Ley 8/2025, de 30 de julio, del Estatuto de los municipios rurales

La Generalitat de Catalunya debe promover, en colaboración con las administraciones locales, iniciativas de simplificación normativa y administrativa, a fin de facilitar el desarrollo de proyectos e iniciativas públicas y privados que contribuyan a la revitalización económica y social de los municipios rurales.

La Generalitat de Catalunya debe promover la tramitación unificada de procedimientos y la sustitución de la aportación de documentación por declaraciones responsables.

La Generalitat de Catalunya debe fijar y establecer modelos normalizados de uso obligatorio para la tramitación de los procedimientos, en los cuales deben incluirse únicamente los datos que requiere la normativa aplicable.

La Generalitat de Catalunya debe establecer un sistema y unos plazos de revisión periódica de los procedimientos para la simplificación y disminución de las cargas administrativas innecesarias, el refuerzo de la colaboración interadministrativa y la potenciación de la administración electrónica en los municipios rurales. A tal fin, debe crearse una mesa de trabajo para la definición de medidas de simplificación administrativa y normativa en los municipios rurales en lo que se refiere a los aspectos no regulados por la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. En esta mesa deben participar representantes de los municipios rurales designados por las entidades municipalistas.

La Administración de la Generalitat, por medio del departamento competente en materia de atención ciudadana, debe ofrecer medidas de atención y asistencia que tengan en cuenta las particularidades y especificidades de los municipios rurales en las relaciones jurídico-administrativas.

El modelo de atención ciudadana de la Administración de la Generalitat debe incluir las medidas necesarias para garantizar el acceso de los municipios rurales a los servicios y, como mínimo, las siguientes medidas de apoyo y asistencia:

La Administración de la Generalitat debe crear, en su sede electrónica, para la prestación y el intercambio de servicios y aplicaciones en los municipios rurales, un portal homogéneo que contenga la información relativa a los trámites, a los servicios y al acceso a las diferentes plataformas de tramitación habilitadas para los municipios rurales, así como otros servicios digitales que se usen en la gestión de los municipios rurales, con el objetivo de garantizar y favorecer la intercomunicación telemática de servicios, el intercambio de datos y documentos, y la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos.

La Administración de la Generalitat, por medio del departamento competente en atención ciudadana, debe habilitar un espacio municipal de acceso exclusivo para cada municipio rural, al que deben incorporarse los datos y los documentos de los expedientes administrativos disponibles y que son accesibles, mediante las plataformas de interoperabilidad y de intercambio de datos habilitadas.

Las oficinas de asistencia en materia de registro y demás oficinas de atención ciudadana deben facilitar la asistencia en la gestión y tramitación de los procedimientos de los municipios rurales, poniendo a su disposición la información necesaria para la solicitud de tramitación de procedimientos.

Las administraciones y entidades del sector público deben disponer de modelos comunes y normalizados para la solicitud y tramitación unificada de los procedimientos dirigidos a municipios rurales.

Las administraciones y entidades del sector público deben disponer de un catálogo de servicios de tramitación unificada, que debe estar publicado en el portal habilitado de los municipios rurales, dentro de la sede electrónica de la Administración de la Generalitat.

La Administración de la Generalitat debe impulsar medidas para garantizar el uso de medios de videoatención o medios asimilados, para el desarrollo de actuaciones administrativas o para la asistencia y el apoyo a los municipios rurales.

Las oficinas de asistencia en materia de registro o demás oficinas de atención ciudadana, por imposibilidad técnica o de accesibilidad a los servicios, deben prestar servicios de identificación y autenticación para actuar en nombre de los municipios rurales.

Los entes locales y las entidades públicas vinculadas o que dependen de ellos pueden utilizar, sin coste, las soluciones tecnológicas que la Administración de la Generalitat, el Consorcio Administración Abierta de Cataluña, y las diputaciones y los consejos comarcales ponen a su alcance, o bien soluciones propias, siempre que sean interoperables con los sistemas de información de la Administración de la Generalitat.

Los municipios rurales pueden delegar o encomendar a las diputaciones y los consejos comarcales, de acuerdo con la normativa del régimen local, el desarrollo de la administración digital del municipio rural como garantía del acceso a las actividades de servicios públicos, fomento y policía administrativa de los municipios rurales, sin coste económico alguno para estos municipios. Esta encomienda o delegación debe garantizar la accesibilidad a la tramitación digital de los ciudadanos de los municipios rurales, sin exclusiones. Concretamente, debe garantizarse la asistencia a todas las personas que tengan alguna dificultad para realizar la tramitación digital. El modelo de atención ciudadana establecido por la presente ley dispone los instrumentos necesarios para prestar apoyo a los municipios rurales y garantizar, si procede, la asistencia para la tramitación digital, en caso de que sea el canal elegido por los ciudadanos.

La normativa y las políticas públicas sectoriales deben garantizar el acceso telemático y la atención presencial para evitar la brecha digital en colectivos que no tengan acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, por cuestión de edad, o por falta de recursos o capacidades.

Corresponde a la Generalitat de Catalunya garantizar una conectividad digital fiable y de calidad en los municipios rurales, de fibra óptica y móvil, mediante redes de infraestructuras que permitan una adecuada transmisión de datos entre la ciudadanía, las empresas y la Administración, para alcanzar la igualdad de oportunidades y de capacidad de acceso a las redes.

La Generalitat de Catalunya debe velar por que los equipamientos y los servicios públicos básicos; las actividades relevantes; los servicios sanitarios, educativos y sociales, y los demás servicios económicos de interés general estén situados en lugares que faciliten las condiciones de igualdad de acceso a los habitantes y usuarios de los servicios en los municipios rurales y garanticen el derecho al hábitat rural. En todo caso, como estándar de buena administración a incluir obligatoriamente en la correspondiente carta de servicios, de acuerdo con la legislación de transparencia y buen gobierno, debe garantizarse que el tiempo de acceso, con desplazamiento por carretera, a un servicio básico desde cualquier municipio rural no supere los treinta minutos. Si excepcionalmente esto no fuera posible, debe establecerse un estándar superior a treinta minutos, motivando, en todo caso y específicamente, la imposibilidad y el tiempo alternativo superior de acceso finalmente establecido.

Los departamentos competentes en materia de entidades de crédito y en materia de consumo, en su ámbito correspondiente, deben garantizar que los residentes en municipios rurales puedan acceder a los servicios financieros, promoviendo un servicio de oficina bancaria móvil que garantice la disposición de efectivo en los municipios que carecen de oficina bancaria y también que provea otros tipos de servicios financieros y asesoramiento financiero personalizado. Asimismo, deben ofrecer servicios de formación en materia financiera en estas oficinas móviles.

La Generalitat de Catalunya debe garantizar que los usuarios de los municipios rurales tengan unos estándares mínimos de oferta de transporte público que permitan hacer viables y competitivos con el vehículo privado los desplazamientos de la movilidad cotidiana en el conjunto de la comarca o del ámbito funcional en el que se agrupen los demás servicios básicos y los principales centros de atracción de desplazamientos, especialmente mediante el establecimiento de transportes a la demanda.

La Generalitat de Catalunya debe promover, en colaboración con la Administración local, programas de cuidados y atención a la vejez y la infancia en el mundo rural. Estos programas deben complementar los servicios de atención primaria básica y deben ser un instrumento que permita una atención personalizada, con una visión global de las necesidades de los usuarios, y deben impulsar el reparto de género equitativo del trabajo de cuidados en la sociedad.

La Generalitat de Catalunya, junto con las diputaciones y los consejos comarcales, deben velar por que los municipios rurales tengan un servicio de atención integrada social y sanitaria que garantice que las personas mayores vivan el máximo tiempo posible en su domicilio con el apoyo suficiente.

La Generalitat de Catalunya debe velar por que todos los municipios rurales tengan como mínimo una carretera de titularidad de la Generalitat o las diputaciones de acceso al núcleo principal del municipio.

Los departamentos competentes en materia de mundo rural y de transición ecológica deben facilitar la implantación en los municipios rurales de comunidades locales de energía que, minimizando los impactos ambientales, permitan incrementar el autoconsumo en zonas rurales de forma agrupada.

La Generalitat de Catalunya, en colaboración con la Administración local, debe promover la actividad económica en los municipios rurales de atención especial, poniendo especial énfasis en las actividades relacionadas con el sector primario, los servicios y el comercio.

La persona contribuyente puede aplicar en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas la deducción establecida por el apartado 2 siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

El importe de la deducción por traslado de la residencia habitual a un municipio rural es:

La deducción por traslado de la residencia habitual a un municipio rural se aplica en la declaración del impuesto correspondiente al período impositivo en que se ha producido el traslado.

La deducción por traslado de la residencia habitual a un municipio rural solo es de aplicación para el primer traslado que la persona contribuyente realice a un municipio rural o a un municipio rural de atención especial.

La persona contribuyente puede deducir del impuesto sobre la renta de las personas físicas el 15 % de los importes pagados durante el período impositivo por la adquisición de una vivienda situada en un municipio rural, o el 20 % si la vivienda es en un municipio rural de atención especial, siempre que, en ambos casos, se cumplan los siguientes requisitos:

La base máxima de la deducción por la adquisición de la vivienda habitual en un municipio rural es de 6.000 euros anuales.

La persona contribuyente no puede aplicar la deducción por la adquisición de la vivienda habitual en un municipio rural en caso de que, cuando entre en vigor, se esté aplicando la deducción estatal por inversión en vivienda habitual de acuerdo con el régimen transitorio establecido por la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Estado 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio.

La persona contribuyente puede deducir el 15 % de los importes pagados en el período de que se trate por la rehabilitación de una vivienda situada en un municipio rural que haya sido o deba ser su residencia habitual. El porcentaje de deducción es del 20 % si la vivienda está en un municipio rural de atención especial.

La deducción por la rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural se aplica también, si procede, a los gastos de adquisición del inmueble pagados a partir del ejercicio en que se inicie su rehabilitación. Las obras se consideran iniciadas en el ejercicio en el que se haya obtenido la correspondiente licencia de obras.

Para el disfrute de la deducción por la rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural, deben cumplirse las siguientes condiciones:

La base máxima de la deducción por la rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural es de 6.000 euros anuales.

La deducción por la rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural debe minorarse en el importe correspondiente a las ayudas o subvenciones percibidas por la persona contribuyente, en el período impositivo de que se trate, de la Administración de la Generalitat o de cualquier otra administración pública que cubran la totalidad o una parte de los gastos por rehabilitación.

A efectos de la deducción por la rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural, se consideran obras de rehabilitación de la vivienda habitual las que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas, cubiertas u otras partes análogas, siempre que el coste global de las operaciones de rehabilitación exceda del 25 % del precio de adquisición si se hubiera efectuado esta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitación o, en caso contrario, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de inicio de las obras. A estos efectos, debe descontarse del precio de adquisición o del valor de mercado de la vivienda la parte proporcional correspondiente al terreno.

La deducción por rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural es incompatible con la deducción por rehabilitación regulada por el artículo 3 del Decreto-ley 1/2008, de 1 de julio, de medidas urgentes en materia fiscal y financiera.

Las deducciones por adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural pueden aplicarse en el ejercicio en que se efectúe la adquisición o se inicie la rehabilitación y en los catorce ejercicios siguientes, siempre que se produzcan los gastos correspondientes y se cumplan los requisitos establecidos.

La base máxima de las respectivas deducciones por adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural está constituida por los importes invertidos durante el ejercicio en la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquirente y, en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipos de interés variable de los préstamos hipotecarios regulados por el artículo 19 de la Ley del Estado 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y otros gastos derivados de la adquisición o rehabilitación. En caso de aplicación de dichos instrumentos de cobertura, los intereses pagados por la persona contribuyente deben minorarse en los importes obtenidos por la aplicación del instrumento correspondiente.

A efectos de las deducciones por adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural, se considera vivienda habitual el inmueble que está habitado de forma efectiva y permanente por la persona contribuyente en los siguientes plazos:

No obstante lo establecido por el apartado 3, se entiende que la vivienda no pierde el carácter de habitual, aunque no se produzca la ocupación en los plazos señalados, en los siguientes supuestos:

Sin perjuicio de lo establecido por los apartados 3 y 4, es necesario que la vivienda sea la residencia de la persona contribuyente durante un período continuado de tres años. Se entiende que la vivienda ha tenido este carácter si, a pesar de no haber transcurrido el período de tres años, se producen circunstancias que hacen necesario el cambio de vivienda, como celebración de matrimonio, separación matrimonial, constitución de pareja de hecho, extinción de pareja de hecho, traslado laboral, obtención de primer empleo o de empleo más ventajoso, u otras análogas.

Se considera vivienda habitual, conjuntamente con esta vivienda, un trastero y hasta dos plazas de aparcamiento que hayan sido adquiridos simultáneamente en unidad de acto o estén situados en el mismo edificio o complejo urbanístico.

Si se adquiere una vivienda habitual en un municipio rural habiendo disfrutado ya de las deducciones por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, no puede aplicarse la deducción por la adquisición o rehabilitación de la nueva vivienda hasta que los importes invertidos en esta superen a los invertidos en las anteriores, en la medida en que hayan sido objeto de deducción.

Si por la enajenación de una vivienda habitual, respecto de la cual se ha practicado cualquiera de las deducciones por adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural, se genera una ganancia patrimonial exenta por reinversión, la base de deducción para la adquisición o rehabilitación de la nueva vivienda debe minorarse en el importe de la ganancia patrimonial al que se aplica la exención por reinversión. En este caso, no puede practicarse deducción alguna para la adquisición de la nueva vivienda mientras los importes invertidos en la misma no superen tanto el precio de la anterior, en la medida en que haya sido objeto de deducción, como la ganancia patrimonial exenta por reinversión.

La persona contribuyente, en los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, o extinción de la pareja estable, constituida de acuerdo con la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, puede continuar practicando estas deducciones, por los importes pagados en el período impositivo para la adquisición de lo que fue durante la vigencia del matrimonio o de la pareja de hecho su vivienda habitual, siempre que siga teniendo esta condición para los hijos comunes y el progenitor en cuya compañía queden.

El disfrute efectivo de las deducciones por adquisición y rehabilitación de la vivienda habitual en un municipio rural requiere que el importe comprobado del patrimonio de la persona contribuyente al finalizar el período impositivo exceda del valor obtenido de su comprobación al inicio, al menos en el importe de las inversiones llevadas a cabo, sin computar los intereses y demás gastos de financiación. A tal efecto, no deben computarse los incrementos o disminuciones de valor experimentados durante el período impositivo por los elementos patrimoniales que al final de dicho período sigan formando parte del patrimonio de la persona contribuyente.

La persona contribuyente puede deducir el 15 %, hasta un máximo de 600 euros anuales, de los importes pagados en el período impositivo en concepto de alquiler de la vivienda habitual situada en un municipio rural. Este porcentaje es del 20 % si la vivienda habitual se encuentra en un municipio rural de atención especial.

Para poder disfrutar de la deducción por alquiler de la vivienda habitual en un municipio rural, la persona contribuyente debe cumplir los siguientes requisitos:

En el caso de tributación conjunta, si alguno de los declarantes se encuentra en alguna de las circunstancias establecidas por el apartado 2.a), el importe máximo de la deducción es de 1.200 euros, y el límite máximo de la suma de la base imponible general y del ahorro, menos el mínimo personal y familiar, de la unidad familiar es de 45.000 euros.

La deducción por alquiler de la vivienda habitual en un municipio rural solo puede aplicarse una vez, con independencia del hecho de que en un mismo sujeto pasivo puedan concurrir más de una de las circunstancias establecidas por el apartado 2.a), y es incompatible con la deducción por alquiler establecida por el artículo 612-3 del Código tributario de Cataluña.

Si, en relación con una misma vivienda, resulta que más de una persona contribuyente tiene derecho a la deducción, cada una de ellas puede aplicar en su declaración una deducción por el importe que se obtenga de dividir, entre el número de declarantes, el importe resultante de la aplicación del porcentaje de deducción o del límite máximo de deducción, que es de 1.200 euros.

Las personas contribuyentes deben identificar al arrendador de la vivienda haciendo constar su número de identificación fiscal en la declaración-liquidación correspondiente.

El tipo de gravamen aplicable a la transmisión de un inmueble situado en un municipio rural que deba constituir la vivienda habitual de la persona contribuyente es del 4 %. Si el inmueble se encuentra en un municipio rural de atención especial, el tipo impositivo es del 3 %.

Para el disfrute de los tipos de gravamen establecidos por el apartado 1, es necesario que, en la fecha de devengo del impuesto, concurran los siguientes requisitos:

A efectos de la aplicación del tipo de gravamen a que se refiere el apartado 1, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

El tipo de gravamen aplicable a la adquisición de la vivienda habitual en un municipio rural tiene carácter provisional y está condicionado al cumplimiento de los requisitos temporales establecidos por el apartado 3.

El tipo de gravamen aplicable a la transmisión de un inmueble para su rehabilitación situado en un municipio rural que deba constituir la vivienda habitual de la persona contribuyente es del 4 %. Si el inmueble se encuentra en un municipio rural de atención especial, el tipo impositivo es del 3 %.

Para el disfrute de los tipos de gravamen establecidos por el apartado 1, es necesario que, en la fecha de devengo del impuesto, se cumplan los siguientes requisitos:

A efectos de la aplicación del tipo de gravamen a que se refiere el apartado 1, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

El tipo de gravamen aplicable en la adquisición de la vivienda habitual en un municipio rural para su rehabilitación tiene carácter provisional y queda condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos por el apartado 3.

La conciliación previa tiene el objeto de intentar resolver de forma acordada los conflictos que surjan entre la Generalitat y los municipios rurales y los conflictos de estos entre sí, antes de la interposición del recurso contencioso-administrativo. Los acuerdos alcanzados en el procedimiento de conciliación previa tienen fuerza ejecutiva entre las partes.

El trámite de conciliación tiene, en todo caso, carácter voluntario y previo a la interposición de la acción jurisdiccional, y no sustituye al requerimiento previo en los litigios entre administraciones establecido por la normativa sobre la jurisdicción contencioso-administrativa.

El procedimiento de conciliación previa debe iniciarse antes de la finalización del plazo de dos meses desde la publicación de la norma o desde que el municipio rural haya conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad de la Generalitat. El plazo para alcanzar la conciliación es de un mes a contar desde el inicio del procedimiento de conciliación.

En el momento de la entrada en vigor de la presente ley se incluyen en el régimen establecido por esta los municipios con una población igual o inferior a dos mil habitantes que formen parte de una comarca urbana o una comarca limítrofe y que no cumplan alguna de las dos condiciones establecidas por el artículo 3.c).

Los municipios que pertenecen a una comarca rural y tienen una población superior a dos mil habitantes e inferior a tres mil habitantes, una densidad de población inferior a noventa habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de crecimiento de la población negativa en los últimos diez años pueden solicitar ser incluidos en el régimen establecido por la presente ley justificando los indicadores establecidos por el artículo 3 para los municipios rurales y los municipios rurales de atención especial que avalen esta solicitud.

En los casos a que se refiere el apartado 2, el departamento competente en materia de cooperación local debe resolver las solicitudes en el plazo de seis meses, previa consulta al Consejo Catalán de Municipios Rurales y previo informe del departamento competente en materia de desarrollo del mundo rural para evaluar los indicadores formulados en las propuestas de conformidad con los establecidos por el artículo 3 para los municipios rurales y los municipios rurales de atención especial, incluido el indicador de tiempo de desplazamiento a los servicios básicos.

El departamento competente en materia de industria agroalimentaria y políticas de alimentación debe estudiar la creación de una licencia directa u otras medidas que favorezcan la implantación de infraestructuras y actividades menores en el sector agroalimentario para agilizar los trámites administrativos, con el objetivo de favorecer la actividad del sector y la implantación de pequeñas empresas.

En la adopción de las medidas a que se refiere el apartado 1 debe tenerse en cuenta, como factor favorecedor, la transición ecológica en el sector agroalimentario para las explotaciones que quieran realizar la conversión.

La prestación y el disfrute de los servicios públicos de la Generalitat de Catalunya deben alcanzar la paridad real y efectiva entre el mundo rural y el resto de Cataluña antes de 2040.

La tramitación de las normas con rango de ley y de reglamento de la Generalitat de Catalunya debe incorporar una evaluación de impacto sobre los avances en la consecución de la paridad real y efectiva en la prestación y el disfrute de los servicios públicos de la Generalitat entre el mundo rural y el resto de Cataluña.

El departamento competente en materia de cooperación local, en el plazo de tres meses a contar desde la aprobación de la presente ley, debe crear un grupo de estudio formado por personas expertas en el ámbito normativo y por representantes de órganos como el Consejo Catalán de Municipios Rurales y la Comisión Interdepartamental de Gobernanza Rural con el objetivo de elaborar un informe detallado de la legislación vigente que exprese las políticas sectoriales y económicas que afectan a los municipios rurales. Las entidades municipalistas también pueden designar a personas expertas para formar parte de este grupo de estudio, de acuerdo con los criterios de composición que haya establecido el departamento competente en esta materia. Este informe debe adoptar una perspectiva rural, teniendo en cuenta los impactos reales y potenciales y sus efectos en las perspectivas de desarrollo, crecimiento y empleo rural, el bienestar social y la calidad ambiental de los municipios rurales. Además, el informe debe establecer pautas para futuras normas relevantes, desde la perspectiva de su posible impacto sobre los municipios rurales.

El departamento competente en materia de urbanismo, en el plazo de tres meses a contar desde la aprobación de la presente ley, debe crear una comisión de trabajo conjunta con las entidades más representativas de los municipios rurales que tenga por objeto estudiar y proponer medidas de adaptación de la normativa urbanística a la realidad, las necesidades y la capacidad de actuación de los municipios rurales. Los trabajos de la comisión deben desarrollarse durante los seis meses siguientes a su constitución y deben finalizar con la redacción de un informe con propuestas concretas de adaptación de la normativa para implantar reglamentaria y legislativamente. En concreto, deben desarrollarse propuestas para los municipios rurales con relación a nuevos modelos de gestión urbanística específicos para los núcleos de población con poca población y en recesión, para el suelo urbano consolidado, para el suelo urbano no consolidado, para el suelo urbanizable y para las urbanizaciones preexistentes en suelo no urbanizable.

El departamento competente en materia de movilidad y transportes, en el plazo de tres meses a contar desde la aprobación de la presente ley, debe crear una comisión de trabajo conjunta con las entidades más representativas de los municipios rurales que tenga por objeto estudiar y proponer medidas para garantizar un sistema de transporte público adaptado a la realidad, las necesidades y la capacidad de los municipios rurales. Los trabajos de la comisión deben desarrollarse durante los seis meses siguientes a su constitución y deben finalizar con la redacción de un informe con propuestas concretas y sostenibles. Este informe debe tener en cuenta la transversalidad de género y su impacto sobre las diferentes necesidades de movilidad. En concreto, deben desarrollarse propuestas para los municipios rurales con relación a la definición y aplicación de unos estándares mínimos de oferta de transporte público en los municipios rurales a partir del estudio y análisis de los siguientes elementos:

El departamento competente en materia de telecomunicaciones, en el plazo de tres meses a contar desde la aprobación de la presente ley, debe crear una comisión de trabajo conjunta con las entidades más representativas de los municipios rurales que tenga por objeto estudiar y proponer medidas para garantizar la plena conectividad de los municipios rurales. Los trabajos de la comisión deben desarrollarse durante los seis meses siguientes a su constitución y deben finalizar con la redacción de un informe con propuestas concretas y sostenibles. En concreto, deben desarrollar propuestas para los municipios rurales en relación con la cobertura de la telefonía móvil y la red de fibra óptica. Esta comisión debe desarrollar propuestas concretas y planificadas para garantizar la cobertura de la telefonía móvil en los municipios rurales y el despliegue de la red pública de fibra óptica con puntos de acceso en todos los municipios de Cataluña.

La Generalitat de Catalunya debe constituir un grupo de trabajo con los departamentos y los municipios implicados para la definición de un plan de infraestructuras de los municipios rurales que debe garantizar el acceso a los servicios básicos a todas las personas residentes en los municipios rurales.

La Administración de la Generalitat, en un plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, debe impulsar o poner a disposición las medidas de apoyo y asistencia y de prestación de servicios digitales, relativos a la tramitación digital y la atención ciudadana con relación a la presente ley, previa firma de los correspondientes convenios de colaboración, en los que deben establecerse las condiciones, los plazos, los recursos y el sistema de financiación de las medidas.

Las deducciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas establecidas por los artículos 57 a 61 son de aplicación hasta cuatro años después de la aprobación de la presente ley a los siguientes casos:

Las deducciones establecidas por los artículos 58 y 59, sin perjuicio de lo establecido por el apartado 1 y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60.1, pueden aplicarse en el ejercicio en que se adquiera la vivienda o se empiece su rehabilitación y en los catorce ejercicios siguientes, siempre que se produzcan los gastos mencionados y se cumplan los requisitos establecidos.

Los tipos de gravamen en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas establecidos por los artículos 62 y 63 se aplican a las transmisiones efectuadas hasta cuatro años después de la aprobación de la presente ley.

La bonificación de la cuota de transmisiones patrimoniales onerosas establecida por el artículo 64 se aplica a los expedientes de dominio, las actas de notoriedad y las actas complementarias de documentos públicos iniciados u otorgados hasta cuatro años después de la aprobación de la presente ley.

Para el primer año de aplicación del Fondo Específico para Municipios Rurales, la asignación específica debe ser:

Los importes de las asignaciones específicas del Fondo Específico para Municipios Rurales para cada tipo de municipio rural a que se refiere el apartado 1 sirven de base para el cálculo del siguiente ejercicio.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

El Gobierno, a partir del ejercicio siguiente a la aprobación de la presente ley, debe incluir cada año en el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la efectividad de la presente ley y hacer frente a las obligaciones establecidas.

El Gobierno debe hacer una previsión económica para financiar a los consejos comarcales de comarcas rurales para que dispongan de un técnico de protección civil que apoye a los municipios rurales de su comarca, así como para el ejercicio de las actuaciones derivadas de la aplicación del artículo 44.

El departamento competente en materia de Administración local debe publicar la lista inicial de municipios rurales en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» en el plazo de seis meses a contar desde la aprobación de la presente ley, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4.

El departamento competente en materia de vivienda, en el plazo de un año a contar desde la aprobación de la presente ley, debe elaborar un anteproyecto de ley de modificación de la legislación vigente en lo que sea necesario para que la Administración pueda actuar en relación con los inmuebles o suelos privados situados en municipios rurales que se encuentren sin uso con incumplimiento de la función social de la propiedad.

El departamento competente en materia de cooperación local debe elaborar el reglamento de desarrollo del Fondo Específico de Municipios Rurales en el plazo de seis meses a contar desde la aprobación de la presente ley.

El departamento competente en materia de cooperación local, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, debe iniciar la tramitación de la modificación del Decreto 166/2022, de 13 de septiembre, por el que se crea el Consejo Catalán de Municipios Rurales, con el fin de adecuarlo a los contenidos y requerimientos de la presente ley.

El departamento competente en materia de vivienda, en el plazo de un año a contar desde la aprobación de la presente ley, debe proponer la regulación de las plazas turísticas situadas en viviendas y en segundas residencias en los municipios rurales de forma proporcional a la población fija y de acuerdo con las necesidades de vivienda permanente para residencia de las personas en estos municipios.

Se añade un párrafo al final de la letra c) del apartado 1 del artículo 3 del Decreto 201/2015, de 15 de septiembre, de los órganos de participación comunitaria en el sistema sanitario público de Cataluña, con el siguiente texto:

Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 7 del Decreto 201/2015, que queda redactada del siguiente modo: