Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra

El acceso a los datos protegidos del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros sólo podrá realizarse sin consentimiento del titular cuando una ley excluya expresamente dicho consentimiento o cuando la información sea recabada en alguno de los supuestos de interés legítimo y directo siguientes:

En todo caso, quienes accedan a información protegida en virtud de alguna de las circunstancias tasadas en los apartados anteriores deberán utilizarla exclusivamente para el fin al que se autorizó el acceso, quedando sujetos, en su caso, al régimen jurídico de obligaciones y responsabilidades previsto en la legislación de protección de datos de carácter personal.

Podrán acceder a la información protegida del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros sin necesidad de consentimiento del afectado:

Respecto de la información protegida del Registro de la Riqueza Territorial, los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como los órganos administrativos y las entidades dependientes de ésta tendrán acceso, previa solicitud expresa y una vez ponderada por la Hacienda Tributaria la concurrencia del supuesto señalado en la letra a) del apartado 1, y ello, exclusivamente a través del personal habilitado al efecto, mediante la consulta directa de la base de datos del Registro de la Riqueza Territorial, quedando constancia en las aplicaciones informáticas diseñadas por la Hacienda Tributaria de Navarra de la identidad del usuario, de la información a que se accede y de los motivos de la consulta.

La solicitud de información protegida por parte de los entes, legitimados para el acceso, a los cuales se refiere el apartado primero, distintos de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de los Ayuntamientos navarros, deberá expresar, además de los requisitos establecidos en el artículo siguiente, la norma de atribución de la competencia y el proyecto, programa o actividad a desarrollar para cuyo ejercicio sea precisa la información, así como la adecuación entre la naturaleza, volumen y extensión de la información solicitada y la finalidad a que ella haya de destinarse.

Los Ayuntamientos navarros tendrán acceso permanente a la información protegida contenida en el Registro de la Riqueza territorial referente a su ámbito territorial y funcional, que se realizará, con carácter general, a través de la consulta directa en la base de datos del Registro de la Riqueza Territorial, de la documentación que le comunique o suministre la Hacienda Tributaria de Navarra y, en su caso, en virtud de petición expresa de cuanta información precisen.

Cuantas autoridades y funcionarios tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones públicas de los datos o información suministrados estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos.

Quienes accedan a la información protegida obrante en el Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros, en virtud de lo dispuesto en este artículo, deberán adoptar las medidas y controles necesarios para garantizar que el uso de la información se realiza conforme al régimen de protección de datos de carácter personal, establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Sin perjuicio de las condiciones de acceso a los datos protegidos establecidas en los artículos anteriores, las solicitudes de información contenida en el Registro de la Riqueza Territorial y en los Catastros se formalizarán mediante escrito en el que se recojan las siguientes menciones:

El derecho de acceso, con las limitaciones establecidas en los artículos 8.2 y 12.2 de esta Ley Foral, se extenderá a la información de carácter histórico obrante en la base de datos del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros en la medida en que pueda proporcionar alguna utilidad justificada a los ciudadanos.

La entrega de la información requerida se producirá, siempre que ello sea posible, en el mismo momento en que se efectúe la solicitud.

En ningún caso se podrá facilitar de forma oral información protegida a interesados diferentes del titular, salvo en los supuestos de acceso con consentimiento del titular, que deberá justificarse debidamente, y de acceso en virtud de interés legítimo y directo establecidos en el artículo 43 de la presente Ley Foral en los que será exigible la previa identificación del solicitante y la aportación de cuanta documentación acredite la concurrencia de la circunstancia de acceso a aquélla.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.3 y 37.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, el acceso a la información podrá ser denegado de forma motivada cuando su ejercicio pueda causar un perjuicio grave a los intereses de la Administración Pública respectiva, al cumplimiento de sus propias funciones o pueda afectar a la eficacia del funcionamiento del servicio público, así como cuando prevalezcan en general razones de interés público.

Será competencia del Director del Servicio que tenga atribuidas las funciones de conservación del Registro de la Riqueza Territorial denegar motivadamente el acceso solicitado a determinada información inscrita en el mismo.

Corresponderá al alcalde u órgano en quien delegue la competencia para denegar motivadamente el acceso solicitado a determinada información inscrita en el Catastro.

La información contenida en el Registro de la Riqueza Territorial y en los Catastros únicamente se facilitará en los formatos disponibles, utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos siempre que ello sea posible.

El acceso a información protegida obrante en la base de datos del Registro a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 44 de esta Ley Foral, cuando se realice a través de medios informáticos o telemáticos, requerirá, en cada caso, la evacuación de informe favorable por el Director del Servicio de Riqueza Territorial en el que se acredite la concurrencia de legitimación del ente autorizado.

La entrega y utilización posterior de la información gráfica y alfanumérica contenida en el Registro de la Riqueza Territorial y en los respectivos Catastros estarán sujetas a la legislación sobre la propiedad intelectual. Los derechos de autor corresponderán, respectivamente, a la Administración de la Comunidad Foral y a los Ayuntamientos.

El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, en relación con el Registro de la Riqueza Territorial, y el alcalde del Ayuntamiento, respecto del respectivo Catastro, podrán autorizar toda utilización de la información no protegida consistente en la transformación y su posterior distribución, en los términos previstos en el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, previa petición del interesado en la que deberá constar el número de copias del producto transformado que se pretenda distribuir.

Cualquier cesión a terceros de información no protegida recibida de la Administración Pública, que haya requerido una elaboración específica o tenga un alcance cuantitativo o territorial significativo, estará sujeta a autorización específica y previa de aquélla.

En todo caso, tanto la entrega de toda información que obre en el Registro de la Riqueza Territorial como la cesión de la información no protegida autorizada expresamente por la Hacienda Tributaria de Navarra estarán sujetas a la exacción de las tasas legalmente establecidas.

Los ciudadanos podrán obtener, previa identificación del solicitante y abono de las tasas correspondientes, la cédula parcelaria y copia de cuantos documentos obren en el Registro de la Riqueza Territorial y en particular de los planos parcelarios, croquis de las construcciones y demás información gráfica disponible, datos descriptivos de las unidades inmobiliarias y resúmenes estadísticos que requieran una elaboración específica.

Por la Hacienda Tributaria de Navarra se expedirán, con el alcance establecido en el Capítulo anterior respecto de la información protegida, certificaciones de los datos contenidos en el Registro de la Riqueza Territorial.

No podrá interponerse recurso alguno contra la información reflejada en los certificados, las cédulas parcelarias o cualesquiera otros documentos normalizados informativos emitidos por la Hacienda Tributaria de Navarra fundado en error o inexactitud de la descripción de los inmuebles.

Se entiende por parcela a los efectos de esta Ley Foral, el área de suelo delimitada por una línea continua y cerrada atendiendo a criterios físicos o jurídicos, que delimita espacialmente la titularidad de alguno de los derechos señalados en el artículo 5.1 de esta Ley Foral por parte de uno o de varios titulares sobre aquél y, en su caso, sobre las construcciones emplazadas en la misma.

La cédula parcelaria es el documento emitido por el Registro de la Riqueza Territorial en el que se relacionan y describen las características de los bienes inmuebles reflejados en el mismo en ese momento y en el que se representa gráficamente la parcela o parcelas en que están emplazados, constituyendo el único documento actualizado acreditativo del estado actual de la parcela a los efectos establecidos en la legislación hipotecaria.

Podrán reflejarse, así mismo, en la cédula parcelaria los datos referentes a la titularidad y al valor registral de los bienes inmuebles y cuantos otros se determinen reglamentariamente.

La rectificación de los datos que formen parte de la cédula parcelaria cuando los mismos se consideren inexactos deberá realizarse mediante los procedimientos de modificación de datos básicos del Registro de la Riqueza Territorial regulados en la presente Ley Foral.

El plazo de vigencia de la cédula parcelaria, a los efectos de la coordinación entre el Registro de la Riqueza Territorial y el Registro de la Propiedad, será de un mes a partir de la fecha de expedición de la misma.

Los interesados deberán aportar la cédula parcelaria a los efectos de coordinación del Registro de la Propiedad y del Registro de la Riqueza Territorial en los términos previstos en el Título IV de esta Ley Foral.

Asimismo, los interesados en cualesquiera procedimientos administrativos que afecten a los bienes inmuebles que radiquen en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra deberán identificarlos inequívocamente, aportando a tal fin la referencia a que se refiere el artículo 14.5 de la presente Ley Foral, la cual deberá ser verificada por la Administración Pública instructora de tales procedimientos.

La referencia o referencias identificadoras de los bienes inmuebles, a que se refiere el artículo 14.5 de la presente Ley Foral, deberán aportarse por los titulares de derechos reales o con trascendencia real en cuantas actuaciones judiciales afecten a bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra.

Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores deberán consignarse las referencias identificadoras vigentes señaladas en el artículo 14.5 de la presente Ley Foral en aquellos documentos donde consten hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos al dominio y demás derechos reales, en los contratos de arrendamiento o de cesión por cualquier título del uso del inmueble, en los contratos de suministro de energía eléctrica, en los proyectos técnicos y, en general, en cualesquiera otros documentos relativos a bienes inmuebles que se determinen reglamentariamente.

En los términos establecidos en la presente Ley Foral para la entrega de información, los Ayuntamientos podrán expedir certificados de los datos existentes en el Catastro que acreditarán la titularidad y, en su caso, el estado de determinada parcela ubicada en su término municipal.

En los términos establecidos en la presente Ley Foral para la entrega de información, los Ayuntamientos podrán, así mismo, expedir certificados relativos a la titularidad de las parcelas y de las unidades inmobiliarias ubicadas en su término municipal o a los datos descriptivos de las mismas basados en la información obrante en el Registro de la Riqueza Territorial en el momento de su expedición y haciendo constar expresamente tal circunstancia.

La documentación gráfica relativa a los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial está integrada por los planos parcelarios, los croquis y las fotografías de las construcciones.

Los planos parcelarios son los documentos en que se representan gráficamente los recintos, en sus diversos grados, en que se divide el territorio de la Comunidad Foral.

El croquis es el documento en el que se representan gráficamente las construcciones, reflejando su situación en la parcela, su desarrollo en altura y su división en unidades inmobiliarias, con indicación de las características de éstas.

Asimismo, podrán completar la información gráfica señalada en el apartado 1 anterior, las imágenes del territorio provenientes de vuelos aerofotográficos y fotogramétricos obrantes en el Registro de la Riqueza Territorial.

Corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra desarrollar las actuaciones de formación, actualización y conservación de la información gráfica correspondiente a los bienes inmuebles de Navarra.

La coordinación entre la realidad inmobiliaria recogida en el Registro de la Riqueza Territorial y la finca inscrita en el Registro de la Propiedad es de interés público, y tiene por objeto proporcionar seguridad al tráfico jurídico inmobiliario mediante el establecimiento de la concordancia entre los mismos a través de sus técnicas operativas respectivas, con el alcance y los efectos que se determinan en la presente Ley Foral.

El Registro de la Riqueza Territorial aportará al Registro de la Propiedad los datos descriptivos y gráficos de las parcelas y la identificación y características de las unidades inmobiliarias emplazadas en las mismas que se correspondan, en su caso, con las fincas registrales inscritas.

El Registro de la Propiedad aportará al Registro de la Riqueza Territorial el nombre de los titulares en dominio o de otros derechos reales de las fincas coordinadas.

Para establecer la coordinación entre el Registro de la Riqueza Territorial y el Registro de la Propiedad deberá determinarse la existencia de concordancia en la identificación del siguiente modo:

Para comprobar la existencia de concordancia entre la finca registral y la parte de una unidad inmobiliaria, la unidad o las unidades inmobiliarias correspondientes a aquélla, se utilizarán los siguientes medios:

A efectos de la presente Ley Foral, se entenderá que existe identidad entre la finca registral y determinadas unidades inmobiliarias o determinada unidad inmobiliaria o parte de ella inscritas en el Registro de la Riqueza Territorial, siempre que atendiendo a los medios establecidos en el apartado anterior pueda establecerse la correspondencia entre aquéllas.

Todos los documentos inscribibles de bienes inmuebles situados en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra son objeto de coordinación y deberán llevar incorporadas sus correspondientes cédulas parcelarias.

En los supuestos recogidos en el artículo 56.2 de esta Ley Foral podrá practicarse la coordinación como operación específica, en los términos establecidos en el artículo 60 de la misma, adjuntando la nueva cédula parcelaria.

Para la formalización de documentos notariales de bienes inmuebles situados en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra los otorgantes tienen la obligación de aportar las cédulas parcelarias vigentes correspondientes a las unidades inmobiliarias que son objeto del acto o negocio jurídico de que se trate.

Asimismo cualquier otro documento susceptible de inscripción en el Registro de la Propiedad deberá ser acompañado a tal fin de las cédulas parcelarias vigentes correspondientes a las unidades inmobiliarias afectadas.

El notario incorporará a la matriz de los documentos donde consten los hechos, actos o negocios de trascendencia real, o se pongan de manifiesto cualesquiera otras alteraciones de orden físico, económico o jurídico, las cédulas parcelarias de todos los bienes inmuebles, haciendo constar expresamente en cada expositivo las referencias identificadoras del bien inmueble en el Registro de la Riqueza Territorial y, oídos los otorgantes, si los datos de las cédulas parcelarias correspondientes coinciden o no con la descripción que se hace en el título.

Las Administraciones Públicas que dicten actos inscribibles en el Registro de la Propiedad deberán incorporar las cédulas parcelarias correspondientes a las unidades inmobiliarias a que se refieren en los términos señalados en el apartado anterior.

En todos los documentos públicos notariales se hará constar expresamente:

En caso de falta de concordancia entre las descripciones de un mismo bien en el Registro de la Propiedad y en el Registro de la Riqueza Territorial se actuará del siguiente modo:

En el caso de que no se aportasen las correspondientes cédulas parcelarias el notario advertirá a los otorgantes de dicha obligación y de la infracción en la que incurren conforme a la presente Ley Foral.

En el caso de que no se incorporasen al título las cédulas parcelarias, conforme al artículo anterior, el notario hará constar las causas de la no incorporación.

Cuando los datos del título coincidan con los de las cédulas parcelarias en él incorporadas, en los términos previstos en los artículos anteriores, se hará constar en la inscripción, conforme a lo previsto en la legislación hipotecaria, que la finca queda coordinada con el Registro de la Riqueza Territorial, así como las referencias identificadoras de las unidades inmobiliarias que integran el bien.

Cuando los datos no coincidan o, excepcionalmente, no se haya incorporado la cédula parcelaria vigente, el registrador de la propiedad, conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, hará constar esta circunstancia en la inscripción y suspenderá la coordinación.

La práctica de la coordinación en los supuestos en que haya sido suspendida podrá llevarse a cabo en la forma siguiente:

Practicada la coordinación, el registrador de la propiedad hará constar esta circunstancia en los términos señalados en el artículo 58 de esta Ley Foral y dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.

Recibida la comunicación del Registro de la Propiedad en el Registro de la Riqueza Territorial, la unidad orgánica que tenga atribuidas las funciones de conservación de este último incorporará al mismo, tomando como referencia la identificadora de las unidades inmobiliarias señaladas, los nombres de los titulares en dominio y la referencia del inmueble en el Registro de la Propiedad.

En el supuesto de que no se hubiese practicado la coordinación se incorporará como dato complementario la anotación de que la finca no está coordinada y las causas determinantes de la falta de coordinación.

Practicada la coordinación por el registrador de la propiedad se presumirá, respecto de las actuaciones administrativas a realizar por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por las entidades locales de Navarra en relación con tales bienes, la existencia de correspondencia entre la finca registral y una parte de una unidad inmobiliaria, la totalidad de unidad inmobiliaria o las diferentes unidades inmobiliarias identificadas.

Los registradores de la propiedad podrán aportar la referencia o referencias identificadoras de las unidades inmobiliarias, como uno más de los datos descriptivos de las fincas registrales, en todas las comunicaciones a que se refiere el artículo 59 de esta Ley Foral y en cuantas comunicaciones pudieran emitir respecto de las fincas coordinadas.

Las infracciones tipificadas en el artículo anterior se sancionarán con multa de 6 a 600 euros, salvo que se trate de la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, en cuyo caso la multa será de 6 a 60 euros por cada dato omitido, falseado o incompleto que debiera figurar en las declaraciones y sin que la cuantía total de la sanción pueda exceder de 600 euros.

El Consejero de Economía y Hacienda, mediante Orden Foral, podrá proceder a la actualización de las sanciones previstas en el apartado anterior, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo.

En la imposición de sanciones se guardará la debida adecuación entre la gravedad real del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios de graduación de la sanción a aplicar:

Las infracciones administrativas prescribirán en el plazo de seis meses a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

Las sanciones administrativas prescribirán en el plazo de un año contado desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Corresponderá la tramitación del procedimiento sancionador y la imposición de sanciones:

El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, atendiendo a la Administración competente para sancionar, mediante resolución del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra u órgano en quien delegue la competencia o bien en virtud de resolución del alcalde u órgano en quien delegue la competencia, desarrollándose con sujeción a los principios contenidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Realizada la propuesta de resolución por el instructor y remitida junto a los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el expediente, el órgano competente para iniciar el procedimiento adoptará la resolución oportuna en el plazo de tres días desde su recepción.

La resolución que se adopte fijará los hechos probados y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción cometida y la sanción que se imponga atendiendo a las circunstancias concurrentes.

El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador será de un mes, contado desde la fecha de adopción del acto administrativo por el que se incoa el expediente.

La resolución será ejecutiva cuando adquiera firmeza en la vía administrativa.

La sanción deberá abonarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa.

La multa impuesta se reducirá en un 30 por 100 de su cuantía cuando se cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:

Se crea el Archivo Histórico de la Riqueza Territorial de Navarra dependiente del Servicio de Riqueza Territorial, que estará integrado por el conjunto de la información catastral no vigente que no forme parte del Registro de la Riqueza Territorial de Navarra.

De igual modo, a efectos de hacer efectivo el acceso a la información catastral de carácter histórico, la ciudadanía podrá solicitar de la Administración correspondiente la relación de los documentos que obren en el Archivo Histórico de la Riqueza Territorial de Navarra o de los documentos históricos de naturaleza catastral sitos en las dependencias de la entidad local.

Se desestimará mediante resolución motivada, en cada caso, de la persona titular del Servicio de la Riqueza Territorial o de la alcaldía del respectivo Ayuntamiento, el acceso a la información señalada en el apartado anterior, cuando la persona solicitante no acredite fehacientemente la concurrencia de interés legítimo respecto de la información requerida, cuando la información resulte manifiestamente inadecuada para la finalidad solicitada o improcedente en cuanto a su extensión, así como en los supuestos en que se formulen peticiones reiteradas o que vengan a afectar al eficaz funcionamiento del servicio.

Corresponde a la Hacienda Tributaria de Navarra la iniciativa, elaboración y tramitación del proyecto de revisión de las Ponencias de Valoración. Se dará audiencia y participación a los territorios no adscritos que cuenten con formas de organización propias, y a su solicitud, en el procedimiento de elaboración y tramitación del citado proyecto.

Se publicará en el Boletín Oficial de Navarra anuncio indicando el lugar y plazo, que no será inferior a veinte días, en que los interesados podrán comparecer para conocimiento del contenido del texto y formulación de las alegaciones que estimen oportunas, las cuales serán resueltas por la Hacienda Tributaria de Navarra.

La Ponencia de valoración será aprobada mediante resolución del Director del Servicio de la Hacienda Tributaria que tenga atribuidas las funciones de valoración de los bienes inmuebles.

Contra la Resolución de aprobación de la Ponencia de valoración cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda.

Contra la fijación del valor individualizado de los bienes inmuebles podrán interponer sus titulares recurso de alzada ante el Consejero de Economía y Hacienda en los términos señalados en el artículo 21.7 de esta Ley Foral.

La Hacienda Tributaria de Navarra gestionará la información inmobiliaria de los territorios no adscritos, pudiendo acordarse con éstos la participación en la misma.

Las personas físicas o jurídicas que a la entrada en vigor de la presente Ley Foral figuren en el Registro de la Riqueza Territorial y en los Catastros Municipales como «litigantes» con un porcentaje de participación distinto de cero sobre los bienes inmuebles inscritos en los mismos, se recogerán tanto en el mencionado Registro como en el Catastro correspondiente bajo el epígrafe genérico de «titulares», con el porcentaje que tuvieran adscrito y con el alcance previsto en esta Ley Foral.

Las personas físicas o jurídicas que a la entrada en vigor de la presente Ley Foral figuren en el Registro de la Riqueza Territorial y en los Catastros Municipales como «litigantes» con porcentaje cero sobre los bienes inmuebles inscritos en los mismos, quedarán reflejados exclusivamente como titulares en la base de datos.

En la cédula parcelaria y en las certificaciones de datos del Registro de la Riqueza Territorial y de los catastros que se expidan se reflejará en todo caso de forma inequívoca la situación litigiosa existente.

La situación reflejada en los apartados anteriores se mantendrá en tanto no recaiga sentencia o resolución judicial firme que determine el derecho que sobre los bienes pudieran corresponder a las personas físicas o jurídicas inscritas o se produzca la renuncia expresa por escrito de alguno de ellos.

Información suministrada en papel:

Información en archivos informáticos grabada en disco:

Información descargada por Internet (según disponibilidad del producto):

Gozarán de exención de la tasa la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.

Asimismo, estarán exentos de la tasa, previa petición expresa en la que deberán acreditar la concurrencia de las circunstancias determinantes de la exención, los siguientes sujetos:

El Impuesto se gestionará por los Ayuntamientos a partir de los datos del Catastro configurado conforme a lo señalado en los artículos 9 y 21 de la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, y contendrá la siguiente información relativa a los bienes inmuebles: identificación y localización del bien, identificación y domicilio fiscal del titular, valor catastral y demás elementos necesarios para la exacción del impuesto.

Con base en los datos a que se refiere el apartado 1, y con anterioridad al día 31 de marzo de cada año, los Ayuntamientos practicarán las liquidaciones correspondientes y girarán los documentos liquidatorios del Impuesto, con referencia expresa del valor catastral del bien sobre el que se ha aplicado el tipo impositivo, indicando, cuando resulten aplicables las reducciones en la base imponible previstas en el artículo 138, esta circunstancia, así como la extensión temporal de las citadas reducciones.

En los supuestos en que, con posterioridad a la emisión de los documentos liquidatorios, resulte acreditada la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral en la fecha del devengo del impuesto, las liquidaciones giradas tendrán carácter de provisionales, procediéndose a efectuar la correspondiente devolución de ingresos indebidos.

Los sujetos pasivos estarán facultados para impugnar, utilizando cualquiera de las vías de impugnación a que se refiere el artículo 333 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, la liquidación practicada y, siempre que no se hubiera recurrido el valor del bien publicado en el año anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, también dicho valor.

Cuando se interponga recurso de reposición ante el Ayuntamiento y en el mismo se impugne la base imponible del Impuesto, por aquél se solicitará informe vinculante de la Hacienda Tributaria de Navarra relativo al valor catastral del bien, suspendiéndose el plazo de resolución del recurso hasta tanto no se remita a la entidad local el citado informe. A su recepción, se reanudará dicho plazo, debiendo decidirse al resolver el recurso cuantas cuestiones plantee el procedimiento.

Cuando se produzca el incumplimiento por parte de los contribuyentes de la obligación de efectuar la declaración de modificación catastral prevista en la Ley Foral del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros en Navarra, una vez plasmada en el Catastro la modificación efectuada, se procederá a exaccionar el Impuesto correspondiente a los períodos impositivos anteriores no prescritos.

En el supuesto de existencia de litigio acerca del bien o del titular del derecho sometido a gravamen la Administración tributaria podrá considerar como tales los que figuren en los Catastros, girándose liquidaciones provisionales, las cuales serán modificadas o elevadas a definitivas cuando se dicte sentencia judicial firme o de cualquier otro modo se dé por finalizado el litigio.

Los Ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes sitos en un mismo municipio.»