plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 1995 - 1998

Este programa se orientará hacia el fortalecimiento de la capacidad de las entidades territoriales para manejar los recursos y desempeñar adecuadamente las competencias que la ley les asigna, con énfasis en la administración del Sistema de Seguridad Social. Particular atención se dará a las acciones de apoyo a la gestión, la planeación y la descentralización institucional, así como al desarrollo de sistemas de información y monitoreo que permitan el seguimiento permanente de la gestión de las instituciones del Sistema.

Al finalizar el período la totalidad de los departamentos y distritos, así como el 80% de los municipios, habrán obtenido la certificación para el manejo autónomo de los recursos del situado fiscal. De la misma manera, la totalidad de las instituciones hospitalarias públicas se habrán constituido como empresas sociales del Estado.

El Ministerio de Salud implantará un modelo integral de evaluación, que permita establecer el grado de avance de la descentralización y la capacidad técnico-administrativa de las empresas sociales del Estado. De la misma manera, se pondrá en marcha un sistema que permita el monitoreo de los avances de la reforma a la Seguridad Social en Salud, el seguimiento financiero de la subcuenta de compensación, el valor de la Unidad de Pago por Capitación, (UPC), el contenido del plan obligatorio, entre otros, con el fin de identificar las dificultades e introducir los correctivos necesarios de manera oportuna.

• 4. Garantía de calidad de los servicios

La calidad de los servicios de salud se promoverá a través de la puesta en marcha de instrumentos de análisis del estado sanitario y evaluación de la prestación de los servicios, así como de mecanismos que contribuyan a la mejor formación de los recursos humanos y a elevar la capacidad de innovación e investigación del sector.

Cada una de las instituciones del sistema deberá contar con comités internos de garantía de calidad como herramienta fundamental para su continuo mejoramiento, así como con sistemas permanentes de capacitación de su personal, encaminado a fomentar una cultura de la calidad basada en el compromiso de todos los actores con el mejoramiento continuo de los servicios a las personas. También se implantará un sistema de acreditación para las IPS del Sistema de Seguridad Social.

El control de calidad de los medicamentos será parte fundamental del sistema de garantía de calidad y corresponderá su aplicación al Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, (Invima). Por su parte, el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, (Icontec) establecerán normas de calidad para los equipos e instrumentos médico-quirúrgicos que se utilicen en el país.

La Superintendencia Nacional de Salud creará el Sistema de Garantía de Calidad y vigilará el cumplimiento de las normas establecidas para las instituciones de Sistema Social: Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios. Para esto diseñará y aplicará los mecanismos de vigilancia y control que garanticen la financiación y la correcta aplicación de los recursos del sistema, así como la calidad de la prestación de los servicios. Con base en indicadores de control de gestión, calidad de los servicios y satisfacción del usuario, establecerá controles objetivos que aseguren la calidad de la atención.

El Ministerio de Salud desarrollará un modelo mínimo de auditoría médica cuyo objetivo sea la evaluación sistemática y objetiva de la atención clínica y los protocolos mínimos o guías de atención integral, que hagan posible el análisis del cumplimiento de los procedimientos normatizados.

El Gobierno Nacional conformará una Misión para la evaluación del estado de la educación en las profesiones de la salud y la correspondencia entre el perfil profesional y las realidades epidemiológicas del país. Esta Misión formulará recomendaciones que sirvan como base para las modificaciones curriculares, así como de los requerimientos para la acreditación de los distintos programas. De la misma manera, el Ministerio de Salud diseñará y difundirá instrumentos que permitan una mejor selección de los profesionales que se vinculen a las instituciones prestadoras de servicios, así como su permanente evaluación y la formulación de planes de mejoramiento de los recursos humanos.

• 5. Ciencia y tecnología para la salud

Conjuntamente con el sistema nacional de ciencia y tecnología, el Ministerio de Salud promoverá y apoyará la investigación básica y aplicada en áreas que permitan mejorar el diagnóstico y la atención en salud, el desarrollo de la tecnología adecuada para el sector y su articulación con los avances y aplicaciones del conocimiento a nivel internacional. De igual manera, se desarrollarán programas de investigación y recopilación de la medicina tradicional.

A través del Sistema de Ciencia y Tecnología y con el apoyo del Ministerio de Salud, se incentivará con becas y créditos educativos a profesionales sobresalientes en el campo de la investigación básica y aplicada en el sector de la salud. El Icetex apoyará la formación de posgrado en el país y en el exterior mediante créditos condonables.

B. Programas para la niñez

El bienestar de la niñez constituye una de las metas fundamentales del desarrollo nacional. La Carta Política reconoce los derechos de los niños y establece que éstos prevalecen sobre los derechos de los demás; sin embargo, aún miles de ellos carecen de las oportunidades para hacerlos efectivos: no disponen del conjunto de bienes y garantías fundamentales que son necesarios para vivir dignamente, están marginados de los procesos de participación social y no cuentan con referentes sociales e institucionales que los desafíen a utilizar su creatividad en proyectos colectivos que beneficien a la sociedad.

Teniendo en cuenta que los niños y niñas de hoy serán los ciudadanos colombianos del mañana y que en ellos se fundamenta el verdadero cambio de la sociedad, el Gobierno nacional se propone crear una cultura en favor de la niñez que, reconociendo las diferencias y la diversidad de la población más joven, comprometa a las instituciones y a los diferentes sectores de la sociedad con su supervivencia, desarrollo, protección y participación, para satisfacer sus necesidades humanas básicas, lograr su desarrollo armónico e integral y aprovechar al máximo su potencial. Este objetivo se logrará a través de: a) movilización en torno a la niñez; b) programas de protección, desarrollo y bienestar; c) programas especiales para menores en situación irregular; y d) desarrollo institucional. El conjunto de acciones para la niñez durante el cuatrienio, tiene un costo total de $2 billones de (Cuadro 5.3).

• 1. Movilización en torno a la niñez

El Gobierno Nacional y las administraciones territoriales promoverán la creación de una conciencia social y comunitaria que beneficie a los niños, al generar actitudes y comportamientos de respeto, igualdad y equidad de género, valoración y protección de los menores en la familia y la comunidad, dando especial importancia a la participación de los niños y jóvenes como actores del desarrollo social.

A través de los medios masivos y alternativos de comunicación se informará y motivará a la ciudadanía para que se comprometa con el mejoramiento de los procesos de socialización y con el logro de niveles de bienestar más elevados para la niñez, a la vez que prevenga la existencia de menores en situación irregular. Se convocará la participación de la comunidad, en especial de los padres de familia, para el ejercicio de la veeduría ciudadana como control de la gestión pública en favor de la infancia.

El Gobierno también promoverá el desarrollo del conocimiento científico y colectivo sobre la niñez, a través del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Mejorará los registros institucionales, con especial atención en las estadísticas de nacimientos, los registros de morbimortalidad infantil, la información sobre el acceso y permanencia en el sistema educativo, y la información relacionada con los derechos cívicos de los niños y niñas. Incluirá, además, módulos sobre el tema en las encuestas socio-económicas y a través de las entidades del Sistema de Bienestar Familiar, impulsará la realización de estudios sobre los niños en situación irregular, así como la identificación de modelos para su óptima intervención.

• 2. Protección, desarrollo y bienestar de la niñez

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, entregará complemento nutricional a mujeres gestantes y lactantes, y a sus hijos entre los 6 y 24 meses. Se fortalecerán las acciones de educación en salud orientadas a disminuir la morbimortalidad materna, perinatal e infantil, regular la fecundidad, prevenir el embarazo precoz e impulsar la lactancia materna y la participación del padre en la crianza. Estas acciones cubrirán a 630.000 personas y se complementarán con las del Programa de Atención Materno Infantil, PAMI.

Para mejorar la calidad de la atención en los Hogares Comunitarios de Bienestar, que atienden 890.000 niños, se aumentará, como parte de los programas de la Red de Solidaridad Social, la ración alimenticia hasta satisfacer, en los próximos cuatro años, el 100% de sus necesidades nutricionales. Las instituciones de salud y el ICBF evaluarán periódicamente el estado de salud de los niños, así como su crecimiento y desarrollo, remitiéndolos en caso necesario a las entidades competentes. Con el sector educativo se adelantarán acciones para estimular el desarrollo psicoafectivo y social de los menores, al vincular estudiantes de carreras relacionadas con el desarrollo infantil y vigías de la salud de los colegios. Para mejorar las condiciones sanitarias y evitar el hacinamiento en los Hogares Comunitarios, se adecuará la infraestructura física de 2.844 Hogares Comunitarios múltiples, que funcionarán en instalaciones comunitarias, preferencialmente con parques o espacios libres para la recreación de los niños. Adicionalmente, a 140.000 niños en edad preescolar del área rural, no atendidos en Hogares Comunitarios, se les brindará un subsidio alimentario.

El estado nutricional de un millón de escolares se intervendrá suministrando un refrigerio reforzado, como complemento alimentario que aporte el 20% de sus requerimientos nutricionales.

• 3. Programas especiales para menores en situación irregular

El ICBF, el Ministerio de Salud y las demás instituciones responsables de la prevención y protección de menores maltratados o abusados sexualmente, que ascienden en la actualidad a cerca de 850.000, integrarán una red de servicios con el fin de identificarlos y darles atención oportuna. El ICBF ampliará sus servicios de recepción de menores en emergencia, conformará equipos interdisciplinarios de apoyo para los Defensores de familia e impulsará a los municipios para la creación y fortalecimiento de las Comisarías de familia.

Para desestimular el trabajo de 500.000 menores de catorce años, el sector educativo promoverá su escolarización; esta acción se reforzará con el otorgamiento de subsidios a mujeres jefes de hogar con hijos en la educación básica. El Ministerio de Trabajo y el ICBF efectuarán una búsqueda activa de menores que realizan trabajos de alto riesgo, y vigilarán el cumplimiento de la legislación; con los entes territoriales, impulsarán planes alternativos para modificar su actividad laboral.

El ICBF atenderá integralmente a 15.000 menores de la calle, al fortalecer los programas de medio abierto y medio institucional, promocionar la adopción y crianza en hogares sustitutos, e impulsar su reinserción al medio familiar y comunitario.

Para la rehabilitación de 14.500 jóvenes infractores, el ICBF coordinará la realización de acciones educativas, de capacitación laboral y de seguimiento, y promoverá la cofinanciación para cubrir temporalmente los gastos de los jóvenes recién rehabilitados que no tengan recursos para vivir autónomamente. El Ministerio de Justicia reforzará los equipos interdisciplinarios de los despachos judiciales, impulsará la atención judicial permanente al menor infractor, notificará su detención a la Defensoría del Pueblo y evitará su institucionalización innecesaria.

El Programa nacional de Protección y Asistencia Integral a las personas víctimas y desplazadas por la violencia dará prioridad a la atención de los menores de edad.

La legislación relacionada con todas las categorías de menores en situación irregular será revisada por el Ministerio Público y el ICBF, quienes promoverán los ajustes necesarios y velarán por su estricto cumplimiento.

• 4. Desarrollo institucional

Se redefinirán las competencias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, al comprometer política, técnica y financieramente a las administraciones territoriales en la planeación y ejecución de los programas dirigidos a esta población, y promover su inclusión en los planes territoriales de desarrollo. Por otra parte, el ICBF impulsará los ajustes institucionales requeridos para cumplir con sus funciones a nivel territorial; especialmente realizará modificaciones administrativas, mejorará su capacidad de dirección, evaluación y asistencia técnica a los municipios, y desarrollará instrumentos para elevar el nivel de recaudo y las fuentes de financiación.

• C. Tercera edad

Las personas de la tercera edad, en especial aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza, constituyen uno de los grupos más vulnerables de la población. Para mejorar sus condiciones de vida, serán beneficiados con acciones que les permitan el acceso a servicios en salud, protección, vivienda y pensiones. El desarrollo de estas acciones deberá ser una responsabilidad compartida del Estado, la sociedad civil y la comunidad.

Los programas para la tercera edad estarán encaminados a vincular esta población al sistema de seguridad social, promover la generación de una oferta local de servicios y crear una actitud de reconocimiento positivo de la vejez.

A través del Programa "Revivir" de la Red de Solidaridad Social, se apoyarán 240.000 ancianos indigentes. Este programa será complementado con planes de atención que pondrán en marcha los municipios. Serán beneficiarios los ancianos que, por cumplir los requisitos definidos en la Ley 100 de 1993, se encuentren en condiciones de pobreza o indigencia. La administración y ejecución del programa será responsabilidad de los municipios y distritos, que podrán llevar a cabo la administración directamente o a través de una entidad promotora (organizaciones no gubernamentales o entidades especializadas).

Como complemento a "Revivir", se desarrollarán acciones que permitan mejorar las condiciones de salud, nutrición, protección y vivienda de los beneficiarios del programa. Los municipios prestarán servicios diurnos de atención a los ancianos indigentes, a través de los cuales se garantizará soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, culturales y ocupacionales. El programa se desarrollará en las viviendas o en espacios comunitarios existentes en los barrios. Será apoyado por el ICBF y el Programa de Empleo Urbano de Emergencia, así como con recursos del sistema de cofinanciación. Se podrán contratar actividades con organizaciones no gubernamentales y comunitarias.

Los ancianos pobres serán beneficiarios del régimen subsidiado de seguridad social en salud. Los hogares en los cuales residan estos ancianos tendrán preferencia para acceder a los subsidios de los programas que hacen parte de la política de vivienda social.

Para mejorar el bienestar de los pensionados, el Ministerio de Trabajo expedirá las normas necesarias para hacer efectiva su afiliación a las Cajas de Compensación 4 . Los pensionados se afiliarán voluntariamente con el 2% de su mesada a la Caja que escojan. La afiliación se hará a través de las entidades pagadoras de pensiones o de las asociaciones de pensionados y los ancianos tendrán derecho a todos los servicios de las Cajas con excepción del subsidio monetario.

Se continuará apoyando el cambio hacia una nueva perspectiva del envejecimiento, con proyectos que fomenten y fortalezcan nuevas relaciones del viejo con la familia, y promuevan en la comunidad y en la sociedad una imagen positiva del envejecimiento. Así mismo, se desarrollarán estrategias de tipo masivo que apoyen el cambio de imagen del viejo.

Con el fin de garantizar que la población más pobre y con dificultades de inserción en el mercado de trabajo cuente con una pensión cuando llegue a la tercera edad, se pondrá en marcha el Fondo de Solidaridad Pensional. Se otorgarán subsidios a más de 350.000 trabajadores del sector informal, tanto urbanos como rurales, los trabajadores dicapacitados y las madres comunitarias, que estén afiliados al régimen general de seguridad social en salud y demuestren un nivel de ingreso máximo de un salario mínimo.

Entre 1995 y 1998 el fondo de solidaridad pensional contará con cerca de $190.000 (cuadro 5.4). Será financiado con el 1% de la nómina de los trabajadores que devengan más de cuatro salarios mínimos, una contrapartida al menos igual por parte del presupuesto nacional, los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios o los recursos que aporten agremiaciones o federaciones para beneficio de sus afiliados y las apropiaciones del presupuesto nacional para el subisidio a los aportes de los trabajadores del servicio doméstico.

El subsidio se otorgará por un período máximo, continuo o discontinuo de 5 años para los trabajadores urbanos y de 10 años para los trabajadores rurales, los discapacitados y para las madres comunitarias mientras ellas ejerzan esta actividad.

• D. Prevención y atención a la discapacidad

La política de prevención y atención a la población discapacitada tiene como objetivos fundamentales el mejoramiento de la calidad de vida de esta población y el logro de su integración social y económica. Para ello, se pondrán en marcha acciones en educación, salud, y trabajo.

Los programas educativos son el mecanismo más efectivo para la integración de las personas discapacitadas. El Gobierno Nacional promoverá la integración de la población discapacitada a las aulas regulares en establecimientos educativos que organicen, directamente o por convenio con entidades gubernamentales y no gubernamentales, las acciones pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a los discapacitados, en el marco de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Además, cofinanciará los costos educativos de las personas de cinco a quince años discapacitadas pobres que asistan a instituciones educativas especializadas de carácter privado.

El Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional para Ciegos, (INCI), y el Instituto Nacional para Sordos, (INSOR), orientarán sus recursos de inversión, prioritariamente al desarrollo de metodologías y mecanismos de asistencia técnica y capacitación, en sus respectivos campos de especialización, dirigidos al mejoramiento de la atención educativa de la población discapacitada. De otro lado, conjuntamente con el ICFES, facilitará a los discapacitados la presentación de exámenes de Estado y, con el Icetex, promoverá el acceso a créditos educativos y becas para las personas discapacitadas.

En el área de recreación, Coldeportes promoverá y dará apoyo financiero a las entidades territoriales para el desarrollo de programas de recreación y deporte dirigidos a la población discapacitada.

Muchas de las discapacidades pueden evitarse. Para ello el Ministerio de Salud, en los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, dará especial atención a la disminución de la discapacidad o a la probabilidad de su ocurrencia. Dichos programas se realizarán a través del Plan de Atención Básica y el Plan de Atención Materno-Infantil de la Red de Solidaridad Social.

De otro lado, los discapacitados pobres serán beneficiarios del régimen subsidiado de seguridad social en salud y el Gobierno nacional buscará la ampliación de los beneficios incluidos en los POS, para que los discapacitados tengan acceso a tratamiento y rehabilitación.

Así mismo, los trabajadores discapacitados en situación de pobreza que se encuentren afiliados a la seguridad social en salud, tendrán acceso durante un período máximo de 10 años a un subsidio del 70% de su cotización al Régimen general de pensiones, a través del fondo de solidaridad pensional, y los discapacitados que se encuentren en situación de indigencia y sean mayores de 50 años tendrán acceso al Programa de Auxilio para Ancianos Indigentes "Revivir", de la Red de Solidaridad Social.

El Gobierno Nacional apoyará iniciativas legislativas que incentiven la vinculación laboral de personas con limitaciones, y a través del SENA realizará acciones de promoción de sus cursos de formación profesional entre ellos. Así mismo, los discapacitados pobres que se encuentren desempleados serán beneficiarios del Programa de Capacitación para el Trabajo con Subsidio al Desempleo.

Con el fin de motivar a las entidades territoriales al desarrollo de proyectos urbanísticos que faciliten el transporte y el acceso de los discapacitados a los espacios físicos e instalaciones públicas, el Ministerio de Transporte y el viceministerio de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo, con el apoyo de la vicepresidencia de la República, promoverán la divulgación de las normas vigentes sobre diseño urbano y transporte, y el desarrollo de proyectos locales de vivienda y diseño urbano que beneficien a la población discapacitada.

Como complemento a estas acciones se apoyará la investigación conducente al desarrollo, adaptación y difusión de tecnologías apropiadas; se desarrollarán sistemas de información que permitan contar con diagnósticos actualizados e indicadores para el seguimiento de los programas en beneficio de los discapacitados, así como se realizarán campañas masivas que contribuyan a crear una cultura de respeto y apoyo a las personas con discapacidad.

La atención a la población discapacitada se desarrollará en el marco de la estructura institucional vigente, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República, y contará con el apoyo del Comité Consultivo Nacional de la Discapacidad y grupos de enlace sectorial.

E. Cajas de compensación

En Colombia funcionan 67 cajas de compensación familiar que constituyen un instrumento esencial de protección y solidaridad para los trabajadores más pobres del sector formal de la economía nacional. Ellas desarrollan programas de salud, vivienda social, nutrición, educación, recreación, apoyo a microempresas y subsidio monetario.

La política nacional en este sector se orientará hacia el fortalecimiento de los mecanismos redistributivos del sistema, la mayor integración de las acciones de las cajas con los programas nacionales de desarrollo social, la ampliación de la cobertura y el logro de la mayor eficiencia en la operación de las cajas, especialmente en los servicios orientados a los trabajadores de menor ingreso y sus familias.

Con el fin de fortalecer los mecanismos redistributivos, se regularán los subsidios aplicados a las tarifas de los programas que desarrollan las cajas de compensación, con el fin de que otorguen mayores beneficios a los trabajadores de bajos ingresos y sus familias.

Se fomentará una mayor integración de las cajas con las políticas nacionales de desarrollo, especialmente fortaleciendo sus programas de salud, apoyo a la microempresa, vivienda social y capacitación. Además, como parte del sistema integral de seguridad social, las cajas de compensación podrán ofrecer el Plan Obligatorio de Salud y planes complementarios que cubran tanto al afiliado como a su familia.

La cobertura de las cajas se ampliará en número de afiliados y se evaluarán esquemas y propuestas para extenderlas a un mayor número de municipios. Para ello, se impulsarán los mecanismos para que los trabajadores del sector informal, microempresarios y pensionados se afilien al sistema con cotizaciones y beneficios parciales, y se ampliarán gradualmente los servicios y la cobertura de la Caja de Compensación Familiar Campesina.

Por último, la Superintendencia de Subsidio Familiar fortalecerá su acción de vigilancia, para que las cajas ejecuten oportuna y efectivamente sus recursos.

• III. HABITAT, DESARROLLO URBANO, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

El mejoramiento del nivel de vida de la población está estrechamente relacionado con las condiciones del hábitat en que se desenvuelven sus actividades cotidianas. Para mejorar el hábitat de las mujeres y los hombres más pobres, caracterizado por la subnormalidad de los barrios donde residen, se emprenderán, de manera simultánea e integral, cuatro estrategias que enfrentarán directamente las principales expresiones de la subnormalidad: hacinamiento, deplorable condición física de las viviendas, precario equipamiento social e insuficiente cobertura de los servicios públicos. Estas estrategias se desarrollarán articuladamente con el esfuerzo conjunto de la nación, las entidades territoriales y el sector privado.

La política de vivienda social urbana, más allá de la simple construcción aislada de nuevas viviendas, propende por el mejoramiento integral del barrio, al garantizar que sean de buena calidad, cuenten con los servicios públicos básicos y tengan el equipamiento social y la infraestructura física adecuados. El plan de agua, a su vez, está orientado a incrementar de manera significativa el número de viviendas con acueducto y alcantarillado, mejorando la calidad del agua suministrada y haciendo uso eficiente y racional del recurso hídrico. Por su parte, la política de apoyo al desarrollo de las ciudades tiene el propósito de obtener un mayor impacto de las acciones del Estado, contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la planificación, para que el crecimiento de los asentamientos y su equipamiento se realice de acuerdo con las particularidades y necesidades de cada ciudad. Por último, para garantizar que las anteriores acciones redunden en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, se prestará especial atención a la prevención y atención de desastres y la rehabilitación de zonas subnormales.

A. Política de vivienda social urbana

La Política de Vivienda Social Urbana focaliza el subsidio familiar de vivienda en los estratos más pobres y vulnerables de la población, lo integra a la Red de Solidaridad Social y lo articula a programas complementarios de mejoramiento del espacio y de la infraestructura de servicios comunitarios, con el fin de promover un desarrollo urbano integral y ordenado, y mejorar las condiciones de vida de los colombianos más pobres.

Los objetivos de la nueva política son: (a) realizar 606.000 soluciones de vivienda social urbana entre 1994 y 1998, el 72% de las cuales estará destinada a familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos; 500.000 de estas soluciones contarán con subsidios directos y el resto con programas especiales de crédito; con este programa, se estima que el déficit de vivienda social urbana se reducirá en cerca del 43%; b) debido a los programas complementarios de entorno, el número de familias beneficiadas será de 1.123.000; c) impulsar la participación municipal y comunitaria en la ejecución del programa; y d) promover procesos de reforma urbana que permitan habilitar tierras aptas para vivienda social, utilizando los instrumentos definidos por la Ley 9 a de 1989.

• 1. Componente integrado en la Red de Solidaridad Socia l

El Programa de mejoramiento de la vivienda y el entorno se focaliza en asentamientos subnormales de alta concentración de pobreza, donde el problema central es la calidad de la vivienda. Se apoya en el subsidio otorgado por el Inurbe y se complementa con recursos de los municipios, de los fondos de cofinanciación y de la Red de Solidaridad Social. Se adjudicarán 258.500 subsidios y el municipio, con el apoyo de los Fondos, tendrá a su cargo las obras de acceso al asentamiento, las redes de servicios públicos, grandes obras de mitigación de riesgos y proyectos dirigidos a la adecuación de zonas verdes y demás elementos del espacio público.

El Programa de vivienda nueva incluye viviendas mínimas o unidades básicas. Para lotes con servicios, la Nación sólo apoyará proyectos que contemplen los instrumentos de la reforma urbana. Se realizarán 158.000 soluciones de vivienda nueva, apoyadas con subsidio para familias de menos de dos salarios mínimos de ingreso.

• 2. Componente no cubierto por la Red de Solidaridad Social

Las acciones previstas se dirigen a atender el déficit cuantitativo de vivienda de los hogares con ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos legales mensuales. Con el apoyo del crédito, se realizarán 190.000 soluciones, de las cuales 84.000 se financiarán parcialmente con el subsidio familiar de vivienda.

• 3. Gestión de proyectos y asignación de recursos

El municipio es la instancia que promueve la iniciativa del proceso, identifica y formula los proyectos de mejoramiento, con la participación de la comunidad. El Ministerio de Desarrollo Económico estimulará la acción de los municipios y comunidades, y promoverá la gestión de las ONG y de entidades particulares de reconocida experiencia en programas de este tipo.

Con el objeto de simplificar el procedimiento de asignación de recursos, se hará un convenio entre los fondos de cofinanciación e Inurbe para que se realice el estudio conjunto de los proyectos que prevean participación de los primeros, dando prioridad a los Proyectos de Mejoramiento de la Vivienda y del Entorno.

• 4. Recursos para el programa y esquema institucional

Los recursos para el Programa de Vivienda Social Urbana provendrán del Inurbe, la Caja de Vivienda Militar, las cajas de compensación y los municipios. Los fondos de cofinanciación y la Red de Solidaridad Social aportarán recursos para el programa de mejoramiento del entorno. Además, se contará con los créditos dirigidos a la población con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, otorgados a través del Fondo Nacional del Ahorro, las corporaciones de ahorro y vivienda, y los sectores bancario y cooperativo.

Entre 1994 y 1998 se invertirán $2.5 billones: $1 billón no reembolsables, de los cuales el 82% se destinará a la población con ingresos inferiores a 2 salarios mínimos. El 61% de los recursos no reembolsables provendrán de la Nación, el 11% de las cajas de compensación, el 16% de los municipios y el 12% de crédito de la Findeter. (Cuadro 5.5)

El programa de subsidios se adelantará en el marco de la Red de Solidaridad Social. Para profundizar el proceso de descentralización y lograr mayor eficiencia y economía en el gasto social, el Inurbe hará parte integral del sistema nacional de cofinanciación, apoyándose en los departamentos y las unidades departamentales de cofinanciación para la realización de las operaciones que involucran a las entidades territoriales.

Para que el Inurbe pueda cumplir eficientemente las funciones en el marco de la nueva política de vivienda social urbana, es necesario que esté separado definitivamente de las operaciones que heredó del Instituto de Crédito Territorial. Con tal propósito el Gobierno nacional presentará al Congreso un proyecto de ley para liquidar definitivamente el ICT, al trasladar las funciones de recaudo de cartera a entidades privadas.

B. Plan de agua

El Plan de Agua se ejecutará bajo el esquema de la responsabilidad local en la gestión de los servicios, fortaleciendo el papel de la nación en la planeación, regulación y vigilancia. En este marco, el plan busca: a) alcanzar coberturas totales promedio de 90% en acueducto y 77% en alcantarillado en 1998, beneficiando adicionalmente a 6.8 millones de habitantes con agua potable y 6.7 millones con sistemas de disposición de aguas residuales; b) elevar la calidad del agua suministrada para la totalidad de los habitantes con servicio y disminuir la vulnerabilidad de los sistemas; y c) consolidar el proceso de modernización institucional del sector.

• 1. Ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad

La ampliación y mejoramiento de la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado es responsabilidad de los municipios. Para el logro de las metas, la nación promoverá la formulación y ejecución de más y mejores proyectos que se ajusten al marco técnico e institucional de las políticas sectoriales, para lo cual apoyará a las administraciones locales a través de: a) programas de preinversión para la identificación, evaluación y preparación de proyectos acordes con la política nacional, a través de crédito y cofinanciación de Findeter y Fonade, y aportes de los Corpes; b) asistencia técnica y capacitación a los prestadores del servicio a nivel local en la preparación y ejecución de proyectos, con la coordinación del Ministerio de Desarrollo, la participación de las entidades territoriales y la vinculación del sector privado, para lo cual se conformará el Sistema de Apoyo Interinstitucional a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico (SAS), y c) financiación de más y mejores proyectos de infraestructura, con el aumento de los recursos de crédito de Findeter y no reembolsables a través de los Fondos de Infraestructura Urbana y el DRI.

Como complemento al aumento de coberturas, se realizarán inversiones que mejoren la calidad integral del servicio, al garantizar un servicio pleno, eficiente y confiable de agua potable y de disposición de aguas residuales. Para ello se impulsarán los siguientes programas: a) mejoramiento de la calidad del agua, para que en 1998 el 100% de los usuarios de las zonas urbanas y el 70% en área rural, con servicio de acueducto, reciban agua apta para el consumo humano; b) confiabilidad y control de pérdidas de agua, mediante la rehabilitación y optimización de los sistemas, reduciendo el agua no contabilizada del 50% en 1994 al 33% en 1998; para esto, la asignación de recursos de crédito y cofinanciación se condicionará a que los proyectos incluyan la macro y micromedición, control de conexiones clandestinas masivas y de fugas, y optimización y renovación de redes; c) protección de cuencas y uso racional del agua, para garantizar la recuperación y mantenimiento de la productividad de los sistemas hídricos con acciones desarrolladas en el marco del programa Mejor Agua de la Política Nacional Ambiental; así mismo para promover el uso racional del agua, este programa será complementado con el fomento al uso de utensilios de bajo consumo; y d) saneamiento ambiental, para reducir la generación de efectos negativos en los cuerpos de agua receptores a través del apoyo técnico y financiero de la nación a proyectos en grandes ciudades.

En el marco del programa de ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad se promoverá la Investigación y Desarrollo Tecnológico en el sector de agua potable y saneamiento básico, a través de las siguientes acciones: a) uso de tecnologías apropiadas, a través del apoyo a la investigación orientada a garantizar la optimización y el uso de tecnologías adecuadas para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en zonas dispersas, en el tratamiento de agua para consumo humano y la optimización de procesos de tratamiento de aguas residuales; y b) aprovechamiento y manejo integrado de las aguas subterráneas, a través de la exploración y cuantificación de las fuentes en 70.000 km 2 ; este programa será coordinado por Ingeominas y contará con la participación de las universidades y del Ministerio del Medio Ambiente.

• 2. Modernización institucional

La ejecución del plan exige la consolidación institucional y modernización del sector, basada en la descentralización, especialización funcional, promoción de la competencia y participación del sector privado en la gestión de los servicios. Con este fin, el Gobierno nacional creará un marco tarifario que refleje el costo de los servicios y focalice los subsidios en la población más pobre; definirá los criterios de evaluación de las empresas que prestan el servicio para el seguimiento estricto de sus planes de gestión; dará asistencia técnica a los prestadores del servicio para su modernización, definiendo reglas que permitan la vinculación del sector privado; y diseñará el plan estratégico del sector para orientar su desarrollo integral en el largo plazo.

Las funciones de planificación y normatización serán obligación del Ministerio de Desarrollo; la regulación y promoción de la competencia será responsabilidad de la Comisión de Regulación de Agua Potable; y las actividades de vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

• 3. Esquema financiero

Los requerimientos financieros para la ejecución del plan ascienden a $1.83 billones de 1994, de los cuales 97% se dedicarán a los programas de ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios. La Nación asignará $443.000 millones como recursos no reembolsables de los Fondos de Cofinanciación para la Infraestructura Urbana, DRI y aportes del Presupuesto Nacional al Ministerio de Desarrollo Económico, y $322.000 millones como crédito a través de Findeter y Fonade. Las transferencias de Ley 60 de 1993 con destinación exclusiva al sector de agua potable representarán $347.000 millones. Además $405.000 millones provendrán de generación interna de las empresas y $227.000 millones de crédito externo directo a las grandes ciudades. Por último, $76.000 millones corresponden a la participación del sector privado en inversiones de planes específicos, principalmente en Bogotá y Cartagena. (Cuadro 5.6)

Para lograr un desarrollo adecuado de los proyectos y garantizar su financiación, el sistema nacional de cofinanciación podrá requerir la contratación de créditos con Findeter como requisito para la asignación de recursos de cofinanciación, cuando lo estime necesario. Asimismo, para lograr que el crédito a los municipios sea realmente un apoyo financiero acorde con los períodos de maduración de las inversiones de acueducto y alcantarillado, se diseñarán mecanismos de financiación de largo plazo.

• C. Política de apoyo al desarrollo urbano

La iniciativa y decidida participación de las ciudades son indispensables para integrar las políticas, complementar los recursos y esfuerzos nacionales y mejorar la calidad de vida de la población. Por ello el Gobierno Nacional desarrollará estrategias para coordinar las políticas nacionales con las ciudades, fortalecer sus administraciones y lograr un ordenado desarrollo urbano, respetando la autonomía local.

En primer lugar, se fortalecerá la capacidad administrativa de las ciudades, para que cuenten con mecanismos que les permitan definir sus prioridades de desarrollo y articular las estrategias nacionales a las particularidades locales. Para ello, el Ministerio de Desarrollo apoyará las ciudades en el diseño de instrumentos de regulación y normatividad urbana, manejo del suelo, planificación territorial, desarrollo de proyectos de vivienda y entorno, y gestión de servicios públicos, transporte y equipamiento.

Por otra parte, se proveerá a las ciudades de un marco legal e institucional que oriente la acción de la administración local: planes de ordenamiento, descentralización al interior de las ciudades, manejo del suelo, marco tributario local, prestación de servicios públicos, transporte, medio ambiente, normas mínimas de construcción, conservación y recuperación de zonas históricas y patrimonio. Esta tarea la coordinará el Ministerio de Desarrollo, con el esquema de Talleres de Consulta Urbana, para aplicar los principios de concertación y participación regional y local.

Para la planificación urbana y el manejo del suelo se desarrollarán los principales instrumentos establecidos en las leyes de Reforma Urbana y Orgánica del Plan de Desarrollo, con énfasis en el ordenamiento de la ciudad. El Ministerio de Desarrollo, con apoyo de la cooperación internacional, y en asocio con los municipios, impulsará el desarrollo de proyectos que contemplen la utilización de nuevas modalidades de planeación y gestión del suelo y mejoramiento urbano, que se denominarán macroproyectos urbanos estratégicos.

Se promoverá la investigación para identificar, analizar y adelantar acciones para el manejo específico de los problemas de las ciudades. Como complemento, se diseñará y pondrá en operación un sistema de información que permita disponer de estadísticas sectoriales, indicadores sobre la planificación urbana y de un banco de experiencias sobre administración de las ciudades, con el propósito de generar los instrumentos para orientar, coordinar y evaluar las políticas aplicadas a nivel urbano.

Por último, un requisito fundamental para la ejecución de las políticas en las ciudades es la consolidación de sus finanzas, de manera que puedan complementar las acciones nacionales y orientar el desarrollo local. Los Ministerios de Desarrollo y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación elaborarán programas para apoyar técnicamente a las municipios en aspectos como actualización de bases gravables, nivel adecuado de tarifas, utilización de fuentes de ingreso de gran potencial y mejor nivel de eficiencia en el recaudo y administración de tributos.

Para adelantar la ejecución de la Política de apoyo al Desarrollo Urbano, se consolidarán tres niveles de coordinación: a nivel interministerial, mediante el cual se articularán las políticas nacionales con el desarrollo urbano; a nivel del Ministerio de Desarrollo, que se responsabilizará de coordinar la ejecución de las acciones de política y realizar la interlocución con las administraciones locales; y a nivel de las ciudades, en la medida en que las acciones descritas requieren de la participación activa y directa de los Gobiernos locales

• D. Prevención y atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas

Las características geológicas, topográficas e hidrometeorológicas, el inadecuado manejo ambiental, unido a la localización de asentamientos en zonas de riesgo, hacen que el país sea propenso a ser afectado por inundaciones, deslizamientos, avalanchas y otras catástrofes de origen natural y antrópico. Por consiguiente, es necesario consolidar una estrategia para reducir la vulnerabilidad, mejorar la capacidad de respuesta institucional y tomar las medidas preventivas frente a desastres naturales.

En consecuencia, las acciones del Gobierno buscan garantizar un manejo oportuno de los recursos técnicos, administrativos y financieros para la prevención, atención de desastres y rehabilitación de zonas afectadas, así como establecer responsabilidades institucionales que permitan cumplir con los objetivos de las políticas.

Para mejorar las acciones de prevención, es indispensable profundizar en el conocimiento de las amenazas naturales y artificiales, determinar las zonas de riesgo, su grado de vulnerabilidad y formular las medidas para prevenir o mitigar los efectos. Para ello, se adelantarán programas de investigación y evaluación de amenazas naturales en sus diferentes aspectos, se elaborará el mapa de riesgos y se impulsará la aplicación de medidas de control, protección y ordenamiento físico, al promover la incorporación de estos componentes en los planes de desarrollo territorial y ordenamiento urbano, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 9 a de 1989. De manera complementaria se ampliarán y mejorarán los sistemas de vigilancia y alerta que monitorean el comportamiento de fenómenos sísmicos, volcánicos, tsunamigénicos e hidrometeorológicos. Esta tarea será apoyada por los Ministerios de Gobierno y Medio Ambiente, y por las entidades del sistema nacional ambiental.

Para garantizar una respuesta oportuna a la población afectada se aumentará la eficiencia de la capacidad operativa de los organismos de atención de emergencias, mediante la dotación de equipos, mejoramiento de las redes de comunicación y de centros de reservas de provisiones y suministros. Se incrementará la capacidad de acción de los comités regionales y locales para la prevención y atención de desastres con programas de capacitación y articulación con las entidades nacionales y territoriales responsables. El Fondo Nacional de Calamidades contará con la solvencia financiera que asegure la disponibilidad de recursos para complementar la atención ágil y eficaz de la población afectada por un desastre.

Con el fin de superar las situaciones de desastre, se dará especial énfasis a la rehabilitación de las zonas afectadas. En estos eventos, se agilizarán los procesos de formulación de proyectos que involucrarán, con participación de la comunidad y las entidades territoriales, la reconstrucción de vivienda, infraestructura física y equipamiento social, acompañados de programas productivos que aseguren la sostenibilidad de las familias afectadas.

La Dirección nacional para la prevención y atención de desastres es la instancia coordinadora de las actividades anteriores. La investigación y evaluación de amenazas y vulnerabilidad, y la elaboración de mapas de riesgo, contarán con la participación del Ingeominas, Ideam, Igac y las corporaciones regionales. El Ministerio de Educación y el Sena desarrollarán programas de educación, capacitación e información pública, en coordinación con las entidades territoriales. La Dirección nacional coordinará, realizará el seguimiento y evaluará, con las entidades responsables, los programas de rehabilitación.

• IV. POLITICA DE EQUIDAD Y PARTICIPACION DE LA MUJER

La política de Equidad y Participación de la Mujer busca superar el, hasta ahora, subestimado papel de la mujer y el desconocimiento que ha jugado en el desarrollo del país 5 . Los logros alcanzados en educación, salud y participación laboral, no han permitido resolver las desigualdades de género, lo cual les hace más vulnerables, obstaculizan su pleno desempeño y propicia que no se reconozcan ni valoren su trabajo. Dicha subordinación lleva implícita una relación social que en la práctica se traduce en que a la mujer no le son reconocidos ni respetados plenamente sus derechos, lo que se presenta en forma más aguda a medida que se desciende en la estratificación social.

La sociedad colombiana empezará a pagar la deuda social con la mujer. Los programas prioritarios estarán orientados a crear una cultura de equidad entre mujeres y hombres, y a brindar atención oportuna a las mujeres más necesitadas. La perspectiva de género estará integrada en las estrategias económicas, sociales y ambientales de El Salto Social, para garantizar que la mujer se beneficie de los grandes programas de desarrollo.

La equidad tiene como uno de sus requisitos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en los espacios formales de la ley y en la vida cotidiana. Por ello, la equidad y participación de la mujer deberá permear todos los sectores y espacios de la sociedad, destacando su papel activo en el proceso de desarrollo integral del país y superando el sentido puntual y asistencial de las acciones tradicionales.

Para animar el cambio estructural en el largo plazo, el Estado promoverá una nueva cultura de equidad de género y desarrollará un plan que contribuya a una nueva ética ciudadana, basada en la igualdad de oportunidades reconociendo la especificidad de los hombres y las mujeres , y en el respeto a la diferencia. Se adelantarán campañas de sensibilización de funcionarios públicos, y a la comunidad en general, sobre la planeación y ejecución de acciones con perspectiva de género.

La mujer trabajadora es sometida a discriminación salarial y su acceso a cargos de poder y decisión es reducido. Por esto, el Gobierno promoverá mecanismos e incentivos encaminados a eliminar las diferencias salariales frente a la mujer en igualdad de condiciones. Ninguna mujer podrá ser sometida a acciones discriminatorias en el lugar de trabajo por su condición de género. Se adelantarán acciones para promover una visión integral del trabajo y de su relación con la vida familiar.

El Gobierno promoverá la discusión, creación y aplicación de los instrumentos legales, jurídicos y culturales necesarios para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, así como la violencia y el acoso sexuales contra la mujer . Así mismo, impulsará la modificación del régimen de la sociedad conyugal para que se exija la doble firma en la venta de bienes inmuebles y el fortalecimiento de la estructura institucional para la atención de los problemas de violencia contra la mujer, a través de las Comisarías de familia y los jueces de paz.

Los programas, especialmente dirigidos a mujeres pobres, contemplan la creación y oferta de un paquete integral de servicios, mediante el acceso equitativo al sistema de seguridad social en salud y la atención prioritaria a 153.000 mujeres jefes de hogares pobres, en los programas de la Red de Solidaridad Social; las mujeres se vincularán a los programas de empleo de emergencia; se apoyará a la mujer trabajadora con mayores coberturas y mejor calidad de los servicios de atención a los niños en edad preescolar y escolar. También se impulsarán reformas a la normatividad laboral, haciéndola más compatible con el cuidado y la crianza de los niños.

El Presidente, asesorado por la Comisión Presidencial Asesora para la Equidad de la Mujer, promoverá la institucionalización y sensibilización de la perspectiva de género, mediante la formación de unidades asesoras en los ministerios, las entidades públicas y la sociedad civil.

• V. POLITICAS PARA LA JUVENTUD

Los jóvenes representan un gran potencial para el desarrollo presente y futuro del país, por lo cual el Estado asumirá compromisos que hagan posible su efectiva integración a la sociedad.

En general, la población juvenil carece de suficientes oportunidades para su desarrollo. Una gran mayoría de jóvenes está marginada de los procesos educativos y la sociedad no les brinda alternativas para el uso creativo del tiempo libre. La promoción cultural, la recreación y el deporte aún no logran convertirse en instrumentos para su formación integral. Por otra parte, los jóvenes tienen dificultades para insertarse al mercado laboral, lo que se refleja en altas tasas de desempleo, que afectan especialmente a aquellos que pertenecen a hogares de bajos ingresos.

Los problemas de salud más frecuentes en la población juvenil están asociados a la violencia y el trauma, especialmente entre los hombres. Las mujeres son afectadas primordialmente por problemas relacionados con su función reproductiva, en particular las complicaciones del embarazo, el parto y el aborto.

Pese a los esfuerzos realizados desde el nivel nacional para diseñar políticas encaminadas a ayudar a los jóvenes en su proceso de integración a la sociedad, los municipios carecen de programas específicos dirigidos a esta población.

Con el fin de atender las necesidades específicas de los jóvenes, el Gobierno y las entidades territoriales, con el apoyo de las ONG, adelantarán acciones intersectoriales encaminadas a ampliar su participación en los programas sociales y a ofrecer oportunidades para su desarrollo educativo, laboral, cultural y recreativo.

La coordinación de la política para la juventud será responsabilidad del recién creado viceministerio de la Juventud del Ministerio de Educación Nacional. Este viceministerio fomentará la conformación de instancias territoriales que se encarguen de la planeación de las acciones hacia la juventud en su respectivo territorio, del diseño de estrategias y criterios de intervención, así como de la coordinación, ejecución y seguimiento de los programas.

A través de estas instancias se deberán fortalecer los mecanismos de participación y ampliar los espacios reales de actividad de los jóvenes (casas de la juventud, clubes, polideportivos, parques y otros sitios de actividad), teniendo en cuenta en el diseño de estas acciones la perspectiva de género . En coordinación con las entidades respectivas, se ampliará la oferta de servicios para los jóvenes, especialmente en lo relacionado con oportunidades de recreación, turismo y deportes, al impulsar iniciativas como los albergues juveniles y campesinos. Se fomentará, además, su vinculación a actividades de interés social, a través del servicio cívico en diversos campos.

Los jóvenes escolarizados encontrarán espacios de participación en el Gobierno Escolar, cuya conformación es obligatoria en todos los establecimientos educativos del país. Se espera, así, impulsar la participación de los jóvenes para que se integren efectivamente a la comunidad educativa.

Los programas de educación sexual y los que se orienten a la prevención de la drogadicción harán parte de los Proyectos Educativos Institucionales. A través del Plan de Atención Básica se adelantarán campañas de promoción de la salud, con énfasis en la salud reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, así como en la generación de hábitos de vida saludables.

Por otra parte, se incentivará a los jóvenes no escolarizados para que ingresen a estructuras educativas no formales que les permitan continuar enriqueciendo y diversificando los conocimientos adquiridos previamente. Con el fin de motivar a los desertores del sistema educativo para que concluyan la Educación Básica, se reorientarán los actuales programas de educación de jóvenes y adultos, fomentando el estudio independiente y en grupo, mediante estrategias flexibles y con el apoyo de los medios de comunicación. Para aquellos que opten por la capacitación laboral, se prevé un incremento de la cobertura de los programas de capacitación del Sena a 150.000 jóvenes, en horarios diurnos.

• VI. PUEBLOS INDIGENAS Y COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS Y RAIZALES

La diversidad étnica y cultural es una de las grandes riquezas de la sociedad colombiana. Por ello, el Gobierno Nacional prestará atención al desarrollo y consolidación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas y raizales. En este contexto, se garantizará su participación en la vida nacional, al articular las instituciones y los espacios de coordinación existentes y al crear los que sean necesarios para lograr el respeto de sus particularidades sociales y culturales, y sus propias formas organizativas.

Las estrategias nacionales para el logro de estos fines, involucran programas sectoriales y territoriales que incluirán desarrollo humano sostenible, legalización de tierras y territorios y vinculación a los grandes proyectos de desarrollo social y económico.

A. Pueblos indígenas

La política estará orientada a consolidar los derechos de estos pueblos, reconocidos en la Constitución Política, relativos a su participación en la vida nacional y en la adopción de decisiones que los afecten.

Para este efecto, se impulsarán: la diversificación cultural e institucional, a nivel nacional, regional y local; los desarrollos legales referidos a sus derechos; el reconocimiento a sus sistemas de control y regulación social propios, que incluya el establecimiento de las formas de coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional; el apoyo a sus propios sistemas sociales, culturales y económicos; la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas; la continuación de la legalización de tierras y el saneamiento de los resguardos indígenas; y la participación y articulación de las comunidades en los programas económicos y sociales que los afecten, incluyendo el ordenamiento ambiental nacional.

Para iniciar el proceso de diversificación cultural e institucional, se promoverá la creación de las instancias necesarias de asuntos étnicos en el Ministerio de Gobierno, las cuales coordinarán las relaciones sectoriales y territoriales particulares existentes entre el Estado y estos pueblos.

En los desarrollos legales sobre los derechos de los pueblos indígenas, se apoyarán iniciativas sobre los principales temas sectoriales y territoriales concertados con dichos pueblos.

Para el apoyo a sus propios sistemas sociales, culturales y económicos, se definirán programas sectoriales y especiales referidos al fortalecimiento de sus sistemas de identidad, a la recuperación y fortalecimiento de sus economías tradicionales, al cuidado de los ecosistemas y el medio ambiente de sus territorios, y al establecimiento de espacios y sistemas de relación intercultural con la sociedad nacional, regional y local.

Para avanzar en el proceso de conformación de las entidades territoriales indígenas, se reglamentará lo concerniente a esta nueva división político-administrativa, en el marco de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Así mismo, se formulará el régimen de organización y funcionamiento de dichas entidades y los mecanismos para el fortalecimiento de su gestión y su articulación con otras entidades territoriales y niveles de Gobierno y administración, sobre la base de sus propias formas de Gobierno. En este contexto, se trabajará en acciones de desarrollo institucional para la mutua capacitación intercultural de las autoridades y la definición y desarrollo de la diversidad cultural de la gestión pública.

Para la continuación del proceso de legalización de tierras y saneamiento de resguardos indígenas, se reglamentará la Ley 160 de 1994, con los propósitos de concluir las acciones de titulación a las comunidades indígenas sobre sus territorios, baldíos y tierras del Fondo Nacional Agrario. Además, se continuará con el saneamiento de los resguardos mediante la adquisición de mejoras situadas dentro de ellos; y se adquirirán otras tierras para constitución o reestructuración de los resguardos indígenas.

Para lograr la participación de los pueblos indígenas en los programas económicos y sociales que los afecten, se fortalecerán mecanismos de protección y defensa de sus derechos humanos, se consolidarán los espacios legales de participación existentes y se avanzará en los programas de diversificación cultural y desarrollo institucional. De igual modo, se estudiarán y aplicarán las tecnologías, conocimientos de gestión ambiental y de regulación social desarrollados por las poblaciones indígenas, y se impulsarán sus iniciativas de preservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales en sus territorios.

Se sentarán las bases para un mejoramiento en las condiciones de vida de los pueblos indígenas, en el marco de sus planes integrales de vida; se pondrán en marcha programas de apoyo a sus propios sistemas de educación y medicina tradicional, y se diseñarán metodologías para que accedan, mediante proyectos prioritarios definidos por las propias comunidades, a recursos del sistema nacional de cofinanciación.

En el marco general de la Política de fronteras, se apoyarán programas binacionales para atender los problemas sociales y económicos de los pueblos y las comunidades que habitan en zonas fronterizos.

Por otra parte, se atenderá a las comunidades afectadas por la presencia de cultivos ilícitos, de acuerdo con su diversidad cultural, mediante acciones que permitan prevenir su siembra y reducirlos progresivamente.

Como instrumento fundamental para el impulso de estas acciones se actualizará y consolidará la información demográfica sobre los pueblos indígenas. De igual manera, se adelantará un programa especial de cedulación en las comunidades.

B. Comunidades afrocolombianas y raizales

Las comunidades afrocolombianas y raizales históricamente han realizado aportes sustantivos al desarrollo del país a través de su cultura, que se caracteriza por la riqueza y diversidad, la contribución a la producción nacional y la protección del medio ambiente. Estos grupos han dado claro ejemplo de convivencia pacífica, de relaciones armónicas con la naturaleza, de solidaridad ciudadana y de conocimiento profundo de los recursos naturales, aspectos que El Salto Social pretende inculcar en el nuevo ciudadano colombiano.

El Gobierno nacional, en coordinación con las entidades territoriales y con las comunidades organizadas, pondrá en marcha políticas orientadas al desarrollo social, conservación de la biodiversidad y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y titulación colectiva de tierras. Los beneficiarios de esta política serán las comunidades de ascendencia afrocolombiana del andén del Pacífico, San Andrés y Providencia, el Caribe y los valles del Patía y Cauca.

Para su desarrollo social, se promoverá una educación más eficiente y pertinente. El Ministerio de Educación, con las entidades territoriales y el Gobierno escolar de los planteles educativos, mejorará la calidad de la educación básica y media de estas comunidades, al incorporar, en los planes de estudios, la capacitación de los educadores, textos y conocimientos propios de su patrimonio cultural, y apoyar el diseño y adopción de innovaciones pedagógicas. Para esto, con la participación del Instituto Colombiano de Antropología, se estimulará la participación de las comunidades en la elaboración de Proyectos Educativos Institucionales y se asesorará a las secretarías de educación para su diseño y puesta en marcha. Se espera, así, aumentar la escolaridad de estas comunidades y ampliar gradualmente la jornada escolar. A través de la Red de Solidaridad Social, se otorgarán subsidios a madres jefes de hogar pobres cuyos hijos cursen primaria.

En educación superior, la estrategia operará en el marco del sistema universitario estatal para racionalizar los recursos humanos y físicos, y facilitar el intercambio de docentes, y la creación de programas académicos y de investigación de alta calidad. Como complemento, en desarrollo de la Ley 70 de 1993, el Icetex otorgará créditos subsidiados para estudios de pregrado y posgrado a estudiantes destacados de ascendencia afrocolombiana, y también se apoyará el trabajo de la Comisión pedagógica de comunidades negras.

La estrategia de salud se orientará a garantizar la afiliación de la población al régimen subsidiado. El Ministerio de Salud, con las gobernaciones y alcaldías, prestará especial apoyo a las comunidades afrocolombianas y raizales para la organización de los servicios contenidos en los Planes de Atención Básica -PAB- y Obligatorio de Salud -POS. Se cofinanciarán las acciones del PAB con énfasis en la población dispersa y pequeños poblados.

Como parte integral de las condiciones de salud, se dará especial atención al saneamiento básico de las comunidades a través de acciones articuladas en el marco del Plan de Agua, el Plan Pacífico y el Plan Cólera, para elevar de manera significativa las coberturas de acueducto y alcantarillado. El Plan cólera, que incluye 23 municipios del litoral pacífico, aumentará las coberturas de agua potable y alcantarillado al 100% en las localidades de alto riesgo y donde técnicamente sea factible hacerlo. En San Andrés y Providencia, el Gobierno asignará los recursos que sean necesarios para garantizar coberturas del 100% en acueducto y alcantarillado en 1998, así como una solución adecuada a la disposición final de residuos.

Para elevar la capacidad de gestión de las instituciones públicas, especialmente de las administraciones locales y los consejos municipales, se ejecutará durante el cuatrenio un amplio programa de desarrollo institucional, que incluirá el apoyo a los pequeños gremios privados como formas organizativas de la sociedad civil. A través de este programa se ofrecerá asesoría permanente a los Gobiernos locales en gestión, administración, planificación, gerencia estratégica, formulación y bancos de proyectos. Su ejecución se hará a través de las oficinas de planeación departamental, con el apoyo de la Consejería para el desarrollo institucional, las universidades regionales y, en el caso del Pacífico, a través del plan Pacífico.

La política ambiental para las comunidades afrocolombianas y raizales está basada, en primer lugar, en la protección y conservación de la biodiversidad, con especial atención en los bosques tropicales del Pacífico. A través del Programa de protección de Ecosistemas Estratégicos se adelantarán investigaciones para su identificación, conservación y adecuado manejo. El Programa de mares y costas limpios promoverá la protección y uso sostenible de los recursos marinos y costeros. Estas acciones se adelantarán a través del Ministerio del Ambiente, Codechocó, CVC, CRC, Corponariño y Coralina, y se fortalecerán las acciones del Proyecto Biopacífico.

El Gobierno Nacional garantizará la participación real y efectiva de las comunidades organizadas en la discusión de la política forestal que se ejecutará a través del Programa Ambiental y de Manejo de Recursos Naturales, al contemplar nuevos esquemas de concesiones y permisos para el aprovechamiento sostenible de estos recursos. Además, se incorporará el estudio y fomento del uso múltiple del bosque, con formas de aprovechamiento sostenible distintas a las madereras. Se promoverá el uso de tecnologías limpias e integrales en las actividades productivas con el fin de mantener la calidad del ambiente, y se apoyará el empleo productivo en la perspectiva de recuperar áreas degradadas por las prácticas forestales, mineras y agrícolas.

Especial atención merecerá la pequeña y mediana minería, para lo cual las corporaciones autónomas, con el apoyo de los Ministerios del Medio Ambiente y de Minas y Energía, desarrollarán mecanismos de asistencia técnica con el fin de evitar la contaminación de cuencas y apoyar el uso de maquinaria adecuada.

Por último, el Incora con el apoyo del Igac, el Ministerio de Gobierno y el Programa Ambiental y de Recursos Naturales, pondrá en marcha un programa masivo de titulación colectiva de tierras baldías, mediante un trabajo conjunto con las comunidades. La titulación se complementará con acciones en desarrollo rural que adelantará el DRI, el Servicio de Asistencia Técnica prestado por las Umatas y recursos de crédito con el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías, que se orientarán a financiar proyectos de inversión para el desarrollo agrícola y pesquero de los pequeños productores.

El Gobierno nacional promoverá, con especial énfasis, la protección de la identidad cultural y la preservación del ambiente y los recursos naturales del grupo étnico raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y apoyará los esfuerzos para no aumentar inadecuadamente la densidad poblacional del archipiélago, de acuerdo con el Decreto 2762 de 1991. Asimismo, fomentará las acciones que permitan que la comunidad raizal participe plenamente de la vida económica y social del departamento y en la toma de decisiones en los planes de desarrollo de sus respectivas islas, especialmente los relacionados con el uso del suelo y la preservación de sus tradiciones culturales.

Para garantizar acciones coordinadas y de impacto para las comunidades afrocolombianas y raizales, se fortalecerá el plan Pacífico, mediante el aumento de sus recursos, con lo cual las inversiones de dicho plan llegarán a $110.000 millones de pesos en el período 1995-1999. Asimismo, se fortalecerá el proyecto Biopacífico y el Programa ambiental de manejo de los recursos naturales, para lo cual se crearán instancias de coordinación nacional y regionales. Para la población raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Gobierno dará solución a los problemas más importantes a través de apropiaciones presupuestales, que en el cuatrienio llegarán a 130.000.000lones de pesos , sin incluir el situado fiscal y las transferencias municipales; estos recursos equivalen, en términos reales, a más del doble de aquellos apropiados históricamente a este departamento.

Por medio de la comisión consultiva de alto nivel y las consultivas departamentales se concertarán proyectos previamente discutidos con las comunidades. Se fortalecerá la Subdirección de comunidades negras del Ministerio de Gobierno para que sea la instancia gubernamental que promueva la defensa de los derechos y garantías de las comunidades afrocolombianas y raizales.

• VII. PEQUEÑA PROPIEDAD Y ECONOMIA SOLIDARIA

La pobreza rural y urbana está asociada en forma directa con el precario acceso de los pobres a los recursos productivos y a los servicios y protección sociales. El acceso a la cantidad y calidad suficiente de los recursos de producción, financiación, tecnología, comercialización, información y capacidad técnica y empresarial, es indispensable para que los pequeños productores participen activa y productivamente en la sociedad y la economía, puedan cubrir sus necesidades y sean actores de un desarrollo sostenible. El insuficiente acceso a los recursos productivos y sociales conduce a una situación redundante de pobreza y deterioro de la capacidad de producción, con consecuencias perversas sobre las comunidades y la economía nacional.

El Plan apoyará a los pequeños productores, para hacer viable el acceso a los recursos productivos y los servicios sociales. Por ello propone el desarrollo de programas que beneficiarán ampliamente a los microempresarios y campesinos, tanto hombres como mujeres. Igualmente, apoyará las iniciativas de la economía solidaria, como reconocimiento a su papel integrador de pequeños propietarios y productores, a su capacidad de unir voluntades e intereses económicos y sociales, y a su potencial de participar con criterios equitativos en procesos que conducen a mejorar la calidad de vida.

A. Plan nacional para la microempresa

Las microempresas ocupan el 26% de los trabajadores asalariados, el 93% de los trabajadores independientes y el 33% de los patrones; en ellas se concentra el 51% del empleo nacional.

El Plan Nacional para la Microempresa hace parte de las estrategias de apoyo y desarrollo de los pequeños productores para la democratización de la propiedad, la generación de empleo productivo, el crecimiento y la consolidación de estas unidades, y el fomento de su competitividad. Los programas para la ejecución de este plan incluyen un sistema integral de crédito, programas de servicios tecnológicos y fortalecimiento de la organización institucional.

• 1. Finurbano: un sistema integral de crédito

A través del Finurbano se garantizarán amplias disponibilidades de recursos y el acceso ágil y oportuno de las microempresas en las actividades económicas urbanas y rurales, con excepción de las actividades de producción agropecuaria, recursos de crédito y servicios financieros (tarjeta de crédito, factoring y leasing), por medio de un esquema centralizado de redescuento al cual tendrá acceso el sector financiero institucional (bancos, corporaciones financieras, cooperativas financieras de segundo grado y otras entidades) y otros agentes, como las cooperativas de ahorro y crédito, y las ONG que apoyan al sector microempresarial.

El IFI contará en Finurbano con recursos de redescuento por $600.000 millones de pesos para la microempresa durante el cuatrienio. Con estos recursos, se otorgarán cerca de 700.000 créditos y se generarán más de 350.000 nuevos empleos. El Instituto dispondrá de otros $600.000 millones de pesos para crédito a la pequeña y mediana empresa a través de su programa Propyme. Adicionalmente, se asignarán $23.894 millones de pesos para la recapitalización del Fondo Nacional de Garantías, de tal forma que éste actúe como garante de segundo piso. Todos los programas de microempresas que se desarrollen por el Gobierno central serán incorporados al Finurbano y se regirán por los parámetros establecidos en éste.

• 2. Programa nacional de servicios tecnológicos

Este programa apoyará a las microempresas en el proceso de gestión administrativa y tecnológica. Consta de los servicios de información empresarial, formación técnica, Centros de desarrollo Productivo, comercialización e información.

El Servicio de formación empresarial, con participación del Sena y las ONG, desarrollará contenidos, métodos y medios de formación gerencial. Su costo asciende a $79.484 millones de pesos, de los cuales el 50% será financiado con recursos del presupuesto nacional. El SENA ofrecerá capacitación técnica para los trabajadores de la microempresa, facilitará el acceso a los servicios tecnológicos a los microempresarios y brindará asesoría técnico-pedagógica a las entidades de capacitación que hacen parte del Plan Nacional para la Microempresa. Así mismo el Plan fortalecerá el proceso de organización económica y gremial de los empresarios de las microempresas.

Con participación de entidades privadas y el SENA, se promoverán 31 centros de desarrollo productivo y se fortalecerán los nueve centros existentes, para ampliar la formación técnica a la nueva mano de obra y a los trabajadores actuales, prestar asistencia técnica puntual, alquilar maquinaria y brindar orientación en materias tecnológica, de diseño de prototipos, desarrollo de productos y auditoría ambiental, entre otros servicios. Se invertirán recursos por $21.094 millones de pesos, el 77% provenientes de aportes del presupuesto nacional. En estos Centros se podrán atender 28.000 usuarios por año.

Se fortalecerán las comercializadoras existentes y se promoverán 26 agencias promotoras de comercialización. El costo de este programa asciende a $15.290 millones de pesos, el 83% financiado con recursos del presupuesto nacional y el resto con aportes privados y regionales. Las comercializadoras y las agencias promotoras podrán atender 48.000 microempresas por año.

Finalmente, se implantará el Sistema de Información Comercial para la Microempresa y el Sistema de Orientación Tecnológica en todas las capitales de departamento. Estos dos servicios de información atenderán 63.000 usuarios en los cuatro años. El costo de este programa será de $3.595 millones de pesos, 83% aportado por el presupuesto nacional.

En todos los programas que ofrece el Plan Nacional para la Microempresa se dará especial énfasis a los tenderos y pequeños comerciantes, los cuales cumplen una labor importante de intermediación, con un significativo beneficio para un grupo destacado de colombianos.

• 3. Organización institucional

La coordinación general del programa estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico. El Gobierno promovió la creación de una Corporación Mixta, que actuará como instancia de concertación y coordinación del programa de servicios tecnológicos, será promotora de las acciones a nivel regional e interactuará con Finurbano. El Estado contratará con la corporación la ejecución cofinanciada de los programas de apoyo que hacen parte del programa de servicios tecnológicos. La corporación contratará con entidades públicas y privadas el desarrollo de los proyectos.

B. DESARROLLO RURAL CAMPESINO E INDIGENA

El principal problema que afecta a los campesinos e indígenas colombianos es la falta de acceso a servicios sociales y a recursos productivos suficientes para obtener el ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y retener exedentes para ampliar la producción. A pesar del desarrollo alcanzado en algunas zonas y de los aumentos de producción y productividad que se han obtenido en diversas actividades productivas, esos logros no se han traducido en desarrollo del espacio rural y de la población campesina e indígena. Como consecuencia de lo anterior, los campesinos han visto deterioradas sus condiciones de vida y se enfrentan a la falta de oportunidades económicas y de servicios, facilitándose las circunstancias que propician la violencia política y la delincuencia que impide establecer el clima de convivencia y tolerancia indispensable para la construcción del progreso de la sociedad colombiana.

En consecuencia, la política de desarrollo rural ofrecerá a los campesinos e indígenas los medios y condiciones que les permitan ampliar sus oportunidades económicas y facilitar su acceso a los servicios básicos, para ubicarse en procesos autosostenidos de cambio social y progreso económico, mediante programas para dotar a los campesinos de recursos productivos suficientes, fortalecer su capacidad técnica y empresarial y elevar su nivel de vida.

• 1. Reforma agraria

La Política de Reforma Agraria, consignada en la Ley 160 de 1994, pretende dinamizar el mercado de tierras, transfiriendo la decisión de compra a los beneficiarios, para lograr una distribución más equitativa y una utilización más eficiente de este recurso como factor de producción. El Estado otorgará a los beneficiarios del programa un subsidio del 70% del valor de la tierra y asesorará su compra; el 30% restante se financiará con créditos de largo plazo redescontables en Finagro. En los cuatro años del Gobierno se redistribuirán un millón de hectáreas a 70.000 familias.

Para ello se fomentarán inmobiliarias rurales privadas que ejecuten proyectos de compra, parcelación y adecuación de tierras con fines de reforma agraria, para lo cual el Incora y Finagro definirán los mecanismos de operación de los créditos, de modo que, si los beneficiarios son sujetos de reforma agraria, la inmobiliaria transfiera el subsidio y subrogue la deuda con Finagro.

Como medida para dinamizar el mercado de tierras y eliminar una causa permanente de conflictos en el medio rural, así como para facilitar el acceso a la financiación, se ejecutará un programa masivo de titulación de la propiedad rural con una meta de cinco.000lones de hectáreas en 178.400 predios, se procederá a la titulación colectiva de los territorios de comunidades negras y se continuará con la ampliación y saneamiento de resguardos indígenas.

Para complementar los programas de dotación de tierras, se adjudicarán créditos de producción garantizados por el Fondo Agropecuario de Garantías. Además, la Caja Agraria otorgará préstamos para pequeños productores por $600.000 millones de pesos durante el cuatrienio, respaldados por el mismo Fondo. Adicionalmente, destinará $30.000 millones de pesos para la financiación de actividades rurales no agropecuarias, beneficiando a 10.000 familias.

• 2. Servicios productivos

Los mecanismos diseñados para lograr la modernización agropecuaria, mediante la creación de ventajas competitivas en el sector rural, beneficiarán de manera prioritaria a los pequeños productores. Tales políticas incluyen adecuación de tierras, desarrollo tecnológico, financiamiento, capitalización, comercialización y servicios complementarios. Al final del cuatrenio se logrará una cobertura anual de cerca de 510.000 usuarios de asistencia técnica agropecuaria; 18.500 beneficiarios de proyectos de pesca y acuicultura y 12.300 mujeres campesinas atendidas con proyectos específicos. En riego para pequeños productores, se habrán adecuado 6.580 hectáreas, adicionales a aquellas que se beneficien del Plan nacional de adecuación de tierras y del Incentivo a la Capitalización Rural.

• 3. Servicios sociales

Los campesinos contarán con acceso creciente a los servicios sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y saneamiento básico, con el fin de elevar sus posibilidades de progreso, integración social y participación. Los principales instrumentos de esta estrategia son el fortalecimiento municipal, la consolidación de espacios de participación y el acceso al sistema nacional de cofinanciación. Para tal efecto se fortalecerá la participación de los pequeños productores en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, como la instancia directa de participación de la comunidad, para que cumplan con los objetivos de coordinar las acciones, racionalizar el uso de los recursos destinados al desarrollo rural, y dar prioridad a los proyectos que sean objeto de cofinanciación.

Además de los componentes productivos -asistencia técnica agropecuaria, pequeña irrigación, apoyo a la comercialización y desarrollo ambiental- el Gobierno nacional, a través del Fondo DRI, destinará $633.870 millones de pesos (pesos de 1994) entre 1995 y 1998 para cofinanciar programas de electrificación y vivienda rural, acueductos, saneamiento básico y vías veredales.

Por otra parte, la Red de Solidaridad Social contempla subsidios alimentarios para niños en edad preescolar no atendidos por el ICBF, auxilios para ancianos indigentes y programas de empleo de emergencia rural. Finalmente, la acción de la Caja de Compensación Familiar Campesina se orientará a la divulgación de las políticas nacionales en esta materia y al fortalecimiento de la prestación de sus servicios para extender el cubrimiento de los programas. Así mismo, ampliará y adecuará sus servicios de salud y de seguridad social y, de manera complementaria, desarrollará programas de salud comunitaria y ocupacional, capacitación, recreación, asesoría, asistencia técnica, planes de vivienda de interés social, capacitación de la comunidad y proyectos de comercialización de bienes básicos.

• 4. Programa de vivienda en zonas rurales

La Política de vivienda rural de la Red de Solidaridad Social busca mejorar las condiciones de habitación de las familias que viven en las zonas rurales, las cuales presentan los índices de pobreza más altos del país, mediante la instalación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado o soluciones alternas de suministro de agua potable, evacuación de residuos líquidos y el mejoramiento estructural de las viviendas. En menor medida, se asignarán recursos para vivienda nueva y lotes con servicios. Este programa, que comprende el otorgamiento de 300.000 subsidios durante el cuatrienio, será ejecutado por el Fondo DRI y la Caja Agraria, en cofinanciación con los municipios y las comunidades. (cuadro No 5.7)

• 5. Programa de desarrollo alternativo

Con el fin de eliminar y prevenir el cultivo de productos ilícitos en zonas de economía campesina e indígenas, el Programa de desarrollo alternativo, bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, hará la coordinación interinstitucional para establecer las condiciones que faciliten a los campesinos e indígenas, afectados directa o indirectamente por el problema, encontrar opciones lícitas de generación de ingresos en condiciones económicas competitivas y ambientalmente sostenibles. Con este fin el Gobierno nacional se ha propuesto la meta de comprometer inversiones por US$300 millones de dólares en los próximos cuatro años, las cuales se cofinanciarían por mitades con aportes de la comunidad internacional.

• 6. Colonización

La política de colonización se basa en la búsqueda de pautas de desarrollo sostenible, que armonicen las metas de bienestar de la gente con las de conservación y promoción del medio ambiente, y el respeto por los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y raizales. En este sentido, en las zonas de frontera agrícola, el Gobierno constituirá Zonas de reserva campesina, en los términos de la Ley 160 de 1994, para consolidar y estabilizar económicamente a los colonos, a fin de detener el ciclo rutinario de colonización. También buscará desarrollar opciones de producción que, partiendo de la base actual de recursos del colono, propicien el cambio gradual de los sistemas degradantes por sistemas de uso y aprovechamiento ecológica y económicamente sostenibles.

• C. La producción artesanal

La producción artesanal utiliza tecnología tradicional en unidades familiares de producción, con costos de capital de inversión inferiores a los de cualquier otro sector. La actividad artesanal constituye para las familias una opción de ingresos complementaria a las labores domésticas, agropecuarias y asalariadas. Alrededor del 5% de la población trabajadora nacional está dedicada a la actividad artesanal, de la cual el 74% es femenina y el 80% está localizada en el sector rural, donde representa la segunda ocupación laboral después de la agropecuaria. La producción artesanal representa cerca del 0,4% del PIB.

El gran vacío del sector artesanal colombiano es la falta de organización empresarial, aspecto que no ha permitido la reducción de costos y el desarrollo de productos susceptibles de ser comercializados en escala apreciable en mercados externos. La ausencia de organización empresarial para la comercialización, no hace posible que el valor generado sea retenido localmente. Además, el inadecuado uso de los recursos naturales del país y la presión que se está ejerciendo sobre algunas especies vegetales empleadas en la producción artesanal, constituyen un factor negativo de importancia en el impacto ambiental de los ecosistemas donde se asientan los núcleos artesanales. La capacitación, asistencia técnica y asesoría se dificultan igualmente por la débil organización.

Se incursionará en el fortalecimiento de la organización empresarial de la producción artesanal, para lo cual se aplicarán metodologías que contemplen la planeación participativa, con el fin de aunar esfuerzos e inversiones alrededor de gestiones empresariales integradas que conduzcan a la intervención del productor artesanal en los diversos momentos del ciclo de producción. Artesanías de Colombia, mediante convenios con el Sena, alcaldías, gobernaciones y el sector privado, brindará asistencia técnica para adecuar el producto artesanal a las tendencias del mercado internacional mediante programas de diseño, materias primas, calidad, costeo, gestión empresarial y comercialización; fomentará la creación de centros de desarrollo tecnológico para mejorar los procesos productivos que faciliten la penetración de mercados nacionales o internacionales con demandas cualificadas que favorezcan la diferenciación del producto; y promoverá, en conjunto con el Sistema nacional ambiental, (SINA), la recuperación de especies vegetales utilizadas como materia prima que están en vías de extinción.

Artesanías de Colombia apoyará la creación de la Escuela de artes y oficios en la ciudad de Bogotá, para perfeccionamiento y actualización de los artesanos, mediante esfuerzo con el sector privado.

Se continuarán impulsando las campañas de divulgación sobre las artesanías, así como el fomento e intercambio de experiencias de artesanos en el país y en el exterior, mediante la financiación de estudios técnicos y pasantías. Artesanías de Colombia creará un sistema permanente de información al artesano y contribuirá en la consolidación y manejo estadístico de información sobre el sector. Igualmente, se seguirán realizando las Ferias internacionales de expoartesanías.

Artesanías de Colombia, conjuntamente con la Red de Solidaridad Social y el Fondo DRI, ejecutará programas para la mujer artesana en zonas de conflicto armado para mejorar sus condiciones de vida.

Además, los artesanos contarán con acceso a todos los programas del plan nacional de la microempresa y, en cuanto a las características propias de tecnología y comercialización, se contará con contenidos particulares. Artesanías de Colombia impulsará los proyectos especiales en infraestructura de servicios técnicos y comerciales, organización gerencial y productiva. Las acciones contempladas podrán ser ejecutadas con la participación del sector privado, a través de Ong's. De esta manera, el apoyo al desarrollo integral del sector artesanal, permitirá mantener las raíces ancestrales, precolombina y colonial, así como resaltar la diversidad étnica y cultural de las distintas regiones del país.

• D. Pequeña minería

La pequeña y mediana minería genera más de 50.000 empleos directos, contribuye al abastecimiento de los mercados locales y provee gran parte de las necesidades industriales en materia de carbón, materiales de construcción, oro y esmeraldas. A pesar de su importancia, su desarrollo es antitécnico, de alto deterioro ambiental, grandes problemas sociales, serios problemas de orden público y, escaso control y apoyo por parte del Estado.

Para atender esta situación y lograr el adecuado desarrollo de esta actividad, se promoverá la legalización y conformación de organizaciones solidarias para la pequeña minería. A través de éstas se emprenderán programas de reconversión tecnológica, titularización de explotaciones, seguridad, higiene y salvamento minero, manejo y conservación del medio ambiente, divulgación y capacitación tecnológica y ambiental. Especial énfasis tendrá el desarrollo de actividades que agreguen valor a los recursos mineros, tales como la joyería del oro y el tallado de esmeraldas.

La gestión ambiental, se dirigirá a disminuir los impactos ambientales actuales de la minería localizada en las áreas más críticas y especialmente en explotaciones de minerales como el oro, carbón, calizas y piedras preciosas. Con la participación de los Ministerios de Minas y Energía y del Medio Ambiente y las entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA, se formulará un diagnóstico ambiental y un plan de ordenamiento de la actividad minera, que tendrá en cuenta las condiciones y alternativas socioeconómicas de la población comprometida.

Así mismo, el Ministerio del Medio Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, adelantarán los estudios necesarios para identificar áreas compatibles con la actividad minera en la Sabana de Bogotá y para formular su Plan de ordenamiento Minero.

La realización de estos programas demandará recursos superiores a los $20.000 millones de pesos durante el cuatrienio, los cuales se ejecutarán a través del Ministerio de Minas y Energía, Ecocarbón, Mineralco y las entidades del SINA. Estos recursos se complementarán con las líneas de crédito que, el fondo de metales preciosos ofrece para el oro y el platino y la FEN y el IFI para la pequeña y mediana minería del carbón.

E. Sector solidario

El sector solidario es una opción estratégica especialmente para los grupos sociales que no han tenido acceso a los recursos productivos y a quienes es necesario incorporar a los procesos de democratización de la propiedad y redistribución de la riqueza 6 . En dicho sector se combinan la eficiencia y eficacia de la empresa privada con el interés social. Tal opción facilitará las diversas expresiones de participación ciudadana y comunitaria; dinamizará la articulación del sector privado para el logro de los objetivos de política social y permitirá hacer más eficiente el gasto social.

El sector solidario se integrará a la ejecución de los programas prioritarios de política social, económica y de desarrollo ambiental. Para ello las organizaciones del sector tendrán acceso a proyectos de cofinanciación de vivienda y desarrollo rural, podrán ser intermediarias de crédito para las microempresas y desarrollar proyectos de capacitación para microempresarios; participarán en la formación de empresas para actividades de mantenimiento vial y podrán ser contratadas para la ejecución de proyectos sociales.

Las políticas para el sector solidario buscan, en primer lugar, un reordenamiento institucional que incluya al Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, y que responda a la integralidad y necesidades del sector, mejorando al mismo tiempo las acciones de control y vigilancia. En este proceso se contará con el concepto de los diversos sectores interesados.

En segundo lugar, se fomentarán las empresas asociativas, como expresión de la democratización de la pequeña propiedad, con el propósito de fortalecer la participación de nuevos actores en los mercados, en condiciones competitivas.

Finalmente, y para contribuir a mejorar sus condiciones de incorporación al mercado y al Plan Nacional de Desarrollo, se establecerá el Programa de Desarrollo Empresarial Partici-pativo 7 , con el cual se promocionará la articulación de pequeños productores en empresas asociativas y el acceso de éstas a los diversos momentos del ciclo productivo. La integración, sobre todo en el nivel local, permitirá que se rompan los efectos perversos de procesos de transferencia permanente de valor a otras áreas de la economía, sin beneficio alguno para el pequeño productor.

Con el apoyo al sector solidario se facilitarán los procesos de consolidación de la sociedad civil y se construirán estrategias alternativas para enfrentar el mercado, elevar la calidad de vida de amplios sectores de la población y propiciar manejos comunitarios de desarrollo sostenido.

• VIII. JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

La Constitución Política le señala al Estado la responsabilidad de garantizar, además de la prosperidad general, el ejercicio pleno de los derechos y deberes, la participación ciudadana, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. El desafío consiste en la ejecución de una política que facilite el desarrollo del nuevo ciudadano, colocándolo en pie de igualdad, independientemente de su sexo, raza o sector social, frente a las instituciones, instancias y procesos básicos para el funcionamiento del país. La modernización de la justicia y la vigencia plena de los derechos son, para el Gobierno nacional, los fundamentos mismos de la construcción de una paz verdadera y duradera.

La justicia y la seguridad, por su calidad de bienes colectivos esenciales, son responsabilidad directa y exclusiva del Estado. Por esa razón, el Plan de justicia y seguridad ciudadana será dinamizado armónicamente por las tres ramas del poder público a fin de garantizar la efectividad del sistema de derechos y libertades, y ofrecer las condiciones para obtener, al menor costo posible, una pronta y cumplida justicia. En breve, el fortalecimiento de la rama judicial, la vigencia plena de los derechos humanos, la participación y la seguridad ciudadana concretan la política del Estado para el desarrollo de la ciudadanía.

A. Justicia para todos

El sistema judicial se ha distanciado de las realidades del país; consecuentemente, ha perdido capacidad para tutelar en forma eficaz el cumplimiento de las obligaciones formales en la sociedad. Esta situación es causa de múltiples perturbaciones, incluyendo la prolongación de los conflictos y la postergación de su solución, así como la pérdida de adhesión a las normas y procedimientos y, en ocasiones, la indiferencia e insolidaridad de la ciudadanía con la administración de justicia.

Como consecuencia, se incrementan los hechos punibles, las conductas violentas y la impunidad con todas sus secuelas. Igualmente origina, por la inseguridad en el cumplimiento de las obligaciones, un incremento importante en los costos de la actividad económica por los requerimientos adicionales de información y garantías de cumplimiento.

De la autonomía de la rama judicial del poder público surgen las estrategias y programas para remover los obstáculos que enfrenta la justicia, tales como la lentitud, la congestión y la necesidad de ajustar la normatividad sustantiva y procedimental a las relaciones del nuevo contexto del desarrollo y la ciudadanía.

La administración de justicia será más dinámica y eficiente de modo que, a mediano plazo, esté en capacidad de resolver, sin recursos ni procedimientos extraordinarios y dentro de los términos legales establecidos, los procesos que le sean encomendados. Para alcanzar este objetivo, es necesario concentrar la acción del Estado en el apoyo técnico y humano al sistema judicial, la ampliación del acceso a los servicios judiciales, la prevención del delito, la atención de las víctimas y el desarrollo de una política carcelaria humanista y eficaz. (cuadro 5.8)

• 1. Apoyo técnico y humano al sistema judicial

Se creará una estructura gerencial que le permita a la rama judicial incrementar la efectividad del sistema mediante instrumentos técnicos de organización, planeación, control y evaluación de gestión, manejo de información y racionalización de archivos. En forma complementaria, se desarrollará la tecnología judicial para el cumplimiento de diferentes labores, particularmente en los servicios auxiliares de apoyo. Igualmente, se hará énfasis en la formación y profesionalización del recurso humano a todo nivel.

Para tal efecto, se desarrollará la capacidad para convertir las políticas y objetivos en metas alcanzables; se identificarán, evaluarán y, si es del caso, redistribuirán los recursos que actualmente se asignan para la administración de justicia; se facilitará la organización tendiente a agilizar la operación de los despachos judiciales en el país mediante la provisión de los recursos humanos, físicos y tecnológicos requeridos; y se conformará un procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión del sistema judicial.

• 2. Acceso a los servicios judiciales, administración de justicia y derecho

El Estado facilitará el acceso a la vía judicial y promoverá diferentes alternativas para el tratamiento de los conflictos. Instituciones populares como la participación ciudadana o individuales como las acciones de cumplimiento, son vías complementarias para la protección de los derechos, las cuales se fortalecerán mediante un sistema de orientación a los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Un mayor acceso también implica reducir el excesivo distanciamiento entre las normas legales y lo cotidiano, atenuar el ritualismo y la casuística e introducir un sistema referencial que haga fácil consultar las normas y la jurisprudencia.

Un mayor acceso a la justicia conlleva plantear una concepción de la justicia acorde con los nuevos órdenes jurídico, político, social y económico; e incorporar al sistema aquellas instancias alternativas a la vía judicial que la Constitución señala para administrar justicia en forma plena o restringida: las autoridades indígenas y administrativas, los jueces de paz, y los notarios, entre otros.