LegalizeSIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACION
SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN
Ley 27444
Disposiciones.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y DESBUROCRATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN
CAPÍTULO I
Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor - Mipymes
Artículo 1°- Sustitúyese el artículo 15 de la ley 27.349, por el siguiente:
Artículo 15: Objeto. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor (FONDCE) y los fideicomisos que en el marco del mismo se
establezcan tendrán por objeto financiar emprendimientos e
instituciones de capital emprendedor registrados como tales.
El Fondo podrá también otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y
medianas empresas, tal como se las define en el artículo 1º de la ley
25.300 y su modificatoria, y sus normas reglamentarias y
complementarias, sin que ello implique derogación alguna de otros
regímenes de promoción o beneficios para pymes que pudieran existir.
Todo ello, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 2°- Sustitúyese el artículo 17 de la ley 27.349, por el siguiente:
Artículo 17: Instrumentos de aplicación de los recursos del Fondo. Los bienes del Fondo se destinarán a:
Otorgamiento de préstamos: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Capital Emprendedor otorgará créditos y/o asistencia financiera a
emprendimientos, instituciones de capital emprendedor y a micro,
pequeñas y medianas empresas.
Las condiciones financieras podrán diferir dependiendo del destino de los fondos y de las características de los destinatarios;
Aportes no reembolsables (ANR): para emprendimientos, micro,
pequeñas y medianas empresas, instituciones de capital emprendedor, e
instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de
empresas, siempre que exista una contrapartida de aportes del
beneficiario del ANR, en los términos que establezca la reglamentación.
La reglamentación deberá contemplar que los ANR para emprendimientos y
las instituciones de capital emprendedor tendrán un tope máximo de
hasta el setenta por ciento (70 %) del aporte total, mientras que para
las instituciones que ofrezcan servicios de incubación, el monto de ANR
podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) dependiendo del tipo de
proyecto y la ubicación geográfica.
En aquellos casos en los que, por las características del proyecto, no
sea viable instrumentar un préstamo, el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de Capital Emprendedor podrá otorgar fondos sin requisito de
devolución. La evaluación del proyecto deberá hacer especial hincapié
en los elementos considerados al momento de corroborar que el
destinatario disponga de las capacidades técnicas para llevar adelante
el proyecto. La totalidad de los aportes no reembolsables (ANR) que se
otorguen no podrán superar el treinta por ciento (30 %) del total de
los fondos administrados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Capital Emprendedor;
Aportes de capital: el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
Capital Emprendedor podrá efectuar de forma directa o indirecta,
aportes de capital en emprendimientos y en instituciones de capital
emprendedor, así como en micro, pequeñas y medianas empresas;
Otros instrumentos de financiamiento: podrán emplearse otros
instrumentos de financiamiento a determinar por la autoridad de
aplicación, siempre y cuando permitan financiar proyectos con los
destinos previstos en la presente ley. En particular, podrá otorgar
asistencia financiera a emprendedores en el marco del programa “Fondo
semilla” que se crea por medio de esta ley, en las convocatorias que
realice la autoridad de aplicación de dicho programa. En este caso, el
consejo asesor previsto en el artículo 63 de la presente, sustituirá al
previsto en el inciso 6 del artículo 19 de la presente.
Art. 3°- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 27.349, por el siguiente:
Artículo 18: Contrato de fideicomiso. Suscripción. Sujetos. El contrato
de fideicomiso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor será suscripto entre el Ministerio de Producción o quien
éste designe, como fiduciante, y la entidad pública, entidad bancaria
pública o sociedad controlada por cualquiera de éstas que designe la
autoridad de aplicación en la reglamentación, como fiduciario.
Los beneficiarios del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor serán emprendimientos, emprendedores e instituciones de
capital emprendedor registradas como tales, y micro, pequeñas y
medianas empresas.
Art. 4°- Sustitúyese el punto 4 del artículo 19 de la ley 27.349, por el siguiente:
El comité directivo designará un consejo asesor ad hoc para cada
programa del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor
que implique transferencia de fondos. El consejo asesor ad hoc estará
integrado por expertos nacionales e internacionales referentes del
sector, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 5°- Sustitúyese el inciso c) del artículo 27 de la ley 24.467, por el siguiente:
Emitir certificados de acreditación de la condición de micro,
pequeña o mediana empresa, a pedido de la empresa, de autoridades
nacionales, provinciales y municipales.
Con el objeto de simplificar la operación y desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas, la autoridad de aplicación tendrá las
facultades de modificar y ampliar las finalidades del Registro de
Empresas Mipymes, como así también de articular acciones con cualquier
otro organismo o autoridad, tanto nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como municipal, que resulten pertinentes para
dar cumplimiento con las finalidades del registro.
Los citados organismos y autoridades deberán brindar al registro la
información y documentación que la autoridad de aplicación le requiera,
garantizando la seguridad en el tratamiento de dicha información.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá la facultad de establecer
las condiciones y limitaciones en que la información y documentación
incluidas en el Registro de Empresas Mipymes, podrá ser consultada y
utilizada por los organismos del sector público nacional, comprendidos
en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, como así también
instituciones privadas, entre otros, garantizando la seguridad en el
tratamiento de dicha información.
Art. 6°- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 2°: Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las
características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas
y medianas empresas, pudiendo contemplar, cuando así se justificare,
las especificidades propias de los distintos sectores y regiones del
país y con base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de
las mismas o sus equivalentes, personal ocupado, valor de las ventas y
valor de los activos aplicados al proceso productivo, ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83 de la presente ley.
La autoridad de aplicación revisará anualmente la definición de micro,
pequeña y mediana empresa a fin de actualizar los parámetros y
especificidades contempladas en la definición adoptada.
La autoridad de aplicación establecerá las limitaciones aplicables a
las empresas que controlen, estén controladas y/o se encuentren
vinculadas a otra/s o grupo/s económicos nacionales o extranjeros, para
ser micro, pequeñas y medianas empresas.
Los beneficios vigentes para las micro, pequeñas y medianas empresas
serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente
por ellas.
Los organismos detallados en el artículo 8° de la ley 24.156 tendrán
por acreditada la condición de micro, pequeña y mediana empresa con la
constancia que, de corresponder, emitirá la autoridad de aplicación por
los medios que a esos efectos establezca.
Art. 7°- Sustitúyese el artículo 1° de la ley 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:
Artículo 1°: A los fines del presente régimen y de unificar criterios
entre el régimen general instituido por la ley 24.467 y la presente
ley, como así también contar con una única definición de micro, pequeña
y mediana empresa, estese a la definición establecida en el artículo 2°
de la ley 24.467.
CAPÍTULO II
Fondo de Garantía Argentino
Art. 8°- Sustitúyese la denominación del Fondo de Garantías para la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme), creado por la ley 25.300,
por Fondo de Garantías Argentino (FoGAr).
Art. 9°- Sustitúyese el artículo 8º de la ley 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:
Artículo 8°: Creación y objeto. Créase el Fondo de Garantías Argentino
(FoGAr) que podrá operar en todo el territorio de la República
Argentina conforme las normas reglamentarias que en su consecuencia
dicte el Poder Ejecutivo nacional o la autoridad de aplicación en el
marco de las competencias que se le deleguen.
El objeto del FoGAr es otorgar garantías en respaldo de las que emitan
las sociedades de garantía recíproca, y ofrecer garantías directas e
indirectas, a fin de mejorar las condiciones de acceso al crédito de
las personas que desarrollen actividades económicas y/o productivas en
el país, a:
Las entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina;
Las entidades no financieras que desarrollen herramientas de financiamiento;
Inversores de instrumentos emitidos bajo el régimen de oferta
pública en bolsas de comercio y/o mercados de valores debidamente
autorizados por la Comisión Nacional de Valores.
Asimismo, podrá otorgar garantías en respaldo de las que emitan los
fondos nacionales, provinciales, regionales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires constituidos por los gobiernos respectivos, cualquiera sea
la forma jurídica que los mismos adopten, siempre que cumplan con los
requisitos técnicos que establezca la autoridad de aplicación.
El otorgamiento de garantías por parte del FoGAr será a título oneroso.
Art. 10.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:
Artículo 10: Recursos del Fondo. El FoGAr contará con un patrimonio que estará constituido por los bienes fideicomitidos.
Dichos bienes son los siguientes:
Los aportes efectuados a favor del Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme);
Los recursos que le asigne el Estado nacional;
El recupero de las garantías honradas;
Los dividendos o utilidades percibidas por la titularidad de acciones o los ingresos provenientes de su venta;
Los ingresos generados por el financiamiento de otros instrumentos financieros;
El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos;
Los ingresos obtenidos por emisión de valores representativos de
deuda que emita el fiduciario en los términos establecidos en el
contrato y/o prospecto respectivo;
Los aportes solidarios destinados al FoGAr de acuerdo a regímenes específicos que los establezcan;
Otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinados al FoGAr.
Podrán además incrementar dicho fondo los aportes de organismos
internacionales, entidades públicas y privadas nacionales o
extranjeras, gobiernos provinciales o municipales, en la medida en que
adhieran a los términos del fideicomiso instituido por el artículo 9°
de la presente ley.
En el marco del FoGAr podrán constituirse fondos de afectación
específica destinados a garantizar el otorgamiento de garantías a
empresas de determinada jurisdicción, sector económico, tamaño u otros
parámetros que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 11.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:
Artículo 11: Comité de administración. La administración del patrimonio
fiduciario del FoGAr y la aprobación de los criterios de elegibilidad
de las operaciones a avalar estará a cargo de un comité de
administración compuesto por tantos miembros como se establezca en la
reglamentación, los cuales serán designados por la autoridad de
aplicación, y cuya presidencia estará a cargo del señor ministro de
Producción o del representante que éste designe y la vicepresidencia a
cargo del señor secretario de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa, o quien este designe.
Art. 12.- Sustitúyese el artículo 13 de la ley 25.300 y su modificatoria, por el siguiente:
Artículo 13: Fiduciario. El fiduciario del FoGAr será Nación
Fideicomiso S.A. o el Banco de Inversión y Comercio Exterior o
cualquier organismo que en el futuro los reemplace. El fiduciario
designado deberá prestar todos los servicios de soporte administrativo
y de gestión que el Comité de Administración le requiera para el
cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO III
Sociedades de Garantía Recíproca
Art. 13.- Sustitúyese el artículo 33 de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 33: Objeto. El objeto social principal de las sociedades de
garantía recíproca será el otorgamiento de garantías a sus socios
partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la
presente ley.
Además, podrán otorgar garantías a terceros.
Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a
sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal
fin.
Art. 14.- Sustitúyese el artículo 34 de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 34: Límite operativo. Las Sociedades de Garantías Recíprocas
(SGR) no podrán asignar a un mismo socio partícipe, o a terceros,
garantías superiores al cinco por ciento (5%) del valor total del fondo
de riesgo de cada SGR.
Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más
del veinticinco por ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo.
En la condición de acreedor deberán incluirse las empresas controladas,
vinculadas y las personas humanas y/o jurídicas que integren el mismo
grupo económico de acuerdo con los criterios que establezca la
reglamentación.
Quedan excluidas del límite operativo las garantías correspondientes a
créditos otorgados por entidades bancarias y las garantías otorgadas a
organismos públicos centralizados o descentralizados dependientes de
los gobiernos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que no desarrollen actividades comerciales,
industriales o financieras.
La autoridad de aplicación podrá autorizar mayores límites operativos
con carácter general en virtud del desarrollo del sistema. Asimismo,
podrá exceptuar de los límites operativos a casos particulares, con
carácter excepcional y por decisión fundada, siempre que se presenten
algunas de las siguientes circunstancias:
Respecto del límite aplicable a los acreedores: cuando los mismos
resulten organismos públicos estatales, centralizados y
descentralizados nacionales, provinciales o municipales que desarrollen
actividades comerciales, industriales y financieras, entidades
financieras reguladas por el Banco Central de la República Argentina
y/o agencias internacionales de crédito.
En estos casos deberá acreditarse que las condiciones de
financiamiento, en el costo y/o en el plazo, representan un beneficio
real para las Mipymes;
Respecto del límite aplicable al socio partícipe: cuando la Sociedad
de Garantía Recíproca tenga garantías vigentes como mínimo al treinta
por ciento (30%) de sus socios partícipes, podrá autorizarse una
garantía de hasta un quince por ciento (15%) del valor total del fondo
de riesgo por cada sociedad de garantía recíproca siempre que dicho
monto no supere las ventas del último semestre calendario del
solicitante.
Art. 15.- Sustitúyese el artículo 71 de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 71: De la contragarantía. Las Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR) deberán requerir contragarantías por parte de los socios
partícipes y de los terceros en respaldo de los contratos de garantías
con ellos celebrados.
El tomador del contrato de garantía recíproca deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo de su operación.
La SGR podrá exceptuar del requisito de contragarantías a tipos
determinados de operaciones con carácter general, así como a
operaciones particulares.
Art. 16.- Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 72: Formas de contrato. El contrato de garantía recíproca es
consensual. Se celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento
público o privado.
Art. 17.- Sustitúyese el artículo 81 de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 81: La autoridad de aplicación correspondiente al presente
título será la que designe el Poder Ejecutivo nacional, que también
dictará las normas reglamentarias que fueran necesarias para su
cumplimento y para la fiscalización y supervisión de las Sociedades de
Garantía Recíproca (SGR) con excepción de lo dispuesto en el artículo
80.
La autoridad de aplicación del Sistema de Sociedades de Garantía Recíproca tendrá, entre otras atribuciones, las siguientes:
Definir los criterios de inversión que deberán observar las
Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) pudiendo establecer inversiones
obligatorias, de hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de los
fondos de riesgo de cada sociedad, en fondos de garantía públicos que
tengan entre sus objetivos el re-afianzamiento de las obligaciones por
ellas contraídas;
Establecer un aporte solidario a uno o más Fondos de Garantías
Públicos, de hasta un monto equivalente al cinco por ciento (5%) de los
nuevos aportes o reimposiciones que se realicen al fondo de riesgo de
una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Con el objetivo de otorgar
estabilidad al sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), la
autoridad de aplicación sólo podrá fijar dicho aporte a favor de Fondos
de Garantías Públicos que tengan entre sus objetivos el reafianzamiento
de las obligaciones contraídas por las Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR) y que se encuentren autorizados por la autoridad de aplicación
para recibir dichos aportes;
Suscribir convenios con Fondos de Garantías Privados a fin de que
los mismos se encuentren alcanzados por el régimen de supervisión y
control del sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR);
Aumentar, hasta un máximo de cuatro (4) años el período de
permanencia mínimo requerido para que resulte procedente la deducción
prevista en el artículo 79 de esta ley. Esto será aplicable a los
aportes y reimposiciones efectuados desde la fecha de entrada en
vigencia de la presente medida;
Elevar el grado de utilización del fondo de riesgo promedio mínimo
requerido durante el período de permanencia para que resulte procedente
la deducción prevista en el artículo 79, hasta un porcentaje del
cuatrocientos por ciento (400%).
Los fondos de garantías públicos nacionales, regionales y/o
provinciales podrán constituir fondos de afectación específica en los
términos del artículo 46 de la presente, conforme establezca su
reglamentación.
CAPÍTULO IV
Sociedades
Art. 18.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 8°: Registro Nacional de Sociedades por Acciones. La
organización y funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por
Acciones estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o
del organismo que éste indique al efecto, para lo cual se utilizarán
los sistemas informáticos desarrollados y provistos por el Ministerio
de Modernización o, en su caso, por quien el Poder Ejecutivo nacional
determine.
Art. 19.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 34: Prohibición. Queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o presta nombre y la del socio oculto.
Art. 20.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Responsabilidades. La infracción de lo establecido en el
artículo anterior, hará al socio aparente o prestanombre y al socio
oculto, responsables en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de
conformidad con lo establecido por el artículo 125 de esta ley.
Art. 21.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley General de Sociedades 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 61: Podrá prescindirse del cumplimiento de las formalidades
impuestas por los artículos 73, 162, 213, 238 y 290 de la presente ley,
como así también de las impuestas por los artículos 320 y subsiguientes
del Código Civil y Comercial de la Nación para llevar los libros
societarios y contables por Registros Digitales mediante medios
digitales de igual manera y forma que los registros digitales de las
Sociedades por Acciones Simplificadas instituidos por la ley 27.349.
El libro diario podrá ser llevado con asientos globales que no comprendan períodos mayores de un (1) mes.
El sistema de contabilización debe permitir la individualización de las
operaciones, las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su
posterior verificación, con arreglo al artículo 321 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
La Comisión Nacional de Valores dictará la normativa a ser aplicada a las sociedades sujetas a su contralor.
Para el caso que se disponga la individualización, a través de medios
digitales, de la contabilidad y de los actos societarios
correspondientes, los registros públicos deberán implementar un sistema
al sólo efecto de comprobar el cumplimiento del tracto registral, en
las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Art. 22.- Deróganse los incisos d), e) y f) del artículo 4° de la ley 22.315.
Art. 23.- Sustitúyese el artículo 1° de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 1°: El Registro Nacional de Sociedades por Acciones, el
Registro Nacional de Sociedades Extranjeras, el Registro Nacional de
Asociaciones Civiles y de Fundaciones y el Registro Nacional de
Sociedades No Accionarias se regirán por las disposiciones de la
presente ley.
Art. 24.- Sustitúyese el artículo 2° de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 2°: La organización y el funcionamiento de los registros
nacionales indicados en el artículo anterior, como así también el
previsto por el artículo 295 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522 y
sus modificatorias, estarán a cargo del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos o del organismo que éste indique al efecto, por medio
de sistemas informáticos desarrollados y provistos por el Ministerio de
Modernización o, en su caso, por quien el Poder Ejecutivo nacional
determine.
Art. 25.- Sustitúyese el artículo 3° de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 3°: Los registros nacionales serán de consulta pública por
medios informáticos, sin necesidad de acreditar interés, mediante el
pago de un arancel cuyo monto y condiciones de percepción serán
determinados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que
podrá celebrar convenios especiales al efecto.
Los fondos así recaudados ingresarán a la Cuenta Única del Tesoro de la
Nación para ser aplicados, en la medida de lo necesario, a solventar
los gastos de mantenimiento de los registros nacionales y de los
organismos competentes en la materia, a cuyas respectivas
jurisdicciones se transferirán los fondos afectados a dicha finalidad,
conforme se establezca en la reglamentación.
Estarán exentas del mencionado arancel la administración pública
nacional, provincial, municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los organismos a que se refiere el artículo 4°, serán los únicos
autorizados para expedir certificaciones relacionadas con datos de las
entidades inscritas en los mismos.
Art. 26.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 4°: Las dependencias administrativas y autoridades judiciales
de las distintas jurisdicciones que, conforme a la legislación local,
tengan asignadas las funciones del registro público para la inscripción
de la constitución y modificación de sociedades locales y extranjeras y
las funciones para autorizar la actuación como personas jurídicas de
carácter privado de las asociaciones civiles y fundaciones locales y
extranjeras, remitirán por medios informáticos al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos o al organismo que éste indique al efecto,
los datos que correspondan a entidades que inscriban, modifiquen o
autoricen a partir de la fecha que determine la reglamentación o, en su
caso, los convenios de cooperación previstos en el segundo párrafo del
artículo 5° de esta ley.
Al efecto, deberán utilizar los sistemas informáticos referidos en los
artículos 2° y 5°, al igual que para el cumplimiento de lo establecido
en los artículos 6°, 7° y 8°, remitiendo los datos y las registraciones
efectuadas, debidamente digitalizados en los plazos y las formas que
determine la reglamentación o, en su caso, los convenios de cooperación
previstos en el segundo párrafo del artículo 5° de esta ley.
A los fines de la presente ley, se incluirán entre las modificaciones
las que indiquen cambios en la integración de los órganos de
administración, representación y fiscalización de las personas
jurídicas; las transmisiones de participaciones sociales sujetas a
inscripción en el registro público; el acto de presentación de estados
contables; los procedimientos de reorganización, disolución y
liquidación de sociedades y entidades y las declaraciones juradas de
beneficiarios finales de las mismas.
Art. 27.- Sustitúyese el artículo 5° de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 5°: A los fines del cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente, las provincias efectuarán las adhesiones
correspondientes y suscribirán los convenios con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos en el ámbito de sus competencias, que
incluirán, entre otras cuestiones, el derecho de las jurisdicciones a
tener acceso recíproco a los registros nacionales.
Para el cumplimiento de la remisión de datos dispuesta en el artículo
anterior, el Ministerio de Modernización o, en su caso, quien el Poder
Ejecutivo nacional determine, pondrá a disposición de las distintas
jurisdicciones, los sistemas o plataformas informáticas necesarios que
aquéllas deberán adoptar al efecto de la presente. Asimismo, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-por sí o interactuando con
otros organismos del Estado nacional-, asistirá a las distintas
jurisdicciones con los alcances que se acuerden en los convenios de
cooperación que se celebren con este objetivo.
Art. 28.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 7°: En los supuestos de las modificaciones indicadas en el
artículo 4° de la presente ley, las autoridades competentes de las
respectivas jurisdicciones provinciales deberán requerir a las
entidades la actualización de los datos determinados en el referido
artículo.
Art. 29.- Sustitúyese el artículo 8° de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 8°: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberán organizar y ejecutar las medidas necesarias para la
incorporación a los registros nacionales de los datos de las sociedades
y entidades preexistentes.
A los efectos del ingreso de la información en los registros
nacionales, se comenzará por las sociedades y entidades de menor
antigüedad, computándose desde la fecha de inscripción registral o
autorización originarias de las entidades, respectivamente.
La primera etapa abarcará sociedades y entidades de antigüedad máxima
de cinco (5) años y deberá ser completada en el plazo máximo que
establezcan los convenios de cooperación previstos en el artículo 5° de
la presente ley. Cumplida dicha etapa, se ingresará también la
información de sociedades y de entidades cuya antigüedad comprenda los
cinco (5) años precedentes, ello en un plazo que no podrá exceder de
los dos (2) años contados desde la conclusión de la etapa anterior.
Art. 30.- Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 9°: Las distintas jurisdicciones deberán remitir a los
registros nacionales indicados en el artículo 1° la totalidad de los
datos incluidos en los respectivos instrumentos públicos o privados,
comprendidas modificaciones o rectificaciones posteriores, en relación
con los cuales se hayan dispuesto la inscripción, conformidad
administrativa o autorización correspondiente.
Art. 31.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 10: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Podrá dictar las normas que correspondan y solicitar a las autoridades
judiciales y administrativas de las distintas jurisdicciones toda la
información que considere necesaria para el cumplimiento de la misma,
en tanto no vulneren el principio contenido en el artículo 121 de la
Constitución Nacional.
Asimismo y respecto a las entidades cuya inscripción, autorización o
modificación posteriores a la vigencia de esta ley corresponda a su
competencia, deberá adecuar y mantener su propia base de datos en
formato digital. También dictará, con sujeción a la legislación de
fondo, las normas pertinentes en orden a determinar los datos a ser
incluidos en los registros nacionales indicados en el artículo 1° de la
presente ley, así como las referidas a los procedimientos operativos
que considere necesarios o adecuados para la conformación de los mismos.
Art. 32.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 26.047, por el siguiente:
Artículo 11: Créase un comité técnico consultivo que estará integrado
por un (1) representante designado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y por dos (2) representantes de dos (2)
jurisdicciones, quienes serán designados por el Consejo Federal de
Inversiones.
El Comité tendrá a su cargo la elaboración de propuestas y sugerencias
técnicas tendientes a obtener una mejora permanente del funcionamiento
de los registros nacionales a que se refiere el artículo 1° de la
presente ley.
Art. 33.- Derógase el artículo 13 de la ley 26.047.
Art. 34.- Sustitúyese el inciso 4 del artículo 36 de la ley 27.349, por el siguiente:
La designación de su objeto, el que podrá ser amplio y plural. Las
actividades que lo constituyan podrán guardar o no conexidad o relación
entre ellas.
Art. 35.- Sustitúyese el artículo 38 de la ley 27.349, por el siguiente:
Artículo 38: Inscripción registral. La documentación correspondiente
deberá presentarse ante el registro público, quien previo cumplimiento
de los requisitos formales y de las normas reglamentarias de
aplicación, procederá a su inscripción. La inscripción será realizada
dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado desde el día hábil
siguiente al de la presentación de la documentación pertinente, siempre
que el solicitante utilice el modelo tipo de instrumento constitutivo
aprobado por el registro público.
Los registros públicos deberán dictar e implementar las normas
reglamentarias a tales efectos, previéndose el uso de medios digitales
con firma digital y establecer un procedimiento de notificación
electrónica y resolución de las observaciones que se realicen a la
documentación presentada. Igual criterio se aplicará respecto a las
reformas del instrumento constitutivo.
Art. 36.- Sustitúyese el artículo 39 de la ley 27.349, por el siguiente:
Artículo 39: Limitaciones. Para constituir y mantener su carácter de SAS, la sociedad:
No deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos en
los incisos 3, 4 y 5 del artículo 299 de la Ley General de Sociedades
19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.
No podrá ser controlada por ni participar en más del treinta por
ciento (30%) del capital de sociedades comprendidas en los supuestos
mencionados en el inciso 1 precedente.
En caso de que la SAS resultara encuadrada en alguno de los supuestos
previstos en los incisos 1 o 2 precedentes, deberá transformarse en
alguno de los tipos regulares previstos en la Ley General de Sociedades
19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias e inscribir la transformación
en el registro público correspondiente, en un plazo no mayor a los seis
(6) meses de configurado el supuesto. En caso de que la configuración
del supuesto no resulte de un hecho o acto propio de la SAS, el plazo
se computará desde que tomó conocimiento del mismo. La transformación
no será obligatoria si antes de ese plazo la SAS deja de estar
encuadrada en alguno de dichos supuestos. Vencido el plazo indicado sin
que se hubiera producido la inscripción de la transformación en el
registro público correspondiente, los socios responderán frente a
terceros en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria.
CAPÍTULO V
Fondo Fiduciario de Capital Social
Art. 37.- Ratifícase, en todos los términos y condiciones, el “Texto
ordenado del Contrato de Fideicomiso suscripto entre el Estado nacional
y FONCAP Sociedad Anónima (decreto 675/97)” que obra como Anexo II a la
resolución 35 de fecha 21 de abril de 2015 de la entonces Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo del ex Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, en todas aquellas cuestiones que no sean
objeto de expresa modificación en la presente medida.
Art. 38.- Sustitúyese el inciso m) del artículo 1° del Anexo II del
“Texto ordenado del Contrato de Fideicomiso suscripto entre el Estado
nacional y FONCAP Sociedad Anónima (decreto 675/97)” de la resolución
35/15 de la entonces Secretaría de Política Económica y Planificación
del Desarrollo, ratificado en el artículo precedente, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Renta anual: Se trata de los ingresos que el fiduciario percibe, en
concepto de: ‘ingresos operativos’ (aquellos ingresos que provienen de
intereses que se obtienen por los préstamos otorgados), ‘ingresos
extraordinarios’ (aquellos ingresos que provienen de la Tesorería
General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda, y de
organizaciones tales como el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y cualquier empresa
pública o privada, y/o sociedad en las que el Estado nacional, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios tengan
participación), ‘otros ingresos’ (aquellos ingresos asignados para
cursos de capacitación, manuales, y derivados de contratos de
préstamo), ‘resultados financieros y por tenencia’ (aquellos ingresos
que surgen de diferencias de cotización, rentas obtenidas por títulos
públicos, plazos fijos, inversiones transitorias, entre otras).
Art. 39.- Facúltase a la Secretaría de Servicios Financieros del
Ministerio de Finanzas a aprobar un nuevo texto ordenado del Contrato
de Fideicomiso referido en los artículos precedentes y a celebrar todos
los actos jurídicos que fueren necesarios a este fin.
CAPÍTULO VI
Industria
Art. 40.- Derógase el artículo 3° de la ley 21.932.
Art. 41.- Deróganse la ley 19.971 de creación del Registro Industrial
de la Nación y sus normas modificatorias y complementarias.
CAPÍTULO VII
Obras de arte
Art. 42.- Sustitúyese el artículo 1° de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 1°: Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la
importación y/o exportación de las siguientes obras de arte de artistas
argentinos o extranjeros, hechas a mano con o sin auxilio de
instrumentos de realización o aplicación, incluyendo aerógrafos:
Pinturas realizadas sobre telas, lienzos, cartón, papel o cualquier
otra clase de soportes con aplicaciones al óleo, acrílicos, pastel,
lápiz, sanguínea, carbón, tinta, acuarela, témpera, por cualquier
procedimiento técnico, sin limitación en cuanto a la creación artística.
Collage y asamblage. Cuadros matéricos con aplicación de pintura o
no; cuadros que introducen objetos en su estructura proporcionando un
efecto de relieve; combinación de cuadro pintado y montaje de
materiales; obras que resulten exclusivamente de pegar y montar
diversos objetos sobre cajas y/o placas o chapas.
Esculturas: las piezas de bulto o en relieve ejecutadas en piedra,
metales, madera, yeso, terracota, arcilla, fibrocemento, materias
plásticas u otros materiales.
Grabados, estampas y litografías originales. Las impresiones en
aguafuerte, punta seca, buriles, xilografías, litografías y demás
planchas grabadas por cualquiera de los procedimientos empleados en ese
arte; las pruebas obtenidas directamente en negro o en color en una o
varias planchas con exclusión de cualquier procedimiento mecánico o
fotomecánico, serigrafías artesanales.
Cerámicas: las obras que se realizan por acción del fuego sobre
cualquier clase de material, ya sean creaciones unitarias o en serie,
siempre que esta última constituya una línea de reproducción hecha a
mano por el artista.
Arte textil que comprende técnicas tejidas y no tejidas (papel hecho
a mano y fieltro), con exclusión de cualquier procedimiento mecánico o
industrial hechos en serie y que además no constituyan una línea de
reproducción hecha a mano por el artista ni que constituyan una
artesanía.
En todos los casos, la autoridad de aplicación será quien defina el
encuadre de un bien como obra de arte incluida en las categorías
previamente mencionadas.
Art. 43.- Sustitúyese el artículo 5° de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 5°: En ningún caso los derechos de importación que se
establezcan para las posiciones arancelarias que se detallan a
continuación podrán superar los niveles del arancel externo y común
vigente en el Mercosur para el comercio extrazona. Las posiciones son
las siguientes: 9701, 9701.10.00, 9701.90.00, 9702.00.00 y 9703.00.00.
Art. 44.- Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 6°: Los beneficios indicados en los artículos 3º y 4º se
extenderán a todos los poseedores o tenedores de buena fe de obras de
artistas argentinos o extranjeros vivos o fallecidos durante el término
de cincuenta (50) años a contar desde la fecha de deceso del autor.
Art. 45.- Sustitúyese el artículo 8° de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 8°: La importación o la exportación temporaria de obras de
arte de artistas vivos o fallecidos, argentinos o extranjeros, no
estarán sujetas al régimen de garantía establecido por el Título III de
la ley 22.415 para las destinaciones aduaneras suspensivas.
Art. 46.- Sustitúyese el artículo 9° de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 9°: Tanto las exportaciones como las importaciones destinadas
a ser exhibidas en galerías, museos, organismos públicos, entidades
privadas, etcétera, podrán recibir el auspicio y/o el apoyo de la
autoridad de aplicación.
Art. 47.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 10: Toda exportación efectuada en los términos del artículo 13
de la presente ley y toda importación de obras de arte de artistas
fallecidos, sean argentinos o extranjeros, efectuada bajo el régimen
aduanero de destinación suspensiva que se convierte en definitiva,
conforme lo autoriza esta ley, debe ser informada a la autoridad de
aplicación en el plazo y forma que la reglamentación indique.
Art. 48.- Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 11: La declaración de la salida y el ingreso de obras de arte
previsto en el inciso 1) del artículo 13 de la presente ley, tramitará
bajo modalidad simplificada pudiendo realizarse en calidad de equipaje
acompañado, equipaje no acompañado y encomienda.
La reglamentación de la presente ley establecerá la cantidad de obras
de arte que podrán ser exportadas bajo el régimen de equipaje
acompañado por viaje y por persona.
Art. 49.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 12: Actuará como autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Cultura, asistido por un consejo consultivo honorario, el
que tendrá encomendado asistir y asesorar a la autoridad de aplicación
a su requerimiento.
El mismo estará integrado por un representante de:
La Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería;
El Archivo General de la Nación;
La Academia Nacional de Bellas Artes;
El Museo Nacional de Bellas Artes;
El Fondo Nacional de las Artes;
La Dirección General de Aduanas.
La autoridad de aplicación podrá invitar a participar del consejo
consultivo a representantes de otros organismos o entidades públicas o
privadas.
Art. 50.- Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 13: La exportación de obras de arte se llevará a cabo según el
procedimiento que fije la reglamentación de la presente ley, teniendo
en cuenta lo siguiente:
Para obras de arte de artistas argentinos o extranjeros vivos o
fallecidos hasta cincuenta (50) años, a contar desde la fecha de deceso
del autor, se requerirá como único requisito un aviso de exportación,
el que deberá ser efectuado ante la autoridad de aplicación y que podrá
ser requerido por la autoridad aduanera en ocasión de la salida del
país de la obra de arte sin más trámite.
Para obras de arte de artistas desconocidos, anónimos, o argentinos
o extranjeros fallecidos hace más de cincuenta (50) años contados desde
la fecha de presentación de la solicitud de exportación se deberá
requerir la licencia de exportación ante la autoridad de aplicación,
que solo podrá ser denegada en caso de ejercicio de la opción de compra
por parte del Estado nacional o de terceros residentes argentinos,
según lo establezca la reglamentación de la presente ley.
El aviso de exportación y la licencia de exportación tendrán un plazo
de validez de un año contado a partir de su emisión, pudiéndose generar
un nuevo aviso de exportación o requerir la emisión de una nueva
licencia de exportación en caso de su vencimiento.
Art. 51.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.633, por el siguiente:
Artículo 14: La valorización de la obra será en todos los casos la
valuación de la obra que el solicitante hubiere efectuado y comunicado
como declaración jurada.
CAPÍTULO VIII
Promoción del trabajo
Art. 52.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 8° de la ley 26.940, por el siguiente:
En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o
jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la
sanción, el infractor permanecerá en el registro por el plazo de
treinta (30) días corridos contados desde la fecha de pago de la multa.
Art. 53.- Incorpórase como artículo 8° bis de la ley 26.940, el siguiente texto:
Artículo 8° bis: Los organismos competentes para la anotación en el
REPSAL de las sanciones enumeradas en el artículo 2°, contarán con un
plazo máximo de treinta (30) días corridos desde que la sanción quede
firme, para la efectivización de la inscripción. Vencido dicho plazo,
automáticamente comenzará a correr el plazo de permanencia en el REPSAL
-cualquiera sea el supuesto de los previstos en el articulado de la
presente-, e independientemente se hubiera incluido o no la sanción
firme en el registro por las autoridades responsables.
Art. 54.- Sustitúyese el artículo 9° de la ley 26.940, por el siguiente:
Artículo 9°: En todos aquellos supuestos en que el empleador regularice
su inscripción o la relación de trabajo -en caso de corresponder-, y
pague las multas y sus accesorios, será incluido en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que
haya pagado la multa y/o regularizado, y treinta (30) días corridos más
a contar desde la última obligación de las mencionadas que se
encontrare cumplimentada, en los supuestos que hubieran sido
sancionados por:
Violación a lo establecido en los apartados a) o b) del inciso 1 del artículo 15 de la ley 17.250.
Falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores
mediante una relación o contrato de trabajo no registrado o
deficientemente registrado, respectivamente, e incumplimiento de las
obligaciones contenidas en el artículo agregado sin número a
continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus
modificaciones.
Violación a lo establecido por el artículo 15 de la ley 25.191 y su modificatoria.
Obstrucción a la labor de la inspección del trabajo prevista en el
artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, impuestas por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Incumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley 24.013 y
las sanciones hubieran sido impuestas por las autoridades provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 55.- Derógase el artículo 10 de la ley 26.940.
CAPÍTULO IX
Sistema Métrico Legal
Art. 56.- Sustitúyese el artículo 1° de la ley 19.511, por el siguiente:
Artículo 1°: El Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) estará
constituido por las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y
símbolos del Sistema Internacional de Unidades de Medida (S I) aprobado
por la Convención del Metro del 20 de mayo de 1875, y por las unidades,
múltiplos, submúltiplos y símbolos ajenos al Sistema Internacional de
Unidades de Medida, conforme se describe en el Anexo incorporado a esta
ley.
Art. 57.- Sustitúyese el artículo 7° de la ley 19.511, por el siguiente:
Artículo 7°: Facúltase a la Secretaría de Comercio del Ministerio de
Producción para dictar la reglamentación de especificaciones y
tolerancias para instrumentos de medición.
Art. 58.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 19.511, por el siguiente:
Artículo 12: La Secretaría de Comercio fijará para todo el país la periodicidad del contraste de los instrumentos de medición.
Art. 59.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 19.511, por el siguiente:
Artículo 18: Los fabricantes, importadores, vendedores, reparadores,
instaladores y usuarios de instrumentos de medición están obligados a
inscribirse como tales en el Registro Único del Ministerio de
Producción (RUMP), en la forma y condiciones que serán fijados por la
reglamentación.
Art. 60.- Sustitúyese el artículo 33 de la ley 19.511, por el siguiente:
Artículo 33: El incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone
será reprimido con multa equivalente entre un (1) y cuatro mil (4.000)
salarios mínimos, vitales y móviles establecido por el Consejo Nacional
del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, o el
índice que en lo sucesivo pudiera reemplazarlo.
Art. 61.- Sustitúyese el artículo 38 de la ley 19.511, por el siguiente:
Artículo 38: En todo el territorio nacional, las infracciones a esta
ley serán sancionadas por la Secretaría de Comercio o por los
funcionarios que ésta designe, previo sumario a los presuntos
infractores con audiencia de prueba y defensa y con apelación ante las
respectivas Cámaras Federales de Apelaciones, y en esta Capital Federal
ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. El recurso deberá
interponerse con expresión concreta de agravios dentro de los diez (10)
días hábiles de notificada la resolución administrativa, ante la misma
autoridad que impuso la sanción. En todos los casos, para interponer el
recurso directo contra una resolución administrativa que imponga
sanción de multa, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la
autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con
el escrito del recurso, sin cuyo requisito el mismo será desestimado,
salvo que efectuar el depósito pudiese ocasionar un perjuicio
irreparable al recurrente. En tales supuestos, el mencionado recurrente
deberá acreditar el perjuicio en el trámite de las actuaciones,
ofreciendo las medidas de prueba de las que intente valerse.
En los casos de imposición de multa, los infractores podrán cumplir con
la sanción impuesta mediante el pago del cincuenta por ciento (50%) de
la suma fijada dentro de los diez (10) días hábiles de notificado el
acto administrativo, salvo que contra él interpongan el recurso directo
previsto en el presente artículo.
La Secretaría de Comercio podrá delegar la facultad de sancionar
infracciones en los gobiernos locales que hayan organizado su servicio
de metrología legal conforme a las prescripciones de la presente ley,
fijando en cada caso la amplitud de la delegación. En tales casos el
gobierno local reglamentará las normas de procedimiento.
Art. 62.- Derógase el artículo 42 de la ley 19.511.
CAPÍTULO X
Marcas y Patentes
Art. 63.- Sustitúyese el artículo 10 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 10: Quien desee obtener el registro de una marca, debe
presentar una solicitud que incluya nombre, domicilio real y especial
electrónico según las condiciones que fije la reglamentación, la
descripción de la marca y la indicación de los productos y/o servicios
que va a distinguir.
Art. 64.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 12: Presentada la solicitud de registro, la autoridad de
aplicación, si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará
su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del
peticionante.
Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de
antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la
registrabilidad.
Art. 65.- Sustitúyese el artículo 14 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 14: Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse
electrónicamente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,
con indicación del nombre, domicilio real y electrónico del oponente y
los fundamentos de la oposición.
Art. 66.- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 16: Cumplidos tres (3) meses contados a partir de la
notificación de las oposiciones previstas en el artículo 15, si el
solicitante no hubiese obtenido el levantamiento de las oposiciones, la
Dirección Nacional de Marcas resolverá en instancia administrativa las
oposiciones que aún permanezcan vigentes.
Art. 67.- Sustitúyese el artículo 17 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 17: El procedimiento para resolver las oposiciones será fijado
por la autoridad de aplicación, el que deberá contemplar al menos la
posibilidad del oponente de ampliar fundamentos, el derecho del
solicitante de contestar la oposición y el derecho de ambos de ofrecer
prueba. El procedimiento deberá receptar los principios de celeridad,
sencillez y economía procesal.
Las resoluciones por oposiciones que dicte la Dirección Nacional de
Marcas serán sólo susceptibles de recurso directo de apelación ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dentro
de los treinta (30) días hábiles de su notificación. El recurso deberá
presentarse en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, quien
lo remitirá a la justicia en las condiciones que fije la reglamentación.
Art. 68.- Sustitúyese el artículo 18 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 18: En los juicios de oposición al registro de marcas que a la
fecha estuvieren tramitando ante la justicia o hayan concluido sin que
se hubiere informado el resultado del mismo, el Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial podrá constatar directamente su estado en el
portal de trámites del Poder Judicial de la Nación y resolver en
consecuencia.
Art. 69.- Derógase el artículo 19 de la ley 22.362.
Art. 70.- Sustitúyese el artículo 21 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 21: La resolución denegatoria del registro por causas
diferentes a las del artículo 17 puede ser impugnada ante la justicia
nacional en lo civil y comercial federal. La acción tramitará según las
normas del proceso ordinario y deberá interponerse dentro de los
treinta (30) días hábiles de notificada aquella resolución.
Art. 71.- Sustitúyese el artículo 22 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 22: Los expedientes de marcas en trámite o registradas son de acceso público e irrestricto.
Art. 72.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 23 de la ley 22.362, por el siguiente:
Por la declaración de nulidad o caducidad del registro.
Art. 73.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 24: Son nulas las marcas registradas:
En contravención a lo dispuesto en esta ley;
Por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;
Para su comercialización, por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas a tal efecto.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a través de la
Dirección Nacional de Marcas, de oficio o a pedido de parte, resolverá
en instancia administrativa las nulidades de marcas a las que se
refiere el inciso a) del presente artículo.
La resolución que recaiga en materia de nulidad de marca será apelable
en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la notificación, sólo
mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal; el que será presentado en el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial.
Art. 74.- Sustitúyese el artículo 26 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 26: El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de
oficio o a pedido de parte, conforme a la reglamentación que se dicte,
declarará la caducidad de la marca, inclusive parcialmente, en relación
a los productos o servicios para los que no hubiere sido utilizada en
el país dentro de los cinco (5) años previos a la solicitud de
caducidad, salvo que mediaren causas de fuerza mayor.
La resolución que recaiga en materia de caducidad de marca será
apelable en el plazo de treinta (30) días hábiles desde la
notificación, sólo mediante recurso directo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, el que deberá ser
presentado en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
No caduca la marca registrada y no utilizada en una clase o para
determinados productos o servicios, si la misma marca fue utilizada en
la comercialización de un producto o en la prestación de un servicio
afín o semejante a aquellos, aun incluido en otras clases, o si ella
forma parte de la designación de una actividad relacionada con los
primeros.
Asimismo, una vez cumplido el quinto año de concedido el registro de la
marca, y antes del vencimiento del sexto año, su titular deberá
presentar una declaración jurada respecto del uso que hubiese hecho de
la marca hasta ese momento.
Art. 75.- Sustitúyese el artículo 46 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 46: La conservación y guarda de las actuaciones
administrativas correspondientes al trámite de marcas deberá realizarse
según las disposiciones del decreto 1.131/16 o el que en el futuro lo
reemplace o modifique.
Art. 76.- Sustitúyese el artículo 47 de la ley 22.362, por el siguiente:
Artículo 47: El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, en su
carácter de autoridad de aplicación, se encuentra facultado para dictar
la normativa complementaria de la presente ley, en cuanto al
procedimiento del registro de marcas, en todo aquello que facilite el
mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos, aceleren y
simplifiquen el trámite de registro.
A tal efecto podrá, entre otras, modificar el procedimiento descripto
en la sección segunda de la presente ley; limitar el examen de las
solicitudes a las prohibiciones absolutas o que se relacionen con el
orden público, supeditando las relativas a su planteamiento por
terceros; establecer la publicación para oposiciones de terceros con
posterioridad a la concesión de la marca; supeditar la validez del
título a lo que resuelva el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial en caso de oposiciones que pueda recibir, como también al
vencimiento del plazo de prioridad del Convenio de París ante
eventuales prioridades desconocidas al momento de la concesión.
Art. 77.- Sustitúyese el artículo 12 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 12: Para obtener una patente será necesario presentar una
solicitud ante la Administración Nacional de Patentes del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, con las características y demás
datos que indiquen esta ley y su reglamento.
Art. 78.- Sustitúyase el artículo 14 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 14: El derecho de prioridad enunciado en el artículo anterior,
deberá ser invocado al momento de presentar la solicitud de patente. En
la etapa del examen de fondo la Administración Nacional de Patentes
podrá requerir el documento de prioridad con su correspondiente
traducción al castellano cuando los mismos estén redactados en otro
idioma.
Adicionalmente, para reconocer el derecho de prioridad, se deberán satisfacer los siguientes requisitos:
Presentar el documento de cesión de los derechos de prioridad, cuando correspondiere.
Que la solicitud presentada en la República Argentina no tenga mayor
alcance que la que fuera reivindicada en la solicitud extranjera; si lo
tuviere, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a la solicitud
extranjera.
Que exista reciprocidad en el país de la primera solicitud.
Art. 79.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 19: Para la obtención de la patente deberá presentarse:
La denominación y descripción de la invención;
Los planos o dibujos técnicos que se requieran para la comprensión de la descripción;
Una o más reivindicaciones;
Un resumen de la descripción de la invención que servirá únicamente
para su publicación y como elemento de información técnica.
Transcurridos treinta (30) días corridos, desde la fecha de
presentación de la solicitud sin cumplimentar los requisitos señalados
precedentemente, aquella se denegará sin más trámite.
Art. 80.- Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 23: Durante su tramitación, una solicitud de patente de
invención podrá ser convertida en solicitud de modelo de utilidad y
viceversa.
El solicitante podrá efectuar la conversión dentro de los treinta (30)
días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud; o dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha en
que la Administración Nacional de Patentes lo hubiera requerido.
En caso que el solicitante no convierta la solicitud dentro del plazo estipulado, se tendrá por abandonada la misma.
Art. 81.- Sustitúyese el artículo 24 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 24: La Administración Nacional de Patentes realizará un examen
preliminar de la solicitud y podrá requerir que se precise o aclare lo
que considere necesario o se subsanen errores u omisiones.
De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de
treinta (30) días corridos, se declarará abandonada la solicitud.
Art. 82.- Sustitúyese el cuarto párrafo del artículo 27 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Transcurridos dieciocho (18) meses de la presentación de la solicitud
de patente sin que el peticionante abonare la tasa correspondiente al
examen de fondo, la misma se considerará desistida.
Art. 83.- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: La concesión de la Patente de Invención se publicará en la
página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de
acuerdo a lo que reglamentariamente se establezca por la autoridad de
aplicación.
Art. 84.- Sustitúyese el artículo 51 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 51: Todo el que mejorase una invención patentada, tendrá derecho a solicitar una patente de adición.
Art. 85.- Sustitúyese el artículo 55 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 55: Serán requisitos esenciales para que proceda la expedición
de estos certificados que los inventos contemplados en este título sean
nuevos y tengan carácter industrial.
Art. 86.- Sustitúyese el artículo 57 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 57: Presentada una solicitud de modelo de utilidad y previo
pago de la tasa de examen de fondo, la Administración Nacional de
Patentes examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los
artículos 53 y 55. Aprobado dicho examen, se procederá a publicar la
solicitud.
Dentro del plazo de treinta (30) días corridos contados a partir de la
publicación, cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a
la solicitud de modelo de utilidad y agregar prueba documental. Las
observaciones deberán consistir en la falta o insuficiencia de los
requisitos legales para su concesión.
Vencido este último plazo, la Administración Nacional de Patentes
procederá a resolver la solicitud y expedirá el certificado de modelo
de utilidad en caso de corresponder.
Transcurridos tres (3) meses desde la presentación de la solicitud de
modelo de utilidad sin que el solicitante hubiese abonado la tasa de
examen de fondo, la solicitud se considerará desistida.
Art. 87.- Sustitúyese el artículo 67 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 67: El trámite de la solicitud de patentes de invención o
modelos de utilidad queda sujeto al efectivo pago del arancel
correspondiente a la presentación. Caso contrario, la Administración
Nacional de Patentes declarará la nulidad del mismo.
Art. 88.- Sustitúyese el artículo 68 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 68: La representación invocada en las solicitudes de patentes
de invención y/o modelos de utilidad tendrá carácter de declaración
jurada. En caso de considerarlo pertinente la Administración Nacional
de Patentes podrá requerir la documentación que acredite el carácter
invocado.
En el supuesto de invocarse el carácter de gestor de negocios, se
deberá ratificar la gestión dentro del plazo de cuarenta (40) días
hábiles posteriores a su ingreso, bajo apercibimiento de declarar la
nulidad de la presentación.
Art. 89.- Sustitúyese el artículo 72 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 72: Procederá el recurso de apelación administrativo contra la
disposición que deniegue una solicitud de patente o de modelo de
utilidad, el que deberá interponerse ante el presidente del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial en el plazo perentorio de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la
disposición respectiva. Al recurso se le acompañará documentación que
acredite su procedencia.
Art. 90.- Sustitúyese el inciso d) del artículo 92 de la ley 24.481 (t.o. 1996) y sus modificatorias, por el siguiente:
Establecer, modificar y eliminar aranceles en relación a los
trámites que se realicen ante el mismo, inclusive aquellos tendientes
al mantenimiento del derecho del titular, y administrar los fondos que
recaude por el arancelamiento de sus servicios.
Art. 91.- Sustitúyese el inciso k) del artículo 92 de la ley 24.481 y sus modificatorias (t.o 1996), por el siguiente:
Reglamentar el procedimiento de patentes de invención y modelos de
utilidad, en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que
resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologías y
simplificar el trámite de registro a favor del administrado y la
sociedad en su conjunto.
Art. 92.- Sustitúyese el artículo 3° del decreto-ley 6.673 de fecha 9
de agosto de 1963, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 3°: A los efectos de este decreto, se considera modelo o
diseño industrial las formas incorporadas y/o el aspecto aplicado a un
producto industrial o artesanal que le confiere carácter ornamental.
Art. 93.- Sustitúyese el artículo 4° del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 4°: Para gozar de los derechos reconocidos por el presente
decreto-ley, el autor deberá registrar el modelo o diseño de su
creación en la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Producción.
Art. 94.- Sustitúyese el artículo 6° del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 6°: No podrán gozar de los beneficios que otorgue este decreto-ley:
Aquellos modelos o diseños industriales que hayan sido publicados o
explotados públicamente, en el país o en el extranjero, con
anterioridad a la fecha del registro. Sin embargo, no se reputan
conocidos los modelos o diseños divulgados dentro de los seis (6) meses
que preceden a la fecha de la presentación de la solicitud o de la
prioridad cuando reúnan las siguientes condiciones:
Que tal divulgación hubiese sido resultado directa o indirectamente
de actos realizados por el autor o sus sucesores legítimos.
La divulgación proveniente de un tercero por un acto de mala fe o
infidencia; de un incumplimiento de contrato u otro acto ilícito
cometido contra el autor o sucesor legítimo.
La publicación de las solicitudes realizadas erróneamente o indebidamente por la Dirección de Modelos y Diseños Industriales.
Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración
distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños
industriales anteriores;
Los diseños o modelos industriales cuyos elementos estén impuestos por la función técnica que debe desempeñar el producto;
Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos;
Cuando sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y al orden público.
Art. 95.- Sustitúyese el artículo 8° del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 8°: La solicitud de registro de un modelo o diseño industrial,
la inclusión en la solicitud de hasta veinte (20) modelos o diseños
industriales, las solicitudes de registros divisionales, el
aplazamiento de publicación, como las renovaciones mencionadas en el
artículo anterior, abonarán los aranceles que se determinen en la
reglamentación respectiva, cuyos valores serán establecidos de manera
proporcional al valor fijado para el arancel que se percibe por el
registro originario de un modelo o diseño industrial.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial se encuentra facultado
para establecer, modificar y eliminar aranceles, inclusive aquellos
tendientes al mantenimiento del derecho del titular.
Art. 96.- Sustitúyese el artículo 9° del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 9°: Una misma solicitud de registro podrá incluir hasta veinte
(20) modelos o diseños industriales únicamente cuando todos ellos se
apliquen o incorporen a productos que pertenezcan a la misma clase de
la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales
del Arreglo de Locarno.
Si una solicitud que incluye más de un (1) modelo o diseño industrial
no cumple con las condiciones prescriptas por la normativa vigente, la
Dirección de Modelos y Diseños Industriales del Instituto Nacional de
la Propiedad Industrial, podrá exigir al solicitante que, a su
elección, modifique la solicitud del registro inicial para cumplir
tales condiciones o bien divida la solicitud de registro inicial en dos
(2) o más solicitudes del registro divisionales, distribuyendo entre
estas últimas los modelos o diseños industriales para los que se
solicitaba protección en la solicitud de registro inicial.
Las solicitudes divisionales conservarán la fecha de presentación de la
solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad si ello fuera
procedente. Los derechos derivados de los modelos o diseños
comprendidos en una solicitud o en un registro múltiple serán
independientes unos de otros y, con sujeción a lo previsto en el
artículo 15 del presente decreto-ley, podrán ser ejercitados,
transferidos, gravados, renovados o cancelados separadamente.
Art. 97.- Sustitúyese el artículo 10 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 10: La solicitud del registro deberá presentarse ante la Dirección de Modelos y Diseños Industriales y deberá contener:
La solicitud de registro;
Dibujos y/o fotografías y/o reproducciones digitales del modelo o
diseño que identifiquen suficientemente el objeto de la protección;
Descripción del modelo o diseño industrial si el solicitante lo considera necesario.
Art. 98.- Sustitúyese el artículo 11 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 11: La solicitud de renovación del registro deberá presentarse
dentro del plazo de los últimos seis (6) meses de vigencia del mismo.
La renovación también podrá ser presentada dentro de los seis (6) meses
posteriores a dicho término, con el pago del arancel que se establezca.
Art. 99.- Sustitúyese el artículo 12 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 12: La solicitud de registro no podrá ser rechazada sino por
incumplimiento de los requisitos formales determinados en el artículo
10 y concordantes del presente decreto-ley. La resolución denegatoria
respecto a una solicitud de registro será recurrible ante el Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial.
Agotada la instancia administrativa, la resolución dictada por el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial será apelable ante la
justicia civil y comercial federal.
Art. 100.- Sustitúyese el artículo 13 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la Ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 13: La Dirección de Modelos y Diseños Industriales extenderá el título de propiedad correspondiente.
Art. 101.- Derógase el artículo 14 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478.
Art. 102.- Sustitúyese el artículo 15 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 15: El titular de un registro de modelo o diseño podrá cederlo
total o parcialmente. El cesionario o sucesor a título particular o
universal no podrá invocar derechos emergentes de registro mientras no
se inscriba dicha transferencia ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial.
Art. 103.- Sustitúyese el artículo 16 del decreto-ley 6.673/63, ratificado por la ley 16.478, por el siguiente:
Artículo 16: Los registros de modelos y diseños industriales, sus
renovaciones, transferencias y cancelaciones serán publicados en la
forma y tiempo que determine la reglamentación.
A requerimiento del solicitante, en ocasión de la presentación de la
solicitud del registro, la publicación de la concesión podrá ser
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