Por el cual se dicta una medida sobre salubridad pública

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

• 1° Que hay Municipios en los cuales se emplea como medio coercitivo para obtener, que los particulares paguen el valor de los impuestos a que están obligados, la suspensión de los servicios públicos.

• 2° Que tal medida, especialmente tratándose del agua, aseo y vigilancia, constituye un peligro para la comunidad, pues afecta no sólo a quienes habitan las fincas urbanas privadas de aquellos servicios, sino a todos, los vecinos.

• 3° Que la sanción en referencia muchas veces, recae sobre personas a quienes no corresponde el pago, como los inquilinos que no se han obligado a ello en los respectivos contratos, o cuando se trata de impuestos causados o servicios presados con anterioridad a la adquisición de los inmuebles por los dueños actuales (artículos 2495, causal 6ª y 2496, inciso 2° del Código Civil).

• 4° Que las entidades de Derecho Público gozan de jurisdicción coactiva para hacer efectivas oportunamente las obligaciones a su favor; y

• 5° Que las leyes señalan a los deudores por impuestos la tasa de interés que deben pagar en caso de mora,

DECRETA:

Artículo 1° La falta o demora del pago de impuestos municipales no puede sancionarse con la suspensión o el encarecimiento de ningún servicio público.

Parágrafo. Entiéndese por encarecimiento la adopción de tarifas altas que señalen rebajas a los contribuyentes o consumidores que se hallen a paz y salvo con el Tesoro Municipal. En tal caso, se entiende por tarifa real la cifra que resulte una vez hecha la deducción del tanto por ciento o suma a que ascienda la rebaja.

Artículo 2° Son nulas las disposiciones encaminadas directa o indirectamente a la transgresión de las prohibiciones contenidas en el artículo anterior.

Artículo 3° Los Gobernadores, los Alcaldes y Personeros Municipales, y todas las autoridades en el ramo de Higiene, sean nacionales, departamentales o municipales, quedan encargados de velar por el estricto cumplimiento del presente Decreto.

Artículo 4° Los empleados que cumplan disposiciones contrarias a lo aquí dispuesto, incurrirán por cada vez en multas de $ 100 a $ 500.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá a 12 de julio de 1937.

ALFONSO LOPEZ

El Ministro de Gobierno,

Alberto LLERAS

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Gonzalo RESTREPO