Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua

El tipo de gravamen del canon de depuración, expresado en euros por metro cúbico, será fijado, previo el estudio económico justificativo correspondiente y atendiendo a la finalidad del tributo, por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del año siguiente a la constitución de la Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla-La Mancha, y se prorrogará para los ejercicios sucesivos mientras no sea modificado o derogado expresamente.

El tipo impositivo así expresado se afecta de un coeficiente de contaminación para las aguas residuales que superen la carga contaminante media equivalente al número de habitantes servidos por la estación depuradora. El coeficiente de contaminación aplicable en ningún caso puede ser inferior a la unidad.

A los efectos de esta Ley, se considera la cantidad de cien litros como vertido medio diario por habitante; y se entiende por carga contaminante media equivalente a un habitante la siguiente: 30 gramos de materias en suspensión; 60 gramos de materias oxidables medidas en forma de demanda química de oxígeno; 9 gramos de nitrógeno orgánico y amoniacal, y 2 gramos de fósforo total.

El coeficiente de contaminación se calcula a través de la fórmula que figura en el anexo de la presente Ley.

A los efectos de obtención del coeficiente de contaminación, en caso de que los valores de concentración en miligramos/litro de los diferentes parámetros obtenidos de una analítica sean inferiores a los valores considerados como estándar domésticos de acuerdo con lo previsto en el párrafo 3, se considerará que su valor mínimo es igual al considerado doméstico, y al que sea superior se le asignará su valor.

La presencia de toxicidad en la carga contaminante en concentración superior a 50 equitox/metro cúbico incrementará en un 50 por 100 el coeficiente de contaminación.

Los datos analíticos para la obtención del coeficiente de contaminación provendrán, al menos, de dos muestras del vertido generado por el sujeto pasivo del canon de depuración, llevados a cabo durante el período de devengo. El coeficiente resultante será de aplicación a la liquidación correspondiente a dicho período.

En los supuestos de aplicación del coeficiente de contaminación, las liquidaciones del canon contendrán la expresión detallada del cálculo del mismo, con arreglo a las normas del presente artículo.

La gestión del canon de aducción y del canon de depuración corresponde a Aguas de Castilla-La Mancha, quien llevará a cabo todas las operaciones relacionadas con su determinación, aplicación, liquidación y recaudación en período voluntario.

Las operaciones de gestión de uno y otro canon se efectuarán con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, en su Reglamento de desarrollo y, supletoriamente, en la normativa sobre Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y legislación general tributaria vigente.

Las cantidades recaudadas en concepto de canon de aducción y canon de depuración se destinarán a las finalidades previstas en los artículos 40 y 47 de la presente Ley, respectivamente.

La Administración gestora llevará a cabo las inspecciones y comprobaciones pertinentes respecto de las actividades que integran o condicionan el rendimiento del canon de aducción y el canon de depuración.

Las infracciones tributarias relativas al canon de depuración y al canon de aducción se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Los actos de gestión, liquidación y recaudación del canon de aducción y del canon de depuración son reclamables en vía económico-administrativa, previo el potestativo recurso de reposición ante el Gerente de Aguas de Castilla-La Mancha.

Las áreas de captación de agua para abastecimiento público en acuíferos, ríos, embalses u otras masas de agua deberán dotarse de un nivel suficiente de protección frente a los diversos factores que puedan provocar el deterioro cuantitativo o cualitativo de sus recursos. A este fin se delimitará en cada caso el correspondiente perímetro de protección en torno a las captaciones por la Administración Hidráulica competente.

Los perímetros de protección delimitados tendrán la consideración de áreas de especial protección en el planeamiento urbanístico. En las áreas delimitadas los usos del suelo quedan condicionados a su no afección a los recursos hídricos. Los condicionantes que con dicho fin se impongan deberán reflejarse en los instrumentos de ordenación del territorio.

Dentro de los perímetros de protección delimitados, los Ayuntamientos no podrán autorizar las actividades que se relacionarán en el Reglamento de desarrollo de la presente Ley.

Quedan prohibidos los vertidos en las redes de colectores generales y estaciones depuradoras de aguas residuales de cualesquiera de los productos, substancias, compuestos, materias y elementos que se indicarán en el Reglamento de desarrollo de la presente Ley.

Se admiten en dichas instalaciones como vertidos tolerados aquellas aguas residuales cuyas características de contaminación no sobrepasen, en concentraciones instantáneas, los límites que se indicarán en el Reglamento de desarrollo de la presente Ley.

Se consideran infracciones de carácter leve:

Las infracciones tipificadas en el párrafo anterior se calificarán de graves o muy graves, siempre que de la comisión de las mismas se derive la causación de daños a las instalaciones públicas de abastecimiento, saneamiento o depuración, o bien se cause un sobrecoste de explotación en las mismas.

Asimismo, las infracciones tipificadas en el párrafo primero se calificarán de graves o muy graves, siempre que de la comisión de las mismas se derive un despilfarro del recurso cuya valoración económica sobrepase los 600 euros y hasta un máximo de 3.000 euros, o bien supere los 3.000 euros, respectivamente.

Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las multas siguientes:

Las sanciones se graduarán en función de la reincidencia del infractor, su intencionalidad, el beneficio obtenido, y la afección producida a la calidad o cantidad del agua de abastecimiento para el consumo público o a la calidad del medio receptor de los efluentes de las infraestructuras de depuración.

En caso de que la legislación sectorial que eventualmente fuera también de aplicación previese la imposición de sanciones superiores, se aplicarán éstas en lugar de las mencionadas en el párrafo anterior.

Los recursos económicos obtenidos de la aplicación del presente régimen sancionador serán necesariamente destinados a la mejora de la prestación del servicio de que se trate.

Será, en todo caso, órgano competente para la incoación de los correspondientes expedientes el la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, excepto para las infracciones a las ordenanzas locales, cuya incoación es competencia del Alcalde o Presidente correspondiente.

El procedimiento para la tramitación de los expedientes sancionadores será el previsto en la vigente normativa general de procedimiento administrativo común.

Serán sancionadas por la comisión de infracciones las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de las mismas aun a título de mera inobservancia.

Con independencia de la sanción que se imponga, los infractores serán obligados a reparar el daño causado, pudiendo la Administración, en su caso, ejercitar las facultades de ejecución subsidiaria previstas en la Ley.

Los plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones serán los previstos en la vigente normativa general de procedimiento administrativo común.

El plazo para la resolución de los expedientes sancionadores será de un año a contar desde su incoación.

Si durante la instrucción del procedimiento se apreciase que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito o falta, se trasladará el tanto de culpa correspondiente al Ministerio Fiscal y se suspenderá la tramitación del expediente administrativo hasta tanto no recaiga resolución judicial firme, sin perjuicio de la imposición de las medidas cautelares que se estimen oportunas.

Los Convenios de Cofinanciación de Infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento entre la Junta de Comunidades y las Administraciones Locales que, en la fecha de entrada en vigor de esta Ley, hubieran sido suscritos de acuerdo con la normativa hasta ahora vigente y se refieran a infraestructuras que no hayan sido cedidas a las Administraciones Locales, se podrán modificar mediante convenio entre ambas Administraciones en el sentido de que las actuaciones que en ellos se contemplen serán gestionadas por Aguas de Castilla-La Mancha, siempre que se trate de infraestructuras de abastecimiento en alta de agua o de depuración de aguas residuales.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha instará, si es el caso, de la Confederación Hidrográfica correspondiente la pertinente sucesión en la titularidad de la concesión para el aprovechamiento del recurso, o bien de la correspondiente autorización de vertido.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá subrogarse en la posición de la Administración Local respecto de aquellas instalaciones que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya se encuentren gestionadas por ésta.

La sucesión efectiva en la gestión y explotación de las instalaciones se llevará a cabo mediante convenio entre ambas Administraciones.

En el mencionado convenio se fijará la fecha de inicio de la aplicación del canon de aducción o del canon de depuración previstos en esta Ley respecto de las instalaciones correspondientes, así como la cesación en la exacción de los tributos Locales que resulten incompatibles con ellos, sin perjuicio de la exigencia de las deudas pendientes en ese momento hasta su total extinción.

Con carácter extraordinario y exclusivamente para los meses de noviembre de 2012 y marzo de 2013, se establece una reducción de la base imponible del canon de depuración equivalente al volumen de agua residual que supere los 7,5 metros cúbicos por habitante y mes. A estos efectos se tomarán los datos del último censo de población de cada municipio servido.

La reducción a que se refiere el apartado anterior, se reconocerá por el órgano gestor, previa solicitud del sujeto pasivo, presentada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de esta ley. La solicitud se acompañará de un proyecto de mejora de la red de alcantarillado.

El proyecto de mejora de la red de alcantarillado a que se refiere el apartado anterior, deberá ser ejecutado en su totalidad en el plazo de cuatro años desde la fecha de reconocimiento de la reducción. El incumplimiento de este requisito, supondrá la pérdida del derecho a la reducción reconocida, con los efectos previstos en la legislación tributaria.

Para poder beneficiarse de la reducción regulada en la presente disposición, los sujetos pasivos deberán encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias derivadas de la presente ley y, en general de las obligaciones tributarias con la Hacienda Regional.

Las cantidades que, en aplicación de la reducción regulada en la presente disposición, resultasen a devolver serán compensadas con las cuotas a liquidar por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales de los restantes meses de los ejercicios 2013 y 2014.