Ley 5/2019, de 9 de abril, de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias

Para la adecuada prestación de los servicios bibliotecarios, los centros integrantes de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias contarán con el personal bibliotecario y auxiliar suficiente, con la calificación, el nivel técnico y las capacidades adecuadas que exijan las funciones que tengan asignadas de acuerdo con lo que establezca la presente ley. La dependencia administrativa de los recursos humanos de los centros adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias será de las administraciones titulares o gestoras de dichos centros. Dichas administraciones determinarán las funciones para cada puesto y categoría profesional.

La consejería competente en materia de lectura y bibliotecas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la consejería competente en materia de función pública de Canarias y a las administraciones públicas titulares de los centros adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, establecerá los perfiles profesionales mínimos y las competencias técnicas básicas de los profesionales adscritos a centros incorporados a la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias.

La consejería competente en materia de lectura y bibliotecas velará por la formación continuada del personal de los centros adscritos a la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias, organizando cursos, reuniones profesionales y actividades encaminadas a la coordinación de experiencias y procedimientos. Las administraciones públicas titulares donde presten sus servicios los profesionales de centros incorporados a la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias facilitarán la asistencia de los mismos a todas aquellas actividades de formación o coordinación que sean convocadas en el marco del funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias.

Los titulares de los centros y servicios incorporados a la Red de Bibliotecas Públicas de Canarias se comprometerán a consignar en sus presupuestos anuales las cantidades necesarias para el mantenimiento de las bibliotecas, de personal y de los servicios básicos bibliotecarios, teniendo en cuenta la totalidad de los gastos corrientes estimados e inversiones necesarias para el mantenimiento de los centros y la prestación del servicio.

El Gobierno de Canarias, a través de la consejería competente en materia de lectura y bibliotecas, consignará en sus partidas presupuestarias las cantidades necesarias para:

El conjunto de las administraciones públicas deberán financiar de forma proporcional, la adecuada prestación de los servicios bibliotecarios en función de las correspondientes competencias establecidas por la legislación vigente, conforme a las previsiones y a los criterios establecidos en el mapa de bibliotecas públicas de Canarias.

El patrimonio bibliográfico de Canarias está constituido por las obras, fondos y colecciones bibliográficas y hemerográficas que por su origen, antigüedad, trascendencia o valor cultural presentan un interés manifiesto para la Comunidad Autónoma de Canarias, todo ello en los términos establecidos en la normativa específica que le sea de aplicación.

También forman parte del patrimonio bibliográfico de Canarias las obras literarias, históricas, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura manuscrita o impresa, o registradas en lenguaje codificado, de las cuales no conste la existencia, al menos, de tres ejemplares idénticos, así como aquellas obras que puedan considerarse únicas en atención a alguna de sus características y aquellas cuya antigüedad supere los cien años. Se presumirá que existe este número de ejemplares en el caso de obras editadas a partir de 1958.

Integran, asimismo, el patrimonio bibliográfico de Canarias los ejemplares de películas cinematográficas, discos, fotografías, materiales audiovisuales u otros similares, sea cual sea su soporte material, sujetos a depósito legal, de los que, no cumpliendo las condiciones para ser consideradas integrantes del patrimonio documental de Canarias, no conste la existencia de, al menos, tres ejemplares en las bibliotecas de titularidad pública o uno, en el caso de películas cinematográficas.

Igualmente, forman parte del patrimonio bibliográfico de Canarias las obras de más de cien años de antigüedad y las obras manuscritas, así como los fondos bibliográficos que, por su singularidad, unidad temática o relevancia, sean establecidos por reglamento o por su regulación específica.

Los poseedores de bienes del patrimonio bibliográfico de Canarias están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares adecuados. En caso de incumplimiento de esta obligación, se estará a lo dispuesto en la normativa estatal vigente en materia de patrimonio histórico.

Las administraciones públicas con competencias en materia de lectura y bibliotecas promoverán programas para la digitalización del patrimonio bibliográfico de Canarias, para su conservación y difusión.

El expurgo de bienes del patrimonio bibliográfico de Canarias deberá ser autorizado por la Administración competente a propuesta de sus propietarios o poseedores mediante el procedimiento que se establecerá por vía reglamentaria.

El catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de Canarias tiene como objetivo el inventario y la descripción del patrimonio bibliográfico depositado en las bibliotecas de Canarias, ya sean de titularidad pública o privada. Es la Biblioteca de Canarias la responsable de elaborar y gestionar el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de Canarias.

Los registros de fondos pertenecientes al patrimonio bibliográfico se incluirán y quedarán suficientemente identificados dentro del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de Canarias.

A los efectos de la elaboración del catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico de Canarias, la Administración competente podrá recabar de los titulares de derechos sobre los bienes integrantes del patrimonio bibliográficos el examen de los mismos, así como las informaciones pertinentes para su inclusión, si procede, en dicho catálogo.

Podrán declararse de interés público aquellas bibliotecas y colecciones que tengan un fondo bibliográfico de valor singular para el desarrollo cultural de la sociedad canaria.

Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley.

En el caso de que las acciones u omisiones fueran cometidas por menores de dieciocho años o incapacitados, procederá, en su caso, la adopción por la biblioteca de medidas que garanticen la reeducación en función de lo que se determine reglamentariamente y que podrán consistir en asistencia a programas educativos, cursos o actos culturales y/o amonestación, entre otras.

Las infracciones prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos:

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que se hubiesen cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Las infracciones previstas en la presente ley darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

Carece de naturaleza sancionadora la expulsión de una persona usuaria de una biblioteca en los supuestos de grave alteración del orden en la prestación del servicio.

Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las sanciones prescribirán por el transcurso de los siguientes plazos:

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora, en el caso de que la conducta infractora se produzca en bibliotecas o centros de documentación de titularidad de la Administración autonómica, integrados en el sistema bibliotecario de Canarias, a los siguientes órganos:

Corresponde también el ejercicio de la potestad sancionadora a los órganos competentes de las administraciones insulares y municipales, en el caso de que la conducta infractora se produzca en bibliotecas o centros de documentación de su titularidad, integrados en el sistema bibliotecario de Canarias.

El ejercicio de la potestad sancionadora, respecto de las restantes bibliotecas y centros de documentación, integrados en el sistema bibliotecario de Canarias, será ejercida por los órganos competentes a los que se encuentren adscritos.

Las administraciones titulares de bibliotecas y centros de documentación preverán que en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo las plazas queden atendidas por personal funcionario y laboral con la debida cualificación, con efectivos de los cuerpos o escalas facultativos de la especialidad de que se trata, o, en su caso, con trabajadores que tengan la debida clasificación profesional.

La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias proveerá los puestos de trabajo de las bibliotecas y centros de documentación cuya gestión le corresponda preferentemente mediante funcionarios integrados en los cuerpo y escalas facultativos previstos en la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias en la redacción dada por la Ley 2/2002, de 27 de marzo.