Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Cataluña

Esta Ley se aplica a las Cajas de Ahorros con domicilio central en Cataluña.

A los efectos de la presente Ley, son Cajas de Ahorros, con o sin monte de piedad, las instituciones financieras de carácter social y de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, no dependientes de ninguna otra empresa, dedicadas a la captación, administración e inversión de los ahorros que les son confiados, que prestan sus servicios a la comunidad, bajo el Protectorado público de la Generalidad, ejercido a través del Departamento de Economía y Finanzas.

Todas las Cajas de Ahorros con domicilio central en Cataluña tienen la misma naturaleza jurídica y los mismos derechos y obligaciones, y también idéntica consideración por la Generalidad.

El objeto propio de las Cajas de Ahorros es fomentar el ahorro, realizando una captación y una retribución adecuadas de los ahorros e invirtiéndolos en la financiación de activos de interés general mediante las operaciones económicas y financieras permitidas por las leyes, así como fomentar el desarrollo económico y social en su ámbito de actuación, de acuerdo con los principios que inspiran la responsabilidad social y el buen gobierno de la empresa.

Los excedentes líquidos de estas operaciones se deben dedicar a la constitución de reservas y a la realización de obras sociales, de acuerdo con las bases de la legislación sobre esta materia y siguiendo las orientaciones del Protectorado de la Generalidad.

De conformidad con el apartado 1 de este artículo y con lo que dispone el artículo 2.a), tienen un carácter preferente en la inversión de las Cajas de Ahorros las financiaciones otorgadas a pequeñas y medianas empresas, a empresas de economía social y a infraestructuras culturales.

Las Cajas de Ahorros podrán desarrollar su objeto propio como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la cual aportarán todo su negocio financiero. Igualmente podrán aportar todos o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo.

La entidad bancaria a través de la cual la Caja de Ahorros ejerza su actividad como entidad de crédito podrá utilizar en su denominación social y en su actividad expresiones que permitan identificar su carácter instrumental, incluidas las denominaciones propias de la Caja de Ahorros de que dependa. Asimismo, la mencionada entidad bancaria se adherirá al Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros.

Si una Caja de Ahorros redujera su participación de manera que no alcance el 50% de los derechos de voto de la entidad de crédito a que se refiere la presente disposición, tendrá que renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según el previsto en la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 y proceder a su transformación en fundación especial de acuerdo en el previsto en el artículo diez.

Lo establecido en la presente disposición será también de aplicación a aquellas Cajas de Ahorros que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente para todas ellas tal como dispone el artículo 8.3 de la Ley 13/1985 de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Mediadores Financieros.

Las Cajas de Ahorros deben hacer obra social propia y en colaboración con otras instituciones públicas o privadas. El Gobierno debe realizar una tarea orientadora en materia de obra social e indicar sus carencias y prioridades, respetando, no obstante, la libertad de cada Caja de Ahorros en cuanto a la elección de las inversiones concretas y la forma de gestión y ejecución de cada actuación.

La obra social pueden llevarla a cabo los órganos de las cajas directamente o unos entes instrumentales, en forma de fundación privada sujeta a la legislación civil catalana, los cuales deben actuar de acuerdo con los criterios del Consejo de Administración o, si le ha delegado su fijación, de la Comisión de obras sociales, a los que deben rendir cuentas.

Los estatutos de las cajas deben determinar el régimen de derechos y deberes de los miembros del patronato de la fundación teniendo en cuenta lo que los mismos estatutos establecen para los miembros del Consejo de Administración, salvo el límite de edad, y lo establecido por la legislación sobre fundaciones. La denominación de los entes instrumentales debe permitir identificar claramente su vinculación con la Caja de Ahorros respectiva.

Corresponden al Departamento de Economía y Finanzas, en el ámbito específico de sus competencias, el control y la supervisión de la actuación de la fundación, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley de fundaciones reconozca a otros órganos de la Administración de la Generalidad.

La constitución de nuevas Cajas de Ahorros en Cataluña debe hacerse mediante escritura pública, que debe contener:

Si la voluntad fundacional hubiera sido manifestada en testamento, debe ser ejecutada por las personas designadas por el fundador o por la fundadora, que otorgarán la escritura pública de fundación complementando dicha voluntad de acuerdo con la presente Ley.

El patronato de la fundación tiene atribuidas las funciones propias del Consejo de Administración y debe aprobar los reglamentos internos de la Caja de Ahorros.

El patronato debe iniciar el proceso de constitución de la primera asamblea general en un plazo no superior a nueve meses desde el inicio de la actividad de la Caja de Ahorros.

En el primer Consejo de Administración, además de las o de los Vocales elegidos, deben figurar con voz y voto las personas miembros del patronato fundacional, que cesarán a los dos años de la constitución de la primera asamblea general, sin perjuicio de que puedan ser elegidos como Vocales.

El director o directora general debe ser ratificado por el primer Consejo de Administración que se constituya.

Corresponde al Consejero o la Consejera de Economía y Finanzas aprobar la fundación y los estatutos de la Caja de Ahorros y admitirla en el Registro. Desde la inscripción, la Caja de Ahorros goza de personalidad jurídica y puede iniciar sus actividades.

La inscripción es obligatoria, y sólo se puede denegar por incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley o en los reglamentos que la desarrollan, por notoria inadecuación o insuficiencia de la dotación fundacional para el objeto y los fines de la institución.

Las inscripciones concedidas no son transmisibles por ningún título ni causa jurídica.

Las reglas especiales de intervención y control del Protectorado sobre las Cajas de Ahorros de nueva creación durante el periodo transitorio, que no puede exceder de dos años, se deben establecer reglamentariamente. Transcurrido el periodo transitorio y previa inspección correspondiente, la inscripción en el Registro se convertirá en definitiva.

Si el Consejero o la Consejera de Economía y Finanzas deniega la inscripción, en aplicación de lo prescrito en el presente artículo, o la misma no se convierte en definitiva, se debe aplicar, por lo que respecta al destino del patrimonio, lo establecido por la norma fundacional o, en su defecto, lo establecido para el caso de disolución y liquidación de Cajas de Ahorros.

Para las entidades domiciliadas en Cataluña, las denominaciones «Caja de Ahorros» y «Monte de Piedad» son privativas de las instituciones inscritas en el Registro de Cajas de Ahorros de Cataluña.

Ninguna entidad ni empresa no inscrita puede emplear en la denominación, las marcas, los rótulos, el modelado o los anuncios expresiones que induzcan a error por lo que respecta a su naturaleza.

Las absorciones y fusiones de Cajas de Ahorros con domicilio en Cataluña deben ser autorizadas por el Gobierno de la Generalidad. En estos casos se deben observar las condiciones siguientes:

La participación de una caja en un sistema institucional de protección, así como el ejercicio indirecto de su objeto propio como entidad de crédito mediante una entidad bancaria, a la cual se aporta todo el negocio financiero, deben ser aprobados por el Gobierno de Cataluña y requieren la incorporación en los estatutos de las condiciones básicas de la participación o del ejercicio indirecto.

La autorización debe ser publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en los diarios de mayor difusión de la población donde tienen el domicilio central.

Las cajas de ahorros pueden acordar la segregación de sus actividades financieras y benéfico-sociales mediante el régimen establecido por el presente artículo en los siguientes casos:

Si las cajas de ahorros que participan en un sistema institucional de protección o que están participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria reducen su participación en la entidad bancaria, de modo que no llegan a tener el control de esta, en los términos del artículo 42 del Código de comercio, o esta participación queda por debajo del 25%, deben renunciar a la autorización para actuar como entidades de crédito, de acuerdo con lo establecido por la Ley de ordenación bancaria de 31 de diciembre de 1946, y deben transformarse en fundaciones especiales. A tal efecto, estas cajas de ahorros, salvo que ya se haya hecho como consecuencia de su participación en un sistema institucional de protección, deben traspasar todo el patrimonio afecto a su actividad financiera a otra entidad de crédito a cambio de acciones de esta, deben transformarse en una fundación especial y pierden la condición de entidad de crédito.

La fundación especial debe centrar su actividad en la atención y el desarrollo de sus finalidades sociales, a cuyo fin puede gestionar su cartera de valores y sus ingresos. La fundación especial debe destinar a su finalidad benéfico-social el producto de los fondos, participaciones e inversiones que integren su patrimonio.

Las transformaciones de cajas de ahorros en fundaciones especiales y las constituciones de estas deben ser autorizadas por el Gobierno.

El proceso de transformación de las cajas de ahorros siempre debe estar controlado por un representante o una representante de la Generalidad, nombrado por el Gobierno. Este representante debe actuar bajo la dependencia directa del Gobierno.

La disolución y liquidación voluntarias de Cajas de Ahorros deben ser autorizadas por el Gobierno de la Generalidad.

El proceso de liquidación siempre debe ser controlado por un representante de la Generalidad nombrado por el Gobierno de la Generalidad a propuesta del Consejero o la Consejera de Economía y Finanzas, que debe actuar bajo la dependencia directa del Gobierno de la Generalidad.

La adjudicación de los bienes resultantes de la liquidación se debe ajustar a lo dispuesto por la legislación catalana sobre fundaciones privadas.

Las presentes disposiciones se entienden sin perjuicio de las normas estatales que regulan el fondo de garantía de depósitos. En cualquier caso, las instituciones u organismos competentes establecerán sistemas de colaboración en el ejercicio de las competencias respectivas.

Se crea el Registro de Cajas de Ahorro de Cataluña. En él se deben hacer constar, en la forma determinada por el Departamento de Economía y Finanzas:

Con respecto a las Cajas de Ahorros constituidas antes de la publicación de la Ley 15/1985, de 1 de julio, de Cajas de Ahorros de Cataluña, el Registro sólo debe recoger las letras a), b), y f) del punto 1 y, si se conocen, la corporación, la entidad o las personas fundadoras.

Igualmente, tienen que constar los acuerdos del Gobierno de la Generalidad y del Departamento de Economía y Finanzas referentes a la modificación de estatutos, a los cambios de organización institucional, a las transformaciones en fundación especial, a las absorciones o las fusiones, a la disolución y a la liquidación.

Los datos del Registro son públicos. Cualquier persona interesada puede obtener gratuitamente certificación de los datos que constan en él.

La administración, la gestión, la representación y el control de las Cajas de Ahorros corresponden a los órganos de gobierno siguientes, cuyas competencias son establecidas por la presente Ley:

Las personas miembros integrantes de dichos órganos deben ejercer sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la Caja de Ahorros.

Los cargos de miembro de la asamblea general tienen carácter honorífico y gratuito y no pueden originar otras percepciones que las dietas por asistencia y desplazamiento establecidas por la misma entidad de acuerdo con las reglas que determine el Protectorado que establece la presente Ley.

El ejercicio de las funciones de vocal del Consejo de Administración y de vocal de la Comisión de Control podrá ser retribuido. Corresponderá a la Asamblea General la determinación del régimen de remuneración.

El ejercicio del cargo de Presidente o Presidenta de la Caja de Ahorros se puede retribuir si así lo establecen los estatutos de la entidad, que también deben establecer el régimen de incompatibilidades correspondiente en función de la dedicación. El Consejo de Administración debe fijar la cuantía de la retribución y debe notificarla al Protectorado al que se refiere el apartado 1. Estas circunstancias también se deben incluir en el informe anual de gobierno corporativo de la entidad.

La asamblea general es el órgano supremo de gobierno y de decisión de las Cajas de Ahorros. Sus miembros poseen la denominación de Consejeros y Consejeras generales, velan por la integridad del patrimonio, por la salvaguardia de los intereses de las personas depositantes y por la consecución de los fines de utilidad pública de la entidad, y fijan las normas directrices de la actuación de la misma.

La asamblea general está constituida por un mínimo de sesenta y un máximo de ciento sesenta miembros, que representan a los sectores siguientes:

La responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo que prescribe esta Ley, en los diferentes procesos de elección de los Consejeros y Consejeras generales, corresponde al Departamento de Economía y Finanzas y a la Comisión de control saliente.

La representación de dichos sectores se distribuye en la manera que determinan los estatutos, dentro de los porcentajes siguientes:

La representación de las administraciones públicas y de las entidades y las corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros, incluso cuando tienen la condición de entidad fundadora, no debe superar en conjunto el 40% de los derechos de voto en cada uno de dichos órganos.

A las Cajas de Ahorros que desarrollen su actividad indirectamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 3, apartado 4, les serán de aplicación las siguientes especialidades:

En caso de que una Caja de Ahorros emita cuotas participativas, los cuotapartícipes dispondrán en la Asamblea General de un número de votos proporcional al porcentaje que supongan sus cuotas participativas sobre el patrimonio neto total de la caja, que se computará tanto a efectos de adopción de acuerdos, como de quórum de asistencia para la válida constitución de la Asamblea General.

Los cuotapartícipes tendrán derecho a asistir a las Asambleas Generales que celebre la Caja de Ahorros emisora y a votar para formar la voluntad necesaria para la válida adopción de acuerdos en los términos previstos en esta Ley.

Sin perjuicio del previsto en el apartado anterior, la participación de los cuotapartícipes en la Asamblea General no afectará al número de Consejeros Generales que, de acuerdo con la normativa vigente, corresponda a los diferentes grupos representativos de intereses colectivos.

Los derechos políticos derivados de la suscripción de cuotas participativas por entidades públicas computará a los efectos del cálculo de los límites a la representación de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público, previstos en el apartado 2 de este artículo.

Los Consejeros y Consejeras generales deben cumplir los requisitos siguientes:

Los componentes de los órganos de gobierno ejercerán sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de la caja a que pertenezcan y del cumplimiento de su función social, teniendo que reunir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.1, los requisitos de honorabilidad comercial y profesional que determinen las normas de desarrollo de esta Ley.

No pueden ejercer el cargo de Consejero o Consejera general ni actuar como compromisarios o compromisarias:

Los Consejeros y Consejeras generales no pueden estar vinculados a la Caja de Ahorros o a sociedades en las que ésta participa en más de un 25% del capital por contratos de obras, servicios, suministros o trabajos retribuidos, por el periodo en que poseen esta condición y dentro de los dos años siguientes a partir del cese como Consejero o Consejera, a excepción de la relación laboral, cuando posean dicha condición por representación directa del personal de la Caja de Ahorros.

Los Consejeros y Consejeras generales se eligen para un periodo de seis años.

Los estatutos pueden establecer que los Consejeros y Consejeras generales puedan ser reelegidos. Esta reelección se puede hacer para el periodo inmediato siguiente al primer mandato o para otro posterior, en los mismos términos y condiciones que los fijados para el nombramiento.

El límite temporal de ejercicio del cargo de Consejero o Consejera general no puede superar los doce años de forma continuada o interrumpida. Se puede volver a ser elegido con el mismo límite cuando no se haya ejercido el cargo durante ocho años, sin perjuicio de lo que establece el artículo 19.1.f).

Los Consejeros y Consejeras generales deben renovarse por mitades cada tres ejercicios, respetando la proporcionalidad de las representaciones que componen la asamblea.

El procedimiento y las condiciones para cubrir las plazas vacantes de Consejeros Generales se deben determinar por reglamento.

Los Consejeros y Consejeras generales cesan en el ejercicio de sus cargos en los supuestos siguientes:

El cese de los Consejeros y Consejeras generales no debe afectar a la distribución de puestos en el Consejo de Administración.

La Asamblea general debe ser convocada por el Consejo de Administración con una antelación mínima de quince días, en la forma que establezcan los estatutos de cada institución. La convocatoria debe ser comunicada a los Consejeros y Consejeras generales, debe expresar el día, la hora y el lugar de reunión y el orden del día, y también el día y la hora de reunión en segunda convocatoria, y se debe publicar, como mínimo, quince días antes de la sesión, en los diarios de mayor circulación en Cataluña . Asimismo, se debe publicar en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el "Boletín Oficial del Estado".

La Asamblea General necesita, para constituirse válidamente en primera convocatoria, que los Consejeros generales presentes y, en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados posean, al menos, el cincuenta por ciento de los derechos de voto. En segunda convocatoria es válida la constitución sea cuál sea el número de personas presentes. Para el debate y la adopción de acuerdos sobre las materias a que hacen referencia las letras c), d), e) y f) del artículo 22, hace falta, adicionalmente, la asistencia, en primera convocatoria, de las dos terceras partes, y en segunda convocatoria, de la mayoría de los derechos de voto de la Asamblea.

Las sesiones de la Asamblea general pueden ser ordinarias o extraordinarias.

Cada Consejero y Consejera general tiene derecho a un voto, que no puede delegar, y quién preside la reunión tiene voto de calidad. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los miembros de la Asamblea General, incluso a los disidentes y a los ausentes. También tienen derecho a un voto, en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados.

Los acuerdos se toman, por norma general, por mayoría simple de votos concurrentes, si los estatutos no fijan lo contrario. No obstante, la aprobación y modificación de los estatutos y el reglamento de la caja, la disolución y liquidación de la entidad, su fusión o integración con otras entidades, su transformación en una fundación de carácter especial y la decisión de desarrollar su actividad de manera indirecta, de acuerdo con lo que prevé el artículo 3, requerirá en todo caso la asistencia de Consejeros generales y, en su caso, de cuotapartícipes, que representen la mayoría de los derechos de voto. Será necesario, adicionalmente, el voto favorable de, como mínimo, dos terceras partes de los derechos de voto de los asistentes.

Con carácter obligatorio, se debe realizar una reunión anual ordinaria. La Asamblea debe ser convocada y celebrada en el primer semestre natural de cada ejercicio, con el fin de someter a aprobación la memoria, el balance y la cuenta de resultados, y también el proyecto de aplicación de los excedentes, el proyecto de dotación de la obra social y la renovación de cargos del Consejo de Administración y de la Comisión de control, en su caso.

En los quince días anteriores a la celebración de la asamblea los Consejeros y Consejeras generales pueden examinar en el domicilio de la entidad la documentación justificativa de la memoria, el balance y la cuenta de resultados, la rendición de cuentas y el presupuesto de la obra social, el informe de la Comisión de control y el informe de las auditorías realizadas.

Las demás condiciones de convocatoria y de funcionamiento de las Asambleas generales se determinarán en las normas que desarrollan esta Ley.

La renovación de los órganos de gobierno se produce dentro del primer semestre natural del ejercicio que corresponda en la Asamblea general ordinaria o en la Asamblea extraordinaria celebrada a continuación de la anterior.

Además de la Asamblea ordinaria establecida por el artículo 25, el Consejo de Administración puede convocar Asamblea general extraordinaria siempre que lo considere conveniente para los intereses sociales. Deberá hacerlo asimismo a petición de un tercio de las personas miembros de la Asamblea, de un tercio de las personas miembros del Consejo de Administración o por acuerdo de la Comisión de control. La petición debe expresar el orden del día al que se limitará el contenido de la Asamblea.

La convocatoria se efectuará dentro de los quince días siguientes a la presentación de la petición.

El Consejo de Administración, como órgano delegado de la Asamblea general, tiene encomendados el gobierno, la gestión, la administración y la representación de la Caja de Ahorros, con plenitud de facultades y sin más limitaciones que las reservadas expresamente a la asamblea de la entidad por la presente Ley o por los estatutos respectivos.

El número de vocales del Consejo de Administración que representan intereses colectivos es el que fijan los estatutos, y no pude ser inferior a diez ni superior a veintiuno.

La presencia en el mismo de los grupos representados en la Asamblea debe ser proporcional a la de aquéllos, salvando las fracciones que resultan de su reducción numérica.

Las personas miembros del Consejo de Administración son nombradas por la Asamblea general entre las personas miembros de cada sector de representación a propuesta de la mayoría del sector respectivo, del Consejo de Administración o de un 25% de las personas miembros de la Asamblea.

Al menos la mayoría de los vocales del Consejo de Administración tendrán que tener los conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones.

Los cuotapartícipes podrán proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros del Consejo de Administración en representación de los cuotapartícipes.

La concesión de créditos, avales y garantías de la Caja de Ahorros a las personas miembros del Consejo de Administración, a las personas miembros de la Comisión de control, al Director o Directora general, o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado, y también a las sociedades en las que dichas personas tengan una participación que, aislada o conjuntamente, es mayoritaria, en las que ejerzan los cargos de Presidente o Presidenta, Consejero o Consejera, Administrador o Administradora, Gerente, Director o Directora general o asimilado, deberá ser autorizada por el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y comunicada al Departamento de Economía y Finanzas, que deberá autorizarla expresamente.

También serán precisas dichas autorizaciones para que las personas a las que hace referencia el apartado anterior puedan enajenar a la Caja de Ahorros bienes o valores propios o emitidos por la misma entidad.

Perderán la condición de Vocales las personas que dejen de pagar cualquier deuda contraída con la Caja de Ahorros.

La concesión de créditos a las personas representantes del personal se rige por lo que disponen los Convenios colectivos.

El mandato de las personas miembros del Consejo de Administración es de seis años.

Los estatutos pueden establecer que las personas miembros del Consejo de Administración puedan ser reelegidas. Esta reelección se puede hacer para el periodo inmediato siguiente al primer mandato o para otro posterior, en los mismos términos y condiciones que los fijados para el nombramiento.

El límite temporal de ejercicio del cargo de Vocal del Consejo de Administración no puede superar los doce años de forma continuada o interrumpida, excepto en los casos de los vocales designados por titulares de cuotas participativas, para los cuales no habrá límite máximo. Se puede volver a ser elegido con el mismo límite cuando no se haya ejercido el cargo durante ocho años, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 19.1.f).

Las personas miembros del Consejo de Administración que no hayan sido designadas por los cuotapartícipes se tienen que renovar por mitades cada tres ejercicios. En todo caso, en las renovaciones se tiene que respetar siempre la proporcionalidad de las representaciones que componen el Consejo.

El procedimiento y las condiciones para cubrir las plazas vacantes en el Consejo de Administración se deben determinar por reglamento, sin que en ningún caso se puedan hacer nombramientos provisionales.

El Consejo de Administración nombra entre sus miembros al presidente o presidenta, que lo es, a la vez, de la entidad, por mayoría de dos tercios, y un Vicepresidente o Vicepresidenta, o más, que lo sustituyen por orden. Nombra también a un Secretario o Secretaria, que puede ser miembro del Consejo de Administración. En el caso de Cajas de Ahorros fundadas por una entidad pública, los estatutos pueden atribuir la presidencia a un o una Vocal del Consejo de Administración designado por esta entidad.

A falta de acuerdo sobre el nombramiento del Presidente o Presidenta, o en ausencia del mismo, convoca y preside las reuniones y ejerce sus funciones un o una de los Vicepresidentes, por su orden, o, en ausencia de los mismos, el o la Vocal de mayor edad.

El Consejo se reúne siempre que sea necesario para la buena marcha de la entidad y, como mínimo, una vez cada dos meses.

La convocatoria corresponde al Presidente o Presidenta a iniciativa propia o a petición de un tercio, como mínimo, de los miembros del Consejo.

Para que los acuerdos tengan validez, es precisa la asistencia a la reunión de la mitad más una de las personas miembros del Consejo, como mínimo. El Presidente o Presidenta tiene voto de calidad.

El Director o Directora general de la entidad asiste a las reuniones del Consejo con voz y voto, salvo cuando sea preciso adoptar decisiones que le afecten.

Son facultades de la Comisión de control:

La Comisión de control debe informar inmediatamente al Departamento de Economía y Finanzas de las irregularidades observadas en ejercicio de sus funciones, al objeto de que éste adopte las medidas adecuadas, sin perjuicio de las facultades de aquélla de solicitar la convocatoria de Asamblea general y de la obligación de comunicar directamente al Banco de España o al órgano estatal que corresponda las cuestiones relacionadas con sus competencias.

La Comisión de control debe elaborar los informes establecidos reglamentariamente, que se remitirán al Departamento de Economía y Finanzas.

La Comisión de control está formada, como mínimo, por un representante de cada uno de los grupos que integran la asamblea, si bien los estatutos pueden ampliar el número de Vocales aplicando criterios de proporcionalidad. Los o las Vocales son elegidos por la Asamblea general entre sus miembros que no tienen la condición de Vocales del Consejo de Administración.

La Comisión elige un Presidente o Presidenta y un Secretario o Secretaria entre sus miembros.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de control se reunirá siempre que sea convocada por el Presidente o Presidenta a iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros y, como mínimo, una vez al trimestre. En el ejercicio de sus funciones, puede solicitar al Consejo de Administración y al Director o Directora general los antecedentes e información que considere necesarios.

El Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros tiene que constituir en su seno una Comisión de Retribuciones y Nombramientos que tendrá las siguientes funciones:

La Comisión tiene que estar compuesta por un máximo de cinco personas, que tienen que tener la condición de vocales del Consejo de Administración.

El régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos tiene que ser establecido reglamentariamente y, en todo caso, en los estatutos de la caja y su reglamento interno, que puede atribuir las funciones previstas en las letras a) y b) del apartado 1 a una comisión de retribuciones y a otra de nombramientos respectivamente, a las cuales se aplicarán las disposiciones de este artículo, salvo el número de miembros que, en este caso, tiene que ser de tres para cada una.

Cualquier miembro de los órganos de gobierno tiene que comunicar a la comisión de retribuciones y nombramientos cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pueda tener con los intereses de la caja y con el cumplimiento de su función social.

El Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros tiene que constituir en su seno una Comisión de Inversiones que tendrá la función de informar al Consejo de Administración o la comisión ejecutiva de aquellas inversiones o desinversiones que tengan carácter estratégico y estable, tanto cuando sean hechas directamente por la entidad como cuando lo sean a través de sus entidades dependientes, así como informar sobre su viabilidad financiera y adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la entidad. Asimismo tiene que entregar un informe anual sobre las inversiones de esta naturaleza efectuadas durante el ejercicio.

La comisión tiene que estar compuesta por un máximo de tres personas, que tienen que ser vocales del Consejo de Administración.

El régimen de funcionamiento de la Comisión de Inversiones tiene que ser establecido por reglamento y tiene que constar en los estatutos y el Reglamento interno de la caja.

Para garantizar el cumplimiento de la obra benéfico-social de la Caja de Ahorros se tiene que crear una Comisión de Obra Social.

La composición y el funcionamiento de esta comisión se tiene que regular por Reglamento.

El Director o Directora general es designado por el Consejo de Administración y confirmado por la asamblea general de la Caja de Ahorros entre personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficientes para el desarrollo de las funciones del cargo.

El Director o Directora general debe cesar en el cargo:

El cese en el cargo de Director o Directora general no afecta a los derechos derivados de su relación laboral con la entidad.

El mandato de las personas miembros de los órganos de gobierno es de seis años. Mientras no se haya cumplido el mandato para el que fueron designados, y salvo en los casos establecidos específicamente por el artículo 21, el nombramiento de los Consejeros generales es irrevocable.

Los reglamentos de cada Caja de Ahorros, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias de la Generalidad y de sus estatutos, deben fijar los procedimientos de elección de las personas miembros que integrarán los órganos de gobierno.

Los titulares de cuotas participativas en, al menos, un porcentaje del total de cuotas emitidas en circulación igual o superior al 5% pueden solicitar de la entidad informaciones o aclaraciones, o formular preguntas por escrito sobre cualquier asunto que sea de su interés y la entidad está obligada a facilitárselos, a menos que resulten perjudicados los intereses de la Caja de Ahorros o el cumplimiento de su función social.

Los titulares de cuotas participativas tienen derecho a impugnar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por el Consejo de Administración de la entidad emisora en los mismos términos y condiciones que los accionistas respecto de los acuerdos sociales de las juntas y del órgano de administración de la sociedad anónima de la cual son socios.

Se crea, en el Departamento de Economía y Finanzas, el Registro de Altos Cargos y Consejeros Generales de Cajas de Ahorros de Cataluña, en el que deben inscribirse los nombramientos, las reelecciones y los ceses de las personas miembros de la Asamblea general, del Consejo de Administración y de la Comisión de control, y del Director o Directora general. Las comunicaciones a este Registro deben hacerse en un plazo de quince días hábiles posteriores al acto correspondiente.

Las altas y bajas del Registro de Altos Cargos y Consejeros Generales de Cajas de Ahorros de Cataluña, salvo las relativas a las personas miembros de la Asamblea general, se deben notificar al Banco de España en un plazo de quince días hábiles, y se pueden comunicar por medio de un certificado a toda persona que justifique su interés.