 9a
con respecto a las cuales la autoridad de aplicación dispondrá la
realización de los concursos destinados a otorgar permisos y
concesiones.
Sin perjuicio del procedimiento previsto en el
párrafo anterior, los interesados en las actividades regidas por esta
ley podrán presentar propuestas a la autoridad de aplicación
especificando los aspectos generales que comprendería su programa de
realizaciones y los lugares y superficies requeridos para su
desarrollo. Si el Poder Ejecutivo estimare que la propuesta formulada
resulta de interés para la Nación, autorizará someter a concurso el
respectivo proyecto en la forma que esta sección establece. En tales
casos, el autor de la propuesta será preferido en paridad de
condiciones de adjudicación.
Art.47. —Dispuesto el llamado a
concurso en cualquiera de los procedimientos considerados por el
artículo 46º, la autoridad de aplicación confeccionará el pliego
respectivo, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su
origen, las informaciones y disponibles concernientes a la presentación
de propuestas.
Asimismo, el pliego contendrá las condiciones y
garantías a que deberán ajustarse las ofertas y enunciará las bases
fundamentales que se tendrán en consideración para valorar la
conveniencia de las propuestas, tales como el importe y los plazos de
las inversiones en obras y trabajos que se comprometan y ventajas
especiales para la Nación incluyendo bonificaciones, pagos iniciales
diferidos o progresivos, obras de interés general, etc.
El llamado a concurso deberá difundirse durante no
menos de diez (10) días en los lugares y por medios que se consideren
idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, debiéndose incluir
entre éstos, necesariamente, el Boletín Oficial. Las publicaciones se
efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado
para el comienzo de recepción de ofertas.
Art.48. —La autoridad de aplicación
estudiará todas las propuestas y podrá requerir de aquellos oferentes
que hayan presentado las de mayor interés, las mejoras que considere
necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La adjudicación
recaerá en el oferente que haya presentado la oferta que a criterio
debidamente fundado del Poder Ejecutivo, resultare en definitiva la más
conveniente a los intereses de la Nación.
Es atribución del Poder Ejecutivo rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en el concurso.
Art.49. —Hasta treinta (30) días
antes de la fecha en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se
consideren lesionados por el llamado a concurso, sea cual fuere la
razón que invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad
de aplicación acompañando la documentación en que aquélla se funde.
Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso si, a su juicio, la oposición se fundará documentada y suficientemente.
No se admitirán oposiciones del propietario
superficiario de la zona a que se refiere el llamado, basadas solamente
en los daños que le pudiese ocasionar la adjudicación, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Título III de esta misma ley.
Art.50. —Podrán presentar ofertas las
personas inscritas en el registro que la autoridad de aplicación
habilitará al efecto y aquellas que, sin estarlo, inicien el
correspondiente trámite antes de los diez (10) días de la fecha en que
se inicie la recepción de las propuestas y cumplan los requisitos que
se exijan.
Art.51. —No podrán inscribirse en el
registro precitado ni presentar ofertas válidas para optar a permisos y
concesiones regidas por esta ley, las personas jurídicas extranjeras de
derecho público en calidad de tales.
Art. 52. —Los interesados presentarán
juntamente con sus ofertas, una garantía de mantenimiento de sus
propuestas en las formas admitidas y por los montos fijados en la
reglamentación o en los pliegos de condiciones.
Art. 53. —Pendiente de adjudicación
un concurso, no podrá llamarse otro sobre la misma área. En caso de que
así ocurriera, los afectados podrán hacer valer sus derechos mediante
oposición al llamado, en la forma y tiempo previstos por el artículo
49º.
Art. 54. —Cualquiera sea el resultado
del concurso, los oferentes no podrán reclamar válidamente perjuicio
alguno indemnizable por el Estado con motivo de la presentación de
propuestas, ni repetir contra éste los gastos irrogados por su
preparación o estudio.
Art. 55. —Toda adjudicación de
permisos o concesiones regidos por esta ley y la aceptación de sus
cesiones será protocolizada o, en su caso, anotada marginalmente, sin
cargo, por el escribano general de gobierno en el Registro del Estado
nacional, constituyendo el testimonio de este asiento el título formal
del derecho otorgado.
Sección 6ª.
Tributos
Art. 56. —Los titulares de permisos de
exploración y concesiones de explotación estarán sujetos, mientras esté
vigente el permiso o concesión respectivo, al régimen fiscal que para
toda la República se establece seguidamente:
Tendrán a su cargo el pago de todos los tributos
provinciales y municipales existentes a la fecha de la adjudicación.
Durante la vigencia de los permisos y concesiones, las provincias y
municipalidades no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni
aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y
las contribuciones de mejoras o incremento general de impuestos.
En el orden nacional estarán sujetos, con arreglo
a las normas de aplicación respectivas y en cuanto correspondiere, al
pago de derechos aduaneros, impuestos u otros tributos que graven los
bienes importados al país y de recargos cambiarios. Asimismo, estarán
obligados al pago del impuesto a las ganancias eventuales; al canon
establecido por el artículo 57º para el período básico y para la
prórroga durante la exploración y por el artículo 58º para la
explotación a las regalías estatuidas por los artículos 21º, 59º y 62º;
al cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 64º y
al pago del impuesto que estatuye el inciso siguiente.
La utilidad neta que obtengan en el ejercicio de
su actividad como permisionarios o concesionarios, queda sujeta al
impuesto especial a la renta que se fija a continuación. A tal efecto,
dicha utilidad neta se establecerá con arreglo a los principios que
rigen la determinación del rédito neto para la liquidación del impuesto
a los réditos estatuido por la ley 11.682 (t. o. 1960 y sus
modificaciones) cuyas normas serán aplicables en lo pertinente con
sujeción a las siguientes disposiciones especiales.
I. El precio de venta de los hidrocarburos extraídos
será el que se cobre en operaciones con terceros. En caso de que exista
vinculación económica entre el concesionario y el comprador, no se fije
precios o se destine el producto a ulteriores procesos de
industrialización, el precio se fijará conforme al valor corriente del
producto en el mercado interno al tiempo de enajenarse o
industrializarse. En caso de exportación de hidrocarburos, su valor
comercial a los efectos de este artículo se fijará en cada oportunidad
sobre la base del precio real obtenido por el concesionario en la
exportación, o, de no poder determinarse o no ser razonable, fundándose
en precios de referencia que se establecerán periódicamente y para lo
futuro sobre bases técnicamente aceptables.
II. Podrán deducirse de las utilidades del año
fiscal, las sumas efectivamente invertidas en gastos directos de
exploración a que se refiere el artículo 62º, inciso n) de la ley Nº
11.682 (t.o. 1960 y sus modificaciones) solamente durante el primer
período del plazo básico del correspondiente permiso, sin perjuicio del
tratamiento que les corresponda como costo susceptible de amortización.
No se consideran gastos de exploración las inversiones en máquinas,
equipos y demás bienes del activo fijo sujetos al tratamiento
establecido en el apartado siguiente.
III. Sin perjuicio de la amortización ordinaria que
técnicamente corresponda, podrá deducirse de las utilidades del año
fiscal y durante el primer período del plazo básico de la exploración,
un importe equivalente al cien por ciento de las cuotas de amortización
ordinaria que corresponda a las inversiones en máquinas, equipos y
otros bienes del activo fijo utilizados en las tareas de exploración de
dicho primer período.
IV. Los permisionarios podrán optar entre el sistema
que se fija en los apartados anteriores II y III o la deducción simple,
contra cualquier tipo de renta de fuente argentina que les
correspondiere, de las sumas efectivamente invertidas en gastos
directos de exploración durante el primer período del plazo básico y
las amortizaciones ordinarias que técnicamente correspondan en
inversiones en máquinas, equipos y demás bienes de activo fijo
aplicados a dichos trabajos de exploración durante el citado primer
período. En caso de hacer uso de esta opción, los gastos directos y las
amortizaciones así tratadas no podrán ser nuevamente considerados como
gastos ni inversiones amortizables, a los efectos de la determinación
de la utilidad fiscal neta a que se refiere el apartado V del presente
artículo.
V. Para la determinación de la utilidad fiscal neta
no podrán deducirse: los tributos provinciales o municipales, salvo que
se trate de tasas retributivas de servicios o contribuciones de
mejoras; el canon correspondiente al período básico de exploración y el
relativo a la explotación; las regalías prevista en los artículos 59º y
62º; el saldo del impuesto especial a la renta, ni los gastos directos
en exploración o las inversiones amortizables, cuando se hiciere uso de
la opción acordada en el apartado IV del presente artículo.
VI. Sobre la utilidad fiscal neta determinada según
las cláusulas que anteceden se aplicará la tasa del cincuenta y cinco
por ciento (55%), estableciéndose así el monto del impuesto especial a
la renta.
VII. Del monto del impuesto así determinado se
deducirá el importe: de los tributos provinciales o municipales, salvo
que se trate de tasas retributivas de servicios o contribuciones de
mejoras; del canon correspondiente al período básico de exploración y
del relativo a la explotación y de las regalías previstas en los
artículos 59º y 62º. Si el saldo resultante, fuera positivo, deberá ser
ingresado en la forma y plazo que determine la Dirección General
Impositiva. En caso contrario, los permisionarios o concesionarios
acreditarán el excedente como pago a cuenta del presente impuesto
especial, correspondiente a los ejercicios fiscales siguientes.
En ningún caso este excedente podrá ser objeto de devolución o transferencia.
VIII. La Dirección General Impositiva tendrá a su
cargo la aplicación, percepción y fiscalización de este impuesto, con
arreglo a las disposiciones de la ley 11.683 (t.o. 1960 y sus
modificaciones) y sus reglamentaciones.
IX. El Poder Ejecutivo con intervención de la
autoridad de aplicación de esta ley y de la Dirección General
Impositiva, reglamentará el tratamiento fiscal de los cargos que puedan
ser diferidos; los regímenes especiales de amortización y los métodos
de distribución y cómputo de los gastos o bienes comunes cuando los
permisionarios o concesionarios desarrollen contemporáneamente otras
actividades además de las comprendidas en esta ley. Las ventajas
especiales para la Nación a que alude el artículo 64, podrán ser
consideradas como inversiones amortizables.
X. Los saldos recaudados de acuerdo al punto VII
serán distribuidos de acuerdo con el régimen de coparticipación del
impuesto a los réditos establecido por la ley 14.788 y sus
disposiciones modificatorias o complementarias.
En virtud de las estipulaciones que anteceden,
los permisionarios o concesionarios quedan exentos del pago de todo
otro tributo nacional, presente o futuro, de cualquier naturaleza o
denominación —incluyendo los tributos que pudieran recaer sobre los
accionistas u otros beneficiarios directos de estas rentas— que tengan
vinculación con la actividad a que se refiere este artículo. No gozan
de esta exención por las tasas retributivas de servicios, por las
contribuciones de mejoras y por los impuestos atribuibles a terceros
que los permisionarios o concesionarios hayan tomado a su cargo. Cuando
hubieren tomado a su cargo el pago de impuestos correspondientes a los
intereses de financiaciones del exterior bajo forma de préstamos,
créditos u otros conceptos con destino al desarrollo de su actividad,
la renta sujeta al gravamen, a los fines de establecer el monto
imponible, no será acrecentada con el importe de dichos impuestos.
Art. 57. —El titular de un permiso de
exploración pagará anualmente y por adelantado un canon por cada
Kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala:
Plazo básico:
1er. Período — quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500.—)
2do. Período — mil pesos moneda nacional (m$n. 1.000.—)
3er. Período — mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 1.500.—)
Prórroga:
Durante el primer año de su vigencia abonará por adelantado cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000.—) por Km2 o fracción, incrementándose dicho monto en el 50% anual acumulativo.
El importe de este tributo podrá reajustarse
compensándolo con las inversiones efectivamente realizadas en la
exploración de la fracción remanente, hasta la concurrencia de un canon
mínimo de diez mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000.—) por Km2 que será abonado en todos los casos.
Art. 58. —El concesionario de
explotación pagará anualmente y por adelantado por cada kilómetro
cuadrado o fracción abarcado por el área un canon de veinte mil pesos
moneda nacional (m$n. 20.000.—).
Art. 59. —El concesionario de
explotación pagará mensualmente al Estado nacional, en concepto de
regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en
boca de pozo, un porcentaje del doce por ciento (12%), que el Poder
Ejecutivo podrá reducir hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en
cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos.
Art. 60. —La regalía será percibida
en efectivo, salvo que noventa (90) días antes de la fecha de pago, el
Estado exprese su voluntad de percibirla en especie, decisión que se
mantendrá por un mínimo de seis (6) meses.
En caso de optarse por el pago en especie, el
concesionario tendrá la obligación de almacenar sin cargo alguno
durante un plazo máximo de treinta (30) días, los hidrocarburos
líquidos a entregar en concepto de regalía.
Transcurrido ese plazo, la falta de retiro de los
productos almacenados importa la manifestación del Estado de percibir
en efectivo la regalía.
La obligación de almacenaje no rige respecto de los hidrocarburos gaseosos.
Art. 61. —El pago en efectivo de la
regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca de
pozo, el que se determinará mensualmente por la autoridad de aplicación
restando del fijado según las normas establecidas en el inciso c)
apartado I del artículo 56º, el flete del producto hasta el lugar que
se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Si la autoridad
no lo fijara, regirá el último establecido.
Art. 62. —La producción de gas
natural tributará mensualmente, en concepto de regalía, el doce por
ciento (12%) del valor de los volúmenes extraídos y efectivamente
aprovechados, porcentaje que el Poder Ejecutivo podrá reducir hasta el
cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta los factores que menciona el
artículo 59º.
Para el pago de esta regalía el valor del gas será
fijado conforme al procedimiento indicado para el petróleo crudo en el
artículo 61º.
El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de permanencia razonable.
Art. 63. —No serán gravados con
regalías los hidrocarburos usados por el concesionario o permisionario
en las necesidades de las explotaciones y exploraciones.
Art. 64. —Las ventajas especiales
para la Nación que los concesionarios hayan comprometido de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 47º, serán exigibles en la forma y
oportunidad que en cada caso se establezca.
Art. 65. —Los hidrocarburos que se
pierdan por culpa o negligencia del concesionario serán incluidos en el
cómputo de su respectiva producción, a los efectos tributarios
consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere del caso
aplicar.
TITULO III
Otros Derechos y Obligaciones
Art. 66. —Los permisionarios y
concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en las Secciones
2º, 3º, y 4º del Título II de esta ley, a los efectos del ejercicio de
sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el Código de
Minería en los artículos 42º y siguientes, 48º y siguientes, y
concordantes de ambos, respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o
particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por
sus trabajos.
Las pertinentes tramitaciones se realizarán por
intermedio de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse a las
autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las
resoluciones que se adopten.
La oposición del propietario a la ocupación misma o
su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso
será causa suficiente para suspender o impedir los trabajos
autorizados, siempre que el concesionario afiance satisfactoriamente
los eventuales perjuicios.
Art. 67. —El mismo derecho será
acordado a los permisionarios y concesionarios cuyas áreas se
encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con
respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la
costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles,
almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás
instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.
Art. 68. —La importación de
materiales, equipos, maquinarias y demás elementos necesarios para el
desarrollo de las actividades regladas en esta ley, se sujetará a las
normas que dicte la autoridad competente, las que asegurarán el mismo
tratamiento a las empresas estatales y privadas.
Art. 69. —Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de las establecidas en el Título II:
Realizar todos aquellos trabajos que por
aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más
modernas, racionales y eficientes;
Adoptar todas las medidas necesarias para evitar
daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación,
conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad
de aplicación de cualquier novedad al respecto;
Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si
la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o
concesionario responderá por los daños causados al Estado o a terceros;
Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por
las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de
todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación de los que
ocurrieren;
Adoptar las medidas necesarias para evitar o
reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a
las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se
hallaren durante la perforación;
Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables.
Art. 70. —Los permisionarios y
concesionarios suministrarán a la autoridad de aplicación en la forma y
oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus
trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las funciones
que le asigna la presente ley.
Art. 71. —Quienes efectúen trabajos
regulados por esta ley contemplarán preferentemente el empleo de
ciudadanos argentinos en todos los niveles de la actividad, incluso el
directivo y en especial de los residentes en la región donde se
desarrollen dichos trabajos.
La proporción de ciudadanos nacionales referida al
total del personal empleado por cada permisionario o concesionario, no
podrá en ningún caso ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%),
la que deberá alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o los
pliegos.
Igualmente capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas de cada una de sus actividades.
TITULO IV
Cesiones
Art. 72. —Los permisos y concesiones
acordados en virtud de esta ley pueden ser cedidos, previa autorización
del Poder Ejecutivo, en favor de quienes reúnan y cumplan las
condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios o
concesionarios, según corresponda.
La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, acompañada de la minuta de escritura pública.
Art. 73. —Los concesionarios de
explotación podrán contratar préstamos bajo la condición de que el
incumplimiento de tales contratos por parte de ellos, importará la
cesión de pleno derecho de la concesión en favor del acreedor. Dichos
contratos se someterán a la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la
que sólo será acordada en caso de garantizarse satisfactoriamente el
cumplimiento de las condiciones exigidas en el artículo 72º.
Art. 74. —Los escribanos públicos no
autorizarán ninguna escritura de cesión sin exigir del cedente una
constancia escrita de la autoridad de aplicación, acreditando que no se
adeudan tributos de ninguna clase por el derecho que se pretende ceder.
Tal constancia y el decreto que la autorice en copia auténtica,
quedarán incorporados en el respectivo protocolo.
TITULO V
Inspección y Fiscalización
Art. 75. —La autoridad de aplicación
fiscalizará el ejercicio de las actividades a que se refiere el
artículo 2º de la presente ley, a fin de asegurar la observancia de las
normas legales y reglamentarias correspondientes.
Tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permisionarios o concesionarios.
Art. 76. —Las facultades acordadas
por el artículo precedente no obstan al ejercicio de las atribuciones
conferidas al Estado por otras leyes, con cualquier objetivo de
gobierno, cuyo cumplimiento también autorice inspecciones o controles
oficiales.
Art. 77. —Los permisionarios y
concesionarios facilitarán en la forma más amplia el ejercicio por
parte de los funcionarios competentes de las tareas de inspección y
fiscalización.
Art. 78. —Para el ejercicio de sus
funciones de inspección y fiscalización, la autoridad de aplicación
podrá hacer uso de los medios que a tal fin considere necesarios.
TITULO VI
Nulidad, Caducidad y extinción de los permisos y concesiones
Art. 79. —Son absolutamente nulos:
Los permisos o concesiones otorgados a personas
impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos, conforme a las
disposiciones de esta ley;
Las cesiones de permisos o concesiones realizadas en favor de las personas aludidas en el inciso precedente;
Los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley;
Los permisos y concesiones que se superpongan a
otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad
petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta.
Art. 80. —Las concesiones o permisos caducan:
Por falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo;
Por falta de pago de las regalías, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas;
Por incumplimiento sustancial e injustificado de
las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación,
inversiones, trabajos o ventajas especiales;
Por transgresión reiterada del deber de
proporcionar la información exigible, de facilitar las inspecciones de
la autoridad de aplicación o de observar las técnicas adecuadas en la
realización de los trabajos;
Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 22º y 32º;
Por haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial ejecutoria que así lo declare;
Por fallecimiento de la persona física o fin de
la existencia de la persona jurídica titular del derecho, salvo acto
expreso del Poder Ejecutivo manteniéndolo en cabeza de los sucesores,
si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares;
Por incumplimiento de la obligación de
transportar hidrocarburos de terceros en las condiciones establecidas
en el artículo 43º, o la reiterada infracción al régimen de tarifas
aprobado para éstos transportes.
Previamente a la declaración de caducidad por las
causales previstas en los incisos a), b), c), d), e) y h) del presente
artículo, la autoridad de aplicación intimará a los permisionarios y
concesionarios para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que
fije.
Art. 81. —Las concesiones y permisos se extinguen:
Por el vencimiento de sus plazos.
Por renuncia de su titular, la que podrá
referirse a solamente una parte de la respectiva área, con reducción
proporcional de las obligaciones a su cargo, siempre que resulte
compatible con la finalidad del derecho.
Art. 82. —La extinción por renuncia
será precedida, inexcusablemente, de la cancelación por el titular de
la concesión o permiso de todos los tributos impagos y demás deudas
exigibles.
Art. 83. —Comprobada la causal de
nulidad o caducidad con el debido proceso legal, el Poder Ejecutivo
dictará la pertinente resolución fundada.
Art. 84. —Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 56, inciso c), apartado VIII, el cobro
judicial de cualquier deuda o de las multas ejecutoriadas se hará por
la vía de apremio establecida en el título XXV de la Ley 50, sirviendo
de suficiente título a tal efecto la pertinente certificación de la
autoridad de aplicación.
Art. 85. —Anulado, caducado o
extinguido un permiso o concesión revertirán al Estado las áreas
respectivas con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás
elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al
ejercicio de su respectiva actividad, en las condiciones establecidas
en los artículos 37º y 41º.
Art. 86. —En las cláusulas
particulares de los permisos y concesiones se podrá establecer, cuando
el Poder Ejecutivo lo considere pertinente, la intervención de un
tribunal arbitral para entender en cuanto se relacione con la
declaración administrativa de caducidad o nulidad, efectuada por el
Poder Ejecutivo según lo previsto en el artículo 83, en sus
consecuencias patrimoniales.
Igual tratamiento podrá acordarse respecto de las
divergencias que se planteen entre los interesados y la autoridad de
aplicación sobre determinadas cuestiones técnicas, especificadas al
efecto en cada permiso o concesión.
El tribunal arbitral estará constituido por un
árbitro designado por cada una de las partes y el tercero por acuerdo
de ambos o, en su defecto, por el presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
TITULO VII
Sanciones y Recursos
Art. 87. —El incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones emergentes de los permisos y concesiones que no
configuren causal de caducidad ni sea reprimido de una manera distinta,
será penado por la autoridad de aplicación con multas que, de acuerdo
con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades
respectivas, oscilarán entre diez mil (m$n. 10.000.—) y diez millones
de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000.—). Dentro de los diez (10)
días de pagada la multa, los permisionarios o concesionarios podrán
promover su repetición ante el tribunal competente.
Art. 88. —El incumplimiento de sus
obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios o
concesionarios, facultará en todos los casos a la aplicación por la
autoridad de apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a
que se refiere el artículo 50, en la forma que se reglamente. Estas
sanciones no enervarán otros permisos o concesiones de que fuera
titular el causante.
Art. 89. —Con la declaración de
nulidad o caducidad a que se refiere el artículo 83º se tendrá por
satisfecho el requisito de la Ley 3.952 (modificada por la Ley 11.634)
sobre denegación del derecho controvertido por parte del Poder
Ejecutivo, y el interesado podrá optar entre la pertinente demanda
judicial contra la Nación o la intervención, en su caso, del tribunal
arbitral que menciona el artículo 86. La acción del interesado en uno u
otro sentido prescribirá a los seis (6) meses, contados desde la fecha
en que se le haya notificado la resolución del Poder Ejecutivo.
Art. 90. —La autoridad de aplicación
contará con representación directa en sede judicial en toda acción
derivada de esta ley en que el Estado nacional sea parte.
TITULO VIII
Empresas Estatales
Art. 91. —Las zonas inicialmente reservadas
para ser exploradas y explotadas por las empresas estatales se detallan
en el Anexo Unico que forma parte de esta ley.
Art. 92. —Las áreas reservadas a la
exploración por parte de las empresas estatales estarán sometidas a las
reducciones que establece el artículo 26º en los plazos fijados por el
artículo 23º, los que se computarán, por vez primera, a partir de la
fecha de vigencia de la presente ley. Esta norma no obstará a la
aplicación del artículo 11º.
Art. 93. —A los fines señalados en
los artículos 12º y 13º las empresas estatales abonarán al Estado
nacional, en efectivo, el doce por ciento (12%) del producido bruto en
boca de pozo de los hidrocarburos que extraigan de los yacimientos
ubicados en las áreas reservadas a dichas empresas, con la eventual
reducción prevista en los artículos 59º y 62º.
Art. 94. —Las empresas estatales
quedan sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración,
explotación y transporte, a todos los requisitos, obligaciones,
controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación,
gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta ley a los
permisionarios y concesionarios.
Art. 95. —De conformidad con lo que
establece el artículo 11º, las empresas estatales quedan facultadas
para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las
vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente
desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de
sociedades.
El régimen fiscal establecido en el Título II, Sección 6a,
de la presente ley, no será aplicable a quienes suscriban con las
empresas estatales contratos de locación de obras y servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos, o con igual fin se asocien
con ellas sin constituir personas jurídicas distintas de las de sus
integrantes, los que quedarán sujetos, en cambio, a la legislación
fiscal general que les fuere aplicable.
Toda sociedad integrada por una empresa estatal con
personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes, que desarrolle
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, estará
sujeta al pago de los tributos previstos en el Título II, Sección 6a de esta ley.
Art. 96. —A los efectos de la
presente ley se entenderá por empresas estatales a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, Gas del Estado y aquellas que, con cualquier
forma jurídica y bajo contralor permanente del Estado, las sucedan o
reemplacen en el ejercicio de sus actuales actividades.
TITULO IX
Autoridad de Aplicación
Art. 97. —La aplicación de la presente ley
compete a la Secretaría de Estado de Energía y Minería o a los
organismos que dentro de su ámbito se determinen, con las excepciones
que determina el artículo 98º.
Art. 98. —Compete al Poder Ejecutivo nacional, en forma privativa, la decisión sobre las siguientes materias:
Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta ley.
Otorgar permisos y concesiones, prorrogar sus plazos y autorizar sus cesiones.
Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros.
Anular concursos.
Asignar y modificar las áreas reservadas a las empresas estatales.
Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial.
Aprobar la constitución de sociedades y otros
contratos celebrados por las empresas estatales con terceros a los
fines de la explotación de las zonas que esta ley reserva a su favor.
Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios.
Declarar la caducidad o nulidad de permisos y concesiones.
Art. 99. —Los fondos que la autoridad
de aplicación recaude por aplicación de esta ley en concepto de
regalías, cánones, sumas comprometidas y no invertidas, multas y otros
pagos o contribuciones vinculados con la obtención de permisos y
concesiones, serán destinados por dicha autoridad en forma directa a
solventar los gastos derivados del ejercicio de las funciones que se le
atribuyen y a la promoción de actividades mineras, incluidas las
vinculadas con hidrocarburos, sin perjuicio de los recursos que
presupuestariamente se le asignen.
En cuanto corresponda, los ingresos derivados de las regalías serán aplicados al destino fijado en los artículos 12º y 13º.
TITULO X
Normas Complementarias
Art. 100. —Los permisionarios y
concesionarios deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de
los perjuicios que se causen a los fondos afectados por las actividades
de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación
de los respectivos importes o aceptar —de común acuerdo y en forma
optativa y excluyente— los que hubiere determinado o determinare el
Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por
parte de dichos propietarios.
Art. 101. —Facúltase al Poder
Ejecutivo para efectuar concursos con la participación exclusiva de
empresas de capital predominantemente argentino, conforme a la
reglamentación que se dicte. Asimismo podrá establecer normas y
franquicias, incluso impositivas que promueven la participación de
dichas empresas en la actividad petrolera del país.
Art. 102. —Los valores en pesos
moneda nacional que esta ley asigna al canon de exploración y
explotación y a las multas, podrán ser actualizados con carácter
general por el Poder Ejecutivo sobre la base de las variaciones que
registre el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno.
Igualmente podrán estipularse en los permisos y
concesiones, sistemas de ajuste de las inversiones que se comprometan
en moneda nacional o extranjera, a fin de mantener su real valor.
TITULO XI
Normas Transitorias
Art. 103. —El Poder Ejecutivo podrá reducir
hasta en ocho (8) puntos el porcentaje fijado en el artículo 56 inciso
apartado VI y durante los diez (10) años siguientes a la respectiva
adjudicación, en favor de las empresas que dentro de los dieciocho (18)
meses de la fecha de vigencia de esta ley obtengan permisos de
exploración y las concesiones de explotación que sean su consecuencia,
cualquiera fuera la fecha de estas últimas.
Art. 104. —El Poder Ejecutivo
dictará, dentro de los ciento ochenta (180) días de sancionada esta
ley, la reglamentación a que se alude en el párrafo final del artículo
6º. Mientras tanto se mantendrá la modalidad y régimen actual de
comercialización y distribución de hidrocarburos gaseosos.
Art. 105. —Derógase la Ley Nº 14.773 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Art. 106. —Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Onganía. — Adalberto Krieger Vasena.
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| Plazo básico: | — 1er. período hasta cuatro | (4) años |
|---|---|---|
| — 2do. período hasta tres | (3) años | |
| — 3er. período hasta dos | (2) años | |
| Período de prórroga: | hasta cinco | (5) años |
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