Ley 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro

Esta Ley, respaldada por el artículo 10.1.36 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, responde al triple objetivo de democratizar los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro que regula, de conciliar su democratización con las exigencias propias de una gestión eficaz, que debe llevarse a cabo con criterios estrictamente profesionales, y de establecer, en fin, una normativa acorde con la organización territorial del Principado de Asturias, fijando al mismo tiempo el régimen de disciplina, inspección y control de estas entidades.

No es esta Ley la primera norma del Principado de Asturias en la materia, regulada hasta ahora, por lo que al Principado se refiere, por el Decreto 102/1988, de 10 de noviembre, por el que se desarrollan las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de Ahorro, inicialmente modificado por el Decreto 68/1996, de 6 de noviembre, y posteriormente restablecido en su primera redacción mediante el Decreto 27/2000, de 16 de marzo, así como por el Decreto 52/1992, de 4 de junio, sobre actuación e inversiones de las Cajas de Ahorro que operen en el Principado de Asturias. Pero esta Ley representa, tanto por su rango como por su contenido, un avance verdaderamente cualitativo, al que no es ajeno tampoco el plus de legitimidad que la nueva norma recibe de su aprobación por el Parlamento de la Comunidad Autónoma como representación democrática de la voluntad popular.

La Ley se acomoda a la normativa básica establecida por el Estado en uso de la competencia que le reserva el artículo 149.1.11.^a y 13.^a de la Constitución y principalmente contenida, por un lado, en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro y, por el otro, en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, ambas con sus respectivos desarrollos y modificaciones, y tal y como han quedado tras los pronunciamientos que sobre las mismas ha venido a efectuar el Tribunal Constitucional.

Esta Ley es de aplicación a las Cajas de Ahorro con domicilio social en el Principado de Asturias, así como, en los términos que en la misma se establecen, a las actividades que desarrollen en Asturias las Cajas de Ahorro que tengan su domicilio social fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

A los efectos de esta Ley, son Cajas de Ahorro, con o sin Monte de Piedad, las entidades de crédito sin ánimo de lucro, de naturaleza fundacional y carácter benéfico-social, no dependientes de otra persona física o jurídica, dedicadas a la captación, administración e inversión de los ahorros que les sean confiados.

Todas las Cajas de Ahorro con domicilio social en el Principado de Asturias tienen la misma naturaleza jurídica y los mismos derechos y obligaciones, así como idéntica consideración ante los poderes públicos.

Las Cajas de Ahorro tienen como objetivos básicos el fomento del ahorro, a través de una captación y retribución adecuadas, y la inversión de sus recursos en la financiación de activos y desarrollo de los diversos sectores económicos de su ámbito de actuación.

Para el cumplimiento de sus fines, las Cajas de Ahorro podrán realizar todas las operaciones económicas y financieras que sean conformes a su naturaleza y ordenamiento jurídico.

Los excedentes económicos resultantes de su actuación se destinarán a la constitución de reservas y a la realización de obras benéfico-sociales, de acuerdo con la normativa vigente.

La solicitud de creación de una Caja de Ahorro se presentará ante la Consejería de Hacienda, acompañada de la siguiente documentación:

El proyecto de escritura fundacional y los Estatutos de la nueva Caja habrán de ser aprobados por la Consejería de Hacienda, que elevará al Consejo de Gobierno la correspondiente propuesta de autorización. El acto de autorización tendrá la forma de Acuerdo del Consejo de Gobierno.

Para la creación de una Caja de Ahorro será necesario tener un fondo de dotación en efectivo en la cuantía que determine la legislación del Estado.

Las autorizaciones concedidas no pueden ser objeto de transmisión o cesión en ningún caso.

Concedida la autorización por el Consejo de Gobierno, la constitución de la Caja de Ahorro se formalizará en escritura pública. En la escritura fundacional necesariamente se hará constar:

Comprobado por la Consejería de Hacienda que la escritura fundacional se ajusta a los términos de la autorización concedida de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, corresponderá al Consejo de Gobierno autorizar, mediante Acuerdo, la inscripción provisional de la Caja en el Registro de Cajas de Ahorro del Principado de Asturias.

A partir de dicha inscripción y las que de acuerdo con la normativa básica corresponda en los registros del Blanco de España y Mercantil, la Caja podrá iniciar sus actividades.

La Consejería de Hacienda llevará un Registro de Cajas de Ahorro, que estará organizado en dos secciones:

La Consejería de Hacienda llevará, asimismo, un Registro de Altos Cargos de las Cajas de Ahorro con domicilio social en el Principado de Asturias, al que estas Entidades vendrán obligadas a comunicar cualquier modificación que afecte a los miembros de su Consejo de Administración y de su Comisión de Control, así como a los Directores Generales o asimilados.

Los nombramientos, ceses y reelecciones de los Vocales del Consejo de Administración, miembros de la Comisión de Control y Directores Generales o asimilados se comunicarán a dicha Consejería en el plazo máximo de los siete días hábiles siguientes, la cual procederá a su inscripción, tras comprobar su adecuación a las normas vigentes. Las altas y bajas en este Registro serán notificadas con carácter inmediato al Ministerio de Hacienda, a través del Banco de España.

Ambos Registros serán públicos y tendrán carácter meramente informativo. Cualquier persona que justifique su interés legítimo podrá obtener certificación gratuita de los datos en él contenidos.

En defecto de inscripción en el Registro de Cajas de Ahorro del Principado de Asturias, está prohibida la utilización dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de las denominaciones «Caja de Ahorro» o «Monte de Piedad», o de otras que puedan inducir a confusión.

Del mismo modo, no se podrán utilizar marcas, rótulos, modelos o anuncios que induzcan a error acerca de su naturaleza.

Durante los dos años posteriores a la inscripción provisional, la nueva Caja estará sujeta al régimen especial de control que reglamentariamente se determine. Transcurrido este período y previa la inspección correspondiente, la inscripción en el Registro se convertirá en definitiva. La inscripción definitiva puede ser denegada por el Consejo de Gobierno, en los siguientes supuestos:

La denegación de la inscripción conlleva la disolución de la Caja de Ahorro y la apertura del período de liquidación.

Las Cajas de Ahorro podrán desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio financiero. Igualmente podrán aportar todos o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo.

La entidad bancaria a través de la cual la Caja de Ahorro ejerza su actividad como entidad de crédito podrá utilizar en su denominación social y en su actividad expresiones que permitan identificar su carácter instrumental, incluidas las denominaciones propias de la Caja de Ahorro de la que dependa. Asimismo, la citada entidad bancaria se adherirá al Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorro.

Si una Caja de Ahorro redujese su participación de modo que no alcance el 50 % de los derechos de voto de la entidad de crédito a la que se refiere el presente artículo, deberá renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 y proceder a su transformación en fundación especial con arreglo a lo previsto en el artículo 8 ter de esta ley.

Lo establecido en este artículo será también de aplicación a aquellas Cajas de Ahorro que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros..

Las Cajas de Ahorro podrán acordar la segregación de sus actividades financiera y benéfico-social mediante el régimen previsto en este artículo en los siguientes casos:

El acuerdo al que se refiere el apartado 1 de este artículo estará sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos para la constitución de fundaciones y supondrá la transformación de la Caja en una Fundación de carácter especial. La segregación de la actividad financiera, por su parte, se regirá por lo establecido en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Corresponde al Consejo de Gobierno autorizar, mediante acuerdo, cualquier fusión de la que sea parte una Caja de Ahorro con domicilio social en el Principado de Asturias. La denegación de la autorización sólo podrá producirse mediante resolución motivada cuando la entidad resultante pudiera incumplir cualquiera de los requisitos objetivos previstos en la presente ley.

En el caso de fusión de Cajas de Ahorro que suponga la creación de nueva Entidad con domicilio social en el Principado de Asturias, la elección de los órganos de gobierno se realizará en el plazo de dos años a partir de la aprobación de los Estatutos y Reglamentos por la Consejería de Hacienda. Durante el plazo a que se refiere el párrafo anterior, los órganos de gobierno de la nueva entidad resultante de la fusión serán los establecidos en los pactos de fusión, respetando en todo caso lo establecido por la Ley. El número de los miembros de aquéllos podrá ampliarse hasta un máximo del doble al previsto en esta Ley.

En el caso de fusiones que supongan absorción, quedarán disueltos los órganos de gobierno de la Caja absorbida. La administración, representación y gestión de la Entidad corresponderá a los de la Caja absorbente.

En ambos casos, deberán ser elegidos o ratificados el Presidente y, en el supuesto de que éste no tuviere funciones ejecutivas, el Director general de la entidad.

Los acuerdos de disolución y liquidación de Cajas de Ahorro deberán ser autorizados por Acuerdo del Consejo de Gobierno.

Aprobada la disolución, salvo cuando ésta se produzca como consecuencia de una fusión, se abrirá el período de liquidación. El proceso de liquidación está sujeto al control de la Consejería de Hacienda, que designará a sus representantes para este fin.

La adjudicación del remanente que resulte de la liquidación se ajustará a lo que dispongan los Estatutos, procurando en todo caso el mantenimiento de las obras sociales establecidas.

La disolución y liquidación de las Cajas de Ahorro debe ser inscrita en el Registro de Cajas de Ahorro del Principado de Asturias.

Las disposiciones de este artículo se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en las normas básicas sobre la materia, en especial, las que regulan el Fondo de Garantía de Depósitos. En cualquier caso, los organismos competentes podrán establecer los sistemas de colaboración adecuados.

La administración, gestión, representación y control de las Cajas de Ahorro corresponden a los siguientes órganos de gobierno:

Adicionalmente, serán órganos de las Cajas de Ahorro el Director General o asimilado y las Comisiones de Inversiones, Retribuciones y Nombramientos y Obra Benéfico-Social.

A las Cajas de Ahorro que desarrollen su actividad indirectamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 bis de esta ley les serán de aplicación las siguientes especialidades:

Los órganos de gobierno actuarán de forma colegiada. Sus miembros ejercerán sus funciones con carácter honorífico, gratuito y en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja de Ahorro y del cumplimiento de su función económico-social, con independencia de cualesquiera otros intereses legítimos. En particular, actuarán con absoluta independencia respecto de las instituciones o grupos de representación que los hubieren designado o elegido. Sólo responderán de sus actos ante el órgano de gobierno al que pertenezcan y, en última instancia, ante la Asamblea General de la Caja. Una vez nombrados o elegidos, no podrán ser cesados antes de finalizar su mandato sino en la forma y por las causas previstas en esta ley.

Ningún miembro de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro puede representar simultáneamente a más de uno de los grupos que relaciona el artículo 21.1 de esta ley.

Los miembros de los órganos de gobierno deberán reunir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley, los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que determinen las normas de desarrollo de esta ley. En cualquier caso, se entenderá que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales y financieras.

Todos los sorteos y elecciones que celebren las Cajas de Ahorro para determinar los miembros que han de componer sus órganos de gobierno, se efectuarán ante Notario con asistencia del Presidente de la Comisión de Control u otro miembro de la misma en quien delegue.

La normativa interna de cada Caja de Ahorro regulará los procedimientos de elección de los miembros que integran los diferentes órganos de gobierno, así como los procedimientos de impugnación y demás incidentes que puedan producirse en los procesos electorales.

Las normas de autorregulación a que se refiere el apartado anterior deberán inspirarse necesariamente en los siguientes principios:

Los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro están obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan por razón de su cargo. Son igualmente secretas las deliberaciones de los órganos de gobierno, sin perjuicio de las decisiones de éstos en cuanto a la difusión de sus acuerdos. La violación de esta obligación de guardar secreto constituirá justa causa de cese conforme a lo dispuesto en el artículo 26.1 f) de esta Ley.

Las comunicaciones que, en cumplimiento de la legislación vigente, se dirijan a las Administraciones responsables de la supervisión y control de las entidades de crédito y a los órganos judiciales no vulneran el deber de sigilo.

Todos los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro tendrán derecho a disponer de la información y el asesoramiento necesarios de la Entidad para el ejercicio de sus responsabilidades. Los Presidentes de los respectivos órganos de gobierno velarán por el cumplimiento de este derecho.

Los Consejeros Generales y los Compromisarios habrán de reunir con carácter general los siguientes requisitos:

Los Consejeros Generales y los Compromisarios habrán de reunir, además de los requisitos establecidos con carácter general en el apartado uno de este artículo, aquellos otros que la presente ley establece con carácter especial para cada uno de los órganos.

El incumplimiento de los requisitos referidos en los apartados anteriores será causa de inelegibilidad.

La duración del ejercicio del cargo de miembro de un órgano de gobierno será la señalada en los Estatutos, sin que pueda ser inferior a cuatro años ni superior a seis. No obstante, los Estatutos podrán prever la posibilidad de reelección por otro período igual, si continúa cumpliendo los requisitos del artículo 14 de esta ley.

La renovación de los miembros de los órganos de gobierno no podrá suponer una renovación total o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones y se efectuará, en todo caso, respetando la proporcionalidad de las representaciones que componen los órganos de gobierno.

El procedimiento y condiciones para la renovación, la reelección y provisión de vacantes de miembros de los órganos de gobierno se determinará en los Estatutos y Reglamentos de la Caja de Ahorro, sin que puedan realizarse nombramientos provisionales.

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decisión de las Cajas de Ahorro. Está constituida por las representaciones de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de la Caja y, en su caso, por los Cuotapartícipes.

Los miembros de la Asamblea General representantes de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de la Caja reciben la denominación de Consejeros Generales. Los Consejeros Generales y los Cuotapartícipes gozan de los derechos de asistencia a las sesiones de este órgano, de voto para la adopción de sus acuerdos, y de información sobre los asuntos que a la Asamblea se sometan.

Corresponde a la Asamblea General ejercer las facultades generales de gobierno y, en particular, las siguientes funciones:

Sin perjuicio de lo que dispongan los Estatutos de las Cajas, las funciones expresadas en las letras a), b), d), e), i), j), k) y l) se ejercerán necesariamente a propuesta del Consejo de Administración.

La Asamblea General estará integrada por los representantes de los intereses sociales y colectivos del ámbito de actuación de cada Caja de Ahorro, en los porcentajes de participación que a continuación se fijan:

Cuando se trate de Cajas de Ahorro con oficinas operativas, además de en el Principado de Asturias, en otra u otras comunidades autónomas, la representación en la Asamblea General de los grupos a) y b) del apartado anterior del presente artículo deberá ser, en observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de dichos grupos y de acuerdo con lo prevenido respectivamente para cada uno de los mencionados grupos en los artículos 22 y 23 de la presente ley.

Los porcentajes establecidos en el apartado 1 del presente artículo para determinar el número de miembros de cada uno de los grupos representados en la Asamblea General se aplicarán sobre el número total de sus respectivos componentes. Si de la aplicación de los mismos se obtuviera un número decimal, se tomará el número entero que resulte de redondear por exceso la cifra de las décimas igual o superior a cinco y por defecto la cifra inferior. Los ajustes necesarios debidos al redondeo se realizarán aumentando o disminuyendo la representación de los impositores.

Caso de existir derechos como Entidad Fundadora en alguna Caja devenido de la extinta Diputación Provincial, serán asumidos y ejercidos por la Junta General del Principado de Asturias.

Cuando se trate de Cajas de Ahorro con oficinas operativas sólo en el Principado de Asturias, la determinación de los Consejeros Generales representantes de las Corporaciones Municipales se efectuará conforme a las siguientes normas:

Cuando se trate de Cajas de Ahorro que tengan abiertas, además de en el Principado de Asturias, oficina u oficinas operativas en otra u otras Comunidades Autónomas, la determinación de los Consejeros Generales representantes de las Corporaciones Municipales se efectuará conforme a las siguientes normas:

Las corporaciones locales que sean fundadoras de Cajas de Ahorro que operen total o parcialmente en el mismo ámbito de actuación que otra Caja no podrán nombrar representantes en esta última.

Los Consejeros generales, en representación de los Impositores de las Cajas de Ahorro, se elegirán mediante el sistema de compromisarios, parcialmente, en los términos que prevean los Estatutos y Reglamentos.

Los Estatutos y Reglamentos de cada Caja desarrollarán el procedimiento electoral con arreglo a las siguientes determinaciones:

Los Consejeros generales representantes de las entidades fundadoras serán nombrados directamente por las mismas. De existir varias entidades fundadoras, los Consejeros generales representantes de este grupo se designarán proporcionalmente al número de entidades.

Cuando alguna de las entidades fundadoras sea un Ayuntamiento, elegirá a sus correspondientes representantes en los órganos de gobierno aplicando el procedimiento establecido en el artículo 22.2 de la presente Ley.

En el caso de que la Junta General del Principado de Asturias, por titularidad de derechos que deriven de la extinta Diputación Provincial, sea entidad fundadora, la elección de Consejeros generales corresponderá al Pleno. Cada Grupo Parlamentario podrá presentar una única propuesta de candidatos. Cada propuesta de candidatos deberá presentarse con un número de éstos igual al número de los Consejeros a elegir. Serán nombrados Consejeros generales los candidatos relacionados en primer lugar en las propuestas, proporcionalmente al número de votos obtenidos. Cada miembro del Pleno podrá dar su voto a una única candidatura de entre las presentadas.

Los Consejeros generales en representación del personal serán elegidos por sus representantes legales y en la forma que determine el reglamento electoral de cada Caja, con arreglo a los criterios establecidos en este precepto.

Para ser candidato y Consejero general por este grupo de representación habrá de tenerse una antigüedad mínima de dos años en la plantilla de la entidad.

Los empleados de las Cajas de Ahorro podrán ser nombrados, excepcionalmente, Consejeros generales por el grupo de las Corporaciones Municipales, previa autorización de la Consejería de Hacienda, a la que se deberá remitir informe razonado de la propuesta de nombramiento. La Consejería de Hacienda resolverá, en todo caso, dentro de los siete días naturales siguientes.

Los Consejeros generales representantes del personal tendrán las garantías previstas en el artículo 68 c) del Estatuto de los Trabajadores para los representantes legales de los mismos.

Los Consejeros generales cesarán en el ejercicio de su cargo en los siguientes supuestos:

Los Consejeros generales elegidos por el personal, además de por las causas citadas, cesarán:

El cese, por cualquier causa, como Consejero general supone, en su caso, el cese inmediato como miembro de los otros órganos de gobierno de la Caja de Ahorro.

Los Consejeros generales deberán ser renovados al finalizar el período de mandato para el que fueron elegidos, cuya duración máxima será la que prevean los Estatutos en el marco de lo establecido en el artículo 16 de esta Ley.

La renovación de los Consejeros generales se hará parcialmente, con la temporalidad que prevean los Estatutos, en todos los grupos representados en la Asamblea general, respetando la proporcionalidad de las representaciones que la componen, y dentro de lo previsto en los Estatutos y en el Reglamento electoral de cada Caja.

Las vacantes que se produzcan antes de término del mandato deberán ser cubiertas, según el grupo de representación al que perteneciere, en la forma y condiciones que se establecen para cada grupo en la presente Ley.

Las vacantes producidas en el grupo de representación de las corporaciones municipales serán cubiertas por las personas designadas por aquella que hubiese propuesto al anterior Consejero General. De la misma forma se procederá con las vacantes que se produzcan en los grupos de representación de las personas o Entidades Fundadoras y de las Entidades Representativas de intereses colectivos.

Las vacantes producidas en el grupo de representación de los impositores y del personal serán cubiertas por el suplente que corresponda.

En el caso de cese de un Consejero general antes del término del mandato, el sustituto lo será por el período restante.

Si en el plazo de un mes desde que se produjeran las vacantes, alguno de los grupos no ha designado a todos o parte de sus representantes, éstos serán designados en la primera Asamblea General que se celebre, de entre candidaturas que proclame la propia Asamblea, a propuesta de un mínimo del diez por ciento de los Consejeros generales del grupo de representación en el que se hayan producido las vacantes a cubrir, y de forma proporcional a los votos obtenidos por cada una.

Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Las Asambleas ordinarias se celebrarán dos veces al año, dentro de cada semestre natural, respectivamente.

Las Asambleas extraordinarias se convocarán cuantas veces sean necesarias para tratar sólo de las cuestiones que se expresen en el orden del día.

Los Consejeros Generales y, en su caso, los Cuotapartícipes podrán solicitar con anterioridad a la reunión de la Asamblea, o durante el desarrollo de la misma, las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

La convocatoria de la Asamblea General se hará por el Consejo de Administración mediante comunicación individual a los Consejeros Generales, así como, en su caso, a los Cuotapartícipes, y se publicará, con una antelación mínima de quince días, en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias", en el "Boletín Oficial del Estado" y al menos en dos de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad Autónoma.

La convocatoria y su anuncio deberán expresar la fecha, lugar, hora y orden del día de la sesión, que incluirá todos los asuntos a tratar en la Asamblea. Se indicarán, igualmente, la fecha, lugar y hora de la reunión en segunda convocatoria. Los Consejeros Generales podrán pedir, hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea, la inclusión de asuntos en el orden del día, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en los Estatutos de la Caja de Ahorro a estos efectos.

La Asamblea General se celebrará en el lugar y la fecha señalados en la convocatoria. No obstante, podrán prorrogarse las sesiones siempre que así lo acuerde la Asamblea a instancias del Presidente o de un número de Consejeros Generales superior a una tercera parte del total de los presentes. En todo caso, la Asamblea General tendrá, a todos los efectos, el carácter de única, redactándose una sola acta.

Constituida la Asamblea General, el Secretario dará cuenta del número de Consejeros Generales presentes y, en su caso, de Cuotapartícipes presentes o representados.

La Asamblea General ordinaria correspondiente al primer semestre de cada ejercicio incluirá en el orden del día la aprobación de la memoria, el balance y la cuenta de resultados y la propuesta de aplicación de estos últimos.

Quince días antes de la primera Asamblea General ordinaria anual le será remitida a cada uno de los Consejeros generales, sin costo para ellos, una memoria en la que se reseñará detalladamente la marcha de la entidad durante el ejercicio vencido, uniéndose a la referida memoria el balance anual, cuenta de resultados, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de los mismos y el informe de la Censura de Cuentas elaborado por la Comisión de Control relativo al ejercicio anterior y el informe de Auditoría sobre las cuentas anuales y la propuesta de liquidación del presupuesto de la obra benéfico-social correspondiente al ejercicio anterior.

La Asamblea General precisará para su válida constitución en primera convocatoria la asistencia de los Consejeros Generales y, en su caso, los Cuotapartícipes, presentes o representados, que en conjunto posean el cincuenta por ciento de los derechos de voto, al menos. La constitución en segunda convocatoria será válida cualquiera que sea el número de asistentes. Los Consejeros Generales no podrán estar representados por otro Consejero o por tercera persona, sea física o jurídica.

Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de votos de los concurrentes, con las siguientes excepciones:

Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los Consejeros Generales, incluidos los ausentes y quienes hayan votado en contra.

Los Consejeros Generales tienen derecho de asistencia con voz y voto. Sin perjuicio de lo previsto en el capítulo quinto del presente título, cada Consejero General tendrá derecho a un voto, otorgándose a quien presida la reunión voto de calidad.

Tienen igualmente derecho de asistencia, con voz y sin voto, los miembros del Consejo de Administración que no sean Consejeros Generales y los Directores Generales o asimilados.

A invitación del Presidente, podrán asistir a sesiones de la Asamblea los técnicos de la entidad y otras personas ajenas a ésta. Todos los asistentes que no tengan la condición de miembros de los órganos de gobierno de la Caja están sujetos a la obligación de sigilo impuesta por la presente ley.

La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Caja de Ahorro, actuando como Secretario el que lo sea del Consejo de Administración.

El Presidente será sustituido, en su caso, por el Vicepresidente del Consejo, o los Vicepresidentes por su orden. En ausencia del Presidente y Vicepresidente, presidirá la Asamblea el Vocal del Consejo de Administración de mayor edad.

El Secretario será sustituido, en su caso, por el Vocal del Consejo de Administración más joven.

Los asistentes a la Asamblea General, sus deliberaciones y acuerdos se harán constar en acta. Ésta será aprobada en el transcurso de la reunión o con posterioridad, en el plazo de quince días por el Presidente y un interventor por cada grupo de representación, nombrados por la propia Asamblea. En este caso, bastará el voto favorable de la mayoría de ellos para la aprobación del acta.

El Consejo de Administración podrá requerir la presencia en la reunión de un Notario que levante acta de la Asamblea. En todo caso estará obligado a hacerlo siempre que, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, así lo solicite un tercio de los Consejeros generales o la Comisión de Control.

Los Consejeros generales podrán obtener certificación de los acuerdos de la Asamblea General. Igualmente, quienes hayan tomado la palabra en la misma, podrán obtener testimonio de los términos en que conste en acta su intervención.

La Asamblea General extraordinaria será convocada y se celebrará en igual forma que la ordinaria, salvo las peculiaridades que se contemplan en el presente artículo, pero sólo se podrá tratar en ella el objeto para el que haya sido convocada.

El Consejo de Administración podrá convocar Asamblea General extraordinaria siempre que lo considere conveniente a los intereses de la Caja. Deberá hacerlo necesariamente siempre que lo solicite por escrito una tercera parte de los Consejeros generales o por acuerdo de la Comisión de Control. La petición deberá expresar el orden del día de la Asamblea que se solicita.

La convocatoria de la Asamblea General a solicitud de la tercera parte de los Consejeros generales o por acuerdo de la Comisión de Control deberá realizarla el Consejo de Administración en el plazo máximo de quince días desde que la solicitud se formulara o se comunicara el acuerdo de la Comisión de Control. La Asamblea deberá celebrarse como máximo dentro de los veinte días siguientes a la convocatoria.

Cuando la convocatoria de la Asamblea se realice a instancia de la tercera parte de los Consejeros generales, no podrá volver a convocarse por este procedimiento hasta transcurridos tres meses desde dicha convocatoria.