Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia

Promoverán la participación social activa en el ámbito comunitario y la creación de redes vecinales y comunitarias activas, que favorezcan un sentimiento de pertenencia a la comunidad local y una implicación activa en la organización de actividades culturales, de ocio y deportivas, de acciones de apoyo y de grupos de autoayuda, susceptibles de favorecer la inclusión social de todos los componentes de la comunidad.

Impulsarán actuaciones de sensibilización y participación a nivel comunitario, específicamente orientadas a promover y defender la igualdad en la diversidad y la no discriminación, en los términos que se contemplan en el artículo 25 de esta ley.

Impulsarán el desarrollo, en los centros sostenidos con fondos públicos que integran el Sistema Educativo Vasco, de programas de ocio y tiempo libre durante los periodos vacacionales, al objeto de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres durante esos periodos.

Fomentar actividades comunitarias, culturales, de ocio o deportivas, coherentes con el principio de integración y que promuevan la relación y el apoyo entre personas menores con y sin discapacidad.

Garantizar las condiciones de accesibilidad, adaptación del medio y dotación de instrumentos o productos de apoyo en los términos referidos en el artículo 13.b) de esta ley.

Velar por la sensibilización social acerca de la riqueza de la diversidad y la consideración de los valores de otras culturas, en el marco de la convivencia democrática y el respeto de los derechos humanos.

Favorecer el acceso de las personas menores pertenecientes a minorías culturales a los recursos públicos que faciliten su inclusión social, lingüística y cultural, respetando su propia identidad cultural.

Recibir información sobre el conjunto del tratamiento médico al que se las somete y las perspectivas positivas que este ofrece; dicha información deberá adaptarse a su edad, madurez y desarrollo evolutivo, así como a su estado afectivo y psicológico.

Ser atendidas, tanto en la recepción como en el seguimiento, de manera individual y, en lo posible, siempre por el mismo equipo de profesionales.

Estar acompañadas el máximo tiempo posible, durante su permanencia en el hospital, de una persona progenitora u otra persona representante legal, de una de las personas acogedoras o guardadoras, o de una persona en quien se deleguen funciones de cuidado, salvo que ello pueda perjudicar u obstaculizar la aplicación de los tratamientos oportunos.

Contactar con sus personas progenitoras, con sus representantes legales, con las personas acogedoras o guardadoras, o con la persona en quien se deleguen funciones de cuidado, en momentos de tensión, para lo cual dispondrán de los medios adecuados.

Ser hospitalizadas junto a otras personas menores, con el fin de evitar en todo lo posible su hospitalización entre personas adultas.

Disponer de locales adecuados que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de educación y de juego, de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y de seguridad.

Proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital, accediendo a las enseñanzas del profesorado y del material didáctico que las autoridades escolares pongan a su disposición.

Disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a su edad, siempre que sea posible y resulte adecuado a su interés superior.

Recibir los cuidados precisos, incluidos los cuidados paliativos, aun cuando para ello sea necesaria la intervención de la autoridad judicial, en los casos en que sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras se nieguen, por razones religiosas, culturales o cualesquiera otras, a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar su vida o integridad física o psíquica, o no estén en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente a la necesidad; en todos los casos deberá prevalecer el derecho a la vida y a la integridad física de la persona menor de edad. En tales supuestos se actuará conforme a lo establecido en el título VI de esta ley.

Garantizará la protección de la confidencialidad de su historia clínica y de su historia social, si la hay, o de cualquier otro dato relativo a su situación socioeconómica y familiar, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico vigente, y sin perjuicio del deber de comunicación cualificado previsto en el artículo 17 de esta ley y de la obligación de facilitar información establecida en el artículo 18 de la misma ley.

Informará de las previsiones normativas en relación con el otorgamiento o la denegación de consentimiento, y de las limitaciones al ejercicio del mencionado derecho, de acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Informará a las personas menores de su estado de salud y, en su caso, del tratamiento médico al que sean sometidas, atendiendo a su edad, madurez y estado psicológico y afectivo, quienes, en lo posible, recibirán la información pertinente en la lengua que deseen o que manifiesten.

Adoptará las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento al derecho de sus personas progenitoras, representantes legales o personas acogedoras o guardadoras a ser informadas del estado de salud de la persona menor, sin perjuicio del derecho fundamental de estas últimas a su intimidad en función de su edad, estado afectivo y desarrollo intelectual.

Garantizarán que las pautas de alimentación aplicadas en los servicios dirigidos a personas menores en el ámbito de la salud, la educación, los servicios sociales, la cultura, el deporte y el ocio cumplen con los criterios marcados por la autoridad vasca en materia de nutrición saludable.

Velarán por que los menús garanticen la igualdad en la diversidad y se adapten, ofreciendo alternativas que permitan responder a necesidades de orden médico o a usos religiosos o culturales.

Adaptar el proceso educativo de las personas menores a su situación evolutiva.

Incorporar de forma progresiva en el proyecto educativo del centro aspectos pedagógicos y organizativos que articulen el funcionamiento del centro en torno a la promoción del ejercicio efectivo de los derechos de la infancia y de la adolescencia y al cumplimiento de los deberes y la asunción de sus responsabilidades.

Respetar y promover la igualdad de oportunidades en los centros educativos, y ofrecer las mismas oportunidades educativas a todas las personas menores. A tal efecto, arbitrará acciones de discriminación positiva, de carácter inclusivo, que apoyen el proceso educativo y prevengan el riesgo de fracaso escolar, en favor de quienes presenten desventajas económicas, sociales, culturales o personales. Asimismo, deberá articular los medios materiales, organizativos y profesionales necesarios para adecuar la enseñanza al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en aras de propiciar la individualización de los apoyos desde el inicio de la escolaridad en el marco de la atención temprana, en coordinación con los servicios de salud y con los servicios sociales.

Promover la participación de las personas menores, en la medida en que son miembros de la comunidad educativa, en su proceso educativo y en las asociaciones de estudiantes, y habilitar los mecanismos y los canales de comunicación que recojan y canalicen cualquier tipo de iniciativa, sugerencia, recomendación o queja del alumnado.

Respetar y promover, en los términos que establece la normativa educativa, el derecho de las personas progenitoras, representantes legales y personas acogedoras o guardadoras al seguimiento y a la participación en la educación escolar de las personas menores a su cargo.

Aprobar las instrucciones, medidas y pautas necesarias para el establecimiento de los centros educativos como entornos seguros.

La promoción y defensa de valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurídico vigente, en particular el respeto a la tolerancia, la solidaridad, la equidad y la no discriminación en los términos que se contemplan en el artículo 25 de esta ley, que fundamenten el ejercicio responsable de la ciudadanía, el civismo y la cultura de la paz.

La adquisición de actitudes no sexistas basadas en el principio de igualdad de género y de respeto a las diversas formas de relación afectivo-sexual y de expresión de la orientación sexual.

El conocimiento de la realidad social y cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su pluralidad, garantizando, en particular, la consecución de los objetivos lingüísticos recogidos en el artículo 66 de la Ley 17/2023, de 21 de diciembre, de Educación, de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El conocimiento del entorno cultural más próximo y la apertura a otros ámbitos culturales, desde un enfoque de interculturalidad.

El respeto al medioambiente natural, sobre las bases del desarrollo sostenible, facilitando la accesibilidad continua a los espacios naturales próximos.

Contará con un número suficiente de plazas en los centros sostenidos con fondos públicos que integran el Sistema Educativo Vasco para prestar la atención educativa durante la etapa obligatoria.

Adoptará las medidas necesarias para garantizar la escolarización inmediata de las personas menores que por razones derivadas de un cambio de residencia o de una modificación de sus circunstancias familiares, personales o sociales deban incorporarse tardíamente al sistema educativo.

Adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación de las personas menores que, por razones de hospitalización domiciliaria o en un centro sanitario o de inclusión en un programa terapéutico-educativo, no puedan asistir de manera habitual y continuada a su centro escolar, en aplicación de lo previsto en la Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados, aprobada por Resolución del Parlamento Europeo de 13 de mayo de 1986.

Adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación de las personas menores que, en el marco de las medidas de protección, residan en centros de acogimiento residencial o se encuentren en acogimiento familiar. Deberá facilitarse la escolarización en el contexto escolar más adecuado a sus necesidades, preferentemente en el medio educativo ordinario, salvo que sea contrario al interés superior de la persona menor de edad.

Adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación de las personas adolescentes que, en el marco de una medida judicial, residan en centros educativos de medidas privativas de libertad y de convivencias en grupo educativo, y deberá garantizarse su escolarización en el contexto escolar más adecuado a sus necesidades.

Velarán por el acceso de las personas menores a una información cultural que sea plural y veraz.

Impulsarán la consideración de la infancia como público estratégico de las actividades culturales y creativas.

Adaptarán las actividades culturales a la situación evolutiva de las personas menores.

Ofrecerán las mismas oportunidades culturales a todas las personas menores, arbitrando para ello acciones de discriminación positiva, de carácter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas económicas, sociales, culturales o personales.

La promoción y defensa de valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurídico vigente, en particular el respeto a la tolerancia, la solidaridad y la no discriminación, que fundamenten el ejercicio responsable de la ciudadanía, el civismo y la cultura de la paz.

La adquisición de actitudes no sexistas basadas en el principio de igualdad de género.

El respeto a las diversas formas de relación afectivo-sexual y de expresión de la orientación sexual.

El conocimiento de la realidad social y cultural de la Comunidad Autónoma del País Vasco en su pluralidad, garantizando en particular el aprendizaje de los idiomas oficiales de dicha comunidad.

El conocimiento del entorno cultural más próximo y la apertura a otros ámbitos culturales, desde un enfoque de interculturalidad.

El respeto al medioambiente natural sobre las bases de un desarrollo sostenible.

Garantizarán la existencia de políticas, recursos y medios culturales en los que las personas menores puedan desarrollar sus capacidades y habilidades intelectuales, artísticas y manuales.

Garantizarán el acceso, en condiciones de igualdad y de accesibilidad, de las personas menores a los bienes culturales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como su participación en ellos, favoreciendo el conocimiento de sus valores, de su historia y de sus tradiciones.

Organizarán o fomentarán la organización de iniciativas y manifestaciones culturales y artísticas, dirigidas a personas menores, que contribuyan a despertar su interés por la cultura y faciliten su participación activa en la vida cultural y artística, desde un enfoque de diversidad cultural e interculturalidad.

Promoverán el acceso de las personas menores a los medios de difusión cultural; en particular, a los servicios de información, documentación, biblioteca, museos, cine, teatro y demás servicios culturales y artísticos. Los museos y demás instituciones y centros culturales públicos deberán desarrollar programas adecuados para las diferentes edades y facilitar a personas menores el disfrute de sus fondos y el acceso a sus propuestas culturales y artísticas, promoviendo su participación.

Promoverán acciones orientadas a una sensibilización adecuada acerca de la oferta cultural accesible a través de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, y, en particular, en relación con el respeto a los derechos de propiedad intelectual.

Reforzar el contenido educativo de las actividades físicas y deportivas, adoptando como principios de actuación en los planes y programas de actividad física y deporte destinados a las personas menores el respeto mutuo, la solidaridad, la equidad, el buen trato y la no violencia, y la igualdad de género en la práctica deportiva, para contribuir a la educación integral y promover los hábitos saludables y los valores democráticos.

Velar por garantizar las mismas oportunidades para la práctica de la actividad física y deportiva a todas las personas menores, y para el desarrollo de sus capacidades y hábitos deportivos, arbitrando para ello acciones dirigidas a eliminar las desigualdades y los estereotipos de género asociados al deporte.

Velar por la conciliación de la práctica del deporte con la educación reglada, el juego y el ocio y la vida familiar de las personas menores.

Garantizar que, hasta los seis años de edad, las actividades se lleven a cabo a través del juego, incluyendo actividades adaptadas a la edad de los menores y las menores, no incluyendo técnicas deportivas específicas ni actividades de competición que conduzcan a resultados deportivos derivados de la competición o clasificaciones. En estas edades se promoverá el acceso prioritario a formas de juego libre activo que eviten un tiempo de ocio excesivamente estructurado y el sedentarismo.

Velar por que no se utilice la actividad física o la prohibición de actividad física como castigo, ni en el ámbito escolar ni en el comunitario ni en ningún centro de tiempo libre u ocio educativo.

Actividades de divulgación con el fin de informar, sensibilizar y concienciar a la población en relación con el derecho de las personas menores a la actividad física y al deporte, y acerca de su impacto positivo en su bienestar y desarrollo, tanto físico como mental.

Actividades de fomento de la actividad física y deportiva de la población infantil y adolescente, en el ámbito tanto escolar como comunitario, dirigidas y programadas por personal técnico deportivo cualificado.

Impulsar la creación de caminos escolares, así como iniciativas para la promoción del desplazamiento activo, dirigidos a que el alumnado pueda moverse con seguridad y autonomía por las calles y recupere el uso y disfrute del espacio público, con el objetivo final de mejorar su salud y autonomía, y de aumentar el grado de concienciación, desde edades tempranas, sobre la importancia y los beneficios de la actividad física en la salud.

Garantizar la existencia en los centros educativos de instalaciones deportivas adecuadas y accesibles, y desarrollar actividades físico-deportivas durante la jornada escolar, facilitándose el uso social de las instalaciones escolares públicas para la práctica de actividades deportivas fuera del horario lectivo, siempre que existan garantías de una utilización adecuada y no interfiera en su función principal como equipamiento docente.

Prever, en el marco de la planificación urbanística general, la creación de espacios de acceso libre para la actividad física y el deporte de las personas menores y el acceso seguro a estos espacios, aprovechando los espacios existentes para estos usos.

Garantizar una oferta deportiva suficiente y adecuada a las necesidades de la población infantil y adolescente en función de la edad, el género, la tipología de discapacidad u otras características personales que condicionen su acceso. A tal efecto, arbitrarán medidas compensatorias de acción positiva en favor de las personas menores con discapacidad o que se encuentren en situación de vulnerabilidad social por razones económicas, sociales o culturales, así como dirigidas a favorecer el deporte femenino en todas las disciplinas y categorías.

Fomentar la dinamización deportiva en las zonas rurales, impulsando la construcción o acondicionamiento de equipamientos deportivos en áreas rurales.

Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el ámbito de las actividades deportivas.

Favorecer y fomentar el deporte femenino en todas las categorías y en todos los espacios escolares y extraescolares y de ocio, en términos de igualdad y no discriminación.

Velarán por que se respete el derecho de las personas menores a decidir voluntariamente si desean o no participar en deportes de competición.

Garantizarán que los métodos y planes de entrenamiento, en el caso del deporte de competición, respeten las capacidades personales de las personas menores, así como sus necesidades educativas y sus necesidades sociales, familiares y relacionales.

Reforzar el contenido educativo de las actividades de ocio, basadas en el respeto mutuo, la solidaridad, la equidad, el buen trato, la no violencia y la sostenibilidad.

Promover la igualdad de género en la práctica de estas actividades, con el fin de contribuir a la educación integral de las personas menores y a la adquisición de hábitos respetuosos y valores democráticos.

Velar por garantizar a todas las personas menores las mismas oportunidades de practicar actividades de juego y de ocio educativo y de desarrollar sus capacidades y hábitos de ocio, arbitrando para ello acciones dirigidas a eliminar las desigualdades y los estereotipos de género asociados al ocio.

Velar por la conciliación de las actividades de ocio educativo con la educación reglada y la vida familiar de las personas menores.

Promover la adopción de formas saludables y diversificadas de diversión y de ocio educativo y de uso del tiempo libre.

Ofrecer las mismas oportunidades de juego y ocio educativo a toda la población infantil y adolescente. A tal efecto, arbitrarán medidas compensatorias de acción positiva en favor de las personas menores con discapacidad o que se encuentren en situación de vulnerabilidad social por razones económicas, sociales o culturales.

Promover el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales y sus diversas aplicaciones al ocio educativo.

Fomentar la creación de servicios y equipamientos lúdicos dirigidos a la población infantil y adolescente.

Fomentar la organización de actividades de ocio educativo en barrios y municipios, bien desde las instituciones públicas, bien apoyando iniciativas vecinales o asociativas, de manera que las personas menores dispongan de una oferta estable, regular, variada y cercana.

Promover la participación en actividades de juego y ocio educativo, tanto en el medio escolar como en el entorno comunitario.

Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el ámbito del ocio educativo y de las actividades recreativas.

Facilitar el uso social de las instalaciones escolares públicas para la realización de actividades de ocio educativo destinadas a las personas menores fuera del horario lectivo, siempre que existan garantías de una utilización adecuada y no interfiera en su función principal como equipamiento docente.

Impulsar el desarrollo en los centros educativos públicos de programas de ocio educativo y tiempo libre durante los periodos vacacionales, al objeto de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de padres y madres durante ese periodo.

Reglamentar las características de las actividades que se llevan a cabo en las zonas recreativas públicas a las que tienen acceso las personas menores, así como las medidas de vigilancia que correspondan.

Facilitar primeras experiencias laborales a personas menores de edad con escasa o nula experiencia laboral previa.

Incorporar en los procedimientos de contratación cláusulas de responsabilidad social, para fomentar la inserción laboral de las personas mayores de dieciséis años que no desean proseguir con sus estudios, mediante programas de formación dual que les ofrezcan un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida con un itinerario formativo u ocupacional específico para el desempeño de un oficio.

Incluir en las normas reguladoras de las subvenciones, en relación con los criterios de valoración para su concesión, cláusulas de responsabilidad social con la misma finalidad prevista en la letra precedente, siempre y cuando su aplicación resulte efectiva atendiendo a la naturaleza u objeto de la subvención.

Proteger adecuadamente el medioambiente, conservarlo y mejorarlo, desde un enfoque de desarrollo sostenible.

Favorecer el respeto y el conocimiento de la naturaleza entre las personas menores y, en particular, organizar, con esa finalidad, visitas y rutas programadas para conocer la diversidad del entorno natural y rural.

Diseñar e implementar programas de formación participativos sobre la minimización, reciclaje y tratamiento de residuos, el uso responsable y sostenible de los recursos naturales, la eficiencia energética y la adquisición de hábitos positivos de consumo responsable para la conservación del medioambiente.

Desarrollar campañas de divulgación con el fin de informar, sensibilizar e implicar al conjunto de la sociedad en general, y a las personas menores en particular, en la lucha contra el cambio climático.

Tomar en consideración las necesidades específicas y el interés superior de las personas menores en la concepción y planificación de los espacios urbanos, con el fin de conseguir un entorno urbano inclusivo y amable con la infancia y la adolescencia.

Asegurar bajos niveles de contaminación atmosférica, electromagnética y acústica; en especial, en entornos educativos y sanitarios.

Incorporar a los planes urbanísticos medidas orientadas a tener en cuenta las necesidades e intereses de las personas menores en el diseño de su entorno y en su desarrollo, así como la reserva de suelo destinado a usos y equipamientos para la infancia y la adolescencia.

Situar las zonas recreativas públicas a las que tienen acceso las personas menores en lugares idóneos y, en todo caso, alejados o protegidos de cualquier elemento peligroso. Estas zonas deberán gozar de condiciones de salubridad y encontrarse en un entorno accesible y seguro, alejadas de fuentes de contaminación ambiental atmosférica, acústica o electromagnética, y de construcciones o elementos nocivos o peligrosos para su salud e integridad física.

Configurar las zonas recreativas públicas de forma que garanticen las medidas de seguridad adecuadas y, en lo posible, faciliten el control de las personas menores, y permitan, además, la separación por grupos de edad, con espacios reservados exclusivamente para niños y niñas de edad inferior a cuatro años.

Garantizar la gestión del riesgo en el acceso a los lugares circundantes de los centros educativos o de otros centros o espacios de uso infantil o adolescente, promoviendo, siempre que sea posible, su peatonalización y promoviendo el trazado de itinerarios, bien iluminados, que permitan los desplazamientos de las personas menores de sus domicilios a la escuela de manera autónoma.

Garantizar la educación de las personas menores en materia de seguridad vial y de movilidad urbana sostenible.

Garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas o urbanísticas y del mobiliario urbano que puedan limitar la participación en el entorno y su disfrute a las personas menores de edad, y, en especial, a aquellas que tengan una discapacidad, en los términos señalados en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.

Ampliar los espacios para la libre circulación de personas, con el fin de favorecer el disfrute del espacio público, posibilitando así la recuperación de la calle como espacio de juego, de relación y de socialización, y de desarrollo comunitario.

Ampliar y mejorar las infraestructuras especialmente destinadas a peatones y ciclistas.

Articular caminos escolares, así como iniciativas para la promoción del desplazamiento activo, dirigidos a que las personas menores puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles y recuperen el uso y disfrute del espacio público, con el objetivo final de mejorar su salud y autonomía, y de aumentar el grado de concienciación, desde edades tempranas, sobre la importancia de la actividad física beneficiosa para la salud.

Fomentar la movilidad sostenible entre personas menores a través de programas educativos.

Garantizar la eliminación de barreras arquitectónicas o urbanísticas y del mobiliario urbano que puedan limitar la movilidad de las personas menores con discapacidad, en los términos señalados en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad.

Promover que los medios de comunicación social divulguen información que sea plural y veraz y de interés para las personas menores, editen publicaciones y diseñen espacios televisivos que estén dirigidos a la población infantil y adolescente y en los que se favorezca su participación. En todo caso, estos contenidos deberán adoptar los valores de respeto a los derechos y libertades fundamentales, y difundir la Convención sobre los Derechos del Niño y sensibilizar a la población sobre ella.

Facilitar el acceso de las personas menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales, incluyendo una adecuada sensibilización acerca de la oferta legal de ocio y cultura en Internet, así como acerca de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Velar por que los medios de comunicación, en sus mensajes dirigidos a personas menores de edad, promuevan los valores de igualdad, solidaridad, respeto y diversidad y no conlleven una vulneración de los derechos reconocidos a la infancia y la adolescencia o resulten contrarios a aquellos.

Impulsar, entre los medios de comunicación, la generación y supervisión del cumplimiento de códigos de conducta destinados a salvaguardar la promoción de los valores referidos en la letra precedente, adoptando medidas que limiten el acceso a imágenes y contenidos digitales lesivos para las personas menores de edad.

Promover el disfrute pleno de la comunicación audiovisual para las personas menores con discapacidad y el uso de buenas prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia aquellas. A tal fin, deberá garantizarse la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnológico, para las personas menores con discapacidad.

Facilitar el acceso de las personas menores a los contenidos generados por los medios de comunicación en euskera.

Facilitar el acceso a la información en formato de lectura fácil y mediante la utilización de otros instrumentos específicamente dirigidos a las personas menores con discapacidad, tales como sistemas aumentativos y alternativos, braille o sistemas de apoyo a la comunicación oral y lengua de signos.

Respetar, en aquellos programas y contenidos dirigidos especialmente a la infancia y la adolescencia, los derechos que tienen reconocidos en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico, y contribuir a su educación, ocio y entretenimiento y desarrollo integral, potenciando los valores relacionados con los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la tolerancia y los principios democráticos.

Velar por que los mensajes que dirigen a las personas menores promuevan los derechos de la infancia y la adolescencia, sin que en ningún caso puedan ser contrarios a aquellos y, concretamente, sin que contengan elementos discriminatorios, estereotipados, sexistas, racistas, xenófobos, pornográficos o violentos.

Velar por que los mensajes que dirigen a las personas menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a las personas.

No difundir el nombre ni las siglas del nombre, la imagen o cualquier otro dato correspondientes a personas menores que permitan su identificación o que divulguen cualquier hecho relativo a su vida privada que ponga en riesgo su protección o afecte a su honor, intimidad o imagen. En todo caso, quedará prohibida la difusión de sus nombres, imágenes o datos que permitan su identificación cuando aparezcan como víctimas, testigos, denunciadas, investigadas, procesadas o acusadas en causas penales.

Incluir contenidos específicos para el público infantil y adolescente que fomente sus derechos, complemente su formación y estimule su desarrollo intelectual, afectivo y social.

Respetar un horario adecuado a los hábitos practicados por las personas menores para la emisión de programas infantiles y adolescentes. A tal efecto, se consideran franjas horarias de audiencia infantil o de protección reforzada en las que se tienen que incluir contenidos calificados como recomendados a menores de hasta trece años las siguientes: entre las siete y las nueve horas y entre las diecisiete y las veinte horas en días laborales, y entre las nueve y las doce horas en el caso de sábados, domingos y días festivos de ámbito estatal y autonómico.

No podrán emitir programas o contenidos audiovisuales que incluyan escenas o mensajes de violencia gratuita o pornografía.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra precedente, la emisión de contenidos susceptibles de perjudicar el desarrollo de las personas menores exigirá formar parte del código de autorregulación previsto en el artículo 9.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, y proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital. En todo caso, se considera que forman parte de dichos contenidos aquellos que tengan un contenido violento o de explotación en las relaciones personales; reflejen un trato degradante; inciten a actividades delictivas; fomenten la violencia, el odio, la insolidaridad o la discriminación por cualquier razón de las que se contemplan en el artículo 25 de esta ley, o impliquen maltrato animal.

Facilitar a las personas usuarias del servicio información suficiente e inequívoca acerca de la naturaleza potencialmente perjudicial para el desarrollo físico, mental o moral de las personas menores de edad de los programas y contenidos audiovisuales, mediante la utilización de un sistema de descripción del contenido, advertencia acústica, símbolo visual o cualquier otro medio técnico que describa la naturaleza del contenido, de conformidad con el acuerdo de autorregulación mencionado en la letra precedente.

Establecer mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital eficaces, actualizables y fáciles de utilizar, y que incluyan los ajustes de tipo tecnológico que sean precisos para las personas menores con discapacidad, que permitan el control parental por medio del bloqueo de los contenidos perjudiciales, de manera que las personas menores de edad no puedan acceder a los contenidos que no se dirijan a ellas.

Incluir en catálogos separados los programas y contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de las personas menores de edad, y, en todo caso, aquellos que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita.

Establecer mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital eficaces, en el sentido expuesto en la letra f) del apartado anterior.

Las representaciones de objetos deberán reflejar la realidad en cuanto al formato, los movimientos y el resto de las características.

Los anuncios no deberán incitar directamente a las personas menores a que adquieran un producto o un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a los padres y las madres, personas tutoras o guardadoras o a terceras personas para su adquisición.

Deberá evitarse la utilización publicitaria de elementos de fantasía, tales como animaciones o dibujos animados, que creen expectativas inalcanzables o exploten la ingenuidad del público infantil a la hora de distinguir entre fantasía y realidad, así como la utilización de representaciones de violencia o presentaciones agresivas o hipersexualizadas.

Deberán indicar el precio del objeto anunciado de acuerdo con la legislación vigente.

No deberán formular promesas de entrega de bienes o servicios que impliquen el cumplimiento de condiciones no explícitas.

No deberán explotar, en ningún caso, la especial confianza de las personas menores en su padre y su madre, en las personas tutoras o guardadoras, en el profesorado u en otras personas adultas de referencia.

No inducirán a error acerca de las características del producto ni sobre los beneficios derivados de su uso o consumo, en particular la adquisición de fortaleza, estatus, popularidad, crecimiento, habilidad, inteligencia, belleza y otros de similar tenor.

Incitar a consumos, conductas o actividades perjudiciales para la salud, como comidas rápidas o bebidas energéticas.

Establecer diferencias o discriminaciones por razón del consumo del objeto anunciado; en especial, que se sugiera que el consumo de un producto producirá una mayor aceptación del público infantil en su entorno social o educativo, o que su no adquisición o consumo provocará rechazo.

Generar en las personas menores expectativas propias del mundo adulto, como son las relacionadas con el éxito económico.

Promover el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen ni la discriminación por motivos estéticos o de imagen, con la inserción de productos para adelgazar, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética que recurran al rechazo social por la imagen física o al éxito por factores de peso o estética, incluida la publicidad sexista.

Se promoverán los valores de tolerancia, convivencia, solidaridad y paz, y se deberá excluir cualquier tipo de contenido violento, pornográfico o de explotación en las relaciones personales, que refleje un trato degradante, que incite a actividades delictivas, o que presente cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de las personas menores de edad.

En los horarios de especial protección a la persona menor de edad, la publicidad que emitan las entidades prestadoras de servicios de comunicación audiovisual no podrá contener comunicaciones comerciales que puedan perjudicar moral o físicamente a las personas menores de edad.

Las personas menores estarán protegidas respecto de la publicidad de bebidas alcohólicas y de productos de tabaco, en los términos establecidos en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

Las personas menores estarán protegidas respecto de la publicidad relativa a juegos de azar en los términos establecidos en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en la Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. En particular, deberá evitarse la publicidad relativa a juegos de azar en instalaciones y espacios dedicados a actividades deportivas.

Difundirán una imagen ajustada y positiva hacia la diversidad.

Reflejarán la igualdad entre todas las personas, sin que puedan presentar contenidos que difundan ideas de superioridad o inferioridad o de discriminación por cualquier razón de las que se contemplan en el artículo 25 de esta ley.

En locales de juego o espectáculos públicos y actividades recreativas.

En publicaciones principalmente dirigidas a personas menores distribuidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En la publicidad emitida por televisión o radio durante las franjas horarias de especial protección de las personas menores.

En la publicidad emitida por cualquier otro medio de telecomunicación o de telemática en servicios cuyo acceso esté abierto a las personas menores.

Deberá presentar una imagen ajustada a los derechos de la infancia y la adolescencia.

Deberá presentar una imagen ajustada y positiva hacia la diversidad, en general, y, en particular, hacia la diversidad socioeconómica, religiosa, sexual, de género y de orientación sexual, y a las distintas tipologías de discapacidad.

No podrá presentar a las personas menores en situaciones peligrosas o que atenten contra su integridad ni en actividades o actitudes de contenido sexual o violento.

No deberá transmitir mensajes que inciten al consumo compulsivo.

Promover un uso seguro y responsable de Internet y las redes sociales, en particular, y de las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, en general, desde un enfoque de aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen y el uso positivo.

Alertar sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que pueda generar distintas situaciones de violencia, como el ciberacoso y, en especial, los fenómenos de violencia sexual contra las personas menores, tales como el grooming, la ciberviolencia de género o el sexting, así como sobre el acceso a contenido potencialmente violento, pornográfico o inadecuado y el consumo de pornografía entre la población infantil y adolescente.

Dar a conocer los canales de denuncia de la existencia de contenidos ilícitos disponibles en redes sociales o en Internet.

Arbitrar medidas de acompañamiento a las familias, para reforzar y apoyar el rol de las personas progenitoras a través del desarrollo de competencias y habilidades que favorezcan el cumplimiento de sus obligaciones legales y, en particular, las establecidas en el artículo 84.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Promover el acceso en condiciones de equidad en ámbitos urbanos o rurales.

Incentivar la responsabilidad social de las empresas que desarrollan sus actividades en el ámbito de las nuevas tecnologías de la relación, la información y la comunicación, incluidos los videojuegos, en materia de protección de la infancia y la adolescencia en Internet, y fomentar, en colaboración con el sector privado, que el inicio y desarrollo de aplicaciones y servicios digitales tenga en cuenta la protección a la infancia y la adolescencia.

Participar en iniciativas internacionales tendentes al establecimiento de criterios comunes de autorización, de etiquetado y de control de los programas de nuevas tecnologías de la relación, la información y la comunicación, y, en particular, de los videojuegos.

Supervisará el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materia de accesibilidad, seguridad y publicidad, y las defenderá de las prácticas abusivas, para lo que se contará con la participación activa de organizaciones de personas consumidoras.