Ley 3/2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia

En representación del Consejo de Gobierno de la Universidad serán vocales del Consejo Social, el rector, el secretario general y el gerente de la Universidad, con carácter nato. Los tres miembros restantes serán un profesor, un alumno y un representante del personal de administración y servicios, elegidos por el propio Consejo de Gobierno de entre sus miembros.

Los miembros elegidos en representación de los intereses socioeconómicos de la Región de Murcia se designarán de la siguiente forma:

Los vocales del Consejo Social se nombrarán por Orden del Consejero de Educación y Cultura, a propuesta de las instituciones, entidades o centros que representan. El nombramiento, que se publicará en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», será efectivo una vez que los vocales hayan tomado posesión de su cargo.

Los vocales del Consejo Social, en representación de los intereses socioeconómicos de la Región de Murcia, tendrán un mandato de cuatro años, desde la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, no pudiendo ser reelegidos de forma consecutiva más de una vez.

Los vocales a los que se refiere el apartado anterior perderán su condición por expiración de su mandato, por renuncia personal, por revocación de su nombramiento o como consecuencia de un nuevo proceso de elección en el órgano o institución que los designó, así como por apreciarse incompatibilidad en su cargo. En tales casos, el mandato del sustituto designado tendrá una duración igual al tiempo que le restara por cumplir al sustituido.

Los vocales natos en representación del Consejo de Gobierno de la Universidad, perderán su condición cuando cesen en los cargos que ostentan.

Cuando por renuncia, incompatibilidad, revocación, remoción o fallecimiento, se produzca el cese anticipado de un vocal de los que representan los intereses socioeconómicos, el presidente del Consejo Social solicitará de la institución, entidad u órgano que lo propuso que, en el plazo máximo de un mes, proceda a proponer un nuevo candidato, para el periodo de mandato que restara al anterior titular.

Mientras que los nuevos candidatos no tomen posesión de sus cargos, permanecerán en funciones los sustituidos.

La sustitución de los miembros del Consejo Social en representación del Consejo de Gobierno de la Universidad, se efectuará en los términos que establezcan los estatutos de la Universidad.

La condición de vocal del Consejo Social de las Universidades públicas de la Región de Murcia será incompatible con el desempeño por sí o por persona interpuesta, de cargos directivos o gerenciales en empresas o sociedades que contraten con la Universidad obras, servicios, asistencias técnicas o suministros, así como con la participación superior al 10% en el capital social de las mismas.

Los vocales en representación de los intereses socioeconómicos, no podrán ser miembros activos de ninguna comunidad universitaria, pública o privada, ni tampoco miembros del Congreso de los Diputados ni del Senado.

La condición de miembro del Consejo Social será incompatible con la vinculación contractual con universidades privadas.

Ningún miembro del Consejo Social podrá formar parte de más de un Consejo Social de las Universidades públicas de la Región de Murcia.

La infracción de las incompatibilidades previstas en esta Ley, así como de otras que pudieran establecerse en la normativa vigente, motivarán, por parte del Consejo, la propuesta de remoción del vocal en quien concurran dichas circunstancias a la institución, entidad, organismo u organización que hubiese efectuado su designación o, en su caso, elección.

El presidente del Consejo Social es su máxima autoridad, ostentará la representación ordinaria del mismo y ejerce cuantas otras funciones le sean encomendadas legal o reglamentariamente.

El presidente del Consejo Social será nombrado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta del titular de la Consejería de Educación y Cultura, oído el rector, de entre los vocales en representación de los intereses socioeconómicos de la Región. Su nombramiento será por decreto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

El mandato del presidente del Consejo Social será de cuatro años, pudiendo ser renovado solo por otros cuatro años de forma consecutiva. La pérdida por el presidente de su condición de miembro del Consejo Social, supondrá necesariamente el cese en la presidencia del órgano.

Al presidente del Consejo Social le serán de aplicación las incompatibilidades previstas en esta Ley y las que legal o reglamentariamente se establezcan.

Al frente de la Secretaría del Consejo Social estará el secretario del Consejo, que será nombrado y cesado por el presidente, dando cuenta al Pleno.

Al secretario del Consejo Social le corresponde la dirección administrativa y económica del Consejo, la elaboración de estudios o informes, la función de dar fe de los acuerdos, la custodia de los libros de actas, la potestad certificante y las demás funciones que reglamentariamente se determinen, entre las que deberán contemplarse las propias del Secretario de los órganos colegiados.

El secretario del Consejo Social deberá contar con titulación universitaria superior y en el caso de ser funcionario de cualquiera de las administraciones públicas, deberá pertenecer a un cuerpo o escala incardinado en el grupo A del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

El secretario del Consejo Social tendrá la dedicación al puesto que se establezca y percibirá la correspondiente remuneración, en consonancia con su dedicación. El secretario asistirá a las reuniones del Consejo Social con voz, pero sin voto.

Al secretario del Consejo Social le será de aplicación el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 31.

El Consejo Social elaborará y aprobará su propio Reglamento de Organización y Funcionamiento, que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante decreto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social regulará, al menos, el número y la periodicidad de las sesiones, las razones que justifiquen las extraordinarias, el quórum de asistencia, los derechos y deberes de sus miembros, el régimen de mayorías para la adopción de acuerdos, las competencias específicas de los órganos del Consejo, así como el procedimiento para la propuesta de remoción de vocales por incumplimiento reiterado de sus obligaciones y otras cuestiones que faciliten el normal funcionamiento del órgano.

Los acuerdos del Consejo Social, poseen inmediata ejecutividad y agotan la vía administrativa, siendo recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Corresponde al rector de la Universidad la ejecución de los acuerdos del Consejo Social.

El Consejo Social elaborará y aprobará anualmente su propio presupuesto, que se incluirá como un programa específico del presupuesto general de la Universidad para cada ejercicio y que podrá contemplar las compensaciones económicas a los miembros del mismo.

El Consejo Social para el cumplimiento de sus fines y la realización de sus actividades, estará dotado con los recursos humanos cualificados adecuados a sus funciones y gestión. No obstante se valdrá del personal, infraestructuras, instalaciones, equipos y demás recursos de la propia Universidad, sin perjuicio de las adscripciones específicas de personal que se prevea en la estructura administrativa que reglamentariamente se establezca.

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las universidades de la Región de Murcia establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario que tendrá la misión de velar por el respeto a los derechos y las libertades de los miembros de la comunidad universitaria ante las actuaciones de los diferentes órganos de gobierno y servicios universitarios.

El Defensor Universitario actuará con independencia y autonomía respecto de las diferentes instancias universitarias. Corresponderá a los estatutos en el caso de las Universidades públicas o a las normas de organización y funcionamiento de las Universidades privadas, establecer el procedimiento para su elección o designación, la duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento.

Los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios y los funcionarios interinos se regirán por la normativa estatal vigente que les sea de aplicación.

El personal docente e investigador contratado, se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la presente Ley y en sus respectivas disposiciones de desarrollo, así como por los estatutos de las universidades, por los convenios colectivos de aplicación y por la restante legislación laboral que les resulte de aplicación.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrá promover en el ámbito de sus competencias, la adopción de medidas para la consecución de una política homogénea sobre plantillas, negociación colectiva y prestaciones asistenciales para el personal de las Universidades públicas de la Región de Murcia, con pleno respeto a la autonomía y a las peculiaridades organizativas de cada Universidad.

La Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Educación y Cultura en colaboración con las Universidades impulsará programas conjuntos que faciliten y fomenten la formación permanente del personal docente e investigador, su movilidad y el contacto con docentes e investigadores de otras comunidades universitarias.

Las universidades regularán el régimen de licencias y permisos del que pueda disfrutar el personal docente e investigador con el fin de incrementar sus actividades de intercambio, su aportación al sistema de innovación y desarrollo, a las actividades de transferencia de tecnología o su participación en actividades académicas en otras universidades o centros de investigación.

Conforme a lo previsto en el artículo 73.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el personal funcionario de administración y servicios, se regirá por la citada Ley Orgánica y sus disposiciones de desarrollo, por la presente Ley, por la legislación general de funcionarios y por las disposiciones de desarrollo de esta que elabore la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y por los estatutos de las universidades.

El personal laboral de administración y servicios de las Universidades públicas de la Región de Murcia, se regirá además de por lo dispuesto en la referida Ley Orgánica y por sus normas de desarrollo, por lo establecido en los estatutos de la Universidad, así como por la legislación laboral y los convenios colectivos aplicables.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 74.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, estas establecerán el régimen retributivo del personal funcionario de administración y servicios, dentro de los límites máximos que determine la Comunidad Autónoma y en el marco de las bases que dicte el Estado. Corresponderá su establecimiento a los órganos de gobierno de cada Universidad según lo previsto en sus estatutos, de conformidad con la legislación básica aplicable y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias.

La selección del personal de administración y servicios, se realizará por las universidades públicas de acuerdo con sus respectivos estatutos, conforme a la legislación general de funcionarios y las normas autonómicas que resulten de aplicación, con pleno respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Las universidades, con el apoyo de la Comunidad Autónoma, facilitarán la movilidad del personal de administración y servicios, procurando la existencia de incentivos que repercutan en la mejora de su condición profesional y en el funcionamiento más eficiente de la institución universitaria.

La movilidad del personal funcionario de administración y servicios prevista en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se efectuará de acuerdo con lo que cada Universidad pública autorice, previa suscripción de los correspondientes convenios entre universidades o con otras administraciones públicas que garanticen el derecho a la movilidad de su respectivo personal bajo el principio de reciprocidad.

La Comunidad Autónoma suscribirá convenios con las universidades para proporcionar una formación práctica a los estudiantes de las universidades de la Región de Murcia, poniendo a su disposición, los distintos centros y unidades de sus consejerías, organismos y empresas, con el fin de posibilitar la realización de prácticas docentes curriculares y extracurriculares. En cualquier caso, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia garantizará el acceso de las universidades públicas a estos programas de prácticas.

La Comunidad Autónoma y las universidades de la Región de Murcia adoptarán medidas para facilitar la inserción laboral y la adaptación al mercado de trabajo de los alumnos y titulados universitarios.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación y Cultura, promoverá el desarrollo de otras medidas que puedan incidir en la mejora de las condiciones de los alumnos en el sistema universitario regional, el fomento de sus asociaciones y la realización de actividades por las mismas. Asimismo, fomentará la colaboración con otras instituciones para favorecer la integración de los alumnos discapacitados y la adaptación de los medios e instalaciones universitarias.

Igualmente, promoverá el alojamiento en condiciones adecuadas y el uso del transporte público con el fin de que los estudiantes puedan beneficiarse de la utilización de los distintos medios de transporte de viajeros, desde sus municipios de residencia a los diversos campus universitarios.

El presupuesto de las universidades públicas de la Región de Murcia será público, único y equilibrado y comprenderá la totalidad de sus ingresos y gastos. Será aprobado por el Consejo Social de la Universidad, a propuesta de su Consejo de Gobierno y será publicado en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

En cuanto a la estructura del presupuesto, su sistema contable, los documentos que comprenden y a la rendición de cuentas, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, en cuanto a su desarrollo y ejecución, se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de la referida Ley Orgánica.

Son ingresos de las universidades públicas de la Región de Murcia los procedentes de los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan, las transferencias procedentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en aplicación del modelo de financiación y cuantos otros ingresos de derecho público o privado puedan obtener las mismas de acuerdo con la legislación vigente.

Las universidades públicas en el ejercicio de su autonomía económica y financiera procurarán obtener recursos adicionales a los que provengan del modelo de financiación.

Los consejos sociales de las universidades públicas podrán promover acciones y acuerdos con entidades financieras y empresariales, con el fin de allegar recursos adicionales a las universidades.

Para la determinación de las transferencias que la Comunidad Autónoma destine a financiar a las universidades públicas de la Región, se elaborará un modelo de financiación acorde con la evolución económica y las disponibilidades presupuestarias, revisable cada cinco años. Dicho modelo podrá basarse en el de los costes de referencia de las universidades públicas que, atendiendo a las necesidades mínimas de estas y con carácter meramente indicativo, se prevé en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

No obstante, el modelo distinguirá entre tres tipos de financiación:

El modelo de financiación será aprobado mediante decreto por el Consejo de Gobierno a propuesta de las Consejerías de Educación y Cultura y de Hacienda, oídas las universidades públicas y el Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia.

A tenor de lo dispuesto en esta ley, será la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia el órgano encargado del seguimiento de la aplicación e interpretación del modelo de financiación.

El contrato-programa será el instrumento destinado a fomentar la mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión, estableciendo indicadores susceptibles de valorar los resultados de las actuaciones de las universidades públicas orientados a conseguir los objetivos acordados con las mismas por la Administración regional.

El contrato-programa será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma previo acuerdo con cada una de las universidades públicas y será revisado anualmente en función del cumplimiento de los objetivos previstos.

El Plan de inversiones universitarias tendrá carácter plurianual, de acuerdo con el modelo de financiación, y será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Las modificaciones o variaciones en los proyectos incluidos en el Plan de inversiones universitarias o de sus cuantías, estarán sujetas a la autorización previa de la Consejería de Educación y Cultura, debiendo ser solicitadas por las universidades públicas con antelación suficiente.

Las inversiones previstas en el Plan serán ejecutadas por las universidades públicas, a cuyo efecto percibirán los correspondientes fondos a través de transferencias finalistas que se someterán al régimen de justificación establecido por la normativa autonómica.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.3.h) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia autorizar las operaciones de endeudamiento de las universidades públicas de la Región Murcia.

La creación de nuevo endeudamiento de las universidades públicas de la Región de Murcia, habrá de ser autorizada por Ley, que deberá señalar el importe máximo autorizado, sin perjuicio de fijar cualquier otra característica de la deuda. A este efecto, las universidades deberán remitir a la Consejería de Hacienda la correspondiente solicitud, para su tramitación.

Las universidades públicas de la Región de Murcia podrán realizar operaciones de endeudamiento por plazo de reembolso igual o inferior a un año, para cubrir necesidades transitorias de tesorería, siempre que su cuantía no supere el quince por ciento de la financiación básica para ese ejercicio. A este efecto, las universidades deberán remitir su solicitud, acompañada de una memoria justificativa, a la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Finanzas, de la Consejería de Hacienda, quien la tramitará, previo informe de la Dirección General de Universidades, de la Consejería de Educación y Cultura. Corresponde a la consejera de Hacienda la autorización para este endeudamiento.

Al estado de gastos corrientes del presupuesto de cada Universidad pública, se acompañará la relación de puestos de trabajo del personal de todas las categorías, especificando la totalidad de los costes de la misma, e indicando si se trata de personal docente e investigador o de personal de administración y servicios, y en ambos casos, si es personal funcionario o contratado.

Los costes de personal docente e investigador y los del personal de administración y servicios han de ser autorizados por la Comunidad Autónoma mediante Ley.

Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta conjunta de las Consejerías de Educación y Cultura y de Hacienda, aprobar las normas y los procedimientos para el desarrollo y ejecución de los presupuestos y para el control de las inversiones, gastos e ingresos de las Universidades públicas, que se realizará mediante las correspondientes técnicas de auditoría.

Cada Universidad pública enviará al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Educación y Cultura, la liquidación del presupuesto y el resto de documentos que constituyan sus cuentas anuales, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su aprobación, para su remisión al Tribunal de Cuentas o, en su caso, al órgano fiscalizador de Cuentas de la Comunidad Autónoma.

La administración, desafectación y disposición de los bienes de dominio público, así como de los bienes patrimoniales de las Universidades, se ajustarán a las normas generales que rijan en esta materia, y en particular a la normativa reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Los actos de disposición de bienes inmuebles de titularidad universitaria, así como de los muebles cuyo valor exceda del uno por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto anual, serán acordados por la Universidad con la aprobación del Consejo Social. No obstante los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse sin autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma cuando su valor exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto anual, o de la Asamblea Regional si su valor es superior al diez por ciento.

Las universidades públicas darán cuenta a la Consejería de Educación y Cultura de las enajenaciones de bienes inmuebles no previstas en el apartado anterior.

Difundir la cultura de la calidad y de la excelencia.

Fomentar planes de mejora de la calidad en la docencia, investigación, y en la gestión del sistema universitario regional.

Velar por la implantación, de forma objetiva e independiente, de sistemas de control y aseguramiento de la calidad en las universidades.

Evaluar el servicio público de la educación superior en la Región de Murcia e informar y dar cuenta a la sociedad de su rendimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, las funciones de evaluación y las conducentes a la certificación y acreditación a que se refiere el apartado 2 del mismo artículo, en el ámbito de las universidades de la Región de Murcia, corresponden a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, sin perjuicio de las que desarrollen otras agencias de evaluación del Estado o de la Comunidad Autónoma, en su caso.

Asimismo, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del instrumento jurídico de colaboración que se determine, podrá recabar de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, las siguientes funciones:

La aplicación de esta Ley a las universidades de la Iglesia Católica, se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede.

Las universidades que se establezcan en la Región de Murcia por la Iglesia Católica con posterioridad al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, quedarán sometidas a lo previsto en la citada Ley Orgánica para las universidades privadas, a excepción de la necesidad de Ley de reconocimiento, y a lo dispuesto en la presente Ley.

Con el fin de establecer criterios y un diálogo permanente que permita homogeneizar las relaciones laborales del personal docente e investigador contratado de las universidades públicas de la Región de Murcia, se creará, mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, un órgano de consulta, estudio y discusión, cuyas conclusiones podrán ser utilizadas por las universidades públicas en el ámbito de la negociación entre estas y las organizaciones sindicales constituidas en las mismas, en representación del citado profesorado.

Dicho órgano, que se denominará Comisión Consultiva para el Personal Docente e Investigador Contratado de las Universidades Públicas de la Región de Murcia, estará presidido por el Consejero de Educación y Cultura, siendo su vicepresidente el director general de Universidades, actuando como secretario un funcionario designado por el presidente. Formarán parte de dicha Comisión, dos representantes de la Consejería de Hacienda, dos representantes del equipo de gobierno de las universidades públicas de la Región de Murcia, designados por las mismas y un representante de las juntas de personal docente e investigador de las universidades públicas de la Región de Murcia y de los profesores contratados de las mismas.

La estructura, régimen de sesiones y fines específicos de esta Comisión se determinará en el correspondiente decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

En el plazo de tres meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo Social de la Universidad de Murcia, adaptará su composición a lo establecido en la misma.

A la entrada en vigor de la presente Ley, permanecerán en sus cargos, hasta la finalización de su mandato, los miembros del Consejo Social de la Universidad de Murcia en representación de los intereses socioeconómicos de la Región de Murcia.

Quedan derogadas expresamente la Ley 4/1999, de 21 de abril, de Coordinación Universitaria de la Región de Murcia, y la Ley 2/1999, de 30 de marzo, del Consejo Social de las Universidades Públicas de la Región de Murcia.

Se declaran expresamente en vigor los decretos y órdenes que regulan el régimen jurídico de las universidades de la Región de Murcia, en lo que no contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.