Ley 1/2024, de 17 de abril, de Economía Circular de la Comunidad de Madrid

Las actividades de gestión de residuos peligrosos y no peligrosos quedarán sujetas a la prestación de una fianza u otra garantía equivalente en la forma y cuantía que en cada caso se determine. Dicha fianza tendrá por objeto responder frente a la administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación previa.

La prestación de la fianza y la constitución del seguro, en su caso, serán requisito previo a la eficacia de la autorización o comunicación previa. En el caso de las autorizaciones, los gestores de residuos deberán aportar, junto a la solicitud, una declaración responsable de disponer de los medios económicos para hacer frente a los costes de la fianza, seguro o garantía financiera equivalente, exigibles de acuerdo con la normativa de residuos. En el caso de las actividades sujetas a comunicación previa, ésta se acompañará de la documentación acreditativa de la suscripción de fianzas, seguros o garantías financieras equivalentes exigibles conforme a las normas aplicables.

Todos los municipios de la Comunidad de Madrid deberán disponer del número mínimo de puntos limpios fijos o móviles que se establezca reglamentariamente, para la recogida separada no domiciliaria de al menos, los residuos domésticos, debiendo incluirse en los respectivos instrumentos de planeamiento la obtención de los suelos necesarios, así como su ejecución como red pública general de infraestructuras. Reglamentariamente, se establecerán fórmulas de participación de las Entidades Locales en la designación del número mínimo de puntos limpios.

La aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico deberá contemplar la dotación de los puntos limpios mínimos necesarios.

Los nuevos sectores de suelo industrial deberán contar, al menos, con un centro de recogida de residuos no peligrosos cuya construcción se llevará a cabo a costa de los promotores. La gestión de la citada instalación corresponderá al órgano gestor del sector o, en su defecto, a los propietarios del suelo.

El productor inicial de residuos u otro poseedor de residuos estará obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos de conformidad con los principios y obligaciones establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y en la presente ley.

Se considerará sujeto responsable en el caso de vertidos o abandonos incontrolados de residuos o basura dispersa, al autor material de dichos vertidos o abandonos y, como tal, estará obligado a su retirada, sin perjuicio de la aplicación del régimen de sanciones que resulte procedente.

Cuando las administraciones públicas competentes en materia de medio ambiente, conforme al artículo 6 de esta ley, tengan conocimiento de la realización de vertidos o abandonos incontrolados de residuos o basura dispersa, iniciarán el oportuno procedimiento, en el marco del régimen sancionador, para exigir que los sujetos responsables reparen la situación alterada, devuelvan el entorno a su estado anterior y, en su caso, indemnicen por los daños causados, en los términos recogidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en la presente ley.

En el caso de que no se pueda identificar al autor material de los vertidos o abandonos, o al productor o a las personas físicas o jurídicas que hayan estado en posesión de los residuos hasta que se produce su vertido o abandono, el titular catastral de la parcela en la que se ubiquen los residuos abandonados o la basura dispersa, será considerado el poseedor actual y, por tanto, el sujeto administrativamente responsable frente a la administración competente, en los términos que marca la legislación estatal.

Se considerarán subproductos todas aquellas sustancias u objetos resultantes de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto. Podrán ser considerados como subproductos, y no como residuos, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

Salvo en los casos en los que una sustancia u objeto haya sido informada desfavorablemente por la Administración General del Estado para su declaración como subproducto, la evaluación y autorización, si procede, como subproducto, será llevada a cabo por la dirección general competente en materia de economía circular, respecto a las siguientes sustancias u objetos:

En el caso de que la sustancia u objeto haya sido evaluado y aprobado como subproducto por otra Comunidad Autónoma, para su uso en instalaciones ubicadas en la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, bastará con que los interesados presenten en la dirección general competente en materia de economía circular, una comunicación previa informando de todo el contenido de la autorización otorgada en la Comunidad Autónoma de origen.

Podrán ser declarados subproductos, los potenciales residuos derivados de un proceso de producción correspondientes a cualquier código de la Lista Europea de Residuos. En el caso de potenciales residuos peligrosos, deberán aportarse analíticas precisas y un detalle pormenorizado de sus características previas u otra información de interés, de tal forma que, su consideración como subproducto y su uso posterior no aumente los riesgos y características de peligrosidad existentes en los mismos y su posible perjuicio en la salud humana y el medio ambiente.

Reglamentariamente, en su caso, se desarrollará el procedimiento para la autorización de la consideración de subproducto o para la comunicación previa del uso del mismo, según proceda.

Otorgada la autorización para el uso de un subproducto, serán objeto de comunicación previa las modificaciones no sustanciales. En estos casos, la comunicación deberá ir acompañada de la información que proceda para identificar la modificación y su alcance, indicando razonadamente por qué se considera que se trata de una modificación no sustancial. El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

La empresa productora del subproducto, así como la receptora para su uso, aportarán información anual concretando la gestión de este subproducto, en los términos que se establezcan en la declaración de subproducto, en su caso.

Se habilita a la consejería competente en materia de residuos al desarrollo reglamentario del procedimiento administrativo para la evaluación del subproducto en los casos específicos de competencia autonómica.

Determinados tipos de residuos que hayan sido sometidos a una operación de valorización podrán dejar de ser considerados como tales siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

Cuando no se hayan establecido criterios específicos a escala de la Unión Europea o a escala nacional, la dirección general competente en materia de economía circular, a petición del gestor de residuos, y previa verificación del cumplimiento de las condiciones del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a partir de la documentación presentada por el gestor para su acreditación, podrá incluir en la autorización concedida a la instalación que un residuo valorizado, conforme a la lista de operaciones de valorización establecidas y aprobadas en la citada norma, en una instalación ubicada en el territorio de la Comunidad de Madrid, deja de ser residuo para que sea usado en una actividad o proceso industrial concreto ubicado en esta misma Comunidad Autónoma, o bien en otra comunidad autónoma previo informe favorable de esta última.

En el caso de que se haya autorizado el fin de condición de residuo por otra Comunidad Autónoma, para su uso en la Comunidad de Madrid como producto o materia prima secundaria, de acuerdo con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, bastará con que los interesados presenten en la dirección general competente en materia de economía circular, una comunicación previa informando de todo el contenido de la autorización otorgada en la Comunidad Autónoma de origen.

Mediante orden, sin perjuicio de las facultades de comprobación, la consejería competente en materia de economía circular podrá establecer criterios generales para la autorización de la condición de fin de residuo. Estos criterios generales se adecuarán a los requisitos exigidos en el artículo 5 de la Ley 7/2022. En estos casos, para incluir el fin de condición de residuos en la autorización de los gestores cuyas operaciones cumplan los requisitos generales de la orden, como modificación no sustancial de la autorización de la instalación de origen ubicada en la Comunidad de Madrid, será suficiente la comunicación previa del titular de la autorización sobre el cumplimiento de los requisitos de la orden que resulte aplicable, acompañada de la documentación que dicha orden establezca, para entenderse modificada su autorización y declarado el fin de condición de residuo. El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización no manifieste lo contrario en el plazo de un mes.

La dirección general competente en materia de economía circular informará a la comisión de coordinación en materia de residuos y al registro de producción y gestión de residuos de las declaraciones de fin de la condición de residuo concedidas. Dicha información se pondrá a disposición del público.

Las sustancias, preparados o productos afectados por los apartados anteriores y por sus normas de desarrollo, serán computados como materias primas secundarias, residuos reciclados o valorizados a los efectos del cumplimiento de los objetivos en materia de reciclado y valorización.

Los sistemas obligatorios de responsabilidad ampliada del productor se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril.

La Administración de la Comunidad de Madrid y las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, fomentarán la coordinación de los distintos sistemas de responsabilidad ampliada existentes, de modo que se logre un uso más eficiente de las contribuciones de los productores y una mayor implicación de todos los agentes y sectores.

La Administración de la Comunidad de Madrid promocionará las actividades complementarias de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y la implantación de sistemas voluntarios, tanto en su modalidad individual como colectiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Las autorizaciones de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, conforme a lo previsto en la legislación básica y sus respectivas normas reglamentarias, podrán introducir las condiciones que se consideren necesarias para su efectividad, y preverán la obligación de constituir una garantía financiera, de conformidad con la fórmula establecida, en su caso, reglamentariamente por la Administración General del Estado, que asegure el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Los productores que asuman por propia decisión, para la gestión en la fase de residuo del ciclo de vida de un producto, responsabilidades financieras u organizativas o ambas conjuntamente, conforme a la normativa básica estatal, podrán constituir sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor del producto de forma individual o de forma colectiva.

Aquellos productores de productos que constituyan sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor se someterán al régimen de autorización cuando sean colectivos, o al régimen de comunicación previa en el caso de ser sistemas individuales, previo cumplimiento de los requisitos mínimos para los sistemas de responsabilidad ampliada del productor del producto obligatorios en función de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y normativa reglamentaria regional en materia de gestión de residuos.

En el supuesto de que para determinados productores se establezca la obligatoriedad de crear un sistema de responsabilidad ampliada, estos podrán adaptar su sistema voluntario de responsabilidad ampliada o integrarse en otros ya existentes, en cuyo caso, las garantías financieras constituidas al efecto serán objeto de devolución a los productores.

La Administración de la Comunidad de Madrid, adoptará medidas de promoción de la implantación empresarial de sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor de productos de forma individual o de forma colectiva, para las cadenas de valor prioritarias establecidas en el título III de esta ley, a través de la Estrategia de Economía Circular u otros planes sectoriales.

La declaración de un suelo como contaminado se realizará de oficio por la dirección general competente en materia de economía circular, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en las normas reglamentarias que se dicten.

Los informes periódicos de situación del suelo a los que se refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, se presentarán en los términos y plazos establecidos en el anexo I de la presente ley.

Las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de lo previsto en esta ley y en sus normas de desarrollo se ejercerán por las autoridades competentes de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento correspondiente en materia de vigilancia de puesta en el mercado, de residuos y de seguridad ciudadana. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las funciones de inspección deberán ser llevadas a cabo por personal funcionario debidamente reconocido conforme a las normas que les sean de aplicación, que tendrán la consideración de agentes de la autoridad y los hechos constatados por ellos formalizados en acta gozarán de la presunción de certeza a efectos probatorios, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e intereses pueda aportar el interesado, y, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los denunciados podrán dar lugar a la tramitación del correspondiente expediente sancionador, en el que se adoptará la resolución que proceda en Derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las funciones de vigilancia, inspección y control podrán ser llevadas a cabo con el apoyo de entidades colaboradoras debidamente reconocidas conforme a las normas que les sean de aplicación, sin que ello suponga la sustitución de la administración en el ejercicio completo de sus funciones.

Las infracciones por incumplimiento de lo establecido en esta ley y la normativa estatal básica, se clasifican en muy graves, graves y leves.

En todo caso, a efectos de esta ley se consideran infracciones muy graves las siguientes:

A efectos de esta ley se consideran infracciones graves las siguientes:

A efectos de esta ley se consideran infracciones leves las siguientes:

Las infracciones tipificadas en el artículo anterior darán lugar a la imposición de las sanciones previstas en la normativa básica estatal.

En el ámbito de aplicación de esta ley, la cuantía de las sanciones económicas será la siguiente:

Las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por infracciones graves o muy graves mediante resolución firme en vía administrativa derivadas del incumplimiento de esta ley no podrán obtener subvenciones ni otro tipo de ayudas de la administración pública competente para la imposición de la sanción hasta haber cumplido la misma y, en su caso, haber ejecutado las medidas de reparación e indemnización de los daños ambientales y los perjuicios causados.

El importe concreto de las multas contempladas en el apartado 1 de este artículo se fijará de acuerdo con las reglas de proporcionalidad y de graduación de las sanciones establecidas en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, considerándose especialmente su repercusión, su trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las personas y del medio ambiente o bienes protegidos por esta ley, las circunstancias del responsable, su grado de intencionalidad, participación y beneficio obtenido, la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, así como la irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.

Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a esta ley, y otras leyes que fueran de aplicación, se impondrá al sujeto infractor la sanción de mayor gravedad, y en caso de igual gravedad la de mayor cuantía.

Las infracciones leves prescribirán en el plazo de un año, las graves en el plazo de tres años y las muy graves en el plazo de cinco años.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

En los supuestos de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones muy graves a los cinco años.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Cuando la competencia sancionadora corresponda a la Comunidad de Madrid, la instrucción de los procedimientos corresponderá al órgano designado por la persona titular de la dirección general competente en materia de economía circular y la imposición de las sanciones corresponderá a los siguientes órganos, en función de la cuantía:

Cuando la competencia sancionadora corresponda a los entes locales, será ejercida de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre régimen local.

El procedimiento para aplicar el régimen sancionador previsto en este título se ajustará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas a estos en las normas sectoriales que, en su caso, resulten de aplicación, así como de las especificidades contenidas en el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid, o las normas que las sustituyan.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa que ponga fin al procedimiento sancionador será de un año, a contar desde la fecha del acuerdo de inicio.

Si los infractores no procedieran a la realización de las obligaciones de restauración o indemnización que les fueran impuestas como consecuencia de la aplicación del régimen sancionador previsto en este título y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente, la administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el caso de que, una vez impuesta la multa coercitiva, se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.

La ejecución forzosa de resoluciones que obliguen a realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales, serán las reguladas por el artículo 47 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. No obstante, las pequeñas y las microexplotaciones agrarias quedan dispensadas de esta regulación, sin perjuicio de las autorizaciones y comunicaciones previas que resulten preceptivas, de acuerdo al procedimiento contemplado en el anexo II, punto 2.5, del Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). A este efecto se consideran pequeñas y microexplotaciones las entidades con menos de 50 empleados y un volumen de negocio inferior a los 10 millones de euros.

La quema de residuos vegetales de poda y arranque de cultivos en tierras agrícolas pertenecientes a pequeñas y microexplotaciones agrarias que estén fuera de la franja de terreno de 400 metros de ancho que circunde terrenos forestales, queda autorizada de forma generalizada, a partir del 1 de noviembre de cada año y dentro de la época de peligro bajo de incendios determinada por la consejería competente en materia de seguridad y emergencias, conforme al artículo 6 de la Orden 3816/2003, de 22 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establecen las normas sobre autorizaciones para realizar quemas en tierras agrícolas, sin perjuicio de la debida comunicación previa del uso del fuego el mismo día del uso al órgano administrativo competente en materia de protección ciudadana de la Comunidad de Madrid y del cumplimiento del resto de condicionantes que resulten de aplicación.