LegalizeLey 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 11.7 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias.
PREÁMBULO
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La competencia exclusiva sobre la promoción y la ordenación del turismo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias nos viene dada por nuestro Estatuto de Autonomía, que en su artículo 29.14, hace efectiva la previsión de artículo 148.1.18.ª de la Constitución Española de 1978.
Tal competencia incluye la potestad legislativa en la materia, lo cual unido a su carácter exclusivo, ha permitido aprobar la presente Ley, en la que se ha acometido por vez primera una regulación general del sector, abarcando todos sus aspectos.
La Ley pretende regular en el ejercicio de tal competencia, la ordenación y promoción del sector turístico como elemento económico estratégico en el Archipiélago Canario, contemplando los siguientes objetivos:
La ordenación y el fomento del sector turístico empresarial tanto desde el punto de vista de la actividad, como de los establecimientos donde se desarrolle la misma.
La regulación de la oferta turística, concibiendo Canarias como una unidad de destino turístico.
La conservación, protección y aprovechamiento racional de los recursos turísticos de Canarias, con especial atención al medio ambiente, el paisaje y la cultura autóctonos.
La ordenación de las infraestructuras territoriales y urbanísticas y la delimitación de las competencias turísticas de las Administraciones públicas Canarias.
La garantía y protección del «status» jurídico del usuario turístico, anudando con ella una regulación exhaustiva y rigurosa del régimen sancionador en materia turística.
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Siendo la ley multidisciplinar, puesto que teniendo como denominador común la ordenación del turismo en Canarias, regula también los aspectos empresariales, profesionales, urbanísticos, medio ambientales, de fomento y sancionadores, sin perjuicio de las competencias que al Estado reserva la Constitución, resulta evidente que su contenido alcance a todos los sectores relacionados con el turismo, bien directa, bien colateralmente. En su consecuencia, la Ley es especialmente aplicable a:
Los turistas, a los que la Ley denomina usuarios turísticos, puesto que esta expresión es más amplia que la primera, ya que en el acervo popular por turista se entiende de manera fundamental al extranjero que visita nuestras islas, siendo así que también los nacionales en general, e incluso los canarios en particular, son demandantes y receptores de los servicios turísticos.
La Ley contempla un amplio abanico de derechos del usuario turístico, alguno de ellos hasta hoy no regulados, como son: a la información veraz; a la calidad de los servicios; a la seguridad, intimidad y tranquilidad y a formular quejas y reclamaciones.
Las empresas turísticas y sus establecimientos, de los que la Ley regula los siguientes aspectos:
Su tipología, dando entrada por primera vez a empresas y actividades de ocio y esparcimiento hasta hoy no contempladas.
Sus obligaciones para con el usuario.
Los requisitos para el ejercicio de la actividad, de entre los que destaca por su novedad y trascendencia, la obligatoriedad de la inscripción previa, en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, instrumento público creado «ex novo» por la Ley.
El régimen jurídico por sectores de actividad, en el que resalta, para los establecimientos alojativos, el control de la sobrecontratación; el principio de unidad de explotación, igualmente novedad de la Ley, y la regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido (expresión que sustituye al anglicismo «time-sharing»).
Los profesionales turísticos, regulándose la necesidad de su cualificación y habilitación, previéndose la potenciación de los hoteles-escuela, la formación profesional y la escuela oficial y estudios superiores de turismo. Todo ello en aras a conseguir la mejor capacitación de los profesionales del sector que indudablemente habrá de redundar en la mejora de la calidad de los servicios que presten.
Las Administraciones públicas de Canarias. Siendo el turismo desde su vertiente pública una competencia en la que necesariamente deben estar implicadas todas las Administraciones Públicas de Canarias, la Ley, definitivamente realiza una distribución de los ámbitos competenciales de cada una de ellas.
Además la Ley tiene una incidencia determinante sobre los instrumentos de planificación territorial y urbanística, como vehículos formales a través de los cuales se pretende obtener una rigurosa ordenación del sector, de tal manera que, los Planes Insulares de Ordenación (PIO) con las previsiones turísticas que la Ley obliga a incorporar a ellos, se posicionan jerárquicamente sobre cualquier otra figura del planeamiento municipal, que se tiene que adaptar necesariamente a aquéllos.
También se regulan por vez primera los servicios mínimos obligatorios en los municipios turísticos, para los que la Ley sienta las bases de su régimen jurídico peculiar.
Igualmente la Ley incide en el medio ambiente, en cuanto constituye el entorno natural donde el turismo se desarrolla, exigiendo como deber general de toda actividad turística su salvaguarda.
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La Ley consta de ochenta y cuatro artículos, cuatro disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y dos finales, estructurándose en la forma siguiente: Seis títulos, cada uno de los cuales se divide en capítulos, secciones y subsecciones, cuyo contenido esencial es el siguiente:
Sus objetivos (artículo 1) de los que se ha dejado reseña suficiente en el apartado 1 de este Preámbulo.
Los sujetos, establecimientos y actividades a los que la Ley se aplica especialmente (artículo 2), de entre los que merece destacar por su novedad las empresas y actividades relacionadas directa e indirectamente con el ocio y esparcimiento (balnearios, piscinas, parques zoológicos y acuáticos, terrazas de verano, etc.).
La concepción de Canarias como unidad de destino turístico (artículo 3) de la que se infiere la especial protección de su imagen, como bien colectivo, (artículo 30), tipificándose como infracción muy grave, los atentados y acciones perjudiciales para la misma (artículo 75.7).
Las competencias de las distintas Administraciones públicas de Canarias, en materia turística (artículos 5 al 7), así como los principios, bases e instrumentos para sus relaciones interadministrativas (artículos 8 al 10).
Las funciones propias del Consejo Regional de Turismo, órgano de asesoramiento y consulta del Gobierno de Canarias (artículo 11).
El Estatuto Jurídico del Usuario Turístico y de las Empresas Turísticas (artículos 12 al 20) destacándose la relación de los derechos y deberes; la definición de usuario turístico y la regulación de algunos de sus derechos, como los de información veraz; calidad de los servicios; intimidad, tranquilidad, seguridad y formular quejas y reclamaciones.
La ordenación general de la oferta turística, estableciendo los requisitos exigibles para cualquier empresa que pretenda desarrollar una actividad de esa naturaleza (artículos 21 al 25) de entre los que merece especial mención, por su novedad y trascendencia, la obligatoriedad de la inscripción previa en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, que constituye un requisito «sine qua non» para el ejercicio de cualquier actividad con fines turísticos.
Las condiciones que se deben cumplir para preservar el medio ambiente (artículos 26, 27 y 29) así como la cultura canaria (artículo 28).
La regulación detallada de la actividad turística alojativa (artículos 31 al 46), destacándose de ella:
La clasificación.
La regulación de las zonas a rehabilitar.
La regulación del fenómeno turístico de la sobrecontratación, cuyo incumplimiento está tipificado como infracción grave (artículo 76.12).
El principio de unidad de explotación y la exigencia de constitución de sociedades mercantiles, para el supuesto de propiedad en comunidad del complejo (artículos 38 al 42).
La exigencia de calidad en las instalaciones y servicios y su conservación con especial atención a las instalaciones de más de diez años (artículos 43 y 44).
La capacitación del personal (artículo 45).
La regulación de los alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido en su vertiente promocional turística (artículo 46).
La actividad de intermediación turística (artículos 47 y 48) en cuya regulación destaca la exigencia de constitución de sociedades anónimas o limitadas para su desempeño y la obligación de prestar fianza por los operadores turísticos y demás intermediarios turísticos.
La regulación de otras actividades turísticas (artículos 49 al 51) comprendiendo las conocidas popularmente como de restauración, junto a otras como las de riesgo y aventura; para las que se exige un seguro de responsabilidad que dé cobertura a los eventuales daños que puedan derivarse de las mismas.
El fomento de la actividad turística (artículos 52 al 56) previéndose como instrumentos a utilizar los programas de fomento, y un programa específico de conservación del medio ambiente.
La regulación de las infraestructuras y los servicios públicos (artículos 57 al 67) en la que destacan:
La configuración del Plan Insular de Ordenación (PIO) como instrumento de ordenación urbanístico-turística y de los recursos naturales del archipiélago, condicionado a las previsiones de la Ley, que incluso obliga a que la vigente Ley reguladora de los PIO, se adecue a ella (disposición adicional primera) y a los que debe adaptarse todo el planeamiento urbanístico municipal.
La posibilidad de llevar a cabo la suspensión del planeamiento urbanístico y la concesión de licencias, en zonas a rehabilitar o insuficientemente dotadas y mientras se produce la adaptación del planeamiento municipal al PIO.
La creación de servicios obligatorios en los municipios turísticos; para los que se sientan las bases del estatuto jurídico propio, previsto en el artículo 30 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en la disposición adicional cuarta de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (disposición adicional segunda).
La Ley alude también en ocasiones, a servicios que deben ser prestados en «zonas» o «núcleos» turísticos, cuyos conceptos no se identifican con el municipio turístico, pudiendo existir aquéllos en municipios que no tengan este carácter.
Además el «núcleo» representa un ámbito geográfico menor que el municipio: Un enclave concreto dentro de éste; y la «zona», un área más extensa que el municipio, empleando la Ley este último concepto allí donde parece oportuno que los servicios se comarcalicen o mancomunen.
La formación técnico profesional turística (artículos 68 al 71), potenciando los hoteles-escuela; propiciando la unificación de criterios en la formación profesional reglada y ocupacional, la celebración de convenios con las universidades canarias y otros apoyos a la formación turística. Igualmente se prevé la creación de una comisión para la formación profesional turística. (disposición adicional cuarta).
El régimen sancionador en materia turística (artículos 72 al 84), regulando de forma pormenorizada y exhaustiva la tipicidad de las infracciones turísticas y la tipología de las sanciones, llevándose a cabo en estas últimas un incremento en la cuantía de las multas, así como también, creando nuevas figuras de sanciones y de medidas cautelares que no estaban recogidas en la anterior Ley de Disciplina en Materia Turística (Ley 3/1986, de 8 de abril), que resulta derogada. Se le da mayor agilidad al procedimiento sancionador, sin merma de las garantías del expedientado, así como se potencian los cometidos y medios instrumentales de la inspección turística.
Recoge la Ley en sus disposiciones adicionales, fundamentalmente, la necesidad de adaptar a ella la Ley reguladora de los Planes Insulares de Ordenación (como ya se ha dicho), el mandato al Gobierno de Canarias para confeccionar el Estatuto de los municipios turísticos, así como para la creación de una Comisión para la formación profesional turística, de carácter interdepartamental.
ñ) Incorpora la Ley las disposiciones transitorias necesarias para posibilitar la adaptación de las situaciones jurídicas surgidas al amparo de normas anteriores y las que se originen tras su promulgación, concediendo para ello plazos a computar desde su entrada en vigor, entre los que merece destacarse: El de un año para la legalización de las empresas clandestinas y para la inscripción obligatoria en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos, de las no registradas; dos años para la efectiva aplicación del principio de unidad de explotación en la totalidad de la oferta alojativa existente y la también necesaria acomodación a ella de los planes urbanísticos en tramitación.
Por último, concluye la Ley con la disposición derogatoria de cuantas normas se opongan a su contenido y con las disposiciones finales de rigor, a saber: La autorización al Gobierno para su desarrollo; y la «vacatio legis» que se establece en tres meses, período temporal que se estima prudencial para su necesario conocimiento y divulgación.
TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto regular, en el ejercicio de la competencia exclusiva que sobre la materia tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, la ordenación y promoción del turismo en el Archipiélago Canario.
Se entienden comprendidas dentro de ese objetivo las siguientes materias:
La delimitación de competencias de las Administraciones públicas de Canarias, en relación con el turismo.
La ordenación del sector turístico empresarial y de las actividades turísticas en Canarias, así como la regulación, clasificación y control de los establecimientos turísticos.
La creación, conservación, mejora, aprovechamiento, protección de los recursos y de la oferta turística en Canarias.
Las acciones de promoción y fomento del turismo y de la actividad turística empresarial.
La garantía y protección de los derechos del turista, en su condición de usuario, de los servicios turísticos.
La protección del medio ambiente y conservación de la naturaleza, el paisaje y la cultura de Canarias, en cuanto objetos de atracción y recursos turísticos.
Las directrices para la ordenación de las infraestructuras territoriales y urbanísticas, como instrumentos de protección del turismo.
La formación técnico-profesional en materia turística.
El régimen sancionador en materia turística.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La presente ley resulta de aplicación a las empresas turísticas entendiendo por tales aquellas que, mediante contraprestación, prestan servicios en el ámbito de la actividad turística.
Se comprende también en el ámbito de aplicación de esta ley a todas las administraciones, organismos y empresas públicas, que desarrollen su actividad relacionada con el turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Esta ley se aplica asimismo a las siguientes actividades:
Las actividades o la oferta de servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realicen.
Las actividades y servicios de restauración que se desarrollen en restaurantes, bares-cafeterías.
Las actividades de turismo activo, en las que el sujeto responsable de la actividad turística es el propio usuario turístico, sin perjuicio de las intermediaciones que procedan de acuerdo con esta ley y sus normas de desarrollo, y que comprenden las actividades de recreo, deportivas o de aventura que se desarrollen normalmente sirviéndose de los recursos que ofrece la propia naturaleza en cualquier medio, sea aéreo, terrestre, subterráneo, acuático o urbano; así como las actividades formativas, informativas o divulgativas en el ámbito cultural, medioambiental u otros análogos.
Las actividades de intermediación turística que tengan lugar en la Comunidad Autónoma, así como los establecimientos donde desarrollen su actividad.
Los balnearios, piscinas, parques acuáticos, instalaciones deportivo-turísticas, parques zoo-lógicos y botánicos y similares, cuando su acceso sea libre, independientemente de que se exija o no contraprestación por el mismo.
Las excursiones aéreas o marítimas con fines turísticos de pesca deportivo-turística, u otras análogas, como observación de cetáceos o turismo marinero, en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Las personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma habitual y retribuida a actividades de formación, información o acompañamiento a usuarios turísticos.
Las actividades turísticas complementarias, tales como las atracciones y espectáculos, incluidas las que se desarrollen en salas de fiesta, discotecas y de baile; actividades de animación y demás de esparcimiento y ocio en instalaciones especialmente habilitadas para ello, así como las actividades relacionadas con la organización y asistencia a congresos y traducción simultánea, en cuanto desarrollen actividades sujetas a esta ley.
Cualquier otra actividad cuyo giro o tráfico comprenda servicios relacionados directa o indirectamente con el turismo y que sea calificada como turística por el Gobierno de Canarias.
La consejería con competencias en materia turística, previo expediente instruido al efecto, podrá declarar la no sujeción a esta ley de empresas, actividades o establecimientos, que pudieran considerarse turísticos, cuando se acredite que carecen de tal carácter o naturaleza.
Se modifica por el art. 15.1 de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre. Ref. BOE-A-2014-11996.
Se deroga la letra g) del apartado 1 por la disposición derogatoria 2 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo. Ref. BOE-A-2009-9047#ddsegunda.
Artículo 3. Canarias, unidad de destino turístico.
A los efectos de esta Ley, Canarias, en su conjunto, se considera como una unidad de destino turístico, con tratamiento unitario en su promoción fuera del archipiélago.
TÍTULO I. Las Administraciones públicas en materia turística
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 4. Administraciones públicas con competencias en materia turística.
Las Administraciones públicas de Canarias con competencia en materia turística son:
La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Los Cabildos Insulares.
Los Ayuntamientos canarios.
Los organismos autónomos y entidades de derecho público que sean creados por cualesquiera de las anteriores administraciones para la gestión del sector público turístico.
Las competencias de las diferentes Administraciones públicas previstas en el número anterior, podrán ser ejercidas, cuando supongan la prestación de servicios, a través de las empresas públicas con forma societaria que al efecto puedan crearse.
CAPÍTULO II. Competencias turísticas de las diferentes Administraciones públicas
Artículo 5. Competencias de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Corresponde a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia turística, todas aquellas competencias en las que estén presentes los principios del artículo 9 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
En todo caso, corresponde a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias el ejercicio de las siguientes competencias:
La potestad reglamentaria externa, así como las potestades de inspección y sanción en materia turística.
La protección y promoción de la imagen de Canarias como unidad de destino turístico, así como la coordinación de las políticas de ordenación, fomento y promoción del turismo de los cabildos insulares y municipios.
La planificación y ordenación del turismo a nivel regional, incluida la ordenación de la oferta, así como la planificación y programación sobre infraestructuras turísticas de interés regional y la coordinación de las actuaciones que en esa materia ejerzan los cabildos insulares y municipios.
La regulación de las enseñanzas turísticas y la de las profesiones del sector y la habilitación para su ejercicio, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado por el artículo 149.1.30.ª de la Constitución.
La gestión del Registro General Turístico de Canarias, incluyendo la inscripción de las plazas adicionales de alojamiento derivadas de una iniciativa de renovación o sustitución edificatoria, y la elaboración y mantenimiento de bases de datos y estadísticas turísticas de Canarias.
La acción regional de fomento al sector turístico.
La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de las personas trabajadoras en el sector turístico, los cuales, al menos cada cinco años, determinarán las condiciones ergonómicas y psicosociales del sector y las medidas preventivas y correctivas que, para el ejercicio de las profesiones turísticas, deberán establecerse reglamentariamente. Todo ello, en el ejercicio de la competencia autonómica de prevención de riesgos laborales y la seguridad en el trabajo.
Se modifica el apartado 2 por el art. único.1 de la Ley 1/2026, de 28 de abril. Ref. BOE-A-2026-17187
Se modifica la letra e) del apartado 2 por la disposición adicional 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Ref. BOE-A-2013-6584#daprimera.
Se modifica la letra e) del apartado 2 por la disposición adicional 2.1 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Artículo 6. Competencias de las Administraciones insulares.
Corresponde a los Cabildos Insulares, en materia turística, aquellas competencias que les atribuye la legislación de régimen local y las transferidas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y en especial las siguientes:
La promoción turística de su isla en coordinación con los municipios turísticos, conforme al principio de unidad de destino reconocido en esta Ley.
La coordinación de los servicios de promoción y fomento del turismo que desarrollen los municipios de la isla respectiva.
El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de su isla, especialmente dentro de los Planes Insulares de Ordenación.
La coordinación de las actuaciones que, en materia de infraestructuras turísticas, verifiquen los municipios de la isla respectiva.
La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de su isla, en materia turística.
(Derogado).
Se deroga el apartado 6 por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Se modifica el apartado 6 por el art. 10.1 de la Ley 2/2000, de 17 de julio. Ref. BOE-A-2000-15425.
Se añade el apartado 6 por el art. único.1 de la Ley 5/1999, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-1999-7982.
Artículo 7. Competencias de la Administración municipal.
Corresponde a los municipios, en materia turística, las competencias que la legislación de régimen local les atribuye, así como el ejercicio de las funciones delegadas por los Cabildos Insulares.
En todo caso corresponde a los municipios en materia turística:
La prestación de los servicios turísticos obligatorios que les impone la presente Ley.
El otorgamiento de las licencias que la legislación les atribuye en lo que atañe a las empresas y establecimientos turísticos.
La aprobación de los instrumentos de planeamiento que les compete, conforme al ordenamiento vigente, de acuerdo con las previsiones de esta Ley en cuanto al planeamiento directivo insular.
Los municipios desarrollarán sus funciones en coordinación con la política regional e insular, tanto en la prestación de servicios como en las actuaciones en infraestructuras.
CAPÍTULO III. Relaciones interadministrativas
Artículo 8. Principios generales y técnicas instrumentales.
Las competencias turísticas de las diferentes Administraciones Públicas Canarias se ejercerán bajo los principios de colaboración, coordinación e información multilateral.
En aplicación de tales principios se utilizarán las técnicas previstas en la legislación vigente, especialmente la celebración de convenios y de conferencias sectoriales, el establecimiento de consorcios y la elaboración de planes de infraestructuras turísticas.
Artículo 9. Conferencias sectoriales de responsables turísticos.
(Sin contenido).
Se deja sin contenido por el art. 7 de la Ley 4/2012, de 25 de junio. Ref. BOE-A-2012-9282.
Artículo 10. Plan regional de infraestructuras y Plan sectorial de materia turística.
A efectos de lo previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y como instrumento general de coordinación a que se refieren los artículos 18 y siguientes de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, el Gobierno de Canarias establecerá:
Un Plan regional de infraestructuras turísticas en coordinación con los Cabildos Insulares y los municipios más representativos por su desarrollo turístico, que aborde las necesidades, prioridades e infraestructuras relacionadas con el sector turístico.
En este Plan, se tendrá en cuenta especialmente la protección y mejora del medio ambiente, así como la conservación de la naturaleza y aquellas medidas que garanticen la conservación de los recursos paisajísticos de las islas.
Un Plan sectorial de interés general en materia turística, en el que se incardine la actividad de las Administraciones públicas concurrentes, fijando los objetivos, los programas de actuación y los medios necesarios.
Dicho Plan, elaborado por la Consejería competente en materia turística, será concertado en el ámbito de las conferencias sectoriales, una vez informado por el Consejo Regional de Turismo. Aprobado por el Gobierno, será remitido al Parlamento para su examen.
Reglamentariamente se establecerá la forma y condiciones en que las normas de planeamiento de las distintas entidades locales afectadas por estos planes hayan de ajustarse a sus prescripciones.
CAPÍTULO IV. Consejo Regional de Turismo
Artículo 11. Naturaleza, composición y funciones del Consejo Regional de Turismo.
El Consejo Regional de Turismo es el órgano de asesoramiento y consulta del Gobierno de Canarias en materia turística.
Son funciones propias del Consejo Regional de Turismo:
Evacuar los informes y consultas que, en materia turística, le sean solicitados por cualesquiera de las Administraciones públicas de Canarias.
Ser oído en el trámite de audiencia en los planes sectoriales de interés general.
Hacer sugerencias a las Administraciones públicas de Canarias en cuanto a la adecuación del sector turístico.
Elaborar un informe anual sobre la situación turística de Canarias.
Cualquier otra que reglamentariamente se le atribuya.
El Gobierno de Canarias regulará la composición, organización y funcionamiento del Consejo Regional de Turismo, que estará adscrito a la Consejería competente en materia turística. En su composición estarán debidamente representados los agentes económicos y sociales de la Región, junto a las Administraciones públicas competentes.
TÍTULO II. La actividad turística
CAPÍTULO I. Deberes y derechos en materia turística
Sección 1.ª Deberes en general
Artículo 12. Deberes en general.
Toda actividad turística desarrollada en el Archipiélago Canario deberá:
Salvaguardar el medio ambiente y los valores ecológicos de las islas.
Proteger las manifestaciones culturales y la forma de vida de la población de toda agresión, manipulación o falseamiento.
Preservar, y en caso de daño restaurar, los bienes públicos o privados que guarden relación con el turismo.
Sección 2.ª Deberes y derechos de las empresas turísticas
Artículo 13. Deberes.
El establecimiento y ejercicio de la actividad turística es libre sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley y en las demás de aplicación o en su reglamentación específica.
No obstante, para el establecimiento y desarrollo de tal actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, las empresas estarán sometidas al cumplimiento de los siguientes deberes específicos:
Comunicar previamente a la Administración competente el inicio de la actividad turística, así como la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de las instalaciones y establecimientos turísticos de alojamiento y, en su caso, la emisión de declaración responsable.
Excepcionalmente, obtener de la Administración competente las autorizaciones con carácter previo a la construcción, ampliación, rehabilitación, reforma y apertura de instalaciones y establecimientos, en los casos previstos en la presente ley; sin perjuicio de las autorizaciones sectoriales.
Cumplir los requisitos de ordenación y estándares previstos en la reglamentación específica para el acceso y ejercicio de las actividades calificadas como turísticas.
Cumplir el principio de unidad de explotación en los casos y términos previstos en esta ley, así como el resto de normas y medidas destinadas a potenciar la calidad de los servicios.
Cumplir el deber de renovación edificatoria y de atenerse al uso establecido por el planeamiento, en los supuestos que les corresponda.
Presentar en el plazo que corresponda los informes derivados de la inspección técnica de establecimientos turísticos.
Cumplir los demás deberes establecidos en las leyes y, en especial, obtener las autorizaciones sectoriales pertinentes.
Cumplir las obligaciones que se fijen en la normativa sobre prevención de riesgos laborales y específicamente las contenidas en las determinaciones que reglamentariamente se establezcan como consecuencia de los estudios periódicos que se realicen sobre condiciones ergonómicas y psicosociales del sector turístico en Canarias.
Son obligaciones de las empresas que oferten y/o realicen las actividades previstas en el artículo 2 de esta ley:
El mantenimiento de la calidad de sus servicios.
La cualificación de su personal.
La limpieza de la zona donde actúen y no proyectar residuos, olores, ruidos y otras causas de molestia a los espacios públicos.
Las empresas que oferten actividades deportivas de aventura o similares que puedan comportar riesgo, deberán disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños de los que deban responder, en la cuantía que reglamentariamente se determine.
La prevención de riesgos laborales y la protección de la salud laboral de las personas trabajadoras del sector turístico.
Las que reglamentariamente se establezcan.
Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. único.2 de la Ley 1/2026, de 28 de abril. Ref. BOE-A-2026-17187
Se modifica por el art. 15.2 de la Ley 9/2014, de 6 de noviembre. Ref. BOE-A-2014-11996.
Se reordena la letra e) como g) y se añade la e) y f) al apartado 2 por la disposición adicional 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Ref. BOE-A-2013-6584#daprimera.
Se modifica por el art. único.1 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Se modifica la letra b) del apartado 2 por el art. 10.2 de la Ley 2/2000, de 17 de julio. Ref. BOE-A-2000-15425.
Artículo 14. Derechos.
Las empresas que cumplan con los deberes señalados en el artículo anterior gozarán de los siguientes derechos:
A ser incluidas sus instalaciones, características y oferta específica en los catálogos, directorios, guías y sistemas informáticos de la administración turística de Canarias.
A ser incorporadas a la promoción turística realizada por la administración turística de Canarias.
A poder participar en subvenciones, ayudas y programas de fomento turístico.
A tener participación en las decisiones públicas, en los términos previstos en la legislación vigente, a través de sus asociaciones representativas, a través del Consejo Regional de Turismo o de los Consejos del sector turístico.
Sección 3.ª Derechos del usuario turístico
Artículo 15. Consideración general.
Se entiende por usuario turístico o turista a la persona que utiliza los establecimientos y bienes turísticos o recibe los servicios que le ofrezcan las empresas de esa naturaleza y que como cliente los demanda y disfruta.
Como tal, y con independencia de los derechos que le asisten en cuanto consumidor conforme a la normativa general, el usuario turístico tendrá, en los términos previstos en esta Ley, los siguientes derechos:
A recibir información veraz, previa y completa sobre los bienes y servicios que se le oferten.
A recibir del establecimiento turístico elegido bienes y servicios acordes, en naturaleza y calidad, con la categoría que aquel ostenta.
A tener garantizada, en el establecimiento, su seguridad, su tranquilidad e intimidad personal y que se adopten las medidas adecuadas para la protección de su salud.
A formular quejas y reclamaciones.
El acceso a los establecimientos turísticos a que esta Ley se refiere será libre, sin más limitaciones que las derivadas de las reglamentaciones específicas de cada actividad, que determinarán expresamente los casos en que podrá exigirse contraprestación por el acceso. Ello sin perjuicio de las limitaciones al acceso derivadas de las medidas que puedan establecer las autoridades sanitarias, por razones de salud pública.
Se modifica por la disposición final 1.1 del Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2021-4319#df
Artículo 16. Derecho a información veraz.
Todas las empresas y entidades sometidas a la presente Ley tienen la obligación de facilitar a los usuarios turísticos la información exigida en el artículo anterior, acerca de los bienes y servicios que oferten, antes de contratar los mismos sobre modalidades, condiciones, precios y riesgos del usuario, así como de las eventuales responsabilidades a que pueda dar lugar la actividad turística que despliegan.
La información relativa a los requisitos que limiten, condicionen o impidan el acceso a los establecimientos turísticos o su permanencia en los mismos, deberá constar de forma íntegra y accesible en las ofertas de servicios turísticos, de forma tal que se garantice que el usuario turístico ha tenido acceso a la misma con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación de los servicios turísticos.
En la formalización de la reserva o contratación del correspondiente servicio deberá quedar constancia de la recepción y aceptación expresa por los usuarios turísticos de la información sobre las condiciones de acceso y permanencia en el establecimiento a que se refiere el párrafo anterior.
La información, incluso la publicitaria, que falsee la verdad presentando bienes y servicios en condiciones mejores que las reales, dará derecho al usuario turístico a recibirlos en las condiciones anunciadas o a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Con independencia de lo previsto en el número 2 anterior, la publicidad turística engañosa, las ofertas equívocas, la omisión de la información relativa a los requisitos que limiten, condicionen o impidan el acceso a los establecimientos turísticos o su permanencia en los mismos, así como cualquier otra forma de captación de la que se deduzca una mayor calidad en el servicio que la real, se considerará infracción turística grave y será sancionada como tal según las prescripciones de esta Ley.
La Consejería con competencias en materia turística determinará las características de la información turística, teniendo en cuenta las previsiones de este artículo y demás normativa de aplicación, así como los casos en que esa información deba exhibirse.
Se modifica por la disposición final 1.2 del Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2021-4319#df
Artículo 17. Derecho a la calidad de los servicios.
La calidad y naturaleza de los servicios debe guardar proporción directa con la categoría del establecimiento turístico.
Las Administraciones públicas, en los espacios de uso público y las empresas, en los establecimientos que gestionan, garantizarán, además del cumplimiento de las normas sanitarias generales, un nivel de limpieza adecuado al uso turístico de que se trate, siguiendo estas normas:
Las empresas serán responsables de los desechos de embalajes, envases y cualesquiera otros elementos depositados en el exterior de sus locales, incumpliendo las normas sobre depósito y recogida de basuras, debiendo las Administraciones públicas con competencia turística exigirles su retirada.
Se prohíbe la utilización de aceras y vías públicas como lugar de depósito de desperdicios.
Se prohíbe la permanencia de desperdicios al aire libre por más de sesenta minutos hasta su recogida.
Las papeleras, servicios sanitarios y demás elementos de higiene general y de limpieza pública se mantendrán permanentemente en buen estado de servicio.
Las parcelas sin edificar y cualesquiera lugares que pudieran ser utilizados como vertederos de basuras o escombros, deberán mantenerse siempre en condiciones adecuadas de limpieza, debiendo cerrarse con elementos arquitectónicos o naturales.
Los Ayuntamientos y, en su caso, los Cabildos Insulares, cuando se hayan insularizado los servicios, organizarán el servicio de limpieza pública viaria y de recogida de basuras de forma que los acomode a las previsiones anteriores, así como para que no produzcan ruidos en horas nocturnas y de reposo. Para ello adaptarán las correspondientes ordenanzas y reglamentos del servicio.
Artículo 18. Derecho a la seguridad y protección de la salud del usuario turístico.
Los proyectos técnicos y los establecimientos turísticos de alojamiento deberán cumplir la normativa técnica aplicable a la edificación y a la protección contra incendios, de conformidad con su uso específico.
Las empresas deberán informar inequívocamente al usuario turístico de las instalaciones o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de seguridad adoptadas.
Igualmente, informarán de la edad mínima para la práctica de actividades con riesgo, quedando prohibida la oferta a menores de entretenimientos que supongan algún peligro para su integridad física o salud mental.
En aquellos lugares públicos que estuvieran señalizados o incluidos en una red de senderos oficial, se indicará expresamente los eventuales riesgos que puedan comportar.
Con el horario y en las playas que reglamentariamente se determine existirá un servicio de socorrismo y señales sobre la peligrosidad del mar en cada momento.
En todo núcleo turístico deberá existir una señalización especial de los servicios de asistencia médica disponibles en caso de urgencia, y en todo establecimiento se dispondrá de un plano fácilmente comprensible que señale la ruta más corta de acceso a aquellos.
Todo establecimiento turístico deberá contar con paneles o carteles informativos destinados a divulgar las medidas que, en su caso, establezcan las autoridades sanitarias por razones de salud pública.
Los establecimientos turísticos que reglamentariamente se determine, deberán tener capacitado a su personal en la práctica de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de personas hacia salidas de emergencia. Tales establecimientos indicarán estas circunstancias en la información impresa sobre sus sistemas de seguridad.
Todos los establecimientos turísticos de alojamiento deberán proporcionar a su personal la formación adecuada para garantizar el cumplimiento por estos y los usuarios turísticos de las medidas sanitarias precisas para la protección de la salud que, en su caso, se adopten conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 15 de esta Ley.
En las zonas turísticas, se establecerán dispensarios médicos y farmacéuticos, con los requisitos y en el porcentaje por usuarios turísticos que determinen, conjuntamente, las Consejerías del Gobierno de Canarias competentes en materias de sanidad y de turismo.
Se modifica por la disposición final 1.3 del Decreto-ley 17/2020, de 29 de octubre. Ref. BOE-A-2021-4319#df
Se modifica el apartado 1 por el art. único.2 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Se modifica el apartado 1 por el art. 15 de la Ley 2/2002, de 27 de marzo. Ref. BOE-A-2002-7712.
Artículo 19. Derecho a la intimidad y tranquilidad.
Todo usuario turístico tendrá derecho a la intimidad y tranquilidad.
Queda prohibido en los lugares turísticos el uso de sistemas de promoción de venta agresivos, tales como la megafonía o la incitación personal en la calle.
Asimismo se prohíbe todo tipo de publicidad que perturbe la tranquilidad de los usuarios turísticos.
En los núcleos turísticos, todas las actividades productoras de ruido y especialmente aquellas que utilicen equipos electrónicos de amplificación de sonido, se producirán en recintos adaptados para ello e insonorizados, para evitar que el ruido se proyecte al exterior.
Reglamentariamente el Gobierno de Canarias aprobará las normas que determinen las características de la publicidad que perturbe a los usuarios, el nivel de ruido y contaminación acústica en los núcleos turísticos, a las que se adaptarán las ordenanzas municipales.
Artículo 20. Quejas y reclamaciones.
Las empresas turísticas vienen obligadas a tener en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes.
La persona encargada del establecimiento estará obligada a facilitar las hojas de reclamación al usuario turístico que lo solicite y a facilitarle, además, las explicaciones necesarias para su adecuada cumplimentación.
En el establecimiento se anunciará de forma bien visible e inequívoca, expresada en castellano, inglés, alemán y otro idioma a elegir, la existencia de hojas de reclamación a disposición de los clientes.
Tanto las características de las hojas de reclamación como el procedimiento de tramitación de las reclamaciones se determinará reglamentariamente.
En todo caso, cuando la queja se formule directamente ante una Administración pública ésta extenderá recibo de la misma. Copia de todas las quejas y reclamaciones será trasladada a la inspección turística de la Administración autonómica.
Al reclamante se le notificará la resolución que se adopte como consecuencia de su queja.
CAPÍTULO II. Ordenación general de la oferta turística
Sección 1.ª Requisitos para el establecimiento de actividades empresariales turísticas
Artículo 21. Exigibilidad de requisitos.
(Derogado).
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Se modifica por la disposición adicional 3.1 de la Ley 19/2003, de 14 de abril. Ref. BOE-A-2003-13621.
Artículo 22. Registro General Turístico.
El Registro General Turístico es un registro público de naturaleza administrativa, custodiado y gestionado por la consejería competente en materia turística de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se contiene la información turística, referida a actividades y establecimientos procedentes de las administraciones competentes y las plazas de alojamiento adicionales derivadas de las iniciativas de renovación o sustitución edificatoria.
El Registro atenderá al principio de publicidad.
Las inscripciones se efectuarán de oficio.
Las administraciones públicas canarias proporcionarán al Registro General Turístico la información de que dispongan en razón de sus competencias y se determine reglamentariamente.
Asimismo, se regulará reglamentariamente el sistema informático que dé soporte al Registro, el procedimiento de inscripción y el de acceso a la información registrada, así como el contenido de las inscripciones registrales.
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Ref. BOE-A-2013-6584#daprimera.
Se modifica por el art. único.3 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Se modifica por la disposición adicional 3.2 de la Ley 19/2003, de 14 de abril. Ref. BOE-A-2003-13621.
Artículo 23. Sistema de Información Turística.
El Sistema de Información Turística se define como el instrumento compartido por las administraciones públicas canarias que integra la información con relevancia o incidencia en el sector del turismo de Canarias.
Reglamentariamente se regulará la información que ha de integrarse en el Sistema y los deberes y derechos de las administraciones públicas y de los operadores turísticos referidos a las consultas y suministro de aquélla, así como el procedimiento aplicable al acceso e integración de la información.
Se modifica por el art. único.4 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Se modifica por la disposición adicional 3.3 de la Ley 19/2003, de 14 de abril. Ref. BOE-A-2003-13621.
Artículo 24. Ejercicio de actividades turísticas.
Con carácter general, la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos turísticos de alojamiento y el acceso o ejercicio de actividades turísticas no estarán sujetos a autorización, sin perjuicio del cumplimiento del deber de comunicación previsto en el artículo 13.2.a) de esta ley. Asimismo, cuando la actividad venga regulada mediante reglamentación turística específica, el promotor, explotador o prestador de la actividad deberá manifestar, mediante declaración responsable, el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha normativa, facilitando, asimismo, la información requerida o necesaria para el control de la actividad, de conformidad con lo que se disponga reglamentariamente.
Efectuada la comunicación previa, podrá iniciarse la actividad comunicada, correspondiendo a la Administración turística competente la comprobación posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos en la reglamentación turística que le fuera de aplicación y de las previsiones de esta ley.
El régimen de comunicación previsto en este apartado se limita al ámbito turístico y su aplicación se efectuará sin perjuicio de la obligatoriedad de someterse a los controles y autorizaciones establecidos en el resto del ordenamiento jurídico aplicable, y, en especial a las de carácter medioambiental o territorial.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, se sujetará a autorización administrativa la construcción, ampliación, rehabilitación y apertura de establecimientos turísticos de alojamiento cuando, por razones medioambientales o de ordenación del territorio, esté legal o reglamentariamente restringida o limitada la creación de nueva oferta de alojamiento turístico y, especialmente, siempre que dichas limitaciones vengan justificadas en la ordenación territorial atendiendo a la capacidad de carga de las islas.
En estos casos, la autorización deberá obtenerse con carácter previo a la licencia de edificación o apertura y se otorgará por el respectivo cabildo insular. Transcurridos tres meses desde la solicitud de autorización por el peticionario sin obtener resolución expresa del órgano competente, se entenderá desestimada dicha solicitud.
Será objeto de habilitación previa el acceso y ejercicio de la actividad propia de los guías de turismo para quienes superen las pruebas de habilitación concernientes a los contenidos territoriales y lingüísticos que prevea la reglamentación específica y acrediten poseer la titulación requerida.
Se modifica por el art. único.5 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Redactado el apartado 3 conforme a la corrección de errores publicada en BOC núm. 16, de 26 de enero de 2010.
Se modifica por el art. 20.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo. Ref. BOE-A-2009-9047#a20.
Artículo 25. Cualificación y habilitaciones profesionales.
Las actividades que requieran conocimientos específicos se desarrollarán por quienes posean la debida cualificación o titulación académica, de acuerdo con la normativa estatal y de la Unión Europea.
Sección 2.ª Condiciones generales para el desarrollo de la actividad turística
Subsección 1.ª Protección del medio ambiente, el paisaje y la cultura de Canarias
Artículo 26. Prevención de la contaminación y responsabilidad por daños ecológicos.
Las actividades turísticas se desarrollarán con sujeción a la normativa de medio ambiente y de conservación de la naturaleza, con especial atención a las normas sobre residuos sólidos, sanidad y salubridad del agua, pureza del aire y del suelo, conservación de los espacios naturales protegidos, defensa de la flora y fauna, particularmente la protegida autóctona de Canarias y contaminaciones físicas, químicas, biológicas o acústicas.
En los términos de la normativa general y sectorial de aplicación, las empresas promotoras u organizadoras de actividades turísticas serán responsables de los daños que por causa de ellas se produzcan en el aire, agua, suelo, subsuelo, fauna, flora o cualquier otro elemento del medio ambiente y de la naturaleza, así como de la alteración de los procesos ecológicos esenciales que pudieran tener lugar, salvo que la responsabilidad sea imputable a actuaciones personalísimas del usuario turístico, verificadas al margen de las actividades organizadas o a los proveedores de los bienes utilizados, cuando haya mediado la diligencia debida en su manipulación.
Artículo 27. Protección de espacios naturales.
(Derogado).
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Artículo 28. Preservación de la cultura.
Se considerará publicidad turística engañosa, el anuncio o utilización como propia de la cultura canaria de cualquier manifestación cultural ajena.
Subsección 2.ª Conservación, mejora, protección y aprovechamiento de otros recursos turísticos de Canarias.
Artículo 29. Mantenimiento de espacios públicos.
Los espacios públicos de las zonas turísticas deberán mantenerse limpios y en buenas condiciones de uso.
Sin perjuicio del deber de conservación y de la prestación de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos que competen a las Administraciones públicas y entidades turísticas colaboradoras, se podrán establecer conciertos con las empresas turísticas mediante los cuales éstas contribuyan al mantenimiento de los espacios públicos en condiciones adecuadas.
Artículo 30. Protección de la imagen de Canarias.
La imagen de Canarias, la de cada una de las islas y la de los núcleos turísticos como destinos receptores de turismo, se considera un bien colectivo protegido por la Ley.
Nadie tiene derecho a apropiársela, perjudicarla o dañarla como consecuencia de sus actividades turísticas.
Los atentados y acciones perjudiciales para la imagen turística de Canarias o de cualesquiera de sus componentes territoriales serán considerados infracciones turísticas.
CAPÍTULO III. Ordenación particular de la oferta turística, por tipos de actividad
Sección 1.ª Actividad turística alojativa
Subsección 1.ª Normas generales
Artículo 31. Definiciones.
A los efectos de esta Ley ejercen actividades turísticas alojativas todas aquellas empresas en que se preste un servicio de alojamiento desde un establecimiento abierto al público y mediante precio.
Se entenderá prestado un servicio de alojamiento turístico cuando se oferte en libre concurrencia la estancia en el establecimiento de forma temporal, sin constituir cambio de residencia para la persona alojada.
Artículo 32. Clasificación.
Los servicios de alojamiento turístico se ofertarán dentro de alguna de las siguientes modalidades:
Hotelera.
Extrahotelera.
Todo alojamiento turístico exhibirá las placas identificativas correspondientes a su modalidad y categoría.
Reglamentariamente se determinará por el Gobierno de Canarias qué tipo de establecimientos deben entenderse comprendidos dentro de cada una de las modalidades señaladas en el apartado 1 de este artículo.
La clasificación de un establecimiento se efectuará una vez comprobado por la Administración el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de aplicación. En el supuesto en que resulte preceptiva la obtención de autorización turística para la apertura del establecimiento, aquélla contendrá la clasificación.
La reglamentación ordenadora de la actividad podrá prever clasificaciones provisionales cuando el objeto de la autorización o comunicación lo constituya la construcción, ampliación, rehabilitación o reforma de establecimientos turísticos de alojamiento. Esta clasificación provisional será vinculante para la Administración siempre que la obra se ejecute atendiendo al proyecto técnico clasificado.
La clasificación podrá ser revisada, en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte interesada.
Se modifican los apartados 1 y 4 por el art. único.6 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Se derogan las letras e) y h) del apartado 1 por la disposición derogatoria 2 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo. Ref. BOE-A-2009-9047#ddsegunda.
Subsección 2.ª Estándares
Artículo 33. Exigencia de estándares.
El planeamiento urbanístico municipal deberá adaptarse a los estándares mínimos de esta ley y a los que complementariamente se establezcan en su reglamento y en los Planes Insulares de Ordenación.
Se modifica por el art. único.7 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Artículo 34. Dispensa de estándares por razones de interés turístico.
A propuesta de la Consejería competente en materia turística, el Gobierno de Canarias, motivadamente, con carácter excepcional y por razones de interés turístico debidamente acreditado en el expediente, podrá eximir del cumplimiento de los estándares de aplicación a los proyectos de nueva construcción.
La falta de resolución expresa no dará lugar, en ningún caso, a la dispensa del cumplimiento de los estándares de aplicación.
Artículo 35. Estándares relativos a la urbanización turística.
El planeamiento municipal definirá la densidad máxima admisible en las parcelas mediante un estándar mínimo de metros cuadrados de solar por plaza de alojamiento. Para, los establecimientos de nueva implantación, no podrá ser inferior a 60 m2de superficie mínima de parcela neta por plaza.
1-bis. La aplicación del estándar mínimo de densidad del suelo turístico a los establecimientos de alojamiento sometidos a proyectos de renovación edificatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
Reglamentariamente el Gobierno de Canarias determinará:
Los criterios de ponderación aplicables para la fijación del estándar mínimo de densidad en las parcelas a las que se refiere el apartado anterior.
Los estándares mínimos de densidad aplicables en actuaciones de renovación edificatoria y de rehabilitación urbana, así como, los criterios de ponderación aplicables para la fijación definitiva de los mismos.
Los supuestos en que, sin aumento de la densidad global del estándar previsto en el apartado a), pueda además referirse a través del planeamiento a una agrupación acotada de parcelas en beneficio de la provisión de dotaciones de ocio extraordinarias, de la creación de entornos arquitectónicos de superior atractivo u otras circunstancias análogas.
Los módulos dotacionales de aplicación a la urbanización turística a través del planeamiento, que en lo que se refiere a suelos de cesión para dotaciones públicas se atendrán en su cuantía a lo dispuesto en la legislación urbanística, adecuando su destino a la finalidad turística.
Los criterios y objetivos generales que desde el planeamiento deban tenerse en cuenta para su provisión y diseño, así como las garantías para su puntual ejecución y mantenimiento.
Los requisitos mínimos de aptitud natural del suelo para ser destinados por los planes a nuevos desarrollos turísticos, a sus dotaciones o contabilizados en la determinación de los índices de densidad, excluyendo los terrenos que constituyan accidentes naturales destacados y los que por su topografía abrupta no puedan producir desarrollos o dotaciones cómodamente accesibles a la generalidad de las personas.
Los estándares mínimos de infraestructura y servicios aplicables a la totalidad del suelo turístico.
Los estándares previstos en el apartado 1 del presente artículo no serán de aplicación a:
Establecimientos cuyo emplazamiento se proyecte en edificios histórico-artísticos declarados formalmente como tales o en edificios de interés arquitectónico catalogados por el planeamiento urbanístico.
Establecimientos que se proyecten en cascos urbanos residenciales de carácter no turístico que cumplan los estándares mínimos de infraestructura que se determinen reglamentariamente.
Por el titular del departamento competente en materia de turismo se determinará la aplicación singularizada de estas excepciones, previa solicitud de los interesados.
La aplicación de los restantes estándares relativos a la urbanización turística a los establecimientos a que hace referencia el presente apartado será determinada por el Gobierno de Canarias.
Se modifica por la disposición adicional 1 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo. Ref. BOE-A-2013-6584#daprimera.
Se modifica por el art. único.8 de la Ley 14/2009, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2010-4222.
Se añade el apartado 3 por el art. 10.3 de la Ley 2/2000, de 17 de julio. Ref. BOE-A-2000-15425.
Artículo 36. Declaración de núcleos y zonas a rehabilitar.
Los núcleos o zonas turísticas en los que se incumplan los estándares del apartado 2.f) del artículo anterior, recibirán el siguiente tratamiento:
La Consejería competente en materia de turismo del Gobierno de Canarias, previo expediente en que se haya oído a los afectados y con informe de la Consejería competente en materia urbanística, delimitará de oficio las áreas afectadas. En el expediente se hará una valoración detallada de sus características en relación a las normas y estándares de aplicación, señalando los objetivos a cumplir en su rehabilitación, plazos de actuación en la misma y las correspondientes previsiones económicas y financieras, públicas y privadas.
En esta zona no se otorgarán nuevas autorizaciones previas a más unidades alojativas, salvo que la autorización contribuya, por sí misma, a solventar las deficiencias existentes.
Las solicitudes de autorización de actividades no alojativas se resolverán en función de las circunstancias valoradas en el expediente declarativo y normas específicas de aplicación.
Se revisarán las dotaciones de obras y servicios públicos al objeto de ajustarlos, en lo posible, a la población turística existente.
Se procederá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60, a revisar o modificar el planeamiento territorial y urbanístico, con elaboración, en su caso, de planes especiales de reforma interior para el incremento de las dotaciones de suelo, de espacios libres y demás elementos que puedan mejorar la situación.
En estas zonas se promoverá, por la Consejería competente en materia turística del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Cabildo Insular respectivo y los Ayuntamientos afectados, un programa de inversiones públicas a desarrollar en el marco del Título III de esta Ley y que tendrá prioridad para las administraciones mencionadas en el ámbito municipal correspondiente.
La Consejería competente en materia turística del Gobierno de Canarias promoverá la constitución de una agrupación especial de empresarios turísticos con el fin de incentivar su rehabilitación.
Subsección 3.ª Control de la sobrecontratación de la capacidad alojativa
Artículo 37. Responsabilidades por sobrecontratación.
Las empresas alojativas serán responsables frente a sus usuarios y ante la Administración, de las situaciones de sobrecontratación, creadas por el exceso de reservas que no pueda ser atendido.
En caso de sobrecontratación la empresa está obligada al alojamiento del usuario que la sufre en otro establecimiento de la misma zona y de categoría como mínimo igual a la ofertada, sufragando los gastos de traslado hasta el establecimiento que definitivamente lo aloje.
De no ser posible alojar al usuario en las condiciones establecidas en el número anterior, la empresa deberá alojarlo en cualquier otro, indemnizándolo por todos los daños que se ocasionen, incluido el sufrido por pérdida de vacaciones, en su caso.
Las eventuales responsabilidades de los operadores turísticos en esta materia, serán depuradas en el expediente que se instruya.
Cuando se produzca la situación a que se refiere el apartado 1 de este artículo, será anunciada en cartel legible desde la recepción del establecimiento en el que se indiquen los derechos y responsabilidades a que dé lugar, según esta Ley.
Subsección 4.ª Principio de unidad de explotación
Artículo 38. Principio de unidad de explotación.
La explotación turística de los establecimientos alojativos, en sus distintas modalidades, deberá efectuarse bajo el principio de unidad de explotación.
A los efectos de esta Ley, se entiende por unidad de explotación el sometimiento a una única empresa de la actividad de explotación turística alojativa en cada uno de los establecimientos, conjunto unitario de construcciones, edificios o parte homogénea de los mismos, cuyas unidades alojativas habrán de estar destinadas en su totalidad a la actividad turística a la que quedan vinculadas, procediendo la constancia registral de esta vinculación en los casos y términos previstos en la legislación específica sobre la materia.
A los efectos previstos en el presente artículo, la explotación turística comprende el desarrollo de todas aquellas actividades de gestión, administración y dirección comercial propias de la prestación del servicio de alojamiento turístico.
Se modifica por el art. único.2 de la Ley 5/1999, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-1999-7982.
Artículo 39. Empresas explotadoras.
Las empresas que lleven a cabo la explotación turística referida en el artículo anterior podrán adoptar cualquiera de las formas y modalidades propias de una actividad empresarial, debiendo ostentar con carácter previo a su ejercicio, título habilitante expedido por los propietarios, salvo en el supuesto que sean éstos quienes lleven a cabo directamente la explotación, mediante cualquiera de los medios organizativos antes referidos, entre los que se entiende incluido la comunidad de propietarios.
El título habilitante antes referido habrá de constar documentalmente y tendrá que presentarse ante la administración turística competente en la materia, acreditando la autenticidad de la voluntad expresada en el mismo por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
Se modifica por el art. único.3 de la Ley 5/1999, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-1999-7982.
Artículo 40. Requisitos y condiciones de la unidad de explotación.
La unidad de explotación de alojamientos turísticos requiere:
Destinar un número suficiente de personas a la explotación.
Unas instalaciones destinadas a la recepción que sean suficientes y con atención permanente al cliente.
Mantener en dicha recepción y a disposición de los clientes un ejemplar de esta Ley y de los reglamentos vigentes en cada momento en materia de alojamientos turísticos, permiso de apertura turística y municipal y las hojas de reclamaciones.
Se modifica la letra b) por el art. único.4 de la Ley 5/1999, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-1999-7982.
Artículo 41. Excepciones al principio.
La Consejería competente en materia turística podrá dispensar la aplicación del principio de unidad de explotación cuando entre las diferentes unidades del inmueble exista total independencia de acceso, servicios, zonas comunes, instalaciones y equipamiento.
Artículo 42. Consecuencias del incumplimiento del principio.
Los alojamientos que no sigan el principio de unidad de explotación quedarán excluidos de la oferta turística de Canarias, con las siguientes consecuencias:
No se autorizará su actividad turística alojativa o, en su caso, se revocará la autorización otorgada.
Sólo podrán ser alquilados o arrendados conforme a las disposiciones del Código Civil o de la Ley de Arrendamientos Urbanos y en ningún caso para uso turístico.
No podrán ser incluidos en los catálogos ni comercializados por agencias de viajes.
El incumplimiento del principio de unidad de explotación y de sus requisitos y condiciones se considerará infracción y será sancionado con arreglo a esta Ley.
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