Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social

En los casos de control financiero previstos en el artículo 31 apartado 2 de este Reglamento, por razón de las subvenciones, créditos y demás ayudas concedidas en el ámbito de la Seguridad Social, así como en los supuestos de empresas colaboradoras a las que se refiere el apartado 3 del artículo 30, el órgano que haya desarrollado el control emitirá informe comprensivo de los hechos puestos de manifiesto en el mismo y de las conclusiones que de aquéllos se deriven respecto al cumplimiento o incumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la normativa aplicable al respecto así como que el desarrollo de la acción protectora, en el caso de empresas colaboradoras, es el correcto. Este informe se dirigirá a las Entidades colaboradoras o beneficiarios de dichas ayudas, y a las empresas colaboradoras, en su caso, dándoles quince días de plazo para que efectúen las alegaciones que estimen convenientes. Transcurrido el plazo mencionado, y teniendo en cuenta, en su caso, las alegaciones efectuadas por el receptor de las ayudas, el órgano de control emitirá informe provisional dirigido al gestor directo de las acciones controladas, que seguirá la tramitación posterior contemplada en los apartados 2 al 5 de este artículo.

Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la Intervención General de la Seguridad Social, por sí o por medio de las Intervenciones delegadas en los casos y formas que se determinen, a los siguientes destinatarios:

Cuando el control se haya realizado por las Intervenciones delegadas en las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social determinará los informes que aquéllas han de enviarle.

La Intervención General de la Seguridad Social emitirá informe de actuación, en relación con los aspectos relevantes deducidos del control, dirigido al titular del Departamento del que dependa, que tutele o al que esté adscrito el órgano o entidad controlada, en los siguientes casos:

El titular del Departamento, una vez recibido dicho informe, manifestará al Ministro de Economía y Hacienda su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo en el plazo máximo de dos meses.

En caso de disconformidad, el Ministro de Economía y Hacienda, previo el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, en el plazo máximo de dos meses, someterá las actuaciones, en su caso, a la consideración del Consejo de Ministros.

En los informes de actuación sobre Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, la decisión definitiva que se adopte determinará que por el órgano de dirección y tutela, se requiera de la mutua la adopción de las correspondientes medidas y actuaciones.

Con independencia de lo anteriormente dispuesto y cuando por su especial transcendencia la Intervención General de la Seguridad Social lo estime procedente, se elevarán las actuaciones a la Intervención General de la Administración del Estado, quien, de estimarlo oportuno, las trasladará al Ministro de Economía y Hacienda para que, en su caso, las someta a la consideración del Consejo de Ministros. A estos efectos, se emitirá un informe sucinto exponiendo de forma motivada los aspectos específicos de mayor relevancia que recomienden este procedimiento.

Los órganos gestores deberán comunicar al órgano que haya desarrollado el control, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 34, las medidas que se vayan adoptando para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto y, en su caso, el grado de cumplimiento de los plazos establecidos en sus alegaciones. En el caso de que dichas medidas no sean adoptadas o no se cumplan los plazos establecidos, el órgano de control lo pondrá en conocimiento de la Intervención General de la Seguridad Social a los efectos de la elaboración del informe de actuación a que se refiere el artículo 36 de este Real Decreto.

En el caso de que en los informes de control financiero se indiquen actuaciones de los órganos gestores que, de acuerdo con la normativa vigente, deban ser realizadas de forma inexcusable e inmediata para reparar o evitar perjuicios para el Patrimonio de la Seguridad Social o de los entes controlados, dichos órganos deberán comunicar, en el plazo máximo de un mes, al órgano que haya desarrollado el control las medidas que hayan adoptado al respecto, señalando, en su caso, las discrepancias que puedan surgir en relación al contenido del correspondiente informe. Si el órgano que ha practicado el control manifestara su disconformidad con las actuaciones realizadas por el órgano gestor, lo pondrá en conocimiento de la Intervención General de la Seguridad Social a los efectos de la posible elaboración del informe de actuación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de este Real Decreto.

Cuando de los informes, definitivos o de actuaciones, realizados se deriven reintegros de perceptores de subvenciones o ayudas públicas, el procedimiento a seguir será el siguiente:

El control financiero se ejercerá sobre las Entidades gestoras y Servicios comunes de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos I y II de este Título.

El control financiero se podrá ejercer de forma permanente en los términos y con el alcance que determine la Intervención General de la Seguridad Social, de acuerdo con las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 89 de la Ley General de la Seguridad Social y del artículo 73 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en los hospitales y demás centros sanitarios dependientes del Instituto Nacional de la Salud la función interventora queda sustituida por el control financiero de carácter permanente a cargo de la Intervención General de la Seguridad Social, debiendo efectuarse sobre la totalidad de operaciones realizadas por los mismos en la forma que determine la Intervención General de la Seguridad Social.

Asimismo quedan sujetas a control financiero de carácter permanente, en sustitución de la función interventora:

Cualesquiera otras prestaciones de las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social podrán ser objeto de control financiero de carácter permanente en sustitución de la función interventora cuando, por razones de eficacia en la gestión, así se acuerde en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o Sanidad y Consumo, en su caso, y del Ministerio de Economía y Hacienda, y a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, previa propuesta de la Intervención General de la Seguridad Social.

En los casos en que la función interventora se haya sustituido o se sustituya por el control financiero permanente, la citada sustitución no alcanzará a los actos de ordenación y pago material que se fiscalizarán conforme a lo establecido en la sección 5.ª, capítulo IV, Título II de este Reglamento.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social estarán sujetas a control financiero, ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos I y II de este Título. Dicho control alcanzará a la comprobación de la situación y funcionamiento de su gestión en el aspecto económico financiero para verificar que se acomodan a los principios de buena gestión financiera y a las disposiciones y directrices que las rijan, así como la verificación de la eficacia y eficiencia.

El control financiero de las empresas colaboradoras se ejercerá respecto a la gestión de la acción protectora a la que se refiere el artículo 77 de la Ley General de la Seguridad Social.

El control financiero se ejercerá por la Intervención General de la Seguridad Social respecto de los beneficiarios de subvenciones y ayudas con cargo a los presupuestos de las Entidades de la Seguridad Social y en su caso Entidades colaboradoras, con el alcance y finalidad previsto en el apartado 3 del artículo 31 de este Reglamento.

Cuando en el ejercicio de las funciones de control se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, destino o justificación de la subvención o ayuda percibida, los agentes encargados de su realización podrán, previa autorización de la Intervención General de la Seguridad Social, acordar la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en que tales indicios se manifiesten.

En lo relativo a las subvenciones y ayudas gestionadas por entes territoriales, podrán establecerse mediante el oportuno convenio procedimientos específicos para el control, seguimiento y evaluación de aquéllos.

Igual procedimiento podrá aplicarse en los supuestos de prestaciones y ayudas reconocidas por las Comunidades Autónomas con cargo a créditos del presupuesto de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31.3 de este Reglamento, para la ejecución del Plan de Auditorías de la Seguridad Social se podrá recabar, conforme a lo establecido en el artículo 93.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la colaboración de empresas privadas en caso de insuficiencia de los servicios de la Intervención General de la Seguridad Social, que deberán ajustarse a las normas e instrucciones que determine el centro directivo mencionado, el cual podrá efectuar las revisiones y controles de calidad que considere oportunos.

Para recabar dicha colaboración será necesario llevar a cabo las actuaciones previstas en el apartado 2 del artículo 93 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.