CODIGO PROCESAL PENAL

Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en lo Penal de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Defensores Públicos Oficiales de Instancia Única en la Ejecución de la Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales ante la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo.

Penal Nacional y Federal y Defensores Públicos de Menores e Incapaces ante los Tribunales de Segunda Instancia.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Defensores Públicos Oficiales Federales del interior del país.

la Nación, Defensores Públicos de Menores e Incapaces de Primera Instancia, Defensores Públicos Oficiales ante los Jueces y Cámaras de Apelaciones, Defensores Públicos Oficiales en las Relaciones de Consumo, Defensores Públicos Oficiales ante los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias y Defensores Públicos de Víctimas.

ARTÍCULO 35.- Incorpórase como artículo 37 bis a la ley 27.149 el siguiente:

Artículo 37 bis: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo

precedente, los Defensores Públicos Coadyuvantes colaboran con los Defensores Públicos de Víctimas en el ejercicio de las funciones y bajo las condiciones previstas en esta ley, cuando ello sea dispuesto por el Defensor General de la Nación a fin de asegurar una efectiva prestación del servicio.

ARTÍCULO 36.- Incorpórase como artículo 37 ter a la ley 27.149 el siguiente:

Defensores Públicos de Víctimas

Artículo 37 ter: Funciones. Los Defensores Públicos de Víctimas son los

magistrados de la Defensoría General de la Nación que, según los fueros e instancias asignados, ejercen la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados y siempre que la limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

Capítulo VII

Disposiciones finales

ARTÍCULO 37.- Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a readecuar su legislación procesal a efectos de garantizar en sus jurisdicciones los derechos de las víctimas que se reconocen en la presente ley.

ARTÍCULO 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de

los ciento veinte (120) días posteriores a su promulgación.

ARTÍCULO 39.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27372 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZÓ. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

ANEXO I

Cargos que se crean en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación

Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires1Defensor Público de Víctima con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Catamarca1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Chaco1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Chubut1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Córdoba1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Corrientes1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Entre Ríos1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Formosa1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Jujuy1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Pampa1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de La Rioja1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Mendoza1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Misiones1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia del Neuquén1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Río Negro1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Salta1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de San Juan1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de San Luis1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santa Cruz1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santa Fe1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur1Defensor Público de Víctima con asiento en la provincia de Tucumán1Total24

Ciudad de Buenos Aires, 12 de Julio de 2017

En virtud de lo prescripto en el artículo 80 de la Constitución Nacional, certifico que la Ley Nº 27.372 (IF-2017-14067897-APN-SST#SLYT) sancionada por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 21 de junio de 2017, ha quedado promulgada de hecho el día 11 de julio de 2017.

Dése para su publicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, gírese copia al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Cumplido, archívese. — Pablo Clusellas.

e. 13/07/2017 N° 50220/17 v. 13/07/2017

Art. 80. - Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima del delito tendrá derecho:

propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean

realizadas con la mayor celeridad posible, para el pronto reintegro de

los bienes sustraídos;

durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado

por una persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro

el interés de obtener la verdad de lo ocurrido;

suspensión de la acción penal, y de aquellas que dispongan medidas de

coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo

solicite expresamente;

(Artículo sustituido por art. 15 de laLey N° 27.372B.O. 13/7/2017)Art. 81. - Durante el proceso penal, el Estado garantizará a la

víctima del delito los derechos reconocidos en la Ley de Derechos y

Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. A tal fin, las

disposiciones procesales de este Código serán interpretadas y

ejecutadas del modo que mejor garantice los derechos reconocidos a la

víctima.

Los derechos reconocidos en este Capítulo deberán ser enunciados por el

órgano judicial competente, al momento de practicar la primera citación

de la víctima o del testigo.

(Artículo sustituido por art. 16 de laLey N° 27.372B.O. 13/7/2017)

CAPITULO IV

El querellante particular

Derecho de querella

Art. 82. - Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida

por un delito de acción pública tendrá derecho a constituirse en parte

querellante y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de

convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en

este Código se establezcan.

Cuando se trate de un incapaz, actuará por él su representante legal.

Cuando se trate de un delito cuyo resultado sea la muerte o la

desaparición de una persona, podrán ejercer este derecho el cónyuge, el

conviviente, los padres, los hijos y los hermanos de la persona muerta

o desaparecida; si se tratare de un menor, sus tutores o guardadores, y

en el caso de un incapaz, su representante legal.

Si el querellante particular se constituyera a la vez en actor civil,

podrá así hacerlo en un solo acto, observando los requisitos para ambos

institutos.

(Artículo sustituido por art. 17 de laLey N° 27.372B.O. 13/7/2017)

Art. 82 bis. - Intereses colectivos. Las

asociaciones o fundaciones, registradas conforme a la ley, podrán

constituirse en parte querellante en procesos en los que se investiguen

crímenes de lesa, humanidad o graves violaciones a los derechos humanos

siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la

defensa de los derechos que se consideren lesionados.

No será obstáculo para el ejercicio de esta facultad

la constitución en parte querellante de aquellas personas a las que se

refiere el artículo 82.

(Artículo incorporado por art. 1° de la[*Ley

N° 26.550](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=160777)B.O. 27/11/2009)*

Forma y contenido de la presentación

Art. 83. - Forma y contenido de la presentación. La

pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por

escrito, en forma personal o por mandatario especial que agregará el

poder, con asistencia letrada. Deberá consignarse bajo pena de

inadmisibilidad:

1º) Nombre, apellido o razón social, domicilios real

y legal del querellante.

2º) Relación sucinta del hecho en que se funda.

3º) Nombre, apellido y domicilio del o de los

imputados, si lo supiere.

4º) La acreditación de los extremos de personería

que invoca, en su caso. Si se tratare de una asociación o fundación,

deberá acompañar además copia fiel de los instrumentos que acrediten su

constitución conforme a la ley.

5º) La petición de ser tenido por querellante y la

firma.

(Artículo sustituido por art. 2° de la[*Ley

N° 26.550](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=160777)B.O. 27/11/2009)*

Oportunidad

Art. 84. - La constitución en parte querellante se

regirá por lo dispuesto en el artículo 90. El pedido será resuelto por

decreto fundado o auto en el término de tres (3) días. La resolución

será apelable.

Unidad de representación. Responsabilidad.

Desistimiento

Art. 85. - Serán aplicables los artículos 416, 419 y

asociaciones o fundaciones, salvo solicitud de los querellantes.

(Artículo sustituido por art. 3° de la[*Ley

N° 26.550](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=160777)B.O. 27/11/2009)*

Deber de atestiguar

Art. 86. - La intervención de una persona como

querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo en el

proceso.

CAPITULO V

El actor civil

Constitución de parte

Art. 87. - Para ejercer la acción civil emergente

del delito en el proceso penal, su titular, deberá constituirse en

actor civil.

Las personas que no tengan capacidad para estar en

juicio, no podrán actuar si no son representadas, autorizadas o

asistidas en las formas prescriptas para el ejercicio de las acciones

civiles.

Demandados

Art. 88. - La constitución de actor civil procederá

aun cuando no estuviere individualizado el imputado.

Si en el proceso hubiere varios imputados y

civilmente demandados, la acción podrá ser dirigida contra uno o más de

ellos.

Pero si lo fuera contra los segundos deberá

obligatoriamente ser dirigida, además, contra los primeros.

Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se

entenderá que se dirige contra todos.

Forma del acto

Art. 89. - La constitución de parte civil podrá

hacerse personalmente o por mandatario, mediante un escrito que

contenga, bajo pena de inadmisibilidad, las condiciones personales y el

domicilio legal del accionante, a qué proceso se refiere y los motivos

en que se funda la acción.

Art. 90. - La constitución de parte civil podrá

tener lugar en cualquier estado del proceso hasta la clausura de la

instrucción.

Pasada dicha oportunidad, la constitución será

rechazada sin más trámite, sin perjuicio de accionar en la sede

correspondiente.

Facultades

Art. 91. - El actor civil tendrá en el proceso la

intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho

delictuoso y los daños y perjuicios que le haya causado, y reclamar las

medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones

correspondientes.

Notificación

Art. 92. - La constitución del actor civil deberá

ser notificada al imputado y al civilmente demandado y producirá

efectos a partir de la última notificación. En el caso del artículo 88,

primera parte, la notificación se hará en cuanto se individualice al

imputado.

Demanda

Art. 93. - El actor civil deberá concretar su

demanda dentro de tres (3) días de notificado de la resolución prevista

en el artículo 346.

La demanda se formulará por escrito y con las

formalidades exigidas en el Código Procesal en lo Civil y Comercial de

la Nación y será notificada de inmediato al civilmente demandado.

Desistimiento

Art. 94. - El actor podrá desistir de la acción en

cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su

intervención hubiere causado.

El desistimiento importa renuncia de la acción

civil. Se lo tendrá por desistido cuando no concrete la demanda en la

oportunidad fijada en el artículo 93 o no comparezca al debate o se

aleje de la audiencia sin haber formulado conclusiones.

Carencia de recursos

Art. 95. - El actor civil carece de recursos contra

el auto de sobreseimiento y la sentencia absolutoria, sin perjuicio de

las acciones que pudieren corresponderle en sede civil.

Deber de atestiguar

Art. 96. - La intervención de una persona como actor

civil no la exime del deber de declarar como testigo en el proceso

penal.

CAPITULO VI

El civilmente demandado

Citación

Art. 97. - Las personas que según la ley civil

respondan por el imputado del daño que cause el delito podrán ser

citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza

la acción resarcitoria quien, en su escrito, expresará el nombre y el

domicilio del demandado y los motivos en que funda su acción.

Oportunidad y forma

Art. 98. - El decreto que ordene la citación, que

podrá hacerse en la oportunidad que establece el artículo 90, contendrá

el nombre y domicilio del accionante y del citado, y la indicación del

proceso y el plazo en que se deba comparecer, el que nunca será menor

de cinco (5) días.

La resolución será notificada al imputado.

Nulidad

Art. 99. - Será nula esta citación cuando adolezca

de omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del

civilmente demandado, restringiéndole la audiencia o la prueba.

La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni

impedirá el ejercicio ulterior de la acción civil ante la jurisdicción

respectiva.

Caducidad

Art. 100. - El desistimiento del actor civil hará

caducar la intervención del civilmente demandado.

Contestación de la demanda. Excepciones. Reconvención

Art. 101. - El civilmente demandado deberá contestar

la demanda dentro de los seis (6) días de notificado de la misma. En el

mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas civiles que estime

pertinentes y reconvenir.

La forma se regirá por lo establecido por el Código

Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

Trámite

Art. 102. - El trámite de las excepciones y la

reconvención se regirá por las respectivas disposiciones del Código

Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

Los plazos serán en todos los casos de tres (3) días.

La resolución de las excepciones podrá, sin embargo

ser diferida por el tribunal para la sentencia por auto fundado.

Art. 103. - Aun cuando estuviesen pendientes de

resolución las excepciones y defensas, las partes civiles deberán

ofrecer su prueba, bajo pena de caducidad, en el período establecido

por el artículo 354.

CAPITULO VII

Defensores y mandatarios

Derecho del imputado

ARTICULO 104.—

Derecho del imputado. El imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso. En este caso el tribunal le ordenará que elija defensor de su confianza dentro del término de tres (3) días, bajo apercibimiento de designarle de oficio el defensor oficial.

En ningún caso el imputado podrá ser representado por apoderado. La designación del defensor hecha por el imputado importará, salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil. Este mandato subsistirá mientras no fuere revocado.

El imputado podrá designar defensor aun estando incomunicado y por cualquier medio.

Si se hubiere declarado la continuación del proceso en ausencia en los términos previstos por el capítulo V, título II, libro III, de este código el juez designará defensor de oficio al imputado, si es que este no tuviere uno de su confianza. El imputado conserva siempre el derecho de designar defensor particular, o de continuar con el defensor público oficial asignado.

Artículo 2º- Sustitúyese el artículo 290 del Código Procesal Penal de

la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 290 : Efectos sobre el proceso. La declaración de rebeldía no

suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la elevación a juicio. Si fuere declarada durante el juicio, este se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, sin perjuicio de lo establecido en el capítulo V, título II, libro III de este código. En este último supuesto, el proceso proseguirá también respecto del imputado declarado ausente, en las condiciones allí previstas.

Declarada la rebeldía, se reservarán las actuaciones y los efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere indispensable conservar.

La acción civil podrá tramitarse en la sede respectiva. Cuando el rebelde comparezca, por propia voluntad o por fuerza, la causa continuará según su estado.

Artículo 3º- Sustitúyese el artículo 367 del Código Procesal Penal de

la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 367 : Postergación extraordinaria. En caso de fuga del

imputado, el tribunal ordenará la postergación del debate, y en cuanto sea detenido fijará nueva audiencia. Si resultaren aplicables las previsiones del capítulo V, título II, libro III, de este código, el tribunal proseguirá con el juicio.

Artículo 4º- Incorpórase como capítulo V (artículos 431 ter a 431

septies) del título II, libro III del Código Procesal Penal de la Nación, aprobado por ley 23.984 y sus modificatorias, el siguiente:

Capítulo V

Juicio en ausencia

Artículo 431 ter: Ámbito de aplicación. El juicio en ausencia será

aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo, cuya prevención, investigación o sanción sea objeto:

7º, 8º y 8º bis) aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200;

la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada por ley 26.023, sean hechos cometidos en lugares públicos o privados.

Para la procedencia del juicio en ausencia, asimismo, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 431 quáter.

Artículo 431 quáter: Supuestos de procedencia. El juicio en ausencia

procederá únicamente contra un imputado declarado rebelde si:

no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial;

resultado infructuoso; se considera que se han hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, entre otros casos, si:

I. Transcurridos cuatro (4) meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, el imputado no pudo ser hallado.

II. El requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido, siempre que el Poder Ejecutivo nacional no hubiese admitido el juzgamiento en aquel país conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, 24.767.

Constatado uno de los supuestos para su procedencia, el juez o tribunal declarará, por auto fundado, que el proceso prosigue en ausencia.

Artículo 431 quinquies: Notificación, designación de defensor y

ejercicio de los derechos de defensa. El juez notificará al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado del auto que declara que el proceso continuará en ausencia; en ese mismo acto, les informará sobre las disposiciones aplicables. Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio. En cualquier etapa del proceso el imputado podrá designar un defensor de su confianza. Durante el proceso en ausencia no será requerida la presencia del imputado para ningún acto procesal. Los derechos conferidos al imputado por este código y por otras leyes aplicables serán ejercidos por su defensor.

Artículo 431 sexies: Registro audiovisual del juicio. Preservación de

la prueba. El juicio en ausencia, bajo pena de nulidad, deberá ser registrado por medios audiovisuales. Los soportes de la audiencia, así como los elementos de prueba ofrecidos, deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio, en condiciones que aseguren su autenticidad y preserven su integridad.

Finalizado el juicio, las autoridades judiciales intervinientes ordenarán la preservación de los registros audiovisuales y de los elementos de prueba indicados en el párrafo precedente por el término de cien (100) años.

Artículo 431 septies: Presentación ulterior del imputado. El imputado

sometido a un proceso en ausencia que se presentare durante la realización del debate tendrá derecho a ser oído.

Si el imputado sometido a un proceso en ausencia se presentare luego del dictado de la sentencia condenatoria, podrá, en un plazo de diez (10) días, solicitar la realización de un nuevo juicio:

no hubiere concurrido a la citación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento.

Asimismo, toda persona condenada en ausencia podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada. Son aplicables para su tramitación las demás normas establecidas en el capítulo VII, libro IV de este código, salvo lo dispuesto en el

artículo 486 , segundo párrafo.

En cualquier caso, la persona condenada en ausencia tendrá a su

disposición los recursos establecidos en este código contra la

sentencia definitiva cuyos plazos de interposición no estuviesen vencidos. En los casos regidos por el presente capítulo, los recursos podrán ser interpuestos directamente por los defensores.

Artículo 5º- Sustitúyese el artículo 6º del Código Procesal Penal Federal (t. o. 2019) por el siguiente:

Artículo 6º : Defensa. El derecho de defensa es inviolable e

irrenunciable y puede ejercerse libremente desde el inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. El imputado tiene derecho a defenderse por sí, a elegir un abogado de su confianza o a que se le designe un defensor público. Los derechos y facultades del imputado pueden ser ejercidos directamente por este o por su defensor, indistintamente. En caso de colisión primará la voluntad del imputado, expresada clara y libremente.

Si se hubiere declarado la continuación del proceso en ausencia en los términos previstos por el título VII, libro segundo, de la segunda parte de este código, el juez designará defensor de oficio al imputado, si es que este no tuviere uno de su confianza. El imputado conserva siempre el derecho de designar defensor particular, o de continuar con el defensor público oficial asignado.

Artículo 6º- Sustitúyese el artículo 69 del Código Procesal Penal Federal (t. o. 2019) por el siguiente:

Artículo 69 : Rebeldía. Será declarado en rebeldía el imputado que no

comparezca a una citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido, desobedezca una orden de detención o se ausente del domicilio denunciado sin justificación.

La declaración de rebeldía y la orden de detención, en su caso, serán expedidas por el juez, a solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal.

La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la presentación de la acusación, a menos que se proceda conforme a las previsiones del título VII, libro segundo, de la segunda parte de este código.

Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a disposición de la autoridad que lo requiriere quedarán sin efecto las órdenes emitidas y sus inscripciones; se convocará a una audiencia en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas y luego de oír al imputado, al representante del Ministerio Público Fiscal y al querellante o la víctima, si compareciere, el juez resolverá en forma inmediata sobre la procedencia de las medidas que se le soliciten. El trámite del proceso continuará según su estado.

Artículo 7º- Incorpórase como título VII (artículos 343 bis a 343

sexies) del libro segundo de la segunda parte del Código Procesal Penal Federal (t. o. 2019), el siguiente:

TÍTULO VII

Juicio en ausencia

Artículo 343 bis: Ámbito de aplicación. El juicio en ausencia será

aplicable únicamente en aquellas causas en las que se investigue la comisión de delitos cometidos en el territorio nacional, o cuando sus efectos se produzcan en el mismo o en los lugares sometidos a su jurisdicción, o bien cuando se cometan en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo, cuya prevención, investigación o sanción sea objeto:

7º, 8º y 8º bis) aprobado por ley 25.390 e implementado por ley 26.200;

la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada por ley 26.023, sean hechos cometidos en lugares públicos o privados.

Para la procedencia del juicio en ausencia, asimismo, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 343 ter.

Artículo 343 ter: Supuestos de procedencia. El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado declarado rebelde si:

no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial;

resultado infructuoso; se considera que se han hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, entre otros casos, si:

I. Transcurridos cuatro (4) meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, el imputado no pudo ser hallado.

II. El requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido, siempre que el Poder Ejecutivo nacional no hubiese admitido el juzgamiento en aquel país conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, 24.767.

Constatado uno de los supuestos para su procedencia, el juez o tribunal declarará, por auto fundado, que el proceso prosigue en ausencia.

Artículo 343 quáter: Notificación, designación de defensor y ejercicio

de los derechos de defensa. El juez notificará al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado el auto que declara que el proceso continuará en ausencia. En ese mismo acto, les informará sobre las disposiciones aplicables. Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio. En cualquier etapa del proceso el imputado podrá designar un defensor de su confianza. Durante el proceso en ausencia no será requerida la presencia del imputado para ningún acto procesal. Los derechos conferidos al imputado por este código y por otras leyes aplicables serán ejercidos por su defensor.

Artículo 343 quinquies: Registro audiovisual del juicio. Preservación

de la prueba. El juicio en ausencia, bajo pena de nulidad, deberá ser registrado por medios audiovisuales. Los soportes de la audiencia, así como los elementos de prueba ofrecidos, deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio, en condiciones que aseguren su autenticidad y preserven su integridad.

Finalizado el juicio, las autoridades judiciales intervinientes ordenarán la preservación de los registros audiovisuales y de los elementos de prueba indicados en el párrafo precedente por el término de cien (100) años.

Artículo 343 sexies: Presentación ulterior del imputado. El imputado

sometido a un proceso en ausencia que se presentare durante la realización del debate tendrá derecho a ser oído.

Si el imputado sometido a un proceso en ausencia se presentare luego de la sentencia condenatoria, podrá, en un plazo de diez (10) días, solicitar la realización de un nuevo juicio:

no hubiere concurrido a la citación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento.

Asimismo, toda persona condenada en ausencia podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada. Son aplicables para su tramitación las demás normas establecidas en el título V del libro tercero de la segunda parte de este código.

En cualquier caso, la persona condenada en ausencia tendrá a su

disposición los recursos establecidos en este código contra la

sentencia definitiva cuyos plazos de interposición no estuviesen vencidos. En los casos regidos por el presente capítulo, los recursos podrán ser interpuestos directamente por los defensores.

Artículo 8º- Cláusula transitoria. Las modificaciones al Código

Procesal Penal de la Nación aprobado por la ley 23.984 previstas en la presente ley, regirán en aquellas jurisdicciones en las que aún no hubiera entrado en vigencia el Código Procesal Penal Federal (t. o. 2019), de conformidad con lo dispuesto por la ley 27.150.

Artículo 9º- La presente ley entrará en vigencia a los diez (10) días de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

REGISTRADA BAJO EL N° 27784

BARTOLOMÉ ESTEBAN ABDALA - MARTIN ALEXIS MENEM - Agustín Wenceslao Giustinian - Adrián Francisco Pagán

e. 07/03/2025 N° 13185/25 v. 07/03/2025

Art. 105. - El imputado no podrá ser defendido

simultáneamente por más de dos abogados.

Cuando intervengan dos defensores, la notificación

hecha a uno de ellos valdrá respecto de ambos, y la sustitución de uno

por el otro no alterará trámites ni plazos.

Obligatoriedad

Art. 106. - El cargo de defensor del imputado, una

vez aceptado, es obligatorio. La aceptación será obligatoria para el

abogado de la matrícula cuando se lo nombrare en sustitución del

defensor oficial. En ambos supuestos, podrán exceptuarse de ella por

una razón atendible.

El defensor tendrá derecho a examinar los autos

antes de aceptar el cargo, salvo el caso de secreto del sumario. Tendrá

tres (3) días para hacerlo, bajo apercibimiento de tener el

nombramiento por no efectuado.

Defensa de oficio

Art. 107. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 104 y en la primera oportunidad, y en todo caso antes de la

indagatoria, el juez invitará al imputado a designar defensor entre los

abogados de la matrícula.

Si el imputado no lo hiciere hasta el momento de

recibírsele declaración indagatoria, el juez designará de oficio al

defensor oficial, salvo que autorice al imputado a defenderse

personalmente.

Nombramiento posterior

Art. 108. - La designación del defensor de oficio no

perjudica el derecho del imputado de elegir ulteriormente otro de su

confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el

designado acepte el cargo y fije domicilio.

Artículo 109: Defensor común

Art. 109. - La defensa de varios imputados podrá ser

confiada a un defensor común siempre que no exista incompatibilidad. Si

ésta fuere advertida, el tribunal proveerá, aun de oficio, a las

sustituciones necesarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 107.

Otros defensores y mandatarios

Art. 110. - El actor civil y el civilmente demandado

actuarán en el proceso personalmente o por mandatario, pero siempre con

patrocinio letrado.

Sustitución

Art. 111. - Los defensores de los imputados podrán

designar sustitutos para que intervengan si tuvieren impedimento

legítimo, con consentimiento del acusado.

En caso de abandono de la defensa, el abogado

sustituyente asumirá las obligaciones del defensor y no tendrá derecho

a prórroga de plazos o audiencias.

Abandono

Art. 112. - En ningún caso el defensor del imputado

podrá abandonar la defensa y dejar a sus clientes sin abogado. Si así

lo hiciere, se proveerá a su inmediata sustitución por el defensor

oficial. Hasta entonces estará obligado a continuar en el desempeño del

cargo y no podrá ser nombrado de nuevo en la misma causa.

Cuando el abandono ocurriere poco antes o durante el

debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga máxima de tres

(3) días para la audiencia. El debate no podrá volverse a suspender por

la misma causa, aun cuando el tribunal conceda la intervención de otro

defensor particular, lo que no excluirá la del oficial.

El abandono de los defensores o mandatarios de las

partes civiles no suspenderá el proceso.

Sanciones

Art. 113. - El incumplimiento injustificado de las

obligaciones por parte de los defensores o mandatarios podrá ser

corregido con multa de hasta el equivalente al 20% del sueldo de un

juez de primera instancia, además de la separación de la causa. El

abandono constituye falta grave y obliga al que incurre en él a pagar

las costas de la sustitución, sin perjuicio de las otras sanciones.

Estas serán sólo apelables cuando las dicte el juez. El órgano judicial

deberá comunicarlo al Colegio Público de Abogados a sus efectos.

TITULO V

Actos Procesales

CAPITULO I

Disposiciones generales

Idioma

Art. 114. - En los actos procesales deberá usarse el

idioma nacional bajo pena de nulidad.

Fecha

Art. 115. - Para fechar un acto deberá indicarse el

lugar, día, mes y año en que se cumple. La hora será consignada sólo

cuando especialmente se lo exija.

Cuando la fecha fuere requerida bajo pena de

nulidad, ésta sólo podrá ser declarada cuando aquélla no pueda

establecerse con certeza en virtud de los elementos del acto o de otros

conexos con él.

El secretario o auxiliar autorizado del tribunal

deberá poner cargo a todos los escritos, oficios o notas que reciba,

expresando la fecha y hora de presentación.

Día y hora

Art. 116. - Los actos procesales deberán cumplirse

en días y horas hábiles, salvo los de instrucción. Para los de debate,

el tribunal podrá habilitar los días y horas que estime necesarios.

Juramento y promesa de decir la verdad

Art. 117. - Cuando se requiera la prestación de

juramento, éste será recibido, según corresponda, por el juez o por el

presidente del tribunal, bajo pena de nulidad, de acuerdo con las

creencias del que lo preste, quien será instruido de las penas

correspondientes al delito de falso testimonio, para lo cual se le

leerán las pertinentes disposiciones legales y prometerá decir la

verdad de todo cuanto supiere y le fuere preguntado, mediante la

fórmula "lo juro" o "lo prometo".

Declaraciones

Art. 118. - El que debe declarar en el proceso lo

hará de viva voz y sin consultar notas o documentos, salvo que el

tribunal lo autorice para ello, si así lo exigiere la naturaleza de los

hechos.

En primer término, el declarante será invitado a

manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate, y después,

si fuere necesario, se lo interrogará.

Las preguntas que se formulen no serán capciosas ni

sugestivas.

En los casos de delitos dependientes de instancia

privada, la víctima y/o sus representantes legales sólo prestarán

declaración ante el juez, el agente fiscal y su abogado, debiendo

evitarse los interrogatorios humillantes.

Cuando se proceda por escrito, se consignarán las

preguntas y respuestas.

Declaraciones especiales

Art. 119. - Para recibir juramento y examinar a un

sordo se le presentará por escrito la fórmula de las preguntas; si se

tratare de un mudo se le harán oralmente las preguntas y responderá por

escrito; si fuere un sordomudo, las preguntas y respuestas serán

escritas.

Si dichas personas no supieren leer o escribir, se

nombrará intérprete a un maestro de sordomudos o, a falta de él, a

alguien que sepa comunicarse con el interrogado.

CAPITULO II

Actos y resoluciones judiciales

Poder coercitivo

Art. 120. - En el ejercicio de sus funciones, el

tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer

todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular

cumplimiento de los actos que ordene.

Asistencia del secretario

Art. 121. - El tribunal será siempre asistido en el

cumplimiento de sus actos por el secretario, quien refrendará todas sus

resoluciones con firma entera precedida por la fórmula: "Ante mí".

Resoluciones

Art. 122. - Las decisiones del tribunal serán dadas

por sentencia, auto o decreto.

Dictará sentencia para poner término al proceso,

después de su integral tramitación; auto, para resolver un incidente o

artículo del proceso o cuando este Código lo exija; decreto, en los

demás casos o cuando esta forma sea especialmente prescrita.

Las copias de las sentencias y de los autos serán

protocolizadas por el secretario.

Motivación de las resoluciones

Art. 123. - Las sentencias y los autos deberán ser

motivados, bajo pena de nulidad. Los decretos deberán serlo, bajo la

misma sanción, cuando la ley lo disponga.

Firma de las resoluciones

Art. 124. - Las sentencias y los autos deberán ser

suscriptos por el juez o todos los miembros del tribunal que actuaren;

los decretos, por el juez o el presidente del tribunal. La falta de

firma producirá la nulidad del acto.

Término

Art. 125. - El tribunal dictará los decretos el día

en que los expedientes sean puestos a despacho; los autos, dentro de

los cinco (5) días, salvo que se disponga otro plazo; y las sentencias,

en las oportunidades especialmente previstas.

Rectificación

Art. 126. - Dentro del término de tres (3) días de

dictadas las resoluciones, el tribunal podrá rectificar de oficio o a

instancia de parte, cualquier error u omisión material contenidos en

aquéllas, siempre que ello no importe una modificación esencial.

La instancia de aclaración suspenderá el término

para interponer los recursos que procedan.

Queja por retardo de justicia

Art. 127. - Vencido el término en que deba dictarse

una resolución, el interesado podrá pedir pronto despacho y, si dentro

de tres (3) días no lo obtuviere, podrá denunciar el retardo al

tribunal que ejerza la superintendencia, el que, previo informe del

denunciado, proveerá enseguida lo que corresponda. Si la demora fuere

imputable al presidente o a un miembro de un tribunal colegiado, la

queja podrá formularse ante este mismo tribunal; y si lo fuere a la

Corte Suprema de Justicia, el interesado podrá ejercitar los derechos

que le acuerda la Constitución.

Resolución definitiva

Art. 128. - Las resoluciones judiciales quedarán

firmes y ejecutoriadas, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto

no sean oportunamente recurridas.

Copia auténtica

Art. 129. - Cuando por cualquier causa se destruyan,

pierdan o sustraigan los originales de las sentencias u otros actos

procesales necesarios, la copia auténtica tendrá el valor de aquéllos.

Restitución y renovación

Art. 130. - Si no hubiere copia de los actos, el

tribunal ordenará que se rehagan, para lo cual recibirá las pruebas que

evidencien su reexistencia y contenido. Cuando esto no fuera posible,

dispondrá la renovación, prescribiendo el modo de hacerla.

Copia e informes

Art. 131. - El tribunal ordenará la expedición de

copias e informes, siempre que fueren solicitados por una autoridad

pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlos.

CAPITULO III

Suplicatorias, exhortos, mandamientos y oficios

Reglas generales

Art. 132. - Cuando un acto procesal deba ejecutarse

fuera de la sede del tribunal, éste podrá encomendar su cumplimiento

por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se

dirija, respectivamente, a un tribunal de jerarquía superior, igual o

inferior, o autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial, sin

perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al respecto en las leyes

convenio con las provincias.

Art. 132 bis. - En las causas en que se investigue

alguno de los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del

CODIGO PENAL DE LA NACION, o que tramiten en forma forma conexa con

aquéllas, cuando se encontrase en peligro la vida de la víctima o la

demora en el procedimiento pudiese comprometer seriamente el éxito de

la investigación, el Juez o el Fiscal a cargo de ésta podrán actuar en

ajena jurisdicción territorial ordenando a las autoridades de

prevención las diligencias que entiendan pertinentes, debiendo

comunicar las medidas dispuestas al Juez del lugar. Las autoridades de

prevención deberán poner en conocimiento del Juez del lugar los

resultados de las diligencias practicadas.

(Artículo incorporado por art. 1° de la[*Ley

N° 25.760](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=87494)B.O. 11/8/2003)*

Comunicación directa

Art. 133. - Los tribunales podrán dirigirse

directamente a cualquier autoridad administrativa, la que prestará su

cooperación y expedirá los informes que le soliciten dentro del tercer

día de recibido el pedido del juez o, en su caso, en el plazo que éste

fije.

Exhortos con tribunales extranjeros

Art. 134. - Los exhortos a tribunales extranjeros se

diligenciarán por vía diplomática en la forma establecida por los

tratados o costumbres internacionales.

Los de tribunales extranjeros serán diligenciados en

los casos y modos establecidos por los tratados o costumbres

internacionales y por las leyes del país o en la forma que se

establezca en los convenios firmados con los distintos países, con

sujeción al principio de reciprocidad.

Exhortos de otras jurisdicciones

Art. 135. - Los exhortos de otras jurisdicciones

serán diligenciados, sin retardo, previa vista fiscal, siempre que no

perjudiquen la jurisdicción del tribunal.

Denegación y retardo

Art. 136. - Si el diligenciamiento de un exhorto

fuere denegado o demorado, el tribunal exhortante podrá dirigirse al

tribunal superior pertinente, el cual, previa vista fiscal, resolverá

si corresponde ordenar o gestionar el diligenciamiento.

Comisión y transferencia del exhorto

Art. 137. - El tribunal exhortado podrá comisionar

el despacho del exhorto a otro inferior, cuando el acto deba

practicarse fuera del lugar de su asiento, o remitirlo al tribunal a

quien se debió dirigir, si ese lugar no fuera de su competencia.

CAPITULO IV

Actas

Regla general

Art. 138. - Cuando el funcionario público que

intervenga en el proceso deba dar fe de los actos realizados por él o

cumplidos en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por

las disposiciones de este Capítulo. A tal efecto, el juez y el fiscal

serán asistidos por un Secretario, y los funcionarios de policía o

fuerzas de seguridad por dos testigos, que en ningún caso podrán

pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten

los actos irreproducibles y definitivos, tales como el secuestro,

inspecciones oculares, requisa personal.

Contenido y formalidades

Art. 139. - Las actas deberán contener: la fecha; el

nombre y apellido de las personas que intervengan; el motivo que haya

impedido, en su caso, la intervención de las personas obligadas a

asistir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado;

las declaraciones recibidas; si éstas fueron hechas espontáneamente o a

requerimiento; si las dictaron los declarantes.

Concluida o suspendida la diligencia, el acta será

firmada, previa lectura, por todos los intervinientes que deban

hacerlo. Cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, se hará mención

de ello.

Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se

le informará que el acta puede ser leída y, en su caso, suscrita por

una persona de su confianza, lo que se hará constar.

Nulidad

Art. 140. - El acta será nula si falta la indicación

de la fecha, o la firma del funcionario actuante, o la del secretario o

testigos de actuación, o la información prevista en la última parte del

artículo anterior.

Asimismo son nulas las enmiendas, interlineados o

sobrerraspados efectuados en el acta y no salvados al final de ésta.

Testigos de actuación

Art. 141. - No podrán ser testigos de actuación los

menores de dieciocho (18) años, los dementes y los que en el momento

del acto se encuentren en estado de inconsciencia.

CAPITULO V

Notificaciones, citaciones y vistas

Regla general

Art. 142. - Las resoluciones generales se harán

conocer a quienes corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas de

dictadas, salvo que el tribunal dispusiere un plazo menor y no

obligarán sino a las personas debidamente notificadas.

Personas habilitadas

Art. 143. - Las notificaciones serán practicadas por

el secretario o el empleado del tribunal que corresponda o se designe

especialmente.

Cuando la persona que se deba notificar esté fuera

de la sede del tribunal, la notificación se practicará por intermedio

de la autoridad judicial que corresponda.

Lugar del acto

Art. 144. - Los fiscales y defensores oficiales

serán notificados en sus respectivas oficinas; las partes, en la

secretaría del tribunal o en el domicilio constituido.

Si el imputado estuviere preso, será notificado en

la secretaría o en el lugar de su detención, según lo resuelva el

tribunal.

Las personas que no tuvieren domicilio constituido

serán notificadas en su domicilio real, residencia o lugar donde se

hallaren.

Domicilio legal

Art. 145. - Al comparecer en el proceso, las partes

deberán constituir domicilio dentro del radio del ejido urbano del

asiento del tribunal.

Notificaciones a los defensores y mandatarios

Art. 146. - Si las partes tuvieren defensor o

mandatario, solamente a éstos se les efectuarán las notificaciones,

salvo que la ley o la naturaleza del acto exijan que también aquéllas

sean notificadas.

Modo de la notificación

Art. 147. - La notificación se hará entregando a la

persona que debe ser notificada, una copia autorizada de la resolución,

dejándose debida constancia en el expediente.

Si se tratare de sentencias o de autos, la copia se

limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva.

Notificación en la oficina

Art. 148. - Cuando la notificación se haga

personalmente en la secretaría o en el despacho del fiscal o del

defensor oficial se dejará constancia en el expediente, con indicación

de la fecha, firmando el encargado de la diligencia y el notificado,

quien podrá sacar copia de la resolución. Si éste no quisiere, no

pudiere o no supiere firmar, lo harán dos testigos requeridos al

efecto, no pudiendo servirse para ello de los dependientes de la

oficina.

Notificaciones en los domicilios

Art. 149. - Cuando la notificación se haga en el

domicilio, el funcionario o empleado encargado de practicarla llevará

dos copias autorizadas de la resolución con indicación del tribunal y

el proceso en que se dictó; entregará una al interesado y al pie de la

otra, que se agregará al expediente, dejará constancia de ello con

indicación del lugar, día y hora de la diligencia, firmando juntamente

con el notificado.

Cuando la persona a quien se deba notificar no fuera

encontrada en su domicilio, la copia será entregada a alguna mayor de

dieciocho (18) años que resida allí, prefiriéndose a los parientes del

interesado y, a falta de ellos, a sus empleados o dependientes. Si no

se encontrare a ninguna de esas personas, la copia será entregada a un

vecino mayor de dicha edad que sepa leer y escribir, con preferencia el

más cercano. En estos casos, el funcionario o empleado que practique la

notificación hará constar a qué persona hizo entrega de la copia y por

qué motivo, firmando la diligencia junto con ella. Cuando el notificado

o el tercero se negaren a recibir la copia o a dar su nombre o firmar,

ella será fijada en la puerta de la casa o habitación donde se

practique el acto, de lo que se dejará constancia, en presencia de un

testigo que firmará la diligencia.

Si la persona requerida no supiere o no pudiere

firmar, lo hará un testigo a su ruego.

Notificación por edictos

Art. 150. - Cuando se ignore el lugar donde reside

la persona que debe ser notificada, la resolución se hará saber por

edictos que se publicarán durante cinco (5) días en el Boletín Oficial,

sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo.

Los edictos contendrán, según el caso, la

designación del tribunal que entendiere en la causa; el nombre y

apellido del destinatario de la notificación; del delito que motiva el

proceso; la transcripción del encabezamiento y parte dispositiva de la

resolución que se notifica; el término dentro del cual deberá

presentarse el citado, así como el apercibimiento de que, en caso de no

hacerlo, será declarado rebelde; la fecha en que se expide el edicto y

la firma del secretario.

Un ejemplar del número del Boletín Oficial en que se

hizo la publicación será agregado al expediente.

Disconformidad entre original y copia

Art. 151. - En caso de disconformidad entre el

original y la copia, hará fe respecto de cada interesado la copia por

él recibida.

Nulidad de la notificación

Art. 152. - La notificación será nula:

1°) Si hubiere existido error sobre la identidad de

la persona notificada.

2°) Si la resolución hubiere sido notificada en

forma incompleta.

3°) Si en la diligencia no constara la fecha o,

cuando corresponda, la entrega de la copia.

4°) Si faltare alguna de las firmas prescritas.

Citación

Art. 153. - Cuando sea necesaria la presencia de una

persona para algún acto procesal, el órgano judicial competente

ordenará su citación. Esta será practicada de acuerdo con las formas

prescriptas para la notificación, salvo lo dispuesto por el artículo

siguiente, pero bajo pena de nulidad en la cédula se expresará: el

tribunal que la ordenó, su objeto y el lugar, día y hora en que el

citado deberá comparecer.

Citaciones especiales

Art. 154. - Los testigos, peritos, intérpretes y

depositarios podrán ser citados por medio de la policía, o por carta

certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado. Se les

advertirá de las sanciones a que se harán pasibles si no obedecen la

orden judicial y que, en este caso, serán conducidos por la fuerza

pública de no mediar causa justificada.

El apercibimiento se hará efectivo inmediatamente.

La incomparecencia injustificada hará incurrir en las costas que

causare, sin perjuicio de la responsabilidad penal que correspondiere.

Vistas

Art. 155. - Las vistas sólo se ordenarán cuando la

ley lo disponga y serán diligenciadas por las personas habilitadas para

notificar.

Modo de correr las vistas

Art. 156. - Las vistas se correrán entregando al

interesado, bajo recibo, las actuaciones en las que se ordenaren.

El secretario o empleado hará constar la fecha del

acto mediante diligencia extendida en el expediente, firmada por él y

el interesado.

Notificación

Art. 157. - Cuando no se encontrare a la persona a

quien se deba correr vista, la resolución será notificada conforme a lo

dispuesto en el artículo 149.

El término correrá desde el día hábil siguiente.

El interesado podrá retirar de secretaría el

expediente por el tiempo que faltare para el vencimiento del término.

Término de las vistas

Art. 158. - Toda vista que no tenga término fijado

se considerará otorgada por tres (3) días.

Falta de devolución de las actuaciones

Art. 159. - Vencido el término por el cual se corrió

la vista sin que las actuaciones sean devueltas, el tribunal librará

orden inmediata al oficial de justicia para que las requiera o se

incaute de ellas, autorizándolo a allanar el domicilio y hacer uso de

la fuerza pública.

Si la ejecución de la orden sufriera entorpecimiento

por culpa del requerido, podrá imponérsele una multa de hasta el diez

por ciento (10%) del sueldo de un magistrado de primera instancia, sin

perjuicio de la detención y la formación de causa que corresponda.

Nulidad de las vistas

Art. 160. - Las vistas serán nulas en los mismos

casos en que lo sean las notificaciones.

CAPITULO VI

Términos

Regla general

Art. 161. - Los actos procesales se practicarán

dentro de los términos fijados en cada caso. Cuando no se fije término,

se practicarán dentro de los tres (3) días. Los términos correrán para

cada interesado desde su notificación o, si fueren comunes, desde la

última que se practique y se contarán en la forma establecida por el

Código Civil.

Cómputo

Art. 162. - En los términos se computarán únicamente

los días hábiles y los que se habiliten, con excepción de los

incidentes de excarcelación, en los que aquéllos serán continuos.

En este caso, si el término venciera en día feriado,

se considerará prorrogado de derecho al primer día hábil siguiente.

Improrrogabilidad

Art. 163. - Los términos son perentorios e

improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley.

Prórroga especial

Art. 164. - Si el término fijado venciere después de

las horas de oficina, el acto que deba cumplirse en ella podrá ser

realizado durante las dos primeras horas del día hábil siguiente.

Abreviación

Art. 165. - La parte a cuyo favor se hubiere

establecido un término, podrá renunciarlo o consentir su abreviación

mediante manifestación expresa.

CAPITULO VII

Nulidades

Regla general

Art. 166. - Los actos procesales serán nulos sólo

cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente

prescriptas bajo pena de nulidad.

Nulidad de orden general

Art. 167. - Se entenderá siempre prescripta bajo

pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes:

1°) Al nombramiento, capacidad y constitución del

juez, tribunal o representante del ministerio fiscal.

2°) A la intervención del juez, ministerio fiscal y

parte querellante en el proceso y a su participación en los actos en

que ella sea obligatoria.

3°) A la intervención, asistencia y representación

del imputado, en los casos y formas que la ley establece.

Declaración

Art. 168. - El tribunal que compruebe una causa de

nulidad tratará, si fuere posible, de eliminarla inmediatamente. Si no

lo hiciere, podrá declarar la nulidad a petición de parte.

Solamente deberán ser declaradas de oficio, en

cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el

artículo anterior que impliquen violación de las normas

constitucionales, o cuando así se establezca expresamente.

Quien puede oponer la nulidad

Art. 169. - Excepto los casos en que proceda la

declaración de oficio, sólo podrán oponer la nulidad, las partes que no

hayan concurrido a causarla y que tengan interés en la observancia de

las disposiciones legales respectivas.

Oportunidad y forma de la oposición

Art. 170. - Las nulidades sólo podrán ser opuestas

bajo pena de caducidad, en las siguientes oportunidades:

1°) Las producidas en la instrucción, durante ésta o

en el término de citación a juicio.

2°) Las producidas en los actos preliminares del

juicio, hasta inmediatamente después de abierto el debate.

3°) Las producidas en el debate, al cumplirse el

acto o inmediatamente después.

4°) Las producidas durante la tramitación de un

recurso, hasta inmediatamente después de abierta la audiencia, o en el

memorial.

La instancia de nulidad será motivada, bajo pena de

inadmisibilidad, y el incidente se tramitará en la forma establecida

para el recurso de reposición.

Modo de subsanar las nulidades

Art. 171. - Toda nulidad podrá ser subsanada del

modo establecido en este Código, salvo las que deban ser declaradas de

oficio.

Las nulidades quedarán subsanadas:

1°) Cuando el ministerio fiscal o las partes no las

opongan oportunamente.

2°) Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan

aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.

3°) Si, no obstante su irregularidad, el acto

hubiere conseguido su fin con respecto a todos los interesados.

Efectos

Art. 172. - La nulidad de un acto, cuando fuere

declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan.

Al declarar la nulidad, el tribunal establecerá,

además, a cuáles actos anteriores o contemporáneos alcanza la misma por

conexión con el acto anulado.

El tribunal que la declare ordenará, cuando fuere

necesario y posible, la renovación, ratificación o rectificación de los

actos anulados.

Sanciones

Art. 173. - Cuando un tribunal superior declare la

nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su

apartamiento de la causa o imponerle las medidas disciplinarias que le

acuerde la ley.

LIBRO II

Instrucción

TITULO I

Actos iniciales

CAPITULO I

Denuncia

Facultad de denunciar

Art. 174. - Toda persona que se considere lesionada

por un delito cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin

pretender ser lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al

juez, al agente fiscal o a la policía. Cuando la acción penal depende

de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a

instar, conforme a lo dispuesto a este respecto por el Código Penal.

Con las formalidades previstas en el capítulo IV, del título IV, del

libro primero, podrá pedirse ser tenido por parte querellante.

Forma

Art. 175. - La denuncia presentada ante la policía

podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, por

representante o por mandatario especial. En este último caso deberá

agregarse el poder. En el caso de que un funcionario policial reciba la

denuncia en forma escrita comprobará y hará constar la identidad del

denunciante. Cuando sea verbal, se extenderá en un acta de acuerdo con

el Capítulo IV, Título V, del Libro I.

En el caso que la denuncia sea presentada ante la

fiscalía o el juez la misma deberá ser escrita; personalmente, por

representante o por mandatario especial. En este último caso deberá

agregarse el poder, debiendo ser firmada ante el funcionario que la

reciba, quien comprobará y hará constar la identidad del denunciante.

A los fines de comprobar su identidad, el

denunciante podrá presentar cualquier documento válido de identidad.

(Artículo sustituido por art. 1° de la[*Ley

N° 26.395](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=143840)B.O. 28/8/2008)*

Art. 175 bis - Cuando la denuncia escrita sea

presentada ante la policía, el funcionario que la reciba, luego de la

comprobación de identidad señalada en el artículo 175 CPPN, deberá

colocar en el escrito un sello que acredite la hora y el día de la

recepción, el nombre de la dependencia policial y el número de registro

de la denuncia, pudiendo otorgarle una constancia de la presentación o

firmando la copia, a pedido del denunciante.

En ningún caso se podrá rechazar la presentación de

la denuncia, sin perjuicio del trámite judicial que ulteriormente

corresponda.

(Artículo incorporado por art. 1° de la[*Ley

N° 26.395](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=143840)B.O. 28/8/2008)*

Contenido

Art. 176. - La denuncia deberá contener, en cuanto

fuere posible, la relación del hecho, con las circunstancias del lugar,

tiempo y modo de ejecución, y la indicación de sus partícipes,

damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su

comprobación y calificación legal.

Obligación de denunciar

Art. 177. - Tendrán obligación de denunciar los

delitos perseguibles de oficio:

1°) Los funcionarios o empleados públicos que los

conozcan en el ejercicio de sus funciones.

2°) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás

personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los

delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar

los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo

el amparo del secreto profesional.

Prohibición de denunciar

Art. 178. - Nadie podrá denunciar a su cónyuge,

ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca

ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado

igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado.

Responsabilidad del denunciante

Art. 179. - El denunciante no será parte en el

proceso ni incurrirá en responsabilidad alguna, excepto por el delito

en que pudiere incurrir.

Denuncia ante el juez

Art. 180. - El juez que reciba una denuncia la transmitirá

inmediatamente al agente fiscal. Dentro del término de veinticuatro

(24) horas, salvo que por la urgencia del caso aquél fije uno menor, el

agente fiscal formulará requerimiento conforme al artículo 188 o pedirá

que la denuncia sea desestimada o remitida a otra jurisdicción.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez de

instrucción que reciba una denuncia podrá, dentro del término de

veinticuatro (24) horas, salvo que por la urgencia del caso fije uno

menor, hacer uso de la facultad que le acuerda el artículo 196, primer

párrafo, en cuyo caso el agente fiscal asumirá la dirección de la

investigación conforme a las reglas establecidas en el título II, del

libro II de este Código o pedirá que la denuncia sea desestimada o

remitida a otra jurisdicción.

La denuncia será desestimada cuando los hechos referidos en ella no

constituyan delito, o cuando no se pueda proceder. La resolución que

disponga la desestimación de la denuncia o su remisión a otra

jurisdicción, será apelable por la víctima o por quien pretendía ser

tenido por parte querellante.

(Artículo sustituido por art. 18 de laLey N° 27.372B.O. 13/7/2017)

Denuncia ante el agente fiscal

Art. 181. - Cuando la denuncia sea presentada ante

el agente fiscal, éste procederá conforme a lo dispuesto en el segundo

párrafo del artículo 196 o requerirá la desestimación o remisión a otra

jurisdicción.

Se procederá luego, de acuerdo con el artículo

anterior.

Denuncia ante la policía o las fuerzas de seguridad

Art. 182. - Cuando la denuncia sea hecha ante la

policía o las fuerzas de seguridad, ellas actuarán con arreglo al

artículo 186.

CAPITULO II

Actos de la policía judicial y de las fuerzas de

seguridad

Función

Art. 183. - La policía o las fuerzas de seguridad

deberán investigar, por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por

orden de autoridad competente, los delitos de acción pública, impedir

que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores,

individualizar a los culpables y reunir las pruebas para dar base a la

acusación.

Si el delito fuera de acción pública dependiente de

instancia privada, sólo deberá proceder cuando reciba la denuncia

prevista por el artículo 6.

Atribuciones, deberes y limitaciones

Art. 184. - Los funcionarios de la policía o de las

fuerzas de seguridad tendrán las siguientes atribuciones:

1°) Recibir denuncias.

2°) Cuidar que los rastros materiales que hubiere

dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se

modifique hasta que lo disponga la autoridad competente.

3°) Disponer, en caso necesario, que ninguna de las

personas que se hallaren en el lugar del hecho o sus adyacencias, se

aparten de aquél ni se comuniquen entre sí mientras se llevan a cabo

las diligencias que correspondan, de lo que deberá darse cuenta

inmediatamente al juez.

4°) Si hubiera peligro de que cualquier demora

comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las

personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos,

fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la

policía científica.

5°) Disponer con arreglo al artículo 230, los

allanamientos del artículo 227, las requisas e inspecciones del

artículo 230 bis y los secuestros del artículo 231, dando inmediato

aviso al órgano judicial competente.

6°) Si fuere indispensable, ordenar la clausura del

local en que se suponga, por vehementes indicios que se ha cometido un

delito grave, o proceder conforme al artículo 281 dando inmediato aviso

al órgano judicial competente.

7°) Interrogar a los testigos.

8°) Aprehender a los presuntos culpables en los

casos y formas que este Código autoriza y disponer su incomunicación

cuando concurran los requisitos del artículo 205, por un término máximo

de diez (10) horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin

orden judicial.

En tales supuestos deberá practicarse un informe

médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la persona al

momento de su aprehensión.

9°) En los delitos de acción pública y únicamente en

los supuestos del artículo 285, requerir del sospechoso y en el lugar

del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias

relevantes para orientar la inmediata continuación de las

investigaciones. Esta información no podrá ser documentada ni tendrá

valor alguno en el proceso.

10) No podrán recibir declaración al imputado. Sólo

podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad, previa lectura

que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías

contenidos en los artículos 104, párrafo 1° y último, 197, 295, 296 y

298 de este Código, de aplicación analógica al caso, todo ello bajo

pena de nulidad en caso de así no hacerse, sin perjuicio de la

comunicación que hará el juez a la autoridad superior del funcionario a

los efectos de la debida sanción administrativa por el incumplimiento.

Si hubiese razones de urgencia para que el imputado

declare, o éste manifestara su deseo de hacerlo, y el juez a quien

corresponda intervenir en el asunto no estuviere próximo, se arbitrarán

los medios para que su declaración sea recibida por cualquier juez que

posea su misma competencia y materia.

11) Usar de la fuerza pública en la medida de la

necesidad.

Los auxiliares de la policía y de las fuerzas de

seguridad tendrán las mismas atribuciones, deberes y limitaciones que

los funcionarios para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del

tribunal.

(Artículo sustituido por art. 1° de la[*Ley

N° 25.434](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=67374)B.O. 19/6/2001)*

Art. 184 bis - Cuando se tratare de delitos

cometidos por personas que tuvieran estado militar y en el interior de

establecimientos militares o bajo control militar, la autoridad

superior militar deberá notificar a la autoridad judicial competente y

tendrá las facultades y obligaciones previstas en los incisos 2º, 3º,

4º, 8º y 9º del artículo anterior hasta que se haga presente en el

lugar la autoridad judicial competente.

*(Artículo incorporado por art. 24 del Anexo I de

la[Ley

N° 26.394](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=143873)B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los

SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a

cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación

sobre su contenido y aplicación)*

Secuestro de correspondencia: Prohibición

Art. 185. - Los funcionarios de la policía y fuerzas

de seguridad no podrán abrir la correspondencia que secuestren, sino

que la remitirán intacta a la autoridad judicial competente; sin

embargo, en los casos urgentes, podrán ocurrir a la más inmediata, la

que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.

Comunicación y procedimiento

Art. 186. - Los encargados de la prevención,

comunicarán inmediatamente al juez competente y al fiscal la iniciación

de actuaciones de prevención. Bajo la dirección del juez o del fiscal,

según correspondiere, y en carácter de auxiliares judiciales, formarán

las actuaciones de prevención que contendrán:

1°) Lugar y fecha en que fueron iniciadas.

2°) Los datos personales de quienes en ellas

intervinieron.

3°) Las declaraciones recibidas, los informes que se

hubieran producido y el resultado de todas las diligencias practicadas.

Concluidas las diligencias urgentes, las actuaciones

de prevención serán remitidas al juez competente o al fiscal, según

corresponda.

Las actuaciones de prevención deberán practicarse

dentro del término de cinco días, prorrogables por otros cinco días

previa autorización del juez o fiscal, según corresponda, sin perjuicio

de que posteriormente se practiquen actuaciones complementarias con

aquellas diligencias que quedaren pendientes.

(Artículo Sustituido por art. 2° de la[*Ley

N° 25.434](http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=67374)B.O. 19/6/2001)*

Sanciones

ARTICULO 187.—

"Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente serán sancionados, salvo que se aplique el Código Penal, por el tribunal superior de oficio o a pedido de parte y previo informe del interesado, con apercibimiento, multa de acuerdo con el artículo 159 segunda parte o arresto de hasta 15 días, recurribles —dentro de los tres días— ante el órgano judicial que corresponda, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pueda aplicarles la autoridad de quien dependa la policía o la fuerza de seguridad de que se trate".

Agrégase como último párrafo del artículo 196 de la ley 23.984 el siguiente: "Los jueces en lo correccional, en lo penal económico, de menores, en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal y federales con asiento en las provincias, tendrán la misma facultad que el párrafo primero del presente artículo otorga a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción".

Deróganse los artículos 536 y 537 de la ley 23.984.

CAPITULO II BIS:

Actos de las fuerzas armadas en tiempo de conflicto

armado y zona de combate.

*(Capítulo incorporado por art. 25 del Anexo I de

la[Ley