ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO

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JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO

Ley de organización y procedimiento

LEY Nº 18.345

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1969.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,

El Presidente de la Nación Argentina,

Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:

LEY DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO

TITULO I

ORGANIZACION

CAPITULO I

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y CAMARA DE APELACIONES

Artículo 1º— Organización — La Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal estará organizada de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Se ejercerá por los Jueces Nacionales de Primera Instancia del Trabajo y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Artículo 2º— Requisitos para magistrados y funcionarios — Pera ser designado juez de primera instancia o juez de la Cámara de Apelaciones, será necesario reunir los requisitos exigidos por la Ley de Organización de la Justicia Nacional para todos los jueces nacionales.

Artículo 3º— Jueces de primera instancia — El número de jueces de primera instancia será el que determine la ley. Cada juzgado tendrá un secretario que deberá reunir las condiciones exigidas por la Ley de Organización de la Justicia Nacional.

Artículo 4º— Cámara de Apelaciones — La Cámara de Apelaciones estará integrada por el número de jueces que determine la ley; actuarán en salas de 3 miembros cada una, y en pleno cuando así correspondiere.

La Cámara tendrá un secretario general, un prosecretario general y un secretario para cada sala, quienes deberán reunir las condiciones exigidas por la Ley de Organización de la Justicia Nacional.

Artículo 5º — Designación, remoción, incompatibilidades, garantías y sanciones — Para la designación y remoción de los magistrados de la Justicia Nacional del Trabajo se procederá en la misma forma que para los demás magistrados de la Justicia Nacional. Las incompatibilidades, garantías y sanciones de los magistrados se regirán por las disposiciones de la ley de Organización de la Justicia Nacional y el Reglamento para la Justicia Nacional. Esa ley y dicho reglamento se aplicarán también respecto de los funcionarios y empleados del Fuero.

Artículo 6º — Superintendencia — La Cámara de Apelaciones ejercerá la superintendencia directa sobre los magistrados, funcionarios y empleados y sobre el Ministerio Público.

Artículo 7º — Reemplazo de jueces y secretarios — En los casos de recusación, excusación, licencia u otro impedimento, los jueces se reemplazarán recíprocamente en la forma que establezca la Cámara. Las salas de la Cámara se integrarán en los casos que así procediere, en la forma dispuesta en la Ley de Organización de la Justicia Nacional.

El reemplazo de los secretarios se hará en la forma que reglamente la Cámara.

CAPITULO II

MINISTERIO PUBLICO DE TRABAJO

Artículo 8º — Integración del Ministerio Público — El Ministerio Público de Trabajo estará integrado por el Procurador General del Trabajo, quien lo encabezará, el Subprocurador General del Trabajo y los fiscales.

Artículo 9º — Procurador General y Subprocurador General — El Procurador General del Trabajo y el Subprocurador General del Trabajo reunirán los requisitos exigidos por la Ley de Organización de la Justicia Nacional para los jueces de Cámara, y serán designados y removidos en la misma forma prevista para éstos.

Lo dispuesto en el Art. 3° de la Ley 15.464 es aplicable respecto del Procurador General del Trabajo y del Subprocurador General del Trabajo.

Artículo 10. — Reemplazo — El Subprocurador General del Trabajo reemplazará al Procurador General en casos de licencia, excusación, impedimento o vacancia. El reemplazo del Subprocurador General se hará en la forma que, a propuesta del Procurador General, reglamente la Cámara.

Artículo 11. — Fiscales— Los fiscales reunirán los requisitos exigidos por la Ley de Organización de la Justicia Nacional para los jueces de primera instancia con sólo dos años de ejercicio de la profesión de abogado.

Artículo 12. — Atribuciones del Ministerio Público — Corresponde al Ministerio Público del Trabajo:

ch) Velar por la uniformidad de la jurisprudencia, para lo cual deberá entablar los recursos que correspondieren;

Artículo 13. — Atribuciones del Procurador General — Corresponde al Procurador General del Trabajo:

ch) Intervenir en todos los asuntos relativos a la superintendencia de la Cámara;

Artículo 14. — Distribución de tareas — A propuesta del Procurador General del Trabajo, la Cámara distribuirá las tareas concernientes a la Procuración General del Trabajo entre aquél y el Subprocurador General, y también las de los fiscales.

Artículo 15. — Defensor de Ausentes — Anualmente, el Procurador General del Trabajo designará al fiscal que actuará como defensor de ausentes en todas las causas en que ello fuere necesario y dispondrá sobre el reemplazo de los fiscales cuando deban defender intereses contradictorios. Si por aquella actuación correspondieren honorarios, éstos se destinarán a la dotación de la biblioteca del Tribunal.

Artículo 16. — Secretario Letrado — Habrá un secretario letrado de la Procuración General del Trabajo, que deberá reunir los requisitos exigidos para los secretarios por la Ley de Organización de la Justicia Nacional y cuya jerarquía será similar a la de secretario de cámara.

CAPITULO III

PERITOS

Artículo 17. — Registro de peritos — La Cámara de Apelaciones llevará un registro de peritos y establecerá las condiciones y requisitos que deberán reunir para su inscripción, así como las normas para su designación. Los nombramientos de oficio deberán recaer en los peritos inscriptos, quienes no podrán, sin justa causa, dejar de aceptar el cargo, bajo sanción de exclusión del registro.

Artículo 18. — Peritos médicos — Los peritos médicos deberán ser médicos legistas o especialistas en la rama de la Medicina relacionada con la cuestión sometida a su dictamen.

TITULO II

COMPETENCIA

Artículo 19. — Improrrogabilidad— La competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, incluso la territorial, será improrrogable.

Artículo 20. — Competencia por materia — Serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, en general, las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes —incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier ente público—, por demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenciones colectivas, o disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo; y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo, aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél.

La competencia también comprenderá a las causas que persigan sólo la declaración de un derecho, en los términos del artículo 322, primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial.

Artículo 21. — Casos Especiales de Competencia — En especial, serán de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo:

ch) Las causas que versen sobre el gobierno y la administración de las asociaciones profesionales y las que se susciten entre ellas y sus asociados en su condición de tales;

Artículo 22. — Competencia exclusiva de los jueces de primera instancia — Serán de competencia exclusiva de los jueces nacionales de primera instancia del trabajo:

Artículo 23. — Competencia exclusiva de la Cámara — La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo conocerá:

ch) En los recursos de inaplicabilidad de ley;

Además, podrá reunirse en pleno, por iniciativa de cualquiera de sus miembros o del Procurador General, para uniformar, mediante acordadas reglamentarias, la interpretación de esta ley.

Artículo 24. — Competencia territorial — En las causas entre trabajadores y empleadores será competente, a elección del demandante, el juez del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o el del domicilio del demandado.

El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia.

En las causas incoadas por asociaciones profesionales por cobro de aportes, contribuciones o cuotas, será competente el juez del domicilio del demandado.

Artículo 25. — Juicios universales — En caso de muerte, de quiebra o de concurso civil del demandado o quien hubiere de serlo, los juicios que sean de competencia de los Tribunales del Trabajo se iniciarán o continuarán ante este fuero, con notificación a los respectivos interesados o representantes legales.

TITULO III

SUJETOS DEL PROCESO, ACTOS PROCESALES Y CONTINGENCIAS GENERALES

Artículo 26. — Recusación y excusación — Los jueces, secretarios, árbitros y peritos no podrán ser recusados sin expresión de causa. Para la recusación con expresión de causa y para la excusación regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial.

Artículo 27. — Plazos para los jueces — Los jueces o tribunales deberán dictar las resoluciones dentro de los siguientes plazos:

Las vistas ordenadas después de haber quedado las causas en estado suspenderán y no interrumpirán estos plazos. Lo mismo regirá para las audiencias que se designen con el fin de intentar la conciliación.

Artículo 28. — Domicilio constituido — El domicilio constituido subsistirá, para todos los efectos procesales del juicio, hasta un año después del archivo del expediente.

Para que el cambio de domicilio surta efecto bastará la simple constitución de uno nuevo en la causa.

Artículo 29. — Falta de domicilio constituido — Si la persona debidamente citada no compareciere o no constituyere domicilio, las providencias que se deben notificar en el domicilio constituido quedarán notificadas por ministerio de la ley.

Aun cuando se hubiese constituido un domicilio inexistente o desapareciere el local elegido, el acto se tendrá por notificado en el momento en que se practicare la diligencia y, en lo sucesivo, las notificaciones se considerarán, realizadas por ministerio de la ley.

Artículo 30. — Domicilio real — Si el actor no denunciare su domicilio real y el de su contrario en la demanda, no se dará curso a ésta hasta que subsane la omisión, para lo cual será aplicable lo dispuesto en el Art. 67.

Si el demandado no denunciare al contestar la demanda un domicilio real distinto o si fuese rebelde, se tendrá por válido el domicilio real que le haya asignado el actor.

Artículo 31. — Actualización del domicilio real — Cada una de las partes estará obligada a mantener actualizado en el proceso su propio domicilio real. Si éste se modificare y el interesado no cumpliere la obligación indicada, se considerará subsistente el domicilio real que figure en el expediente hasta que se denuncie el cambio.

En los supuestos del párrafo precedente y del Art. 30, segunda parte, las notificaciones que se practiquen en los domicilios considerados válidos o subsistentes tendrán plenos efectos legales.

Artículo 32. — Notificaciones en el domicilio real — Deberán notificarse en el domicilio real:

ch) Las citaciones a las partes para que comparezcan personalmente;

Artícuo33. — Muerte o incapacidad — Si la parte que actuare personalmente falleciere o se tornare incapaz, comprobado el hecho, el juez o tribunal suspenderá la tramitación y citará a los herederos o al representante legal para que comparezcan a estar a derecho en el plazo que se designe; directamente si se conocieren sus domicilios, o por edictos; bajo apercibimiento de continuar el juicio y tenerlos por notificados por ministerio de la ley de todas las providencias que se dicten, en el primer caso, y de nombrarles defensor en el segundo.

Artículo 34. — Menores adultos — Los menores adultos tendrán la misma capacidad que los mayores para estar en juicio por sí y podrán otorgar mandato en la forma prescripta en el Art. 36.

Artículo 35. — Representación en juicio — Las partes podrán actuar personalmente o representadas de acuerdo con las disposiciones establecidas para la representación en juicio. El trabajador también podrá hacerse representar por la asociación profesional habilitada legalmente para hacerlo. En la audiencia que se dispone en el artículo 68, los empleadores, previo otorgamiento de poder, podrán ser representados, para todos los efectos, por directores, socios, gerentes o empleados superiores.

En casos urgentes, se podrá admitir la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad, pero, si dentro del plazo de diez días no fueren presentados o no se ratificare la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños que hubiere ocasionado.

Artículo 36. — Acta-poder — La representación en juicio se podrá ejercer mediante acta-poder otorgada ente el Secretario General de la Cámara de Apelaciones o el funcionario al que autorice expresamente dicha Cámara, cuando fuere para iniciar juicio; o ante el secretario del juzgado o sala en que esté radicado aquél, en los demás casos. Deberá ser firmada por el funcionario y el otorgante, previa acreditación de la identidad de éste. En caso de impedimento, podrá firmar cualquier persona hábil a ruego del otorgante.

Artículo 37. — Costas en los incidentes — En los incidentes, las costas serán soportadas por la parte vencida, pero se podrá eximirla únicamente cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho.

Artículo 38. — Honorarios— Al regular honorarios de los letrados, apoderados, peritos, expertos, y demás auxiliares de la justicia, los jueces deberán tener en cuenta el valor del litigio, el mérito y la importancia de los trabajos efectuados y las características del procedimiento laboral. Excepcionalmente, y por resolución fundada, estarán facultados para fijar, en relación con todo ello, sumas inferiores a las que resultaren de la aplicación de los respectivos aranceles profesionales. Las regulaciones de honorarios de los letrados y apoderados de la parte vencedora no podrán superar, en conjunto, el veinte por ciento del valor del litigio.

Artículo 39. — Retiro de fondos — Para retirar las sumas depositadas a su favor y no embargadas, el trabajador no necesitará la conformidad de los profesionales intervinientes en la causa.

Artículo 40. — Honorarios de auxiliares de la justicia — Los honorarios de los auxiliares de la justicia designados de oficio serán exigibles a cualquiera de las partes, sin perjuicio del derecho de repetición que tendrá la que haya pagado contra la condenada en costas.

Artículo 41. — Exención de gravámenes fiscales — En el procedimiento judicial los trabajadores y sus derechohahientes estarán exentos de gravámenes fiscales, sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos, en los casos en que se lo reconociere.

Cuando el empleador sea condenado en costas deberá satisfacer los impuestos de sellos y de justicia correspondientes a todas las actuaciones. Si se declarasen las costas por su orden, satisfará las correspondientes a las actuaciones de su parte. El juez estará facultado para eximir al empleador del pago de dichos impuestos mediante resolución fundada.

Artículo 42. — Exención en caso de acuerdo conciliatorio — Los convenios conciliatorios y los compromisos arbitrales estarán exentos de todo impuesto, tasa o contribución que grave esos actos y también de toda carga fiscal relativa o la actuación en justicia, exención que se extenderá a la totalidad de las actuaciones respectivas.

Artículo 43. — Litisconsorcio facultativo — En caso de litisconsorcio facultativo sólo se podrán acumular acciones fundadas en los mismos hechos o en títulos conexos y no podrán litigar en conjunto más de veinte actores por vez, salvo expresa autorización del juez de la causa. Asimismo, en todos los casos, el juez podrá ordenar la separación de los procesos si, a su juicio, la acumulación fuere inconveniente; en este caso podrá disponer que parte o la totalidad de la prueba se produzca en una sola de las causas y dictar una sentencia única.

Artículo 44. — Acumulación de procesos — La acumulación de procesos se pedirá y resolverá en aquel expediente en que primero se hubiere interpuesto la demanda. Será procedente en cualquier estado de la causa antes de la sentencia de primera instancia, pero únicamente si la sentencia que se haya de dictar en uno de los juicios pudiere producir efectos de cosa juzgada en los otros. Se requerirá, además, que el juez al que le corresponda entender en los procesos acumulados sea competente en todos ellos por razón de la materia.

La resolución que acuerde o deniegue la acumulación de procesos será inapelable.

Cuando se acumulen procesos que deben sustanciarse por trámites distintos, el juez determinará, sin recurso, qué procedimiento corresponderá al expediente resultante de la acumulación.

Artículo 45. — Tercerías— Las tercerías de dominio o de mejor derecho se sustanciarán con el embargante y el embargado, por el trámite del juicio ordinario reglado en los Arts. 65 y siguientes de esta Ley.

Artículo 46. — Impulso de oficio — El procedimiento será impulsado de oficio por los jueces. Este deber cesará después de la oportunidad prevista, en el Art. 132. Las partes podrán efectuar peticiones verbales, de las que se levantarán actas, salvo en aquellos casos en que se impone la forma escrita.

Artículo 47. — Copias— Los escritos de demanda, contestación, reconvención y su contestación, ofrecimiento de prueba, expresión de agravios; todos aquellos de los que se deba dar vista o traslado y los documentos con ellos agregados deberán ser presentados con copias. No cumplido este requisito, se intimará al interesado que subsane la omisión en el plazo de un día; si no lo hiciere, se tendrá por no presentado el escrito y se dispondrá su devolución.

Artículo 48. — Notificaciones— Las notificaciones se harán personalmente o por cédula en los siguientes casos:

ch) Las sanciones disciplinarias;

ll) La primera providencia que se dicte después de extraído el expediente del archivo;

Todas las demás providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley al día siguiente de ser dictadas, pero no se considerará cumplida la notificación si el expediente no estuviere en secretaría y se hiciere constar esa circunstancia en el libro de asistencia. Incurrirá en falta grave el oficial primero que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado. Los funcionarios judiciales quedarán notificados el día de la recepción del expediente en su despacho. Deberán devolverlo dentro del día siguiente, bajo apercibimiento de las medidas disciplinarias a que hubiere lugar. En casos excepcionales, el juez podrá, por auto fundado, ordenar notificación telegráfica.

La notificación personal se practicará firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el oficial primero.

En oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin representación o el profesional que interviniere en el proceso como apoderado, estarán obligados a notificarse expresamente de las resoluciones mencionadas en el presente artículo.

Si no lo hicieren, previo requerimiento que les formulará el oficial primero, o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario.

Artículo 49. — Cédulas — La cédula de notificación contendrá:

1° Nombre y apellido de la persona por notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste;

2° Juicio en que se libra;

3° Tribunal en que tramita el juicio;

4° Transcripción de la parte pertinente de la resolución;

5° Cuando se notifiquen sentencias, transcripción de la parte dispositiva.

La cédula, que será firmada por el secretario o el oficial primero, deberá ser confeccionada en el juzgado o tribunal respectivo, sin necesidad de requerimiento de parte.

Artículo 50. — Notificación nula — La notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula.

Sin embargo, siempre que del expediente surja que las partes han tenido conocimiento del acto o providencia que se deba notificar, quedará suplida la falta o nulidad de la notificación.

Artículo 51. — Notificaciones fuera de la jurisdicción — Las notificaciones dirigidas a personas radicadas fuera de la jurisdicción del tribunal podrán ser practicadas por telegrama dentro del ámbito previsto en las normas que rijan el trámite de exhortos y notificaciones.

Artículo 52. — Notificación por edictos — En los casos en que corresponda publicar edictos, ello se hará por un día en el Boletín Oficial, sin cargo para el trabajador. Cuando en los edictos se cite a comparecer al juicio, si vencido el plazo de la citación el emplazado no compareciere, el juez le designará el defensor previsto en el artículo 15.

Artículo 53. — Plazos procesales — Todos los plazos serán improrrogables y perentorios y correrán desde el día siguiente al de la notificación. No se contarán los días inhábiles ni el día en que se practique la notificación. El vencimiento del plazo producirá la pérdida del derecho que se hubiere dejado de usar sin necesidad de petición de parte ni declaración alguna.

Si esta ley no fijare expresamente el plazo para la realización de un acto, lo señalará el juez de acuerdo con la naturaleza del proceso y la importancia de la diligencia.

Artículo 54. — Vistas y traslados — El plazo para contestar vistas y traslados será de tres días.

El Ministerio Público deberá expedirse en el plazo de tres días en primera instancia y en el de quince en segunda. Si el recargo de tareas u otras razones atendibles lo justificaren, se podrá pedir al tribunal ampliación de aquél; en caso de considerarse atendible la causa invocada, se fijará un nuevo plazo. El vencimiento del plazo sin expedirse se considerará falta grave; el tribunal requerirá el expediente y lo pasará al reemplazante, con comunicación a la autoridad de superintendencia.

Artículo 55. — Actuación en tiempo hábil — Las actuaciones judiciales se deberán practicar en días y horas hábiles. No obstante, los jueces podrán habilitar para ello los inhábiles.

Artículo 56. — Facultades en materia de sentencias — Los tribunales podrán fallar ultra petita, supliendo la omisión del demandante. La sentencia fijará los importes de los créditos siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto.

Artículo 57. — Incidentes— En todo caso, el juez deber adoptar las medidas adecuadas para que los incidentes no desnaturalicen el procedimiento principal y darles el trámite más económico.

Artículo 58. — Nulidad— En los casos en que se hubieren violado las formas sustanciales del juicio, se decretará, a petición de parte o de oficio, la nulidad de lo actuado. Al promover el incidente, la parte deberá expresar el perjuicio sufrido y el interés que la llevare a pedir la declaración. Si no se cumpliere este requisito, la nulidad será rechazada sin sustanciación.

Artículo 59. — Consentimiento de actos viciados — No procederá la declaración de nulidad del procedimiento cuando se hayan dejado pasar tres días desde el momento en que se tuvo conocimiento del acto viciado sin haber hecho cuestión alguna.

Artículo 60. — Oportunidad para el planteamiento de las nulidades — Las nulidades de procedimiento deberán ser planteadas y resueltas en la instancia en que se hubiere producido el vicio que las motivare.

Artículo 61. — Responsabilidades por medidas cautelares — Las medidas cautelares siempre se entenderán dictadas bajo la responsabilidad del solicitante. En casos especiales, el juez, por auto fundado, podrá exigir contracautela.

Artículo 62. — Medidas cautelares — Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial, se podrá decretar, a petición de parte, embargo preventivo sobre los bienes del deudor:

Cuando cualquier acto de disposición u ocultamiento de bienes por parte del empleador pudiere comprometer la efectividad de los derechos conferidos por normas del Derecho del Trabajo, el Ministerio Público podrá solicitar medidas cautelares.

Artículo 63. — Personas citadas: Protección de su remuneración. Multas — Cualquier persona citada por los jueces o la Cámara que preste servicios en relación de dependencia tendrán derecho de faltar a sus tareas, sin perder su remuneración, durante el tiempo necesario para acudir a la citación.

Los jueces y la Cámara podrán imponer a las partes que, debidamente citadas, no comparecieren sin causa justificada multas que se graduarán entre mil y cinco mil pesos y que en caso de reincidencia se podrán elevar hasta diez mil pesos.

Esta resolución será inapelable.

Todas las multas previstas en esta ley deberán ser pegadas dentro de los tres días siguientes a la notificación. Para su percepción se abrirá una cuenta bancaria especial y su importe será destinado a la dotación de la biblioteca del tribunal.

En caso de incumplimiento, se podrá convertir a las multas en arresto, a razón de un día por cada cinco mil pesos o fracción o ejecutarlas en la forma prevista en el artículo 145.

Artículo 64. — Designaciones de oficio — Las designaciones de oficio de auxiliares de la justicia no podrán recaer más de tres veces por año en la misma persona. Esta limitación no regirá para las designaciones de peritos tomados de listas hechas por la Cámara.

TITULO IV

PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

JUICIO ORDINARIO

SECCION 1: Procedimiento en Primera Instancia

Artículo 65.— Requisitos de la demanda — La demanda se deducirá por escrito y contendrá:

1°) El nombre y el domicilio del demandante;

2°) El nombre y el domicilio del demandado;

3°) La cosa demandada, designada con precisión;

4°) Los hechos en que se funde, explicados claramente;

5°) El derecho expuesto sucintamente;

6°) La petición en términos claros y positivos.

Además, cuando un trabajador demande a un empleador, se deberá indicar la edad y profesión u oficio del actor, la índole de la actividad, establecimiento o negocio del demandado y la ubicación del lugar del trabajo.

Artículo 66. — Distribución de juicios — La demanda se presentará ante la Cámara, que determinará el sistema de distribución de los juicios entre los distintos juzgados.

Artículo 67. — Examen previo de la demanda — Recibida la demanda en el Juzgado que deba intervenir, el juez examinará en primer término si corresponde a su competencia y, cuando se considere incompetente, lo declarará de oficio. Si la demanda tuviere defectos de forma, omisiones o imprecisiones, intimará el actor que los subsane en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, sin más trámite ni recurso.

Artículo 68. — Audiencia de conciliación y contestación de demanda — Para intentar una conciliación y para que, en caso negativo, el demandado conteste la demanda y oponga excepciones, el juez designará una audiencia a la que serán citadas las partes para que concurran personalmente bajo apercibimiento de los artículos 63, 70, 71 y 82. En la notificación al demandado se deberá indicar su obligación de contestar la demanda y de oponer las excepciones que tuviere, y que las copias respectivas están en el juzgado a su disposición. La audiencia se celebrará dentro de un plazo no mayor de veinte días de recibido el expediente en el juzgado y se notificará con una anticipación no menor de diez días. Si el demandado se domiciliare fuera de la ciudad de Buenos Aires, estos plazos se ampliarán a razón de un día por cada cien kilómetros; cuando la notificación se deba efectuar mediante exhorto, se señalará la audiencia para una fecha que dé tiempo para su diligenciamiento.

Artículo 69. — Conciliación — La audiencia se celebrará ante el juez o el funcionario que él indique. Abierto el acto, se ilustrará a las partes sobre el objeto y alcances del procedimiento conciliatorio y se procurará avenirlas. Los acuerdos conciliatorios o transaccionales celebrados por las partes con intervención del juzgado y los que ellas pacten espontáneamente con homologación judicial posterior pasarán en autoridad de cosa juzgada. Si ambas partes lo solicitaren, se diferirá la audiencia para nueva fecha.

Cuando el derecho del trabajador surja de hechos reconocidos por el empleador, no podrá proponerse a las partes soluciones transaccionales.

Artículo 70. — Incomparecencia del actor — Si el actor no compareciere a la audiciencia sin causa justificada, se le aplicará la multa del artículo 63 y el demandado deberá igualmente contestar la demanda y oponer excepciones en el acto. Si no compareciere ninguna de las partes y dentro de los veinte días siguientes, el actor no instare el trámite solicitando una nueva audiencia para los mismos fines, se lo tendrá por desistido del proceso.

Artículo 71. — Incomparecencia del demandado — Si el demandado, debidamente citado, no compareciere a la audiencia por sí o representado en los términos del art. 35, sin que mediare un impedimento atendible, que se deberá invocar antes de la audiencia salvo fuerza mayor, o si se negare a contestar la demanda, se presumirán como ciertos los hechos expuestos en ella, salvo prueba en contrario. Esta sanción no procederá si compareciere un apoderado judicial, con facultades suficientes, quien podrá conciliar o contestar la demanda, reconvenir, oponer excepciones y ofrecer pruebas, sin perjuicio de la multa que, de conformidad con el art. 63, se impondrá al demandado.

Artículo 72. — Fracaso de la conciliación — Si fracasare la gestión conciliatoria y no se aceptare un arbitraje en los términos del art. 149, el demandado, en la misma audiencia, deberá contestar la demanda y oponer excepciones. El tribunal procurará aclarar y simplificar las cuestiones materia del litigio y recomendará los reconocimientos o acuerdos necesarios para reducir en lo posible las pruebas que se haya de rendir.

Artículo 73. — Modificación de la demanda — Si el actor modificare los términos de la demanda en cuanto a los hechos alegados o a los rubros reclamados, a solicitud del demandado se señalará nueva audiencia para los mismos fines y bajo iguales apercibimientos, la que se deberá celebrar en el plazo de diez días.

Artículo 74. — Contestación de la demanda — La contestación de la demanda se formulará por escrito o verbalmente en la misma audiencia y se ajustará, en lo aplicable, a lo dispuesto en los arts. 65 de esta ley y 356 del Código Procesal Civil y Comercial. La carga prevista en el inc. 1° de dicho art. 356 no regirá respecto de los representantes designados en juicios universales.

Artículo 75. — Reconvención— En el acto de contestar demanda, el demandado podrá deducir reconvención cuando ésta deba sustanciarse por el mismo procedimiento que aquélla. El actor podrá contestar la reconvención en el acto o solicitar para ello nueva audiencia, la que se celebrará en el plazo de diez días.

Artículo 76. — Excepciones — Sólo serán admisibles como excepciones de previo y especial pronunciamiento: la incompetencia, la falta de personería de las partes o de sus representantes, la litispendencia, la cosa juzgada, la transacción y la prescripción. — Para la procedencia del carácter previo de la prescripción será necesario que ella no requiera la producción de prueba. El actor deberá contestar las excepciones dentro del plazo de tres días.

Artículo 77. — Ofrecimiento de prueba — En el acto de la audiencia o hasta tres días, después, las partes deberán ofrecer todas sus pruebas, incluso la instrumental. El ofrecimiento se hará por escrito y, en caso de haberse opuesto excepciones, se aclarará qué pruebas se refieren a estas últimas; a falta de esta aclaración se entenderá que todas se refieren al fondo del litigio. Si el demandado reconviniere, el plazo de tres días fijado en el presente artículo correrá para ambas partes desde la audiencia en que el actor conteste la reconvención.

Artículo 78. — Hechos nuevos — Si con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriere o llegare a conocimiento de las partes algún hecho o documento vinculado con el litigio, aquéllas podrán denunciarlo hasta tres días después de aquel en que se les notifique la audiencia del art. 94. En lo aplicable, regirá lo dispuesto en el art. 365 del Código Procesal Civil y Comercial.

Artículo 79. — Medios de prueba — La prueba se deberá producir por los medios admitidos en el Código Procesal Civil y Comercial.

Artículo 80. — Providencia de prueba — Vencido el plazo del art. 77, el juez, previa vista fiscal, resolverá dentro de cinco días las excepciones que no requieran prueba alguna. En el mismo plazo proveerá las pruebas ofrecidas, disponiendo que se produzcan en primer lugar las correspondientes a las excepciones previas.

Por resolución fundada, el juez desestimará las que considere improcedentes. La audiencia para la prueba oral se deberá celebrar dentro de los diez días posteriores al término del plazo que prescribe este artículo.

El juez deberá adoptar siempre las providencias necesarias para la más rápida y económica producción de la prueba y procurará que se la reciba en una sola audiencia o del modo que asegure su mayor concentración. En cualquier estado del juicio podrá decretar las medidas de prueba que estime convenientes, requerir que los litigantes reconozcan los documentos que se les atribuyan, interrogar personalmente a las partes, a los peritos y a los testigos y recabar el asesoramiento de expertos; también podrá reiterar las gestiones conciliatorias.

Artículo 81. — Resolución de excepciones — Para la resolución de las excepciones sujetas a producción de pruebas regirán las siguientes reglas:

Artículo 82. — Prueba instrumental — Las partes deberán reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos agregados que se les atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas que se les hubieren dirigido, cuyas copias se acompañen. El incumplimiento de esta norma determinará que se tengan por reconocidos o recibidos tales documentos.

El reconocimiento o la negativa deberán formularse en los siguientes plazos: